España es hoy una democracia reconocida por la ciudadanía progresista de nuestro entorno. Bastaron pocos meses de un ejecutivo socialista para dar la vuelta a la imagen que nos habían dejado ocho años de gobierno del Partido Popular: la imagen de un país que retrocedía en derechos sociales y libertades civiles, sumido no sólo en una crisis de representación política, sino también en una fuerte crisis económica y social, tratada con políticas de austeridad tan injustas como inefectivas, y con un movimiento independentista al alza en Cataluña que culminó con la celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017. 

Después de una moción de censura que cambió el rumbo de este país, España volvía a ser vista como un país moderno, con una clara vocación europeísta y presencia internacional, comprometido con la recuperación de los derechos y las libertades, con la lucha contra el cambio climático, con la equidad, con el feminismo, o con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

La oposición a la agenda para el reencuentro de Pedro Sánchez será furibunda, pero difícilmente habrá más oportunidades. No la desaprovechemos

A nivel territorial, hemos sufrido durante los últimos años el panorama de una España dividida, con un conflicto político en Cataluña –especialmente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el Estatuto de Autonomía ratificado por la ciudadanía y por las Cortes–, marcado por la desconfianza mutua y la falta de diálogo entre gobiernos. Y hemos pasado de un gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, que intentaba sacar rédito electoral del enfrentamiento entre territorios a un gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, que necesita dialogar para mantener la cohesión social y territorial, dispuesto a tender puentes, a reconocer al “otro” y a negociar en el marco constitucional con el gobierno y las distintas fuerzas políticas en Cataluña… Un ejecutivo que tiene un proyecto para Cataluña y que, frente a la crispación que alimentan las derechas, ofrece una agenda para el reencuentro.

Queda muy lejos aún, a pesar del acuerdo mayoritario para la investidura del presidente Sánchez, la vía de la reforma constitucional en clave federal. Una reforma que podría contribuir a impulsar un modelo de gobernanza distinto que reforzara la cultura federal y la cooperación entre instituciones comunes en un contexto de interdependencias crecientes y soberanías compartidas (más autogobierno y cogobierno), y que asegurara también la convivencia y el respeto a la diversidad en una sociedad como la nuestra. Un acuerdo que, sin duda, ayudaría a la superación del conflicto político en Cataluña, en la medida en que podría reconocer el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España, contribuir a clarificar competencias y evitar los constantes contenciosos. También ayudaría a realizar una asignación justa de recursos que permitiera superar los agravios, cumplir con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Autonomía sobre inversión, y reducir el déficit fiscal existente.

En Moncloa existe un compromiso con la necesidad de mejora de la cooperación y la lealtad entre instituciones, y de reducción de la conflictividad, apostando por una descentralización de ayudas y subvenciones

Si bien no se dan las mayorías necesarias para la reforma constitucional y a pesar de la oposición frontal de la triple derecha (PP, Vox y Ciudadanos), que busca deslegitimar cualquier gobierno distinto al suyo y alimentar la confrontación como única vía de supervivencia electoral, sí que hay un cierto consenso y voluntad política por parte del actual ejecutivo para poder iniciar un diálogo político sobre el futuro de Cataluña. Un diálogo que abra canales de negociación y vías de acuerdo, que trabaje para evitar la judicialización –mediante la búsqueda de soluciones en el marco de la ley que respeten la seguridad jurídica– y para devolver la resolución de los problemas políticos a la política. Existe en estos momentos, en La Moncloa, un compromiso claro con la necesidad de mejora de la cooperación y la lealtad entre instituciones, y de reducción de la conflictividad, apostando por una descentralización de ayudas y subvenciones, una mayor colaboración en materia de acción exterior, cultural, atención a las personas refugiadas, fomento de las infraestructuras o apoyo a los ayuntamientos. Y, también, un firme compromiso con la regeneración (supresión de aforamientos, renovación de órganos constitucionales y lucha contra la corrupción) y la memoria democrática, entre otros asuntos.

Por su impacto en la cohesión social y en la representatividad política, no es menos importante la agenda de reformas contra las desigualdades propuesta en materia de política social y de apoyo a los servicios públicos: desde la derogación de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones, al nuevo pacto educativo que debe dejar atrás la ley Wert, pasando por la limitación de los precios del alquiler, la regularización y despenalización de la eutanasia, la eliminación de los copagos, una nueva ley contra la violencia sexual o la apuesta por una transición ecológica justa ante el cambio climático.

En definitiva, España avanza. Y después de una década perdida en Cataluña, marcada por los recortes, el repliegue, la inacción y el abandono del autogobierno y por diez años de gobiernos de Mas, Puigdemont y Torra que han generado una importante pérdida de oportunidades para el conjunto de catalanes y catalanas, estos merecen que el desánimo y el hastío dejen paso a la esperanza y al reencuentro. Por ello, después de una década presidida por el desencuentro, el conflicto institucional, el contencioso político y la polarización social, el gobierno español tiene la obligación de iniciar un diálogo, partiendo de los agravios acumulados o de las desconfianzas generadas, que conduzca a una nueva situación de confianza política y lealtad institucional que haga posible un futuro de progreso y oportunidades compartidas, un nuevo acuerdo… La oposición a la agenda para el reencuentro de Pedro Sánchez será furibunda, pero difícilmente habrá más oportunidades. No la desaprovechemos.

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Esther Niubó Cidoncha es diputada del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya y directora de la Fundació Rafael Campalans.