“Necesito un hombre con amigos poderosos. Necesito a todos esos políticos que usted carga en el bolsillo como si fueran centavos”. Este requerimiento despachado a quemarropa a Vito Corleone en El Padrino también admite adaptaciones a la realidad. Una de las más claras podría representarla el excomisario José Manuel Villarejo, un sabueso adiestrado en las cloacas del Estado, cuyo ascenso recuerda a los mafiosos que aguardaban pacientemente la desaparición de sus capos para ocupar su puesto. “También él tuvo un padrino: Agustín Linares, subdirector general adjunto operativo de la Policía en tiempos de Felipe González y que acabó de jefe de seguridad en el Banco Central Hispano. Como muchos otros. No hay empresa del Ibex 35 que no haya tenido un director de seguridad procedente de la comisaría general de información de la Policía. Aquel que entraba en ese departamento sabía que su destino era acabar ganando 10 veces más como jefe de seguridad en una compañía”, recuerda la abogada y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, una de las personas que más ha combatido a esta trama, una intrincada madeja con tantas redes corruptas entrelazadas que lo fácil es perder el hilo. 

No hay empresa del Ibex 35 que no haya tenido un director de seguridad procedente de la comisaría general de información de la Policía

Nueve piezas judiciales abiertas, dos investigaciones paralelas en curso y 27 personas imputadas jalonan un camino de espinas para una justicia que, pese a los intentos reiterados por sabotear sus pesquisas –renuncias sorprendentes de algún juez instructor, extraños traslados de magistrados perseverantes, disparidad de autos por parte de la Audiencia Nacional, clausuras de comisiones parlamentarias en momentos decisivos–, ha ido escalando peldaños en su intento de acercarse al corazón de esta truculenta historia. “La dificultad es que se trata de un negocio con una estructura de poder que trasciende a Villarejo y que si no se desmonta en su totalidad dejará tocada la democracia. Dará igual a quién se vote o quién gane las elecciones en el futuro”, avisa Pilar L. González de Lara, una experta en asuntos financieros que empezó a cooperar con periodistas como Patricia López y Javier Ayuso en el caso del Pequeño Nicolás, el joven megalomaniaco acusado de múltiples delitos, sin saber que aquel sucio asunto le conduciría a la Operación Tándem, una trama aún más bestial.

Encarcelado desde 2017 en Estremera, José Manuel Villarejo mantiene intacta esa parte visceral de los comisarios franquistas, lo que unido a su red de jefes de seguridad de empresas y a su paranoia por grabar todas las conversaciones que sostenía con sus clientes, le siguen convirtiendo en un enemigo temible. Para unos y para otros. ¿Qué ocurrió con el juez Fernando Andreu, que vio truncado su nombramiento como secretario de Estado de Justicia? ¿Cómo ha transcurrido la vida del magistrado Pablo Ruz desde que decidió hacerse cargo del Caso Gürtel? ¿Quién está destapando las maniobras orquestales en la oscuridad mantenidas durante años por la crema del poder económico español, como el expresidente del BBVA o el de Iberdrola, con un comisario enfangado en negocios exquisitamente arrabaleros? Las sombras de estos interrogantes dibujan intrigas palaciegas en el imaginario ciudadano. La hoguera crece.

La cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, tiene una espina clavada desde su etapa como portavoz del grupo en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. “El trabajo que realizamos para desentrañar la trama de corrupción del PP, algo estructural e incalificable, nos deparó muchas sorpresas. Pero, sobre todo, abrió la vía para empezar a visibilizar las conexiones que políticos de ese partido tenían con todos los aparatos ocultos del Estado, las brigadas patrióticas, etc. Precisamente, en una de las últimas comparecencias surgió el escándalo del espionaje realizado a Luis Bárcenas por parte de su chófer que, como ha declarado ante el juez, fue captado por el policía Andrés Gómez Gordo cuando trabajaba para María Dolores de Cospedal. Y en el origen de todo ello, estaba la relación que mantenía su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con Villarejo. Sin embargo, aquella comisión sobre las cloacas no tuvo mucho recorrido porque la liquidaron en tres meses”, recuerda Bescansa desde su puesto en la Universidad Complutense, alejada ya de la política.

Un tipo que provoca miedo incluso en prisión

De nuevo Villarejo aparece aquí como muñidor de una conspiración al más alto nivel, agarrado a su carpeta envenenada y camuflado tras unas gafas con cristales tamizados. “Es un tipo que provoca miedo, incluso en prisión”, afirma un funcionario. Hoy vive en Estremera, rodeado de una guardia pretoriana, casi todos agentes condenados por diferentes delitos, y recibe una atención reverencial por parte de los funcionarios. “Se dirigen a él como una persona distinguida. Don por aquí, Don por allá. ¿Cómo se encuentra hoy, Don? ¿Le falta algo, Don?”, revela uno de ellos. Con la llegada al Gobierno de la coalición PSOE-UP, con ministras y vicepresidentes como Pablo Iglesias convertidos en piezas de caza mayor por la extensa red de estafadores de Villarejo, se abre la incógnita de si ha llegado el momento de desmantelar ese mecano de corrupción que aún pulula por el subsuelo. 

Villarejo vive hoy en la carcel de Estremera, rodeado de una guardia pretoriana, casi todos agentes condenados por diferentes delitos, y recibe una atención reverencial por parte de los funcionarios

Todo indica que no va resultar sencillo. Uno de los letrados más tenaces en la causa contra las cloacas del Estado, Alejandro Gámez Selma, destaca las dificultades para destapar las ramificaciones criminales de una trama cuya envergadura no para de crecer. “El problema es que el sistema español no contempla la desclasificación de documentos secretos, como ocurre en otros países. Ni siquiera un juez puede hacerlo. Sólo el Consejo de Ministros. Esta falta de control judicial, especialmente de la Audiencia Nacional, que es una pieza clave en todo esto, facilita la impunidad y permite que haya agentes que vivan de los secretos de Estado para hacer operaciones que ningún país democrático puede reconocer abiertamente que se practican”, afirma. El abogado reconoce que la posibilidad de acabar con las cloacas de un tajo a lo largo de la actual legislatura también se ha visto mermada por algunos nombramientos inesperados. 

El de Dolores Delgado es el más desalentador. Al menos, así lo expresan algunas voces de Unidas Podemos, el objetivo a abatir por el clan policial que engrasó Villarejo desde su fundación como partido. Su designación al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución que puede resultar clave para limpiar con lejía el fondo de la trama, cayó como un jarro de agua fría sobre la euforia que desató la formación de un gobierno progresista decidido a acabar con algunos de los vicios heredados del franquismo. Y este es manifiesto. Sin embargo, hay recuerdos que todavía reverberan. Delgado aparece pringada en la larga lista de personalidades enredadas en la madeja del excomisario. El más llamativo, sin duda, la comida informal que ambos mantuvieron en 2009, junto a Baltasar Garzón y varios policías. Aquello no se borra de un plumazo. Ni siquiera con el tibio capote que le echó Pablo Iglesias en una de sus últimas entrevistas en televisión donde hizo gala de que, a partir del acuerdo suscrito con Pedro Sánchez, tiene asumido que la ropa sucia se limpia en casa.

Para terminar de desdibujar la figura de la fiscal general es inevitable referirse a la estrecha relación que mantiene con Baltasar Garzón, que desde su inhabilitación para ejercer la carrera judicial, dirige el despacho de abogados que hoy defiende a tres de los colaboradores de Villarejo con mayor peso en todas las causas judiciales abiertas: Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía (DAO), Enrique García Castaño El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), y Carlos Salamanca, responsable policial del aeropuerto de Barajas hasta 2015. 

Tampoco es que el trabajo de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior concite la confianza que requiere la colosal tarea de embridar los malos hábitos que proliferan en el mundo secreto policial. Pese a su machacona insistencia en que la “brigada patriótica” de Jorge Fernández Díaz “ya no existe”, hay quien aporta pruebas de todo lo contrario. “A Andrés Gómez Gordo, imputado por su relación con la Operación PISA (el informe falso que construyeron para hundir a Iglesias), le han ascendido y hoy dirige una comisaría de Madrid. El inspector José Ángel Fuentes Gago, presunto integrante de aquel grupo y que está imputado por espiar a Luis Bárcenas, también continúa en activo dentro de la policía”, cuenta Patricia López, periodista del diario Público cuyo trabajo de investigación está sirviendo para arrancarle el antifaz a este intrincado clan. 

Un eslabón más

Pero lo peor, en su opinión, no es que siga habiendo cuatro o cinco personajes enfangados en puestos relevantes de la Policía, sino que la oleada de causas abiertas en los tribunales empiezan a desvelar detalles sobre los enigmas inconfesables que podrían ocultarse en el corazón de la trama. “Villarejo es sólo un eslabón de una banda que se forma a instancias de una élite político-económica procedente de la dictadura con el objetivo de mantener impune su poder ante los posibles cambios que pudieran producirse en España. En este sentido, se parece un poco a El Padrino”, añade la periodista que, a pocos meses de cumplirse seis años del escándalo del Pequeño Nicolás, sigue aireando maniobras en la oscuridad con el voluntad de seguir por la senda trazada hasta las últimas consecuencias. 

Villarejo, según Patricia López, es sólo un eslabón de una banda que se forma a instancias de una élite político-económica procedente de la dictadura con el objetivo de mantener impune su poder

Por si hubiera pocas sospechas, el abogado Alejandro Gómez Selma, admite que la red de policías corruptos actuó como “un aparato paralelo al Estado. Cuando no les bastaba con la impunidad, ponían en marcha un mecanismo de control de daños que, en su caso, fue intoxicar procedimientos judiciales y hacer chantajes. A los Pujol, por ejemplo, les ofreció acabar con la causa a cambio de una buena suma de dinero. Y nos tememos que hay un proceso de renovación generacional, de los cargos policiales imputados a sus delfines”, relata. Pero el de los Pujol fue, quizá, el menor de los delitos. En el turbio historial de servicios prestados por esta multidisciplinar trama comienzan a aparecer nombres de presidentes y altos cargos de multinacionales como Iberdrola, Repsol, la Constructora San José, el BBVA y una larga lista de ropa sucia que empieza a resultar inabordable. En uno de los infinitos audios que han salido a la luz, el excomisario llega a decir que Agustín Linares, su padrino en este negocio, le pidió datos privados de 70.000 ciudadanos rumanos residentes en España para una operación inmobiliaria que un amigo quería realizar en Rumanía.

El papel de la prensa

No deja de tener su gracia que el papel desempeñado por los medios de comunicación en el juego de este entramado haya planteado tantos problemas. Y es que, por lo visto, en el camino se han encontrado con personajes que es mejor no mentar, pistas que no conviene regar, investigaciones delicadas que había que cortar por lo sano en cuanto empezaban a dar sus frutos. Algunos se sumaron a la causa para obtener beneficios, o sencillamente para protegerse, cuando sabían que lo que recibían como exclusiva no era oro sino amañados informes sobre la vida de personas condenadas de antemano a hundirse hasta el fondo. “Es evidente que todo esto hubiera sido imposible que se produjera sin la existencia de una cobertura por parte de algunos medios de comunicación”, asegura la diputada de UP, Gloria Elizo. Hay quien apunta directamente a ciertos periódicos y programas de televisión. “Una de las claves de la estrategia de la trama, que unos y otros llevan adelante, se vierte sobre la mesa de Al Rojo Vivo. El relato se ha construido muchas veces en ese plató entre las 12.45 y las 14 horas”, añade un profesor universitario invitado varias veces al programa y que pide mantener su anonimato. O personajes como Eduardo Inda o Esteban Urreiztieta, los polos opuestos al verdadero periodismo de investigación que están realizando Patricia López o Pilar L. González de Lara.

El periodista de El País Javier Ayuso ha reconocido que sufrió amenazas para que pusiera fin a su trabajo de investigación. Lo mismo que la periodista de Público, Patricia López. De la mafia rusa, de algunos policías envilecidos. En una ocasión, la intentaron detener por escribir sobre el siniestro apuñalamiento sufrido por la dermatóloga Elisa Pinto y los favores que su presunto agresor, José Manuel Villarejo, realizaba al exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid, investigado por esta causa. La reportera dice que en el camino ha visto de todo. “Desde aquellos compañeros que ya colaboraban con la trama y que les hubiera resultado muy fácil, desde luego más que a mí, destaparlo, hasta los que tuvieron que escoger bando y eligieron el que pensaban que iba a ganar, el más poderoso, que además te surte de noticias. Cuando te lo ponen así de crudo resulta fácil elegir”, sentencia. Es su manera de despejar la pregunta de si alberga esperanzas de que la verdad se abra paso en este interminable reguero de corrupción, y añade sin evasivas: “Aquí impera el instinto más que la racionalidad. Y, en mi caso, estoy segura de haber tomado las decisiones que tenía que tomar. Soy tan gilipollas que si me volviera a pasar, tomaría el mismo camino”.