Casi un lustro después de que el Partido Popular aprobase la Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza–, el único cambio que ha experimentado España en materia de libertad de expresión es el aumento en las cifras de personas encausadas y condenadas por delitos de opinión. “Las recomendaciones que hicimos hace cinco años son las mismas que hacemos ahora”, aseguró en Madrid Scott Griffen, subdirector del International Press Institute.

Griffen y otros expertos internacionales, juristas y miembros de la PDLI se presentaron el jueves 13 de febrero en el Congreso de los Diputados para denunciar cómo, durante los últimos años y con la ayuda imprescindible de la reforma del Código Penal de 2015, se ha exprimido y retorcido la legislación nacional para crear un ambiente hiperreactivo en el que se ha desprotegido hasta el extremo el ejercicio de la libertad de expresión.

Para demostrar esta situación, la PDLI presentó un extenso informe jurídico en el que, a través de un ejercicio comparado, se ha sometido la normativa penal española al filtro de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La lectura final del documento es indiscutible: nuestro Código Penal mantiene una muy mala relación con los estándares europeos –firmados y vinculantes– en materia de libertad de expresión, y tiene que ser reformado para adaptarse a las obligaciones internacionales.

Los datos no hacen más que constatar la escalada punitiva que se denunció en las Cortes: desde el desmantelamiento de ETA, los juicios por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cinco en España. En 2011, cuando la banda terrorista renunció a las armas, se dictaron 5 sentencias por este precepto. En 2015 la cifra había ascendido a 25.

“Cuando se eliminan garantías básicas, solo es cuestión de tiempo que las leyes generen problemas graves”, comentó Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. El jurista se refirió, por ejemplo, a la ley del año 2000 en la que se penó el enaltecimiento del terrorismo y que 15 años después ha derivado casos como los de César Strawberry o Cassandra Vera, condenados tras publicar mensajes y chistes en Twitter.

No son los únicos: gracias al ensanchamiento de la normativa, durante los últimos tiempos se han llevado a cabo todo tipo de enjuiciamientos contra la libertad de expresión en España: por ofensas a los sentimientos religiosos –véase la imputación de tres mujeres, posteriormente absueltas, por la procesión del ‘coño insumiso’ en Jerez–, por discursos de odio, por injurias al Rey y a los símbolos del Estado, por la difusión de consignas en internet…

En 2015 se impusieron casi 88.000 sanciones por infracciones recogidas en la ley mordaza, en 2017 llegaron a 250.000

Según el autor del informe de la PDLI, el jurista de la Universidad de Standford Joan Barata, ni siquiera la propia práctica jurídica ha escapado de este bucle, con procesos en los que los principales organismos judiciales de España han ‘obviado los parámetros internacionales en materia de libertad de expresión’”.

Las consecuencias son de sobra conocidas: desde encarcelamientos preventivos –caso titiriteros– a inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que duran años, pasando por un clima de autocensura en el que el miedo a los procesos judiciales frena el propio ejercicio de los derechos.

Pero, según recordaron los expertos en el acto del Congreso, la necesidad imperiosa de reformar la legislación no solo está motivada por esta aplicación abusiva de la normativa penal. Los procedimientos recogidos en la ley de seguridad ciudadana, que trasladan al ámbito administrativo la gestión de derechos fundamentales, también han desprotegido, aún más si cabe, la libertad de expresión e información.

Basta revisar los datos para comprobar esta situación, agravada por el contexto de baja criminalidad y desmovilización social: mientras que en 2015 se impusieron casi 88.000 sanciones por infracciones recogidas en la ley mordaza, en 2017 las multas por motivos recogidos en la norma llegaron a 250.000.

No a perseguir la apología del franquismo

“Existe un discurso que está especialmente protegido en la normativa internacional: la expresión política e ideológica. Esto incluye las que puedan resultar ofensivas o incluso contrarias al propio texto constitucional”, insistió Joan Barata en el acto del Congreso. 

No fue el único. Todos los expertos y participantes en el acto mantuvieron que, de ser aprobada, la persecución de la apología de la dictadura no haría otra sino sumar nuevas casillas en la escalada punitiva que ha vivido el país: “España necesita aligerar su Código Penal, y no engordarlo tipificando todo tipo de conductas”, comentó Ignacio González Vega, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.

¿Significa esto la desprotección de las personas que sufran el desprecio de discursos fascistas? No. Más bien, los expertos abogan por no reforzar la estampa represiva que se vive en este momento: el Código Penal en general y el delito de odio en particular ya tiene mecanismos suficientes para encauzar comportamientos que impliquen riesgo. Y esto último es fundamental: según los estándares internacionales, solo cabe criminalizar la expresión cuando el discurso tenga la capacidad real y la voluntad de de incitar a actos delictivos. Es decir, si solo se trata de opiniones o afinidad ideológica, ni el ordenamiento jurídico protege el buen gusto ni, como comentó Joan Barata, “nadie tiene el derecho a no ser ofendido”.

En este punto, David Díaz-Jogeix planteó una dilema fundamental: ¿Cómo podemos convertirnos en un Estado plural que protege la libertad de expresión y al mismo tiempo luchar contra el aumento, obvio y latente, de los discursos intolerantes, xenófobos, etc.? Una vía, aseguró el experto, es establecer debates maduros sobre la pertinencia de procedimientos punitivos en una sociedad avanzada y usar con eficacia y proporcionalidad los recursos que ya existen en el Código Penal. Otra, crear un Estado hiperregulado, en la línea de lo que se viene haciendo, que imponga las fórmulas lícitas de pensamiento y opinión.

Las mismas que, cabe recordar, no habrían sido posibles sin la participación de ciertos sectores políticos –y mediáticos– del país. Para muestra, las ampollas que levantó entre las filas de Vox la celebración del acto y la presencia de César Strawberry en el mismo. En esa ciencia infusa y centrifuga que es la política ultra, la formación de extrema derecha trató de censurar un acto sobre libertad de expresión en el que efectivamente se estaba denunciando la persecución de este derecho. El dislate –que no es otra cosa que emisión de propaganda– es aún mayor cuando se comprueba que todos los ponentes –incluido el propio cantante– estaban alineados en contra de lo que el partido verde ha considerado un ataque flagrante a la libertad de expresión: la persecución de la apología franquista.

Los motivos eso sí, son bastantes distintos. Preguntados por el paralelismo, Vox insistió en su idea de ilegalizar las formaciones separatistas por “no respetar la reglas del juego democrático”. Pareciese que, en la lógica del partido ultra, el franquismo siempre se situó dentro de las lindes democráticas más pulcras.