La llegada del primer Gobierno de coalición desde la II República ha puesto encima de la mesa una promesa doble, compartida por ambos socios del nuevo Ejecutivo: derogar la reforma laboral de Rajoy y elaborar un nuevo Estatuto del Trabajo. La ambición de la propuesta es formidable por varias razones. En primer lugar por la complejidad técnico/política que supone abordar tanto la derogación de la macro reforma neoliberal-fondomonetarista de 2012 como la redacción de un nuevo marco normativo que sea capaz de orquestar las relaciones de trabajo en el país, respondiendo a los nuevos retos y deshaciéndose de los viejos lastres; y,  en segundo lugar, por las divergencias en cuanto al modelo de partida que existen no solo entre los socios de gobierno, sino también y principalmente entre estos (o una parte de estos) y los lineamientos que llevan años imponiéndose como recetas laborales para España, desde la Unión Europea, el propio Banco de España y las instituciones financieras internacionales (FMI).

El cuestionamiento del diktat laboral de las élites económicas impuesto tras la crisis del año ocho no va a ser un camino de rosas. De hecho, pocos días después de la toma de posesión del equipo del Ministerio de Trabajo, los mensajes de advertencia desde las instituciones financieras se suceden. Desde el gobernador del Banco de España hasta economistas a sueldo del FMI se empeñan en dar instrucciones sobre cómo regular nuestro mercado de trabajo, obstinados en advertir los peligros de derogar la reforma laboral de 2012.

La irrupción, ilegítima, de las instituciones financieras en la política de regulación del trabajo no es nueva. El fondo monetario internacional lleva cinco décadas dictando la política laboral de una buena parte del mundo, con más eficacia en la imposición de sus medidas que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta invasión impulsada por el Fondo fue uno de los pilares del Consenso de Washington, se repitió en el Consenso de Bruselas a través de la Troika (recordemos las reformas laborales de Grecia o España) y está siendo perfeccionada en la actualidad a través de las más recientes cartas de intención firmadas por el Fondo con países como Ecuador o Argentina. De hecho, si atendemos a los datos aportados por el experto independiente de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, es posible comprobar cómo entre los años 1994 y 2007, el 50% de todos los programas de préstamo del FMI incluían condiciones laborales. Además, un tercio de las cartas de intención firmadas entre el FMI y Estados entre 1998 y 2005 contenían compromisos de flexibilizar la regulación del mercado de trabajo. Así, y directamente conectadas con las directrices del Fondo, entre 2010 y 2015 se emprendieron reformas precarizadoras de ese tipo en 89 países, de los cuales más de la mitad (49) eran países en desarrollo.

El problema es que al Fondo nunca le ha importado que el crecimiento no conlleve redistribución sino desigualdad y esté basado en la desposesión de las mayorías sociales

A lo largo de todas estas intervenciones y hasta las más recientes, como demuestra el ejemplo de Ecuador (o de Ucrania), la máxima que ha guiado la actuación del Fondo no ha variado un ápice: “hay que desregular y flexibilizar para crecer y crear empleo”. El problema es que al Fondo nunca le ha importado que el crecimiento no conlleve redistribución sino desigualdad y esté basado en la desposesión de las mayorías sociales; tampoco le ha preocupado que la creación de empleo se base en la propagación del trabajo no digno y en la precariedad laboral y vital. El caso de Argentina “rescatada” durante el Gobierno de Macri con el préstamo más elevado de la historia del Fondo (57.000 millones de dólares) es la prueba más evidente de esta indolencia respecto de la vida de la gente (y de la naturaleza), que caracteriza las decisiones de las instituciones financieras y de sus gobiernos cómplices.

La reforma laboral de 2012, que además del puño de Rajoy vino firmada por el Fondo Monetario Internacional, es otro caso paradigmático. Para entender la urgencia de su derogación es preciso recordar que la misma respondió a una serie de “recomendaciones” de la Comisión Europea, en la línea marcada durante décadas por el FMI, que fueron entusiastamente desarrolladas por el gobierno de Rajoy. Poco más de un mes después de la toma de posesión del gobierno del PP tras las elecciones de 2011, la ministra de Empleo y Seguridad Social ya tenía lista (como si la hubieran preparado con mucha antelación) una macro reforma cuyo objetivo fundamental fue la devaluación interna (empobrecer el trabajo) y el debilitamiento de los sindicatos. Reducir salarios, desestabilizar y precarizar al máximo las condiciones de trabajo y evitar la protesta laboral eran las máximas que repetían las directrices desarrolladas, con consecuencias nefastas, por gobiernos como los Thatcher o Pinochet hasta Macri o Moreno, que encontraron en el PP de Rajoy un alumno aventajado.

La participación del FMI en aquella reforma fue clara. Además de la inspiración teórica, no podemos olvidar que España fue “rescatada”, mediante un Memorando de entendimiento para la recapitalización y reestructuración del sector financiero español. El Memorando establecía que España debía cumplir plenamente sus compromisos y obligaciones derivados del procedimiento de déficit excesivo y de las recomendaciones del semestre europeo, es decir y entre otras cosas, con las propuestas laborales recomendadas por la Comisión Europea coincidentes con las propuestas fondomonetaristas. De esta manera, el préstamo aseguraba que España iba a acometer las reformas laborales bajo la supervisión de la Comisión, del BCE, y del FMI. El extraordinario desempeño neoliberal de aquel Gobierno fue ensalzado durante años por todas estas instituciones, que incluso pidieron la profundización en esas medidas. En concreto, el Fondo felicitó en varias ocasiones a Rajoy por el impulso de la reforma, mientras le recomendaba endurecer las medidas de la misma para asegurar el impacto adecuado (a la baja) en los salarios.

Ocho años después de su aprobación, no hace falta ser economista para percibir en nuestro día a día los efectos perniciosos de la reforma laboral de 2012. Más allá de la innegable y aireada reducción cuantitativa del empleo, numerosos análisis han demostrado que existe una mayor desigualdad laboral, degradación y precarización; la tasa de temporalidad sigue en aumento, así como la tasa de trabajo a tiempo parcial involuntario; los salarios se han degradado (a pesar de las últimas subidas del SMI) y existe una mayor descompensación de las relaciones de poder capital-trabajo. Tampoco hay que olvidar los efectos especialmente dolorosos como es la extensión de la utilización del despido objetivo en caso de enfermedad por causas de inasistencia al trabajo justificadas pero intermitentes.

Ninguna de estas consecuencias parece lo suficientemente grave para el gobernador del Banco de España, que hace apenas una semana se manifestaba en contra de la derogación de la reforma de 2012, elogiando la misma como “una “palanca eficaz para crear empleo”. Sin una palabra que hiciera referencia al tipo de empleo creado, el gobernador se adentró temerariamente en el plano técnico y afirmó que la reforma no debería derogarse “dado que es tan difícil, desde un análisis empírico, desenredar todos estos cambios (introducidos por la reforma laboral); si tocas uno, no sabes cuáles serán las consecuencias”. Según este razonamiento, lo que nunca se tenía que haber acometido es una reforma de calado global como fue la de Rajoy, apoyada entonces de manera entusiasta por el Banco de España.

La opinión del señor Hernández Cos, ofrecida sin mayor fundamento, ha recibido el espaldarazo del FMI a través de un análisis de coyuntura particularmente oportuno para sostener la estrategia del gobernador del Banco de España. El texto, cuyo claro objetivo es apuntalar la crítica a la derogación de las principales medidas de la reforma de 2012 que pretende el Ministerio de Trabajo, tiene como tesis central la necesidad de mantener la reforma, arguyendo que, gracias a su implementación, “han mejorado los resultados de empleo e igualdad de ingresos sin un impacto sustancial en el riesgo general de pobreza”. Esta afirmación se basa en un análisis que adolece de varias carencias, algunas de ellas prontamente señaladas por el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en su blog. Entre otras cosas, los autores proceden a una limitada revisión de la literatura especializada, fundamentando básicamente su examen en informes propios del FMI, la Comisión Europea o la OCDE. Por añadidura, y para el caso español, el informe se base en análisis de autores que colaboran asiduamente con la web nadaesgratis.es, Fedea y el Banco de España.

No es la primera vez que el Fondo reconoce un error. En este sentido, es útil recordar que en el año 2013 publicó un análisis reconociendo el fracaso de su intervención en Grecia

Aun a pesar de este sesgo, la lectura del informe es particularmente interesante por cuanto apuntala la existencia de alguna de las consecuencias nocivas de la reforma que hemos señalado. Así, de manera muy comedida, el texto del FMI reconoce que “las reformas parecen haber deteriorado los resultados del tiempo parcial involuntario, el promedio de horas trabajadas y la pobreza laboral”. En concreto, el Fondo acepta que la reforma impulsó el aumento de la pobreza en el trabajo, que se deriva entre otras medidas del abuso de la contratación a tiempo parcial. El informe omite que, además, esta pobreza afecta especialmente a las mujeres.

No es la primera vez que el Fondo reconoce un error. En este sentido, es útil recordar que en el año 2013 publicó un análisis reconociendo el fracaso de su intervención en Grecia. El grave empobrecimiento del país llevó al Fondo a reconocer que “la experiencia reciente de Grecia demuestra la importancia de repartir la carga del ajuste en diferentes estratos de la sociedad para generar apoyo para un programa”. Sin embargo, aun reconociendo estas consecuencias negativas, el FMI sigue sosteniendo e impulsando las ideas fracasadas en sus más recientes intervenciones. Por ejemplo, en el acuerdo con Ecuador firmado en 2019, el Fondo propone la flexibilización del contrato a tiempo parcial y su promoción (en particular para la inclusión de la mujer en el trabajo). Las consecuencias precarizadoras, discriminadoras y segregadoras de esta propuesta, evidenciadas una y otra vez, no parecen importarle.

El Fondo no se aplica sus propias enmiendas, pero en los últimos tiempos ha aprendido a jugar al gatopardo y, así, el reconocimiento de errores le está sirviendo construirse mediáticamente una imagen “socialmente responsable”. En esta línea, podemos comprobar cómo ha destacado en su web su “compromiso” con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicando la siguiente parrafada :“El desarrollo debe ser económica, social y ambientalmente sostenible. El FMI ayuda a los países de todo el mundo a alcanzar los ODS al trabajar con ellos para desarrollar las bases de un crecimiento económico fuerte y sostenible, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”. Además, su nueva directora, Kristalina Georgieva, ha estrenado mandato lanzando un mensaje con rostro “humano”, en una carrera hacia la política del social washing del FMI (combinada con el pink y el green) sin precedentes. Las razones de este giro parecen evidentes. Espantado por la ola de protestas contra sus medidas que se propaga por el mundo (Ecuador, Chile, Francia), alertado por la existencia de gobiernos (Argentina) que pretenden apartarse (Argentina) de sus directrices, el Fondo está intentando relegitimarse mediante retoques cosméticos, sin ceder un ápice, al menos de momento, en sus exigencias reales en el terreno.

Estas circunstancias, este preciso momento de contradicciones del FMI, abren una ventana de oportunidad para que el Gobierno español y muy particularmente su Ministerio de Trabajo, acelere la derogación de la reforma y dé impulso a un nuevo marco normativo para el trabajo digno en España. Como hemos señalado, la técnica jurídica justifica una necesaria derogación por partes –pero urgente– de las medidas de la reforma de 2012 más nocivas en el plano individual y colectivo. Sin esta derogación no parece posible un diálogo social amplio y en condiciones de equilibrio para la negociación del nuevo Estatuto, que debe servir para reconstruir la dupla trabajo-bienestar y romper el binomio trabajo-pobreza. De hecho, solo con estas bases (la justicia social) se puede pensar en combatir otras bestias que nos acechan con tintes fascistas y que amenazan convivencia, derechos y democracia.