Algo de alarma produce también tomar conciencia de que, según informaciones no desmentidas, quien fue jefe del Estado durante 40 años, además de su importante asignación con cargo a los presupuestos del Estado, obtuvo una muy millonaria comisión por unas gestiones que realizó en el ejercicio de sus funciones, la escondió en fondos opacos y la cobijó en paraísos fiscales. Dicen que fueron 100 millones, no sé si de euros o de dólares. Dicen que fue por su mediación para conseguir la adjudicación a empresas españolas de una obra pública en Arabia Saudí. No sé si le pagaron quienes encargaron la obra o las empresas adjudicatarias, no sé si él puso el precio como condición o si sólo puso la mano, no sé si fue él quien lo exigió o si fue una remuneración agradecida, pero duele imaginar al jefe del Estado diciendo “sí”, o diciendo “100 millones”, comprometiendo su libertad institucional (quien cobra ilícitamente queda comprometido), comprobando el ingreso, decidiendo o aceptando sugerencias sobre su gestión y su destino entre despacho y despacho al presidente del Gobierno de la época para tratar asuntos de Estado, en un contexto en que se atisbaba una crisis económica que forzaría a recortes de gasto y a subida de impuestos. No es preciso poner mucho énfasis para que produzca un rechazo absoluto y sin matices ver a un jefe de Estado haciendo de comisionista. Un rechazo que yo calificaría de “constitucional”. De confirmarse, se trataría de una deslealtad a una Constitución a la que el rey Juan Carlos anudó su suerte política.

No es preciso poner mucho énfasis para que produzca un rechazo absoluto y sin matices ver a un jefe de Estado haciendo de comisionista

Ya sé que los reyes tienen la costumbre histórica de prever la posibilidad de un derrocamiento y un exilio con fondos colocados fuera de las fronteras de su reino: una especie de fondo privado de contingencias por el plus de peligrosidad por destronamiento. Ya sé, también, que las élites se conocen bien los corredores financieros para diversificar su capital, por lo que pueda pasar. Sé que, en familias de patrimonio, eso es percibido como un ejercicio de responsabilidad pensando en los hijos. Pero un jefe de Estado, y más aún un jefe de Estado vitalicio, es César o nada. No puede jugar a dos bandas. Y si lo hace, y lo pillan, no puede emplear la baza de una mano (inmunidad, respeto institucional, interés de Estado, César) para evitar que se le vea la otra mano.

El rey Felipe VI no podía dejar de salir al paso con inmediatez. En privado reaccionó pronto, institucionalmente se ha esperado, por razones que pueden imaginarse, a que la noticia se hiciera pública. Ha suprimido la asignación de parte del presupuesto de la Casa Real (que es presupuesto del Estado) al rey emérito, y ha informado de que cuando se enteró de que había sido beneficiario de algunos fondos acudió al notario a renunciar. También ha renunciado a la herencia de su padre. Habría estado bien que instase a su padre a una devolución.

La renuncia a la herencia futura (es decir, mientras no muera el causante) no es eficaz, porque así lo dispone el artículo 991 del Código Civil: “Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia”. Sin embargo, la renuncia a su designación como beneficiario de fondos privados, aunque esté hecha con carácter mortis causa (es decir, para después de la muerte de quien lo ha designado) sí es eficaz. Con dicha renuncia, formalmente, se aparta del affaire y protege su condición institucional. De no haberlo hecho, estaríamos hablando de un asunto de familia, y no de un asunto del rey emérito.

La monarquía constitucional ya no puede seguir viviendo de las rentas de su condición de instrumento para la transición

La ineficacia patrimonial de la renuncia a la herencia de su padre no deja de tener, sin embargo, un valor simbólico. Supone una ruptura con el causahabiente o antecedente de la dinastía que, por norma constitucional, le ha conferido la condición de jefe del Estado. En contra lo que ya se ha escrito, invocando el art. 990 del Código Civil, de que no es posible una renuncia “en parte” a la herencia, y que por tanto quedaría comprometida su condición de rey, ha de aclararse que no hay ninguna incompatibilidad entre renunciar a la herencia (íntegramente) y ser sucesor dinástico a la Jefatura del Estado: el rey Juan Carlos no tenía poder para designar a su sucesor haciendo testamento, porque es la Constitución la que establece la línea dinástica. Casi sonroja tener que explicar esto. Pero lo importante es que esta ruptura simbólica de Felipe VI con Juan Carlos I fuerza a cambiar el relato.

Si en España fuimos en general más juancarlistas que monárquicos, porque Juan Carlos no obstruyó, sino que facilitó el tránsito de la dictadura, que lo eligió como sucesor, a una democracia, ahora el relato se complica, y lo hace en un aspecto esencial para la monarquía: la legitimidad moral y la aceptación social de la regla constitucional en que se basa la designación. Si en un principio la monarquía ayudó a hacer posible que el pueblo se diera una constitución, ahora es el pueblo, que en cualquier momento puede convertirse en constituyente, quien hace posible la monarquía. La monarquía constitucional debe renovar argumentos. Ya no puede seguir viviendo de las rentas de su condición de instrumento para la transición.

Felipe VI conserva intacta la legitimidad constitucional para ostentar la Jefatura del Estado. Esto también es una obviedad. Pero la monarquía, cuya aceptación social se basó en buena parte en la figura de Juan Carlos, tiene delante de sí la tarea de reconstruirse de espaldas a su herencia. Yo no digo (ni pienso) que la herencia política de Juan Carlos se resuma en el cobro de una comisión tan desleal, pero lo cierto es que esa gran deslealtad obliga a Felipe VI a ganarse su condición como algo distinto a un mero sucesor. Y para ello necesita algo más que no equivocarse y seguir con los protocolos. Necesitará la complicidad de las fuerzas políticas, igual que Juan Carlos no podría entenderse sin los políticos que lo rodearon. Y mal haría si sólo buscase el apoyo en forma de vivas al rey. Estoy seguro de que no caerá en ese error. O logra convencer (convencer de verdad) de su utilidad más allá del perímetro del monarquismo, y más allá de una fracción ideológica, o la monarquía constitucional perderá la única ventaja que tiene sobre la presidencia de una república: sujetar simbólicamente, desde un punto neutro, el terreno de la disputa política... Y de las disputas territoriales. No está claro que lo vaya a conseguir fácilmente.