Hay dos luchas. La primera: frenar el coronavirus. Y en ella estamos el conjunto de la población, encerradita a cal y canto. Y en primera línea de combate, exponiendo sus cuerpos: personal de sanidad, limpieza, tiendas de alimentación, supermercados, transporte, policías, periodistas y un largo etcétera. Personas, en su mayoría, de clase trabajadora. Personas que están arriesgando la salud para atender las necesidades básicas de la sociedad y a las que la sociedad no es capaz de ofrecer los elementos imprescindibles de seguridad: mascarillas y guantes. Y esto último nos lleva directamente a la segunda urgencia: frenar la explosión de pobreza que está sucediendo y cuya dimensión futura aún no conocemos. O, más claro: empezar ya a construir con nuestra imaginación y nuestros actos la sociedad en la que, con suerte, podremos sobrevivir como especie, e incluso, yendo más lejos, vivir bien, vivir gozosamente.

El pasado otoño, antes del coronavirus, ya había más de un cuarto de la población española en riesgo de pobreza. Eso son doce millones de personas

Si la pobreza puede explotar, es porque la situación material de mucha gente ya estaba al límite antes de comenzar la pandemia. ¿Qué parte de las personas que arriesgando hoy su salud protegen la de todos llega holgadamente a fin de mes? ¿Cuántas de ellas, o de sus familias, sufren sueldos precarios y/o alquileres abusivos? ¿Cuántas cuentan con ahorros suficientes para hacer frente a imprevistos como el actual? Y más allá, ¿cuántas participan de forma efectiva en las decisiones que determinan nuestra vida colectiva?

El presidente Sánchez ha advertido de la necesidad de una “reconstrucción social” cuando se supere la pandemia. Pero es que esta necesidad ya existía antes de que apareciese el coronavirus. Y por esta razón, el hundimiento brusco de las condiciones materiales básicas es hoy una posibilidad real para gran parte de la población. El pasado otoño, antes del coronavirus, ya había más de un cuarto de la población española en riesgo de pobreza. Eso son doce millones de personas. Y dos millones y medio ya vivían en situación de pobreza severa. Así lo publicaba el pasado 16 de octubre, Día internacional de la erradicación de la pobreza, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión social.

Los más expuestos, y a la vez los más imprescindibles, el personal de Sanidad, son hoy un conjunto mucho más débil que hace diez años. En esta década pasada, en todas las comunidades del Estado (y muy especialmente en Madrid, Valencia y Cataluña) se ha recortado considerablemente personal, camas y presupuesto sanitario en general. ¿Para hacer frente a la crisis de 2008? No. Se ha hecho porque así lo dicta la razón neoliberal que nos gobierna: todo ha de ser convertido en mercancía de la que extraer beneficio económico. También la salud. Los recortes que mejor recordamos empezaron en 2010, pero su origen es muy anterior. Los gobiernos de Felipe González desarrollaron y universalizaron la Sanidad Pública en España, probablemente se podría decir que la crearon. Pero también legalizaron la posibilidad de su privatización. En 1997, el PSOE, con el apoyo del PP, CIU y PNV aprobó una ley que, desde entonces, permite que la obligada prestación sanitaria por parte del Estado se lleve a cabo indirectamente “mediante contratos con entidades privadas”. Allí empieza el camino de la progresiva privatización y mercantilización de la Sanidad que hoy contribuye a que el personal médico tenga que enfrentar su trabajo en condiciones heroicas y no de seguridad elemental.

Los gobiernos de Felipe González desarrollaron y universalizaron la Sanidad Pública. Se podría decir que la crearon. Pero también legalizaron la posibilidad de su privatización

El Gobierno ha asegurado que nadie quedará abandonado. ¿Cómo, si no se logra dar la vuelta al sentido dominante de una sociedad basada en el beneficio privado? ¿Cómo, si no se construye un acuerdo social que garantice el bien común como principio organizador de toda convivencia? El Gobierno ha aprobado un decreto social para frenar el golpe. Importante, como toda ayuda. Insuficiente, el propio gobierno lo reconoce. No establece, por ejemplo, ninguna ayuda para las familias y personas que viven de alquiler. En un momento en que los alquileres resultaban ya casi impagables para tantísima gente desde antes, mucho antes del virus. La ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que los caseros no son bancos, sino familias que dependen de las rentas de sus propiedades para vivir. Más del 90% de las viviendas en alquiler son propiedad de particulares, efectivamente. ¿En cuántos casos la renta de su propiedad es su único o principal ingreso? ¿En cuántos casos poseen una sola propiedad? ¿En cuántos, poseen varias viviendas que alquilan, edificios enteros, incluso? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene esta información. Pueden establecer distintas condiciones para una moratoria de alquileres, según los casos. Entre las empresas, Caixabank, Lazora, Blackstone, el Banco de Santander, el Banc Sabadell y Goldman Sachs son los mayores propietarios de vivienda de alquiler en España. ¿Tampoco para el caso de los bancos o los fondos buitre se puede establecer una moratoria en el pago de los alquileres?

Cuando el Banco Central Europeo dice que va a inyectar miles de millones de euros a la economía para frenar la crisis, lo que está diciendo es que va a prestar dinero a los bancos a interés cero para que estos presten dinero a empresas y familias con el interés que les parezca. Pero ni siquiera están obligados a prestar ese dinero: la legalidad europea permite a los bancos dedicar la parte que consideren a la especulación financiera o directamente, guardarlo en paraísos fiscales. Eso sí, el BCE les pagará, además de prestarles el dinero a interés cero, un 1% del porcentaje que empleen en conceder créditos. ¿No es el momento para convertir Bankia, casi el 62% de cuya propiedad sigue siendo del Estado, en una banca pública? ¿No resulta imprescindible una banca pública cuyo objetivo no sea el lucro privado sino el bienestar social?

La legalidad europea impuso un techo de gasto tras la crisis de 2008. Y en España se tradujo en la reforma del artículo 135 de la Constitución, gracias a un pacto entre el PSOE y el PP por el cual, todo gasto público –por urgente que resulte, como ahora– queda subordinado al pago de la gigantesca deuda contraída por los distintos niveles del Estado con la banca (sobre todo alemana) tras la crisis de 2008. El mismo Estado que prestó a la banca española 65.725 millones de euros para su rescate, de los cuales se estima que se podrán recuperar unos 14.000 millones. La misma banca que ahora recibe dinero del BCE a interés cero para prestarlo al interés que quiera, lucrándose con ello. En línea con la reforma del 135, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Rajoy, estableció un techo de gasto para ayuntamientos y comunidades. La ley Montoro (en realidad, son varias) sigue vigente y, gracias a eso, el conjunto de las comunidades y ayuntamientos tienen hoy un total de 45.000 millones de euros bloqueados en depósitos en las entidades bancarias para que, estas sí, hagan negocio.  Hoy, cuando hay personal sanitario infectándose porque no dispone de los equipos de protección necesario. Pero es que, además, la propia Unión Europea ha suspendido los límites al déficit público mientras dure la crisis. ¿Por qué el gobierno de España los mantiene?

Basta. No más saqueo. No más dolor innecesario.

Cuando se hace un repaso crítico de los años de González en el gobierno suelen aparecer, en primer lugar, los GAL y la corrupción. Después, su conversión al neoliberalismo y la consecuente subordinación de los derechos del trabajo a los intereses del capital. Pero hay un campo de crítica aún menos habitual en los análisis de aquella etapa (fundamental, puesto que consolidó los fundamentos básicos de la democracia posterior a Franco): la despolitización. Es decir, el proceso, fomentado desde el Estado, por el cual dejamos de pensar en términos colectivos para centrarnos en la búsqueda de soluciones individuales. O dicho de otra manera, el proceso por el cual enfrentamos la vulnerabilidad, característica universal de la condición humana, buscando fortalecernos individualmente, incluso contra el otro, y no a través de la ayuda mutua, con el otro.

La ley Montoro sigue vigente y, gracias a eso, las comunidades y ayuntamientos tienen 45.000 millones de euros bloqueados en depósitos en las entidades bancarias para que, estas sí, hagan negocio

El masivo movimiento popular de la etapa 2011-2014, que resumimos en la expresión 15M, nos devolvió a la política, es decir, a pensar la sociedad en términos de relaciones de poder, a identificar nuestra situación en esas relaciones y encontrarnos con que la inmensa mayoría somos reclusas, personas encerradas por unas condiciones materiales precarias, y privadas de nuestra capacidad natural para decidir juntas cómo queremos convivir.

Si el 15M fue la expresión colectiva de una profunda necesidad de justicia social y participación política, hoy es urgente empezar a generar un 15M universal. Y puede que esté empezando. La sociedad humana ha explotado. Nada será igual tras la pandemia. La inmensa mayoría seremos más pobres e indefensos. Y ese es un paisaje idóneo para que se extreme el autoritarismo del sistema: papá, tengo miedo, ven y sálvame, aunque me tengas que dar una bofetada de vez en cuando. Del encierro en casa saldremos antes o después, pero tenemos que enfrentar ese otro encierro, anterior al coronavirus, y que se puede extremar tras el pavoroso golpe de la pandemia. Tenemos un valioso patrimonio acumulado en estos años: la politización, la capacidad de analizar críticamente nuestra realidad y sabernos reclusas, pero vivas. No podemos perder el tiempo pensando si se puede o no se puede. Se tiene que poder, no hay opción. O transformamos la realidad o la realidad termina con nosotras, con la posibilidad de la buena vida. Con la posibilidad de la vida, incluso. La inmensa movilización popular que ocupó las plazas en la primavera de 2011 está empezando a latir en las plazas virtuales, que nos permiten imaginar en común cómo vamos a liberarnos del encierro que padecemos hace muchos años y que va más allá de los límites de nuestra casa, hasta alcanzar nuestro núcleo más íntimo. La imaginación también es una capacidad colectiva. Y no se puede confinar.

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Alberto San Juan titiritero y socio de la cooperativa Teatro del Barrio.