En 1854, María Cristina de Borbón se tuvo que encerrar en el Palacio Real escrachada por una multitud de españoles que no aguantaba más la corrupción de la reina madre, que había saqueado joyas de la corona por valor de 78 millones de reales, los muebles renacentistas del Alcázar de los Austrias, había ejercido de ávida comisionista en todo tipo de negocios y había emprendido también carrera como traficante de esclavos. Uno de los detonantes del descontento popular fueron los diversos artículos publicados por The Times sobre las innumerables corruptelas borbónicas, artículos que el pueblo llano conocía en su traducción panfletaria. Su hija, Isabel II de Borbón, tomó la drástica medida de prohibir la entrada en España de cierta prensa extranjera. La cleptomanía institucional de las dos borbonas llevó a la reina madre a exiliarse aquel mismo año y a ser despojada de la pensión vitalicia que le habían concedido las Cortes. Isabel II, que había sido cómplice de su madre, continuó reinando hasta 1868. ¿Les suena?

Alfonso XII apenas tuvo tiempo para seguir con la vocación expoliadora de su madre y de su abuela, pues murió a los 27 años después de reinar poco más de dos lustros. Sin embargo, su hijo Alfonso XIII sí retomó el oficio de comisionista y otras artes apandadoras hasta llegar a amasar una fortuna que el historiador Guillermo de Cortázar documentó en unos 16 millones de euros al cambio actual.

Juan de Borbón, Juan sin Corona, no por despojado dejó a cero la cuenta familiar, y murió con una fortuna de 1.100 millones de pesetas (11 millones de euros actualizados al IPC) de difícil justificación en tres cuentas suizas

Juan de Borbón, Juan sin Corona, no por despojado dejó a cero la cuenta familiar, y murió con una fortuna de 1.100 millones de pesetas (11 millones de euros actualizados al IPC) de difícil justificación en tres cuentas suizas. Años después, según The New York Times, Juan Carlos I había multiplicado prácticamente por veinte ese patrimonio oculto.

Ahora nos enteramos de que nuestro rey emérito y sus hijos, incluido nuestro actual Felipe VI, compartían titularidad de dos cuentas opacas también en Suiza, una de ellas recibida de la dinastía saudí por inextricables generosidades.

Después de consultar a varios prestigiosos juristas, hay que recomendar a raperos, tuiteros, periodistas, escritores y particulares que no se suelten la melena después de leer esta edificante historia de rapiñas de nuestra dinastía real. Aún no estamos preparados para poder rapear, tuitear o escribir que Los borbones son unos ladrones.

“Yo creo que no se puede, porque no ha habido sentencia firme contra ellos. Gozan de presunción de inocencia como todos. A pesar de que las investigaciones de los historiadores han demostrado los hechos que me citas, no ha habido ninguna condena a los borbones antiguos o modernos por ese tema. La presunción de inocencia es inviolable e inatacable. No ha habido ningún tipo de resolución judicial o documento administrativo que demuestre esas acusaciones”, señala el muy mediático abogado Marcos García Montes. Y añade a su argumento una inquietante coda: “Si el monarca ahora ya es emérito y los hechos se están remontando a cuando era rey de España, es impune a todos los efectos y no hay ningún debate. Ni aquí ni en el extranjero. Suiza tampoco le podrá juzgar. Allí también tiene que aplicarse nuestra normativa sobre jefes de Estado”.

Antonio Torres, catedrático de Derecho Constitucional, deja clara primero su opinión personal sobre las últimas noticias llegadas desde Suiza: “A mí me avergüenzan”. “No sé si es correcto o no cantar o decir que los borbones son unos ladrones. Al menos uno de ellos sí que parece que merecería ese reproche. Yo matizaría mucho. Cuando se hace una afirmación de ese tipo, tan seria, hay que saber matizar y excluir las excepciones. ¿La monarquía es corrupta? No, es una forma de Estado. En todo caso, será el monarca el corrupto, o algunos miembros de la familia real. Y habrá parte de la familia que no tenga mancha. Yo no haría la afirmación genérica de que todos los borbones son unos ladrones. No todos lo son. A lo mejor hay alguno que no lo es. El derecho penal afina mucho los tipos, porque se está jugando aquí la cárcel, y todo lo que no sea de una precisión milimétrica puede no prosperar en los tribunales”.

Otra cosa es su percepción personal ante la situación que ahora enfrenta la Jefatura de Estado español. “Este tipo de evasión fiscal o regalos en el extranjero, que sea cosa de la familia, que estén todos de acuerdo... Si [esta operación a favor de Corinna Larsen y Marta Gayá] la hubiera hecho otro miembro de la familia, no sería impune. El rey [emérito] protagoniza el acto montándose en la impunidad. Hasta ahí podrían llegar las cosas. Que el rey sirva para camuflar todas la operaciones de la familia es un disparate”.

A Enrique Belda le causó ciertos (y leves) problemas académicos un estudio sobre la posibilidad de introducir en una futura reforma constitucional las responsabilidades civil, penal y administrativa del rey

El también catedrático constitucionalista, además de analista político, Roberto Blanco Valdés, considera que este tipo de apreciaciones de momento quedan al albur de la decisión de los jueces: “No lo sé. Rapear o decir que los borbones son unos ladrones, ¿es injuria o no? Parece que se acerca bastante a la injuria. Pero no lo sé. Esto dependerá del juez que te toque. Una cosa es que tú digas que los borbones son unos ladrones, y otra que digas Felipe VI es un ladrón. Esto último son injurias al jefe del Estado. ¿Los borbones son unos ladrones? Pues es dudoso que sea una injuria, porque es una afirmación genérica. Es discutible. Habrá jueces que lo interpretarán de una manera y habría jueces que lo interpretarán de otra”.

A Enrique Belda le causó ciertos (y leves) problemas académicos un estudio sobre la posibilidad de introducir en una futura reforma constitucional las responsabilidades civil, penal y administrativa del rey. Incluso contemplaba la eventualidad de que el monarca pudiera ser apartado de sus funciones en caso de irregularidades flagrantes. Lo paradójico es que este profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla escribió ¿Qué le falta a la Monarquía española para estar plenamente racionalizada? (Fundación Aranzadi Lex Nova, 2015) desde el convencimiento monárquico.

Su opinión sobre manifestaciones más o menos irreverentes referidas a la Corona es más cercana a las sentencias ya elevadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto que a la posible discrecionalidad de la veleidosa justicia española en según qué casos. “Hay que ver el ambiente. EL TEDH diría que los personajes públicos deben tener una capacidad de aguante mayor en el nivel de crítica. ¿Dónde está el límite? En la calumnia y en la injuria. A los que creen en la monarquía, esas afirmaciones les pueden doler, pero tienen que aceptar ese margen de crítica. Se ha avanzado mucho en ese sentido de la libertad ideológica, en conexión con la libertad de la participación política, y cada uno puede defender la simbología que quiera. No es igual la situación del año 90 a la de 2010 o a la de ahora con respecto a este tipo de apreciaciones. A mí me gusta la institución monárquica, pero no me gusta que mis reyes estén por ahí… Usted ya me entiende”.

Es innegable que el delito de injurias a la Corona (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Título XXI del Código Penal) ha tenido diferentes recorridos judiciales dependiendo de las épocas, como sugiere Belda.

El TEDH tumbó más de una sentencia española por injurias a la Corona. El caso más sonado fue el de Arnaldo Otegi, al que el Estado tuvo que indemnizar con 20.000 euros por “daños morales” y por vulnerar su libertad de expresión

En abril de 1983, el exdirector de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, Javier Sánchez Erauskin, ingresaba en la prisión de Nanclares de Oca por un artículo de 1981 titulado El paseíllo y la espantá, en el que describía la visita que había realizado Juan Carlos I a las Juntas de Gernika. Aquel texto dejaría hoy indiferente al más lacayo de los súbditos borbónicos: “El paseíllo lo está dando el rey Juan Carlos. Ajustado el terno y triste el ademán, el último Borbón se pasea en estos momentos por una increíble y surrealista Euskadi de opereta y de cartón piedra, donde el baño de multitud lo recibe en el acuartelamiento de Basauri a los gritos de ¡España, España! […] Este ridículo y fantasmal paseíllo […] solo puede terminar como concluyen las aventuras de un mal novillero: empitonado en las tablas”. El periodista pasó diez meses efectivos en prisión.

El TEDH tumbó más de una sentencia española por injurias a la Corona. El caso más sonado fue el de Arnaldo Otegi, al que el Estado tuvo que indemnizar con 20.000 euros por “daños morales” y por vulnerar su libertad de expresión. El líder abertzale había sido condenado a un año de prisión en 2005 por haber calificado al rey de “responsable de torturadores”. También recibieron del Estado más de 14.000 euros de indemnización en 2018 Enric Stern y Jaume Roura, que habían sido condenados por quemar en 2007 una fotografía de Juan Carlos y Sofía en el transcurso de unas protestas en Girona.

El actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se vio implicado en uno de estos objetables procesos. Ejerciendo de juez en 2008, llamó a declarar al alcalde de Izquierda Unida en Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso Toledo, quien había tildado de corrupta a la monarquía borbónica durante la celebración del aniversario de la proclamación de la II República. El litigio se cerró un año después con una multa de 6.480 euros.

Se le pregunta al jurista Antonio Torres qué sucede con condenados firmes como Barroso ahora, cuando los chanchullos del emérito han sido reconocidos incluso por la Casa Real antes de ser refrendados en tribunales. “Pues nada. Se quedan como estaban”, concluye.

Menos resignado responde el abogado García Montes: “Si ya ha sido condenado y ha habido hechos nuevos que demuestran que es un error, puede presentar ante la sala segunda del Tribunal Supremo un recurso extraordinario de revisión. Y, en esta revisión, como se hizo con el crimen de Cuenca, que alegue ante el TS que ha habido hechos nuevos que dan lugar a la absolución. Todo tiene solución jurídica”.

En el fiel de la polémica, Roberto Blanco Valdés ve discutible que condenados como Barroso puedan al final ser compensados. “Cuando una persona es injustamente condenada, hay un mecanismo indemnizatorio. Podría reclamar apoyándose en lo que determinen los tribunales suizos, y no los españoles [en caso de que los nuestros amparen la impunidad y los suizos, no]. Pero esto plantea un problema. Porque, en realidad, la revisión de la sentencia la tendría que hacer la justicia española, no la suiza. Por tanto, no sé si es factible presentar una reclamación alegando como elemento justificador de tu causa lo que han determinado tribunales suizos y no españoles. Todo parece un poco dudoso”.

¿Y qué hacer ante tanta duda, qué debe rapear el atribulado español medio? Un grupo de trece raperos editó el pasado año un vídeo bajo ese mismo título: Los borbones son unos ladrones . De momento, sigue colgado en youtube. A ver, después, qué pasa.