El  17 de abril la Consejería de Educación  de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) comunicó a los ayuntamientos la rescisión de  los convenios para sostener la financiación de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños. Esta suspensión será de aplicación mientras dure el estado de alarma provocado por la actual crisis sanitaria. La decisión, tomada por sorpresa y de forma unilateral, se anuncia a tan solo un mes de la suspensión de los contratos con los Centros de Educación Infantil cuya gestión es privada.

Ahora se pretende hacer lo mismo con  las Escuelas Infantiles y Casas de Niños públicas, gestionadas por los ayuntamientos, retirándoles la financiación que por ley la Consejería de Educación debería prestar. Esta dejación de funciones por parte de la Comunidad afectará a cientos de trabajadoras y trabajadores que  durante estas semanas han seguido cumpliendo con su labor docente, como el resto de enseñantes, atendiendo a las familias online o telefónicamente, proporcionando criterios y pautas educativas, apoyando en el establecimiento de rutinas, elaborando videos para utilizarlos como material didáctico y  celebrando claustros  para diseñar  o evaluar planes de centro, pues el trabajo educativo que se desempeña en estos espacios tiene un carácter integral y  no atiende solamente  el ámbito asistencial.

El abandono de las competencias educativas supone una dejación de funciones sin precedentes que va a afectar a más de 500 Escuelas Infantiles

El abandono de las competencias educativas, que por ley corresponden a la Comunidad, supone una dejación de funciones sin precedentes que va a afectar a más de 500 Escuelas Infantiles, más de 8000 profesionales y en torno a 33.000 niñ@s, según datos que aporta CC.OO. Madrid.

La agresión de las políticas neoliberales a la educación infantil tiene una larga historia en la CAM. En 2008 se publicó el Decreto Aguirre. Este supuso un punto de inflexión en la liberalización de la Educación Infantil al abrir las puertas de par en par a la entrada del mercado. Disminuyó los requisitos en cuanto a infraestructuras y las condiciones mínimas de los espacios y erosionó gravemente la calidad educativa aumentando las ratios y reduciendo drásticamente el número de profesionales  y su nivel de formación y titulación. Adaptando espacios, amontonando criaturas y reduciendo salarios, la Educación Infantil por fin se convertía en un nicho de negocio suficientemente lucrativo para ser explotado por la iniciativa privada, como así ocurrió.

Ahora nos encontramos ante una nueva ofensiva que no solo supone un profundo trato discriminatorio de esta etapa con respecto a las demás de nuestro sistema educativo, sino que también tendrá graves consecuencias para la infancia, las familias y especialmente para las mujeres en un doble sentido laboral y social.

La CAM anunció para el curso 2019/20 la gratuidad de la etapa 0-3 (BOCM nº86; 11 de abril 2019), una medida aparentemente de carácter social, pero que, en realidad, nacía sin soporte financiero. Hasta ese momento la financiación de las Escuelas Infantiles se dividía en tres partes. Los porcentajes de participación son difíciles de concretar porque dependen de diferentes factores como el número de alumnos o las  rentas familiares. Pero podemos estimar que  aproximadamente los ayuntamientos aportaban el 21%, las familias el 30% y la Comunidad el 49%. Cabe señalar que la CAM siempre ha impuesto su propia estimación de gastos, que casi nunca se ha correspondido con la de los municipios, lo que ha sido motivo de muchas disputas entre administraciones. En la práctica la contribución de los ayuntamientos ha sido siempre bastante más que el 21%.

El alumnado de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños continúa matriculado. Con la rescisión del convenio de financiación, las arcas municipales tendrán que hacerse cargo de la totalidad del gasto para mantenerlas. Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de percibir en torno a 212.000 euros al mes.  No sabemos en qué se empleará ese dinero que la CAM va a dejar de aportar, pero no parece que vaya a invertirse en proporcionar comida saludable a las niñas y niños sin recursos, en vez de menús de Telepizza.

No sabemos en qué se empleará ese dinero, pero no parece que vaya a invertirse en proporcionar comida saludable a las niñas y niños sin recursos, en vez de menús de Telepizza

La infancia es sin duda la más perjudicada por esta decisión. La educación infantil figura en todas las leyes como la primera etapa del sistema educativo. La psicología infantil ahonda en la importancia que las primeras etapas de la vida tienen en el desarrollo de la persona. Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido ningunear y discriminar esta etapa. Este departamento y la presidenta Ayuso se manifiestan así en contra de la infancia y de la educación, fundamental para el desarrollo  emocional, cognitivo y físico de las niñas y los niños, especialmente de quienes tienen necesidades educativas especiales. La educación infantil es un derecho que las instituciones deben proteger y garantizar. No tener esto claro es arremeter contra el desarrollo de la vida misma y negarnos el futuro como sociedad.

Es sabido que las administraciones públicas no pueden realizar ERTEs. ¿Es que Ayuso pretende forzar despidos del personal laboral e interino de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales? La educación infantil es un sector casi totalmente feminizado: educadoras, maestras, psicólogas, limpiadoras, pedagogas, cocineras… Pero además también son las mujeres las que  más pueden beneficiarse de una red pública de centros de educación infantil, pues sobre ellas recae la responsabilidad social de los cuidados. Hay colectivos especialmente vulnerables como las mujeres migrantes o las que encabezan el 85% de las familias monoparentales. A todas ellas estos centros les permiten resolver el cuidado de sus hijas e hijos, con cierto apoyo institucional, mientras buscan empleo en un mercado de trabajo precario y discriminatorio con las mujeres en general. La CAM con esta decisión también atenta contra los derechos de las mujeres al precarizar notablemente sus condiciones vitales.

Aprovechar el confinamiento de las familias y de las trabajadoras  en sus hogares para profundizar en  el desmantelamiento de la educación infantil pública refuerza la lógica patriarcal y constituye un acto mezquino y carente de toda empatía humana. Es un movimiento  calculado en la escalada neoliberal a la que las políticas públicas del PP nos tiene acostumbradas. ¿Habrá centros de educación infantil públicos a los que volver cuando acabe el confinamiento?

––––––––

Ana Hernando es maestra de Educación Infantil e integrante de la Asamblea Feminista de Madrid