El confinamiento forzoso que enfrenta la población en España ha traído consigo un aumento exponencial de la conectividad a internet: el tiempo invertido en redes sociales se ha disparado durante el mes de marzo, y las plataformas de ‘streaming’ están viviendo sus particulares semanas doradas. Sin embargo, y paralelamente a las cifras sobre acceso a ocio y cultura, el encierro forzado también está destapando el riesgo de que la brecha digital se dispare durante los días que dure el encierro. Gran parte de la información sanitaria, las leyes y decretos sobre el estado de alarma, las operaciones bancarias, el teletrabajo o el los mecanismos de empleo y de ayudas públicas se han convertido estos días temas sensibles en materia digital: el confinamiento obliga a que estas tareas se realicen de forma telemática, pero no todo el mundo tiene la misma facilidad de acceso a internet y, sobre todo, no todo el mundo cuenta con las mismas capacidades y conocimientos tecnológicos. 

En el caso concreto de la educación, el cierre de centros ha provocado que cerca de 10 millones de estudiantes –8,5 millones en enseñanzas no universitarias– tengan que continuar su formación a distancia y desde sus hogares. Unos espacios heterogéneos donde la desigualdad de recursos se traducirá, durante el tiempo que se mantenga el encierro, en inequidad educativa. Así lo ha expresando la Unesco en varias ocasiones durante las últimas semanas y así lo recoge la Plataforma de Infancia en un comunicado que expone algunos de los datos más preocupantes sobre esta cuestión en el contexto nacional: medio millón de niños viven en casas que no tienen ordenador, y hasta 100.000 hogares no disponen de acceso a internet para que los menores puedan conectarse.

Un 76% de los docentes de escuelas públicas –65% en el caso de las concertadas– asegura que tiene problemas para llevar a cabo las clases en línea

Frente a esto, la plataforma, que se encuentra conformada por numerosas entidades sin ánimo de lucro centradas en la infancia, pide que los esfuerzos públicos se concentren en las familias con pocos recursos, principalmente aquellas que cuentan con ingresos por debajo de los 900 euros al mes y en las que el impacto de las circunstancias educativas será mayor. Solo en este grupo de población, un 42% de los hogares no tiene ordenador y un 22% no tiene acceso a la red, tal y como ha advertido Save The Children.

Según la ONG, otra de las organizaciones que está haciendo un especial seguimiento al efecto del confinamiento en los menores, el aumento de la inequidad educativa provocado por el cierre de los centros no solo tiene que ver con los recursos digitales de los que disponen las familias: con la escuela trasladada al hogar, la facilidad de los progenitores para conciliar, así como su nivel formativo y socioeconómico, se convierten en ventajas todavía más destacadas para los alumnos con más recursos.

Por otra parte, la Plataforma de Infancia también apunta a la incidencia de la nueva excepcionalidad educativa en el bienestar de los menores, y hace especial mención a los efectos sobre la salud psicológica que está provocando el encierro y que se pueden agravar por la excesiva carga de tareas que reciben los menores desde los colegios y por la gran cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla de los ordenadores.

En esta misma línea se ha manifestado la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (CEAPA), que también ha solicitado recientemente reducir las tareas que están recibiendo los menores durante el confinamiento y que no computen en la evaluación. El encierro, aseguran desde CEAPA, no puede diluir el tiempo de ocio de los niños, y es necesario que siga existiendo una rutina de desconexión para los estudiantes.

Tanto las advertencias de la Plataforma de Infancia cómo las de la CEAPA han quedado constatadas en los resultados de una reciente encuesta que ha realizado la Asociación de Familias de la Escuela Pública Gallega (CONFAPA), una de las secciones territoriales de la Confederación. Según el sondeo, uno de cada tres alumnos gallegos tienen que compartir ordenador con sus familiares, y cerca de un tercio carece de una conexión suficientemente buena para realizar una video llamada. Además, muchos de los alumnos señalan un exceso en la carga de trabajo.

En última instancia, los problemas educativos asociados al confinamiento y el incremento de las brechas digitales en materia educativa no solo está afectando a los estudiantes. Otra encuesta publicada en los últimos días, en este caso por parte de Comisiones Obreras, señala  las dificultades que también están sufriendo los profesores para impartir las materias de forma telemática: un 76% de los docentes de escuelas públicas –65% en el caso de las concertadas– asegura que tiene problemas para llevar a cabo las clases en línea, bien por falta de medios técnicos o por falta de conocimiento de las herramientas virtuales. 

De la falta de acceso a la sobreexposición

El incremento de las distintas brechas digitales en el ámbito de la educación no es el único problema que están enfrentando los más jóvenes durante las semanas en las que se está prolongando el confinamiento. En el extremo contrario, el abuso y la hiperexposición a la red también se puede convertir, según Save The children, en una lacra para la infancia. 

Apenas el 38% de la población que vive en la España rural dispone de conexión de banda ancha de alta velocidad

El ciberacoso, la incitación a cometer conductas lesivas o la exposición involuntaria a material sexual o violento son algunos de los riesgos que, según la organización, se puede ampliar en estas fechas, sobre todo cuando los datos de partida ya arrojaban una realidad preocupante en el país: en una encuesta de 2018, la ONG ya encontró que tres de cada cuatro jóvenes había sufrido violencia en la red durante su infancia.

Brechas digitales territoriales

En España, el acceso a internet ha crecido de forma continuada durante los últimos años, lográndose la universalización en muchos de los indicadores sobre digitalización. Sin embargo, las cifras de conectividad también demuestran las distintas brechas cualitativas que aún persisten en este ámbito, y que se superponen a otras desigualdades más amplias como las socioeconómicas o las territoriales. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, apenas el 38% de la población que vive en la España rural dispone de conexión de banda ancha de alta velocidad (100 Mbps), mientras que en el conjunto del país este tipo de cobertura llega al 80%.

Por su parte, los datos del portal estadístico Eurostat ofrecen también más detalles sobre las diferencias que existen entre zonas rurales y urbanas en materia de capacitación tecnológica: apenas la mitad de la gente que vive en áreas rurales posee habilidades digitales básicas o superiores; en el caso de las ciudades, el porcentaje llega al 63%.