Hace tan sólo unas pocas semanas, el fútbol español asistía con sonrojo a la pelea prácticamente diaria que protagonizaban las dos principales instituciones del sector, la Federación Española y LaLiga. Las discrepancias eran tan importantes que no sólo se quedaban en la pugna por las competencias que debían asumir cada una, cuestión que a veces acababa en los tribunales, sino que iban mucho más allá. Los recelos llegaban al punto de cruzarse acusaciones de cobro de sobornos y de revelación de conversaciones. La falta de sintonía entre sus máximos dirigentes, Luis Rubiales y Javier Tebas, les impedía hasta reunirse para intentar buscar soluciones. Todo eso parece haberse solucionado de un día para otro. Ya no hay divorcio. Ya no hay acusaciones mutuas. Ahora, hasta se hacen fotos juntos. ¿Cómo es posible? Gracias a la fórmula que nunca falla. La del dinero.

Como ocurre en otros muchos ámbitos, la pandemia del coronavirus amenaza con causar importantes estragos económicos en el deporte. No sólo en la actividad más importante de la industria, el fútbol, sino en el resto de disciplinas. Sin la posibilidad de organizar eventos, con los patrocinios a la baja o en regresión y con las subvenciones públicas en peligro, la situación a la que se exponen las federaciones deportivas es preocupante, especialmente en un año preolímpico, con los deportistas necesitados de recursos para su preparación. El panorama que se le presentaba a la recién nombrada presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, era desalentador. ¿Cómo solucionarlo? Recurriendo a la fuente de dinero más accesible en estos momentos: los derechos televisivos del fútbol.

La necesidad de los distintos actores en liza hacía viable una solución. El fútbol no se podía permitir dejar de ingresar 549 millones de la televisión en caso de no reanudarse la Liga, a lo que hay que sumar una pérdida ya segura de 123 millones por abonos y taquillas. Pero para la vuelta de la competición necesitaba el visto bueno del Gobierno y que la Federación no pusiera palos en la rueda. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez estaba dispuesto a dar luz verde siempre y cuando la patronal de los clubes se comprometiera a poner sobre la mesa el dinero que el resto del deporte necesita. Y la Federación podía sacar una buena tajada económica a cambio de dejar hacer. Con ese planteamiento en la cabeza, Lozano juntó a Tebas y Rubiales el pasado sábado 18 de abril en el Palacio de Viana. El acuerdo era inevitable.

Si antes cedía al Gobierno el 1% de lo que ingresa LaLiga por los derechos televisivos, ahora será el 2,5%, lo que le supondrá pagar 51 millones anuales al CSD

A Tebas, colocado entre la espada y la pared, no le quedó más remedio que aceptar y pagar para asegurarse que los equipos pudieran volver a la actividad. La operación, eso sí, no le salió barata. Si antes cedía al Gobierno el 1% de lo que ingresa LaLiga por los derechos televisivos, ahora será el 2,5%, lo que le supondrá pagar 51 millones anuales al CSD (25,5 millones más de los que ya abonaba) que irán a las federaciones deportivas. Por otro lado, duplicará su contribución a la Federación Española de Fútbol, pasando del 1% al 2%, lo que significa desembolsar 33 millones cada año (casi 17 más de lo daba hasta ahora), más otros seis millones por la comercialización de los derechos de la Copa del Rey, que se destinarán a reforzar el desarrollo del fútbol aficionado y a la mejora de las categorías no profesionales. Añadiendo conceptos como arbitrajes o licencias, LaLiga paga cada año a la RFEF un total de 58,7 millones. Además, la patronal destinará 3,3 millones a un fondo de ayuda a jugadores no profesionales. Es decir, que el organismo que preside Tebas dará cada año 113 millones al deporte no profesional. De ellos, 51,8 millones son el nuevo “peaje” que le cobraron en la reunión tripartita, a cuyo término, Lozano declaró que con este acuerdo “todo el mundo gana”. Eso era evidente. Tanto como que sólo uno era el que pagaba la factura. Si antes LaLiga ya era un importante mecenas del deporte español, ahora se ha convertido en la locomotora que tira de todo el tren.

Hay a quien le chirría que mientras en países como Bélgica, Holanda o Francia se ha optado por dar por finalizada la temporada y en otros como Italia los responsables políticos han mostrado dudas sobre si debe volver el fútbol, en España se haya propiciado su regreso por parte de las autoridades. Y es que aparte de buscar una solución para el problema económico que amenazaba un sector que, según la presidenta del CSD, “se había puesto patas arriba”, el Ejecutivo ha otorgado un papel “crucial” al deporte en el proceso de desescalada, hasta el punto de que en el documento elaborado por el CSD sobre las fases para la vuelta a la actividad del sector se dice textualmente: “que la liga española (una de las dos mejores del mundo) se reanudara repercutiría positivamente en nuestra reputación”. Vender al exterior que España ha sido capaz de poner en marcha el campeonato tras tomar las medidas de seguridad oportunas es una buena publicidad, además de, según se incluye en el protocolo, “ayudar a la normalización de la vida cotidiana y de fortalecer el espíritu colectivo en la última fase del confinamiento”. Economía, reputación y necesidad de impulsar optimismo. Las tres claves que explican el interés del Gobierno en este asunto.

Hubo quien entendió que el acuerdo alcanzado entre el CSD, La Liga y la RFEF podía estar en peligro cuando Sanidad decidió retrasar unos días el inicio de los test a los que se debían someter los jugadores antes de reiniciar el trabajo, una circunstancia provocada por la polémica generada en la opinión pública sobre el hecho de que los futbolistas tuvieran la oportunidad de pasar esas pruebas, mientras que a muchos profesionales sanitarios que están en primera línea de la lucha contra el Covid-19 no se les han realizado. Para el Ejecutivo es tan importante cumplir con lo pactado como que no quede la sensación de trato de favor a un colectivo determinado. Bajo ese argumento se explica asimismo la postura del Ministerio que dirige Salvador Illa de no permitir hacer test masivos a los futbolistas, en consonancia a lo que recogía la orden ministerial del 13 de abril, pero dejando, al mismo tiempo, en manos de los médicos de los equipos la responsabilidad de qué jugadores y técnicos deben pasarlos, lo que posibilita su uso generalizado con la justificación de evitar riesgos. Es evidente que en la “compra” hecha por Tebas venía incluido el permitir que los deportistas pudieran pasar los test comprados por LaLiga, un paso sin el cual no sería seguro poner en marcha la competición.

En el pacto de Viana se echó en falta una representación de los jugadores, la parte más discordante de esta historia. Su sindicato, AFE, ha llegado a calificar de “inconstitucional” la parte del protocolo preparado por LaLiga y aprobado por Sanidad en la que se establecen las concentraciones de varias semanas en hoteles o residencias deportivas para reducir la posibilidad de contagio, y de “anticonstitucional” el hecho de que si algún jugador da positivo tenga que pasar la cuarentena aislado en una habitación del mismo lugar de concentración, “sin mediar los derechos que tiene como paciente”. La sucesión en las últimas semanas de declaraciones de futbolistas que mostraban sus recelos a regresar al trabajo por temor a contraer el virus y a poderlo contagiar a su entorno más cercano, y que han llegado hasta el punto, en algún caso, como el del cadista Fali, de anunciar que no volverá a entrenar ni a jugar si existe un mínimo riesgo (planteamiento que ha cumplido al no presentarse a pasar los controles médicos), han tenido su epílogo, de momento, con una declaración conjunta de toda la plantilla del Eibar en la que destaca una frase: “tenemos miedo”. Difícil parece, en cualquier caso, que el conjunto de los futbolistas esté por la labor de dinamitar un acuerdo que engloba tantos intereses económicos.

Lozano aspira a que la paz pactada entre las fuerzas vivas del fútbol se alargue en el tiempo. De hecho, CSD, LaLiga y RFEF han acordado redactar un código de conducta “que facilite las buenas relaciones entre las distintas instituciones del fútbol”. Los intereses económicos de Tebas y los del resto de las partes han confluido esta vez. Veremos si lo hacen en el futuro.