“Les imploro a todos que se unan para proteger a su amado club y ciudad del príncipe heredero y los que lo rodean. No hacen esto para ayudarlos y no con sus mejores intereses en mente, sino sólo para servirse a sí mismos”. Esto es parte del mensaje que escribió hace unos días Hatice Cengiz, prometida del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul en octubre de 2018, a los seguidores del Newcastle, el equipo inglés sobre el que ha presentado una millonaria oferta de compra un consorcio que lidera el Fondo de Inversión Pública del país saudita. Una operación que diferentes organismos que defienden los derechos humanos definen como un nuevo ejemplo de una práctica cada vez más extendida. Su nombre a nivel internacional es sportswashing.

La táctica de valerse del deporte para lavar la reputación dañada de un país o como método de propaganda no es nueva. De hecho, se puede decir que ya la emplearon tanto Mussolini con el Mundial de Fútbol de 1934 celebrado en Italia, como Hitler en 1936 con los undécimos Juegos Olímpicos, que tuvieron lugar en Berlín. La Sudáfrica del apartheid también la utilizó en varias ocasiones. Pero fue en 2015, con motivo de la disputa de los Juegos Europeos de 2015 organizados en Azerbaiyán, cuando se empezó a utilizar el término sportswashing. Desde entonces, el país al que más veces se le ha relacionado con ese método es Arabia Saudí, cuyo príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, decidió en 2016 crear un fondo de desarrollo deportivo como parte de un proyecto cuyo fin es liberar al reino de su fuerte dependencia del petróleo. En estos últimos años, Arabia ha organizado competiciones de fútbol, como las Supercopas de España e Italia, el Rally Dakar, carreras de Fórmula E, mundiales de boxeo como el que enfrentaba a Joshua y Ruiz, vueltas ciclistas con la presencia de importantes figuras o torneos de golf.

En esta política se enmarca la oferta de 345 millones de euros para comprar el Newcastle a su actual dueño, Mike Ashley, realizada por una sociedad de la que el fondo saudí tiene un 80%, mientras que el resto está repartido a partes iguales entre los hermanos británicos Reuben y la empresa de capital de riesgo PCP Capital Partners, de la multimillonaria Amanda Staveley, que ya ayudó en 2008 al jeque Sheikh Mansour en la operación de compra del Manchester City. De cerrarse la adquisición, que aún debe ser aprobada por la Premier, el club británico pasaría a convertirse en el nuevo rico del fútbol mundial. Así se presume al comprobar que el capital del fondo saudí alcanza los 368.000 millones de euros, mientras que el del dueño del City “apenas” llega a los 27.000 millones, de los que ha gastado unos 1.800 desde su llegada al club. 

Hoy, la oferta para comprar el Newcastle por parte del fondo saudí, creado por el príncipe Mohammed Bin Salman, a su actual dueño, Mike Ashley, es de 345 millones de euros

La operación no es bien vista por organizaciones como Amnistía Internacional, cuyo responsable de Deportes y Derechos Humanos en España, Carlos de las Heras, confirma a CTXT que “nos hemos dirigido al director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, para plantearle determinados motivos de preocupación respecto a la adquisición del club. No nos corresponde a nosotros pedir el rechazo o aceptación de la operación, pero sí exigir que se tenga plenamente en cuenta la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí como parte de la prueba a la que han de someterse propietarios y directivos de la competición”. La responsable de la ONG en Inglaterra, Karen Allen, no ha dudado en advertir a la liga inglesa de que “corre el riesgo de pasar por presa fácil: una víctima complaciente de quienes tratan de blanquear a través del deporte su pésimo historial de derechos humanos”. 

Diversas organizaciones humanitarias tienen en su punto de mira a Arabia Saudí por su represión al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión política, por sus arrestos, encarcelamientos y duras condenas a activistas y defensores de derechos humanos y por la discriminación que sufren las mujeres, los homosexuales y la minoría chií. El Informe Global sobre la Brecha de Género de 2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, que ofrece una imagen sobre el estado de los derechos de las mujeres en términos de política, economía y educación, coloca a Arabia Saudí en la posición 141 de un total de 149 países. El bombardeo sobre la vecina Yemen o el caso Khashoggi, del que una investigación de Naciones Unidas concluyó que había sido víctima de una ejecución extrajudicial de la cual era responsable Arabia Saudí, son otras manchas en el historial de un país que el pasado año recibió una dura condena del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a causa de la detención de varias activistas que reclamaban el derecho de la mujer a conducir y reformas en el sistema represivo de tutela masculina.

Carlos de las Heras considera que la creciente presencia del reino saudita en el ámbito deportivo tiene su origen “en el marco de la Visión 2030, un ambicioso plan que el príncipe heredero publicita para diversificar la economía del país, y en el que se incluye un programa muy activo de ‘blanqueo deportivo’ para mejorar la percepción internacional de Arabia Saudí y para ocultar su extremadamente deficiente historial en materia de derechos humanos. La organización de grandes eventos deportivos internacionales responde, en gran parte, a mejorar su imagen exterior”.

Habrá quien diga que no se le puede exigir al deporte algo que no hacen muchas empresas o Gobiernos, que también tienen relaciones con el reino saudí

Cabe preguntarse si ese historial no debería ser un freno para que los responsables de competiciones se negasen a hacer negocios con las autoridades saudíes. Habrá quien diga que no se le puede exigir al deporte algo que no hacen muchas empresas o Gobiernos, que también tienen relaciones con el reino saudí. Pero permitir que lo utilicen como medio de blanqueamiento resulta doloroso por muy jugosa que sea la contraprestación. Un acuerdo global de los organizadores que cerrara la vía a la celebración de eventos internacionales en el país hasta que no emprendieran reformas que fueran verificables resultaría un mensaje contundente por la repercusión que genera el deporte. De las Heras señala que “evidentemente, el factor económico es muy importante para los organizadores, pero esto no debería colocarse en un escalafón superior al historial del país en relación a los derechos humanos. Y el deporte puede y debe ser un elemento para ayudar a construir una situación más favorable en cuanto al respeto en ese ámbito. A Amnistía Internacional no le corresponde decir si se debe o no se debe negociar con estos países. Nuestra obligación en este sentido es ofrecer toda la información a las partes implicadas, ayudar a seguidores, propietarios y organizadores a familiarizarse con la grave situación de los derechos humanos en Arabia Saudí y estar en disposición para hablar de ello”.

Se debe tener en cuenta también la responsabilidad legal que tiene cualquier sociedad en este sentido, como explica el representante de Amnistía. “Efectivamente, no podemos olvidar que aquellas empresas que mantengan relaciones económicas con terceros países, están obligadas por la legislación internacional a adoptar medidas para identificar los riesgos de derechos humanos asociados a la celebración de dichos eventos”. 

Sin embargo, existen varios ejemplos que demuestran cómo se elude ese compromiso. Uno de ellos fue la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí en enero de este año. “Amnistía Internacional preguntó a la Federación sobre qué garantías de respeto de los derechos humanos iba a adoptar para abordar los riesgos de las potenciales restricciones en la libertad de expresión relacionadas con la celebración de este evento. La Real Federación Española de Fútbol, como persona jurídica, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos contenida en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. Asimismo, tiene la obligación de adoptar un proceso de diligencia debida para identificar, prevenir y mitigar el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos, según los mismos Principios de Naciones Unidas. Desafortunadamente, la Federación no atendió nuestra petición de reunión, por lo que no podemos saber qué pasos efectuó en este sentido”.

La Premier League tiene ante sí la oportunidad de mandar un mensaje de cara al futuro

La publicidad positiva que buscan estos países con la celebración de este tipo de eventos se podría volver en su contra, al menos fuera de sus fronteras, siempre y cuando no se oculte a la sociedad las duras condiciones de vida que sufren muchos de sus ciudadanos para que se genere el necesario debate. De las Heras considera que se trata “de una discusión interesante. Desde el punto de vista interno, es difícil saberlo porque, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional no podemos entrar en Arabia Saudí, pero no es descartable que las autoridades utilicen estos eventos también para darse publicidad en su ciudadanía, mostrando así una imagen que no se corresponde con la realidad. De cara al exterior, el papel de organizaciones como la nuestra es ofrecer la fotografía completa, no solo una parte. Por ejemplo, durante la celebración de la Supercopa española, el público en general, además de acceder a la información del evento deportivo propiamente dicho, también discutió sobre la idoneidad de dicha celebración, debido, por ejemplo, a la situación de las mujeres en el país”.

La Premier League tiene ante sí la oportunidad de mandar un mensaje de cara al futuro. Si tienen dudas sobre la decisión a tomar, deberían leer lo que dice Hatice en su carta: “Ahora es el momento de permanecer juntos para que el juego, su club, su ciudad y su país cierren la puerta de golpe frente a este acuerdo ofensivo. No es un salvavidas para su club, sino el peor resultado posible para todos nosotros, la gente decente y solidaria”.