El objetivo real es ganar la patente de la vacuna y así asegurar miles y miles de millones de euros. La prioridad son los miles de millones de euros, no los miles de millones de personas. La gente es sólo una herramienta para ganar.

Paul Hudson, director de Sanofi, la tercera empresa sanitaria más grande del mundo (34.500 millones de euros de facturación en 2018), lo explicó de forma clara e inequívoca el 14 de mayo:

a) afirmando que si su empresa encontrara una vacuna contra la covid-19 serviría a Estados Unidos como prioridad

y b) invitando a las autoridades de la UE a ser “tan eficaces como sus homólogos estadounidenses” en la labor de “simplificar los procedimientos de regulación” (virtualmente: máxima libertad de acción para las empresas).

En Estados Unidos, las compañías farmacéuticas disfrutan de mayor libertad para fijar los precios de sus productos que en cualquier otro lugar del mundo. Y aquí está el doble núcleo del asunto.

Primero: Sanofi reclama la libertad de las compañías para decidir quién, dónde y cómo organizar el acceso a la vacuna.

Segundo: el principal criterio de selección de prioridades es el rendimiento financiero. La vacuna se dirigirá principalmente a las categorías sociales y a los países en los que el rendimiento sea mayor.

Recuerden que Sanofi es considerada una de las empresas más rentables de la industria. ¡Sólo en 2018, distribuyó más de 3.700 millones de euros en dividendos a sus accionistas! Hoy en día, según este criterio, Estados Unidos y sus futuros ciudadanos con potencial de ser vacunados y tratados representan el mercado potencial más seguro para un mayor rendimiento.

La propiedad privada de patentes sobre seres vivos y la inteligencia artificial con fines de lucro no es algo bueno y justo

Estados Unidos está en guerra con la OMS y se opondrá enérgicamente a cualquier intento de regular el mundo, preservando intacto el derecho de patente privada con fines de lucro sobre las vacunas (sobre los seres vivos en general). La UE, por otra parte, no despierta simpatía en el director de Sanofi. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, Francia, Alemania, Italia y otros países no europeos, aunque no cuestionan la concesión de una o más patentes, hablan de una vacuna común en todo el mundo contra el coronavirus. Incluso, como dice el llamamiento firmado el 19 de mayo por algunas docenas de jefes de Estado, de gobierno y de ministros de África y de otros países del mundo, la futura vacuna debería considerarse “un bien público mundial”. Hay suficiente, a su gusto, para llevarse las manos a la cabeza y …empezar a amenazar.

Su declaración pública no representa un comentario inapropiado hecho por descuido. Se trata de una declaración objetiva y deliberada: el “mercado” de la salud es demasiado importante y decisivo para el futuro de las empresas farmacéuticas, como para dejarlo escapar en nombre del derecho a la salud de los habitantes de la Tierra o, lo que es peor, en nombre de una ética de primera línea de buen corazón por parte de los dirigentes políticos europeos que tradicionalmente han defendido la economía de mercado capitalista mundial, como Macron, Merkel, Conte, Johnson … También recordemos que sólo una cuarta parte (25.000) de los empleados de Sanofi en todo el mundo (más de 100.000) se encuentran en Francia.

La posición de Sanofi, ampliamente compartida por otras empresas multinacionales, es inaceptable porque refuerza la sumisión de la ciencia al servicio de los intereses económicos (financieros) y de poder (armamento, lógica de la guerra, control policial). La propiedad privada de patentes sobre seres vivos y la inteligencia artificial con fines de lucro no es algo bueno y justo. Mantenerla en un contexto de grave pandemia mundial y de grandes e intolerables desigualdades en la población mundial, donde, si nada cambia, existe el riesgo de que para el año 2030, según la OMS, más de 5.000 millones de personas no tengan cobertura sanitaria, es un crimen contra la humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer?

Primera medida

Ante todo, mantener la presión sobre la opinión pública mundial (y los parlamentos) sobre la necesidad de que los medicamentos, las pruebas y las vacunas se traten como bienes públicos mundiales, fuera del mercado, bajo la responsabilidad no delegada a terceros, incluida la responsabilidad financiera (por lo tanto, gratuita) de la comunidad, sobre una base participativa descentralizada de los ciudadanos.

Las patentes privadas con fines de lucro son el instrumento para expulsar el Estado de derecho del gobierno de la vida

Hay que poner fin a los monopolios de los medicamentos, los productos de diagnóstico y las vacunas. La OMS debe ser liberada de la influencia de los grupos de presión industriales y comerciales y de los poderes del Estado. Es hora de liberar a la ciencia y la economía de las finanzas y la guerra depredadoras. Las patentes privadas con fines de lucro son el instrumento para expulsar el Estado de derecho del gobierno de la vida.

Segunda medida

Abrir una sesión especial del Tribunal Russell sobre los crímenes económicos de guerra en el ámbito de la salud y, en particular, sobre los riesgos de los crímenes de lesa humanidad en la prevención y el tratamiento de la pandemia de covid-19. Las guerras se deben principalmente a las guerras por la supremacía económica en los mercados mundiales. La tarea de esta sesión será investigar cómo se niegan o no se garantizan los derechos a la salud de todos los habitantes de la Tierra en la lucha contra la covid-19 en nombre del beneficio y de la llamada “seguridad sanitaria” “nacional”, pero en realidad, solo la de las clases sociales privilegiadas.

Tercera medida

Sin esperar a que se produzcan los riesgos mencionados, con un acuerdo general entre los Estados o sobre bases nacionales y multinacionales, anular la asignación de patentes en el conjunto de instrumentos de lucha contra la pandemia del coronavirus. La derogación de las patentes ya se ha producido en el pasado, por ejemplo, en Brasil (bajo la presidencia de Lula, con resultados muy positivos para la población) o en Estados Unidos. Una forma más suave y ad hoc sería la “licencia obligatoria”, es decir, la imposición que se hace a la empresa titular de la patente para que conceda la licencia de uso de la vacuna.

El límite de esta fórmula (así como el de la “licencia voluntaria” por parte de las empresas) es que no elimina la causa estructural de los problemas, la patente.

Cuarta medida

Propuesta mínima y a corto plazo. Nos referimos a una propuesta ya realizada por algunas ONG en 2010 y denominada “Pool de Patentes de Medicamentos” a favor de los países del Sur, consistente en compartir conocimientos mediante la creación de un pool común en el que se recogerían las patentes, los secretos de fabricación y la posible financiación … bajo la responsabilidad de un organismo público internacional independiente.

Las empresas titulares de las patentes darían su aval para que los fabricantes de medicamentos genéricos de los países del sur pudieran producir y distribuir localmente los tratamientos. Este es un pequeño paso adelante, que se logrará ¡en ausencia de algo mejor!

En realidad, los beneficios previstos para las poblaciones locales podrían ser importantes, pero el plan no contribuirá a resolver el problema de la capacidad autónoma de desarrollo de la salud de esos países. Su dependencia de poderosas empresas multinacionales privadas seguirá siendo crucial. Si el objetivo global es promover y salvaguardar el derecho a la salud de todos los habitantes de la Tierra, el primer paso es el punto de partida, ya que el desarme es para el objetivo de la paz y la seguridad social general para la erradicación de los factores estructurales de empobrecimiento.
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Riccardo Petrella es economista italo-belga, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Roberto Savio es presidente de Other News, Italia.

Reinaldo Figueredo, exministro de la Presidencia y ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela

Este artículo se publicó en italiano en  Il Manifesto.

Traducción de  A. Anfruns.