Para asombro de millones de personas, el presidente Trump sigue superándose a sí mismo cuando se trata de corrupción y estupidez. Su último logro en este sentido fue su reciente intento por evitar que los funcionarios de su gobierno hicieran declaraciones públicas sobre la epidemia del coronavirus, por miedo a perjudicar al mercado bursátil.

La fijación de Trump con el mercado es ridícula y debería resultar evidente con solo reflexionar un segundo: si finalmente el virus se convierte en una grave epidemia en Estados Unidos y en una gran parte del resto del mundo, poco importará lo que diga el gobierno de Trump al respecto. No habrá forma de ocultar los efectos del virus.

Por el contrario, si el coronavirus finalmente resulta que no es para tanto, cualquier contracción del mercado que se produzca como consecuencia de las preocupaciones por la propagación del mismo será solo temporal. El mercado se recuperará después de tres o cuatro semanas como si el coronavirus nunca hubiera existido. Entonces, ¿Trump quiere callar a las personas que trabajan en su gobierno para evitar una contracción temporal de la bolsa?

Si finalmente el virus se convierte en una grave epidemia, poco importará lo que diga el gobierno de Trump al respecto

Ahora que los acontecimientos le han obligado a él y a su gobierno a hablar del coronavirus, ha decidido culpar de la caída del mercado a las fake news que exageran los falsos miedos. También ha culpado a los candidatos presidenciales demócratas por los comentarios que hicieron durante el último debate.

Aun así, resulta difícil de creer que Estados Unidos tenga un presidente que podría poner en riesgo la salud pública solo para evitar una contracción del mercado, que, a su vez, él teme que perjudicaría su índice de aprobación. Bienvenidos al partido republicano moderno.

Tenemos suerte de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estén atendidos por multitud de profesionales entregados que harán todo lo posible por proteger al público si la enfermedad se propaga. La gran pregunta es si Trump les va a permitir que hagan su trabajo y les va a proporcionar los recursos necesarios. (El CDC es una de las agencias que se encuentran en el punto de mira de los recortes presupuestarios de Trump para 2021).

Más allá de la avalancha de sinsentidos que emerge del Gobierno de Trump en relación con este asunto, hay otras preguntas fundamentales que habría que formular. Hay muchas empresas compitiendo por desarrollar una vacuna contra la enfermedad. Si lo consiguen, eso podría, en principio, cortar su propagación de raíz, una vez que se pueda producir la vacuna en masa y se envíe por todo el mundo.

Esto es cierto solo en principio, pues incluso si contamos con una vacuna, no tenemos ninguna garantía de que sea asequible. Como atestiguó el secretario del departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, no podemos confirmar que una vacuna recién inventada sea asequible a todos los bolsillos, puesto que la empresa que la desarrolle tendrá el monopolio de la patente y podrá cobrar básicamente lo que quiera.

Esto debería indignarnos por dos motivos. El primero es evidente: lo más probable es que cualquier vacuna que se desarrolle sea relativamente barata de producir y distribuir. Si fuera cara, solo lo sería porque el gobierno detendría a cualquiera que fabrique la vacuna y no fuera el titular de la patente. El monopolio que otorga el gobierno es lo que hace que la vacuna sea cara, nada intrínseco al proceso de fabricación, ni al funcionamiento normal del mercado.

Todo el mundo quiere ser el primero en desarrollar una vacuna patentable que le haga millonario si resulta eficaz

El otro motivo por el que esta historia de la vacuna debería enfadarnos es por el proceso de investigación en sí. Hay gente en todo el mundo que está trabajando lo más rápido que puede para desarrollar una vacuna contra esta peligrosa enfermedad.

Eso está muy bien, salvo por el hecho de que todas esas personas están compitiendo entre sí, no colaborando. Todo el mundo quiere ser el primero en desarrollar una vacuna patentable que le haga millonario si resulta eficaz. Imagina lo rápido que avanzaría la investigación si todos estos investigadores estuvieran trabajando juntos y si compartieran sus resultados los unos con los otros y los publicaran en internet para que todos los investigadores del mundo pudieran aprender de ellos.

Esta alternativa sería posible si tuviéramos un mecanismo diferente para financiar la investigación. Aunque en realidad sí que contamos con una alternativa: la financiación pública directa. Esta idea no debería resultar tan extraña. El gobierno de EE.UU. ya entrega más de 40.000 millones de dólares al año a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) para la investigación biomédica. La financiación de los CDC y otras agencias podría hacer que el total ascendiera a cerca de 50.000 millones y, en ese sentido, hacer que el gobierno pague por la investigación no debería resultar una idea tan extravagante.

Lógicamente, haría falta una financiación mucho mayor si quisiéramos sustituir el dinero que gasta la industria privada en investigación con lo que obtiene de las patentes. Lo más probable también es que tuviéramos que cambiar el proceso y que existiera un menor control del NIH, si se aumenta la financiación. En cualquier caso, la financiación directa es una alternativa claramente viable. (Hago un resumen de una posible alternativa en el capítulo 5 de mi libro Manipulado [Rigged]).

Una de las ventajas adicionales de sustituir la financiación de la investigación biomédica que se lleva a cabo con el dinero que se obtiene del monopolio de patentes sería que eliminaría casi por completo el interés de las empresas farmacéuticas por publicitar sus medicamentos diciendo que son más seguros o más eficaces de lo que realmente son, como ha sucedido con la crisis de los opiáceos.

En resumen, el coronavirus debería ser una lección más sobre por qué hay mejores alternativas para financiar la investigación biomédica.

–––––––

Dean Baker es macroeconomista y economista sénior del Centro para la Investigación Económica y Política de Washington D.C., del que es cofundador. Anteriormente trabajó como economista sénior en el Instituto de Políticas Económicas y como profesor adjunto en la Universidad Bucknell.

Este artículo se publicó en Truthout.

Traducción de Álvaro San José.