Durante su etapa como jefe del Estado, el rey Juan Carlos actuó como un canalla mafioso. Las informaciones que se difunden estos días nos van dibujando un personaje cada vez más corrupto y siniestro. Mucho me temo, sin embargo, que este afán por cargar las tintas contra el emérito responde a una estrategia coordinada para desligar la persona de la institución. Ante una oleada de indignación ciudadana contra la monarquía, desde el Gobierno y la Casa Real se quiere reforzar el relato de que se trata de comportamientos personales que no quitan legitimidad a la institución monárquica en sí.

El Gobierno y la Casa Real quieren reforzar el relato de que se trata de comportamientos personales que no quitan legitimidad a la institución monárquica en sí

No sé si colará. Si no lo hace, España se acabará deslizando hacia una crisis de sistema de consecuencias imprevisibles. Las dos grandes cuestiones irresueltas que lastran la configuración de España como Estado son monarquía y territorios. No se habían logrado resolver en los últimos doscientos años y cada vez se hace más evidente que tampoco la Constitución de 1978 hizo más que aplazarlas.

La cuestión de la autonomía de los territorios recorre la historia contemporánea de España sin encontrar una solución satisfactoria. La Constitución aprobada tras el franquismo parecía abrir una puerta razonable al federalismo que hubiera podido calmar las pulsiones separatistas. Se frustró por el empuje reaccionario y centralista condensado en las decisiones de un Tribunal Constitucional empeñado en volver a configurar España como un Estado unitario con una descentralización meramente administrativa. Así se dio alas a que brotaran de nuevo las cuestiones catalanas y vasca, hasta llegar a este momento de conflicto permanente y creciente, en el que resulta imposible hacerse una idea de cuál es la distribución territorial del poder en España.

Por su parte, la monarquía ha representado en España siempre mucho más que la mera figura del rey de turno. En el siglo XIX la lucha por la democracia se convirtió en la lucha por quitarle poderes al rey para dárselas al parlamento y el cuerpo electoral. Salió tan mal en la Constitución de Cádiz de 1812 que se tardó décadas en volver a intentarlo seriamente. El rey personificaba unos intereses que iban mucho más allá de los del monarca: los de la aristocracia económica y la iglesia. Los poderes de la tradición. En nombre del rey se minoraba el papel del pueblo para que estos mantuvieran su capacidad de dirección de la sociedad. Por eso la Segunda República fue vista como el demonio por la iglesia y la oligarquía. Y por eso Franco dio su golpe de Estado para restaurar la monarquía y se apresuró a declarar que cedería el poder a un “sucesor a título de rey”. Y en esas estamos.

La monarquía de la Constitución de 1978 se presentó como un sistema moderno y democrático capaz de aunar a todos tras el parlamento. Los sucesivos escándalos reales, la constante utilización de la institución monárquica para amparar a la España de misas, desfiles y banquetes y, peor aún, su descarada pérdida de imparcialidad política a raíz del proceso independentista catalán y al hilo del resurgimiento de una izquierda social, están poniendo en evidencia que, una vez más, esta es la monarquía de siempre. Que la monarquía es la manera de asegurar los poderes de la Iglesia Católica, del ejército, de la aristocracia oligárquica, de los banqueros, los poderes fácticos madrileños y los grandes especuladores. El apoyo entusiasta de los partidos neofascistas a la figura del rey y la complicidad de este con aquéllos debería dar que pensar.

El problema de los escándalos del rey Juan Carlos es ese: que ponen de manifiesto una institución monárquica muy poco democrática y que no está al servicio de la sociedad. El rey roba, cobra comisiones, especula y se enriquece al tiempo que cubre a sus amigos millonarios para que también se enriquezcan. Es un engranaje de la corrupción y del poder de quienes siempre han mandado en España más allá de las mayorías electorales. El rey es uno de ellos y, cuando hace falta, saca pecho para defenderlos.

Eso es lo que está quedando al descubierto. Y aunque la estrategia de imagen pase por hundir a Juan Carlos con filtraciones diarias provenientes sin duda de su entorno más cercano, el daño al prestigio y la legitimidad de la institución parece irresoluble.

Las expectativas que creó la Constitución de 1978 se están viendo defraudadas. La falta de actualización del texto constitucional ha vuelto a llevar a España por las trilladas sendas de siempre: el Estado unitario impuesto a la fuerza y una monarquía en manos de los poderes fácticos antidemocráticos. En estas circunstancias España se comienza a acercar a un Estado fallido. La Constitución no resuelve ya los grandes problemas sociales, que se quedan abiertos y sometidos al conflicto constante. No tenemos un marco común, y ése es el origen de la crispación política y social.

Entramos en una crisis de sistema que no parece que se vaya a arreglar debatiendo sobre la inviolabilidad del rey emérito, ni enviándolo al exilio ni siquiera metiéndolo en la cárcel. Casi diría uno que, de nuevo, negras tormentas agitan los aires.