La Guardia Civil entrega el primer informe a la juez Carmen Rodríguez-Medel. Y, enseguida, el 22 de mayo de 2020, extractos del mismo aparecen en el diario digital El Confidencial. El capitán que ha elaborado el dossierva a por Fernando Simón, cosa que queda meridianamente clara en la información publicada.

«La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal por el 8M», titula el diario citado. 

La juez dictará dos resoluciones sucesivas. No va a imputar a Simón. 

«Los únicos hechos investigados en este procedimiento –señala– hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020». 

Está claro: la juez está interesada exclusivamente en saber si el delegado del Gobierno pudo haber cometido o no una prevaricación administrativa. Es su obsesión. 

La filtración instantánea de la información descerraja la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hasta entonces el ministro seguía con asombro las diligencias abiertas el 23 de marzo por la juez.  

La relación de Grande-Marlaska con Carmen Rodríguez-Medel había sido excelente en el Consejo General del Poder Judicial. Tras ser nombrado ministro por primera vez en 2018, se había llevado para cubrir el puesto de director de gabinete a Rafael Pérez Ruiz, hasta entonces letrado en el CGPJ a cargo de la Oficina Judicial. Pérez Ruiz y Rodríguez-Medel, por tanto, habían coincidido allí como letrados y también mantenían buenas relaciones. 

A mediados de enero de 2020, cuando Grande-Marlaska volvió a ser nombrado ministro, elevó a Pérez Ruiz de director de gabinete al puesto de secretario de Estado de Seguridad. Y pensó en Rodríguez-Medel para el cargo de directora general de la Guardia Civil. Durante la experiencia conjunta en el Consejo General del Poder Judicial, ambos habían hablado extensamente sobre los vínculos familiares de la juez con la Guardia Civil, sobre la historia de su abuelo. 

Y Grande-Marlaska pensó en ella, precisamente, para el puesto de directora general de la Guardia Civil. Se dice que intercambiaron mensajes por WhatsApp durante los días en los que se estaba por adoptar la decisión. La información de que Rodríguez-Medel era la posible candidata del ministro saltó a los medios de comunicación. En el CGPJ, se le dio credibilidad a la información. «Grande-Marlaska también se lleva ahora a Carmen, después de fichar a Rafael», comentaron algunos vocales en referencia al nombramiento de Pérez Ruiz como secretario de Estado de Seguridad. Todo cuadraba. En la familia de Carmen se tuvo conocimiento de que, si bien no estaba hecha, su candidatura podía prosperar, aunque ella llevó el asunto con la máxima discreción. Y en ámbitos de la Guardia Civil se le concedió credibilidad a dicha opción, tanto que se llegó a analizar la trayectoria de la juez. Pero Grande-Marlaska no tenía el monopolio de la decisión. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también podía decir algo, dado que el puesto que ocuparía Carmen tiene doble dependencia, de Interior y de Defensa. La ministra, que había coincidido con Félix Azón en el CGPJ entre 2008 y 2013, donde ambos fueron vocales, expresó su oposición al cese de Azón cuando Grande-Marlaska formó su nuevo equipo y prescindió del director general de la Guardia Civil. También habían coincidido Margarita Robles y Rodríguez-Medel en el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2013. 

La ministra Robles tenía su candidata para ocupar la dirección general de la Guardia Civil. Era Gloria Rojas, la secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera y consejera de la ciudad. 

Grande-Marlaska tuvo finalmente que abandonar su deseo de nombrar a Rodríguez-Medel ante la falta de consenso y optó por María Gámez, subdelegada del Gobierno de Málaga. El 22 de enero, la ministra de Defensa, cuya presencia en la ceremonia de toma de posesión de Gámez estaba anunciada, no acudió al acto. Al día siguiente, Gloria Rojas confirmó en Melilla que, en efecto, Robles le había ofrecido el puesto. 

El jueves 22 de mayo, sorprendido por el informe de la Guardia Civil, el ministro analiza con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, la situación creada. Ambos recelaban del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid. 

Al parecer, el coronel había dado cuenta, en el marco de una norma vigente desde abril de 2012, de que la elaboración del informe sobre las manifestaciones de marzo encargado por la juez se había interrumpido. 

La citada norma fue establecida a iniciativa del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien, ante las continuas diligencias sobre actividades de corrupción del Partido Popular por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, pidió que se remitiera a la cúpula «antes de las 11:00 de cada miércoles una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente». Se debía informar, entre otros extremos, sobre «posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales». 

Grande-Marlaska decide que va a cesar a Pérez de los Cobos porque no ha notificado a Interior que el informe se había elaborado y entregado a la juez. Y, para más inri, se había filtrado inmediatamente a la prensa. 

No obstante, Grande-Marlaska quiere evitar desvelar los motivos del cese. Está dispuesto a contar una parte de lo ocurrido. A saber, que ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos. Sin aclarar por qué razón. Tampoco quiere echar leña al fuego de los medios de comunicación. Se dirá, pues, que el cese estaba previsto como parte de una reestructuración de la cúpula. 

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, prepara el oficio dirigido al secretario de Estado de Seguridad el domingo 24 de mayo. Allí dice que propone «el cese del destino del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». 

El coronel recibe, el domingo 25 por la tarde, según él mismo ha dejado saber a los medios de comunicación, llamadas de su superior directo, el general José Antonio Berrocal, y del mando de operación, general Fernando Santafé. El ambiente se caldea. Más tarde, sobre las 22:30, la directora general le comunica por teléfono su cese. 

El 26 de mayo, tras conocer la destitución de Pérez de los Cobos, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, presentó su dimisión al Ministerio del Interior. Con todo, el mandato de Ceña, que había postergado su jubilación hacía algunos meses, expiraba a primeros de julio. 

Grande-Marlaska, fiel a su propio guion, explica en el Congreso y a los medios que ha cesado a Pérez de los Cobos por pérdida de confianza en el marco de una remodelación. Pérez de los Cobos se mueve en los medios de comunicación y en otros medios. Dice que le han cesado por negarse a revelar a Interior el informe. Se convierte así en el paladín de la Policía Judicial. 

Rodríguez-Medel, cree, en efecto, la versión que le llega desde la Guardia Civil. Y el lunes 26 hace causa común con ella. 

La juez envía un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, donde le advierte de que ha dado «orden expresa» a la Policía Judicial de la Guardia Civil de mantener «rigurosa reserva» sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones. 

La juez advierte de que la ley prevé que la «infracción de dicho deber» se castigue disciplinariamente, «sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran ser penales». Rodríguez-Medel es directa: de incumplirse su orden el juzgado podría abrir la «correspondiente investigación». 

No se ha percatado el ministro Grande-Marlaska de que su ministerio es un queso gruyer y que la trampa está servida. Para desvelar que ha mentido, aquellos interesados en avivar el fuego filtran el 2 de junio a El Confidencial el oficio del 25 de mayo. 

Ante esta realidad, el ministro Grande-Marlaska explica los hechos a riesgo de admitir que hasta ese momento ha vendido gato por liebre. Es decir, la circunstancia de que Pérez de los Cobos dio cuenta de que el informe encargado por la juez se había suspendido pero no de que había sido elaborado, entregado y filtrado inmediatamente. 

Una fuente conocedora de la secuencia de lo sucedido relata, cual garganta profunda, la historia que se desarrolla detrás de los bastidores, lo que le pasa a la juez Medel con el 8M y el resto de manifestaciones: 

La juez ve que el delegado del Gobierno podía haber hecho algo que no hizo. Y está íntimamente convencida, como lo estaba de que a Pablo Casado le regalaron el máster. Pensó en un primer momento en archivar la denuncia. Pero optó por practicar diligencias. Y cuando más tarde le llega la información de que el delegado del Gobierno adoptó el 28 de febrero medidas de protección para sus funcionarios públicos, se dice: «¿Por qué si adoptas medidas para proteger a tus funcionarios no has cuidado al resto de los ciudadanos? ¿No se podían ordenar medidas en las manifestaciones como la distancia personal, o que los asistentes se pusieran mascarillas?», Carmen empieza a encelarse. Y luego ha sabido que, desde la Delegación del Gobierno, llaman a algunos de los manifestantes para sugerirles que desconvoquen cuando es el delegado del Gobierno el que tenía que prohibirlas. Hay una serie de cosas que no le cuadran. Reflexiona sobre cómo los poderes públicos tienen que actuar en beneficio de los ciudadanos y cuáles son sus responsabilidades. 

La Guardia Civil se la ha jugado a Carmen porque ella ha dado una orden muy específica y ellos hacen informes por encima de las órdenes que ella ha dado y atacan a gente que no está en la investigación que ella se propone. Se ha tenido que pronunciar hasta dos veces en el sentido de que no va contra Fernando Simón, se lo ha dicho por activa y por pasiva a la Guardia Civil. Y se lo han pasado por el arco de triunfo. Lo normal es que el coronel Diego Pérez de los Cobos supiera qué decía el primer informe. Porque se entera. Carmen da instrucciones muy concretas para conocer el grado de conocimiento del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, si conocía los documentos o circulares que entraron en la delegación del Gobierno. Da la impresión de que Pérez de los Cobos se entera y aprovecha para hacer un informe alineado para joder al Gobierno. Los intereses que tiene son claros: atacar al Gobierno. El punto de vista de Carmen es que, como delegado del Gobierno, este señor debe tener ciertas informaciones, todas las comunicaciones oficiales remitidas a la Delegación del Gobierno y todo lo que se haya publicado en el BOE. Ella quiere analizar la actuación administrativa. 

Carmen tiene en cuenta 170 manifestaciones. A ella no le llama la atención el 8M. Le llama la atención, incluso más, el hecho de que el 9 de marzo se cierran los colegios de Madrid y ese día se celebran 12 manifestaciones. Carmen dice «yo, que vivo en Madrid, que tengo hijos, que se cierran todos los colegios y nos pusimos todos de los nervios con los niños, y que nos alteran las vidas, cómo es que este señor que es delegado del Gobierno permite 12 manifestaciones sin decir nada». 

Otra cosa es que Pérez de los Cobos meta la cuchara, y parece que el capitán de la Policía Judicial actúa más a las órdenes de Pérez de los Cobos que de Carmen. Y el informe que hace el capitán es nefasto, lleno de noticias falsas. Y aunque Carmen no puede decir nada contra el informe se va a ver qué concepto tiene del mismo. Porque no lo va a tener en cuenta. 

La filtración del informe le ha preocupado. A mí me dicen que ha sido el capitán el que lo ha filtrado. Y luego se filtra otra vez cuando llega a la Abogacía del Estado. Carmen, en principio, sospecha que la filtración vino de la Abogacía del Estado. Hay un informe que está foliado, pero hay otras copias que no lo están. La conclusión es que quienes redactaron el informe son quienes lo filtran. Y yo creo que Carmen se da cuenta de que se la están jugando y está cabreada. Creo que ella sabe que quienes filtraron son los de la Guardia Civil.