La magnífica película El discurso del rey nos muestra el titánico empeño y la fuerza de voluntad de una persona, que después accedería al Trono de Reino Unido, con el nombre de Jorge VI,  para corregir su tartamudez y poder dirigirse a sus súbditos, según expresión británica, anunciándoles, ni más ni menos, que la declaración de guerra a la Alemania nazi.  Al margen de las críticas cinematográficas, algunos historiadores han puesto en cuestión la realidad de las escenas en las que el Rey aparece asomado al  balcón del palacio de Buckingham. Stephen Runciman sostiene que el discurso cinematográfico del Rey perpetra una burda falsificación de la historia. Por su parte, el historiador Stephen Wood estima que al actuar como lo hizo, para avalar la política  pactista de Chamberlain con Hitler, perpetró “el mayor error constitucional cometido por un soberano en este siglo”. Se refería, por supuesto, al siglo  XX.

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Valga este precedente como demostración de la inevitable trascendencia política de los actos y de los discursos de los reyes, en sus funciones como jefes del Estado. Varias constituciones, entre ellas la nuestra, se han decantado por compaginar la institución monárquica con el control parlamentario. No deja de resultar llamativo que el Preámbulo de la Constitución del 78 no aluda al sistema monárquico, para después declarar solemnemente en el artículo 1.3 que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.

La monarquía parlamentaria es una forma de gobierno con sistema representativo en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo (Parlamento) y del poder Ejecutivo (Gobierno). La institución, en palabras de Adolphe Thiers, se define en el aforismo “el rey reina pero no gobierna”.

Nuestra Constitución delimita cuales son las funciones del rey. El texto constitucional despeja cualquier duda, al establecer que los actos del rey no tienen validez si no son refrendados por el presidente del Gobierno o, en su caso, por los ministros competentes a los que se responsabiliza de sus posibles consecuencias. Su enigmático y discutido poder de árbitro y moderador del  funcionamiento regular de las instituciones no se concreta en facultades específicas que lo desarrollen.

Su mayor protagonismo constitucional lo ejerce cuando interviene en la propuesta del candidato a la Presidencia del Gobierno, en el caso de la renovación o disolución de las Cortes. Según la interpretación del Tribunal Constitucional, esta facultad se debe desempeñar conforme a las pautas del llamado “parlamentarismo racionalizado”. El artículo 99 de la Constitución regula detalladamente cuáles son las actuaciones que debe emprender el rey para proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Aunque nada se establece en este punto, parece lógico que se decante, en primer lugar, por el candidato del partido más votado.

En tiempos recientes hemos asistido a dos acontecimientos que han puesto en cuestión el imprescindible equilibrio y moderación de la figura del rey

Los constituyentes abrieron un espacio peligroso e incierto en este proceso. Para desencallar un posible bloqueo, contemplan un plazo de dos meses desde la primera investidura fallida para convocar nuevas elecciones. No tomaron en consideración la posibilidad de que ninguno de los candidatos quisiera presentarse a la investidura. Mientras no se celebre una sesión de investidura no se puede comenzar a computar el plazo de dos meses. El Tribunal Constitucional ya advirtió, en una sentencia de 1987, que podríamos encontrarnos ante un supuesto que el constitucionalismo histórico califica como “situación límite”. No existe un presidente y no ha comenzado a contar el plazo de dos meses.

En este caso, podría intervenir el rey con un discurso exhortando a la responsabilidad constitucional pero, como es lógico, debería  mantener un exquisito equilibrio limitándose a denunciar la gravedad de la situación pero sin hacer críticas o juicios de valor respecto de culpabilidades partidistas.     

En tiempos recientes hemos asistido a dos acontecimientos que han puesto en cuestión el imprescindible equilibrio y moderación de la figura del rey en sus intervenciones públicas. Por un lado el discurso del 3 de octubre de 2017, después de los insólitos acontecimientos provocados por una decisión, responsabilidad exclusiva del Gobierno central, con ocasión de la votación convocada para el día 1 de octubre en Cataluña. La violencia empleada contra los que acudían a depositar su voto en las urnas suscitó el rechazo de la opinión pública internacional. Era un dato que aconsejaba prudencia y moderación en el mensaje e incluso abstenerse de intervenir. 

Hace unos días ha vuelto a interferir en un choque institucional, originado por la intolerable beligerancia y prepotencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Conocía perfectamente que el Gobierno había decidido, en el legítimo ejercicio de sus competencias, que no era aconsejable  la presencia del rey en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, debido a los conflictos políticos provocados por recientes resoluciones judiciales que habían terminado condenando a  un Gobierno y a la presidenta de un Parlamento autonómico a durísimas penas de prisión. También conocía, como se ha demostrado posteriormente, la condena e inhabilitación del presidente de la Generalitat, provocando su cese, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. 

Lejos de tratar de minimizar el debate político suscitado y las fricciones entre el Poder Ejecutivo y la persona del rey, el presidente del Consejo del Poder Judicial politizó de forma partidista el acto. Es costumbre que la persona que ostenta el número uno de la promoción pronuncie unas palabras protocolarias. Estoy convencido que de manera deliberada y siguiendo sugerencias ajenas, deslizó críticas innecesarias a la decisión del Gobierno. El broche final revela la falta de imparcialidad y neutralidad del Consejo, puesta de manifiesto, de manera un tanto esperpéntica, por la intervención de un vocal o consejero,  que en un arranque impropio del acto que se estaba celebrando lanzó una “arenga patriótica” invitando a los asistentes a gritar “Viva el rey”, como si estuviera en un acto de jura de bandera.

La Casa Real nunca debió aconsejar al monarca la llamada telefónica al presidente del Consejo del Poder Judicial, sabiendo que, inmediatamente, este daría publicidad a unas palabras inequívocamente críticas con el Ejecutivo, a pesar de la suavidad de las formas. Manifestar que le hubiera gustado estar presente en el acto de entrega de títulos a las juezas y jueces, consciente del conflicto desatado, solo puede entenderse como una toma de posición deliberada.

Nadie puede desconocer que vivimos en tiempos convulsos, también la Corona, invadidos por una pandemia gravísima que afecta a la salud y con inevitables repercusiones económicas y sociales. Mis convicciones republicanas me permiten reconocer que, en este momento, la cuestión relevante no pasa por poner en primera línea el debate sobre la forma de gobierno. Resulta estéril, dada la composición del Parlamento y sirve de munición política a una oposición que no tiene otro objetivo que derribar al Gobierno por cualquier medio demostrando su absoluta falta de cultura y convicciones democráticas.

Lo que más me preocupa es la insólita y agresiva postura de la oposición política, con tintes barriobajeros, inédita en todos los países de la Unión Europea. El clima político que estamos padeciendo no se entiende más allá de los Pirineos. Medios de comunicación de tanto prestigio como The Economist y el Financial Times denuncian la política tóxica que destila la oposición y el desastre de la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid. La Cancillería alemana y algunas instituciones de la Unión Europea, según informa la prestigiosa empresa de comunicación Bloomberg, sitúan a España como el nuevo problema de Europa. Consideran que el sistema político español está roto y abocado a desembocar en un Estado fallido. Puede que el diagnóstico sea exagerado, pero, en todo caso, no es el momento de discursos sino de medidas sanitarias, cuya recomendación corresponde a los científicos.

Espero y deseo que en sus próximos discursos, incluido el tradicional mensaje de Navidad, el rey tenga una exquisita ponderación para que nadie pueda utilizar sus palabras como armas o instrumentos para la confrontación  política. Afortunadamente el rey tiene una muy buena dicción y no necesita someterse al agotador tormento por el que tuvo que pasar Jorge VI. Si como dijo el historiador británico El discurso del rey fue el mayor error constitucional cometido por un soberano en el siglo XX, esperamos que Felipe VI no cometa otro error constitucional, en este caso del siglo XXI.

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José Antonio Martín Pallín. Abogado. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).