Los expertos y aquellos que trabajan con la población inmigrante llevan semanas presenciando con una mezcla de consternación y resignación cómo la guillotina desciende lenta, pero inexorablemente, sobre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de conceder ayudas las personas inmigrantes.

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Por un lado un flujo de trabajo cada vez más complicado (cortesía de las onerosas políticas del gobierno de Trump, como por ejemplo la no concesión de visados o residencias por motivos de carga pública [los oficiales de immigración pueden denegar estos permisos si consideran que es probable que el solicitante vaya a depender de ciertas ayudas públicas en el futuro]) y por otro un marcado descenso en las solicitudes de visado, consecuencia de la catastrófica pandemia en la que se ha visto inmerso el país, han sido los responsables de dejar a la agencia, que se financia mediante las tarifas que cobra a los solicitantes y demandantes, con un déficit presupuestario proyectado de 1.200 millones para el año fiscal. A raíz de eso, el organismo comenzó a prepararse para permisos masivos.

Sin embargo, apenas dos meses después, la agencia recalculó repentinamente su previsión y anunció un superávit de 121 millones de dólares para este año. No está del todo claro qué es lo que ha cambiado tan drásticamente en sus previsiones de ingresos, aunque bien podría deberse a una mezcla de 1) la reanudación en junio de los servicios presenciales del USCIS, 2) la paulatina absorción de los servicios consulares en el exterior (el Departamento de Estado se encarga en el exterior de los visados de no inmigrantes, pero el USCIS sigue revisando las solicitudes de residencia) y 3) el hecho de que la agencia está incrementando brutalmente sus tarifas.

Algunas encuestas sugieren que Trump corre el riesgo de que todo el mundo, excepto una pequeña porción de sus defensores más incondicionales, deje de apoyarle

Entonces, ¿se ha evitado la crisis? No tanto. Salvo que se produzca la inyección de 1.200 millones de dólares que se ha solicitado a un asombrosamente indiferente Congreso, que no moverá un dedo ni siquiera para evitar que 40 millones de personas sean desahuciadas este año, USCIS seguirá adelante con el despido de 13.400 personas a finales de este mes, haya superávit o no. En una carta dirigida al secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y al subdirector de políticas del USCIS, Joseph Edlow, el senador Patrick Leahy y el diputado Jon Tester se mostraron desconcertados por la actual situación. Pero sorprenderse significa no entender cuál es el verdadero objetivo de todo esto, porque el presupuesto es lo de menos: las intenciones del gobierno son que el USCIS no sobreviva.

Los asesores ultranacionalistas que han dirigido la política migratoria durante el primer mandato de Trump han pasado a una nueva fase, una en la que los objetivos son ligeramente diferentes. La gestión evidentemente incompetente del coronavirus podría finalmente haber ido demasiado lejos. Algunas encuestas recientes sugieren que Trump corre el riesgo de que todo el mundo, excepto una pequeña porción de sus defensores más incondicionales, deje de apoyarle; por eso el grupo de Stephen Miller presiente que sus días al frente del aparato federal de inmigración están contados y avanzar en sus prioridades políticas es ahora una preocupación menor frente a un objetivo mayor, destruir el sistema por completo.

Tirar una cerilla y marcharse mientras todo se quema logra el principal objetivo que se han propuesto: impedir que exista cualquier tipo de inmigración. Este grupo ya intentó destruir la capacidad de los tribunales migratorios para operar de manera independiente; ya eliminó en gran medida la posibilidad de que los inmigrantes y los trabajadores temporales entrasen al país, al menos hasta finales de año; y están intentando limitar el estatus de los estudiantes internacionales. Por eso tampoco han dado marcha atrás en el asunto de los despidos del USCIS.

Todas estas acciones tienen consecuencias a largo plazo. No hay ningún botón que permita deshacer las docenas de decisiones judiciales que han tomado los tribunales migratorios y los fiscales generales en los últimos cuatro años, porque ya han sentado precedentes; ningún botón que permita devolver la credibilidad a los tribunales administrativos; ningún botón que permita atraer a las decenas de miles de estudiantes que sencillamente decidirán ir a estudiar a otro país; y tampoco existe ningún botón que permita restituir el saber hacer institucional del grueso de trabajadores del USCIS que decidirá marcharse a otro lugar, en lugar de aceptar indefinidamente un expediente de regulación temporal de empleo al servicio de un gobierno que declara abiertamente lo mucho que los odia.

Obama se pasó la primera campaña hablando de una senda hacia la ciudadanía para 12 millones de personas sin papeles, para después ponerse a la cabeza en el número de deportaciones

La esperanza del ala dura del movimiento antinmigrante es que si Trump pierde las elecciones, el gobierno de Biden se dará cuenta de que no solo se enfrenta a la tarea de revertir algunas políticas concretas, sino también a la de restaurar la maquinaria migratoria por completo. ¿Va a querer gastar su capital político en un asunto que, a pesar de la palabrería de los liberales, tiene un limitado tirón electoral y se queda con frecuencia en el fondo de un cajón cuando se trata realmente de gobernar? Si el pasado es un prólogo del futuro, solo hay que fijarse en el gobierno Obama-Biden: Obama se pasó la primera campaña presidencial hablando de una senda hacia la ciudadanía para 12 millones de personas sin papeles, para después ponerse a la cabeza en el número de deportaciones durante su etapa en el gobierno. Habían pasado ya casi cuatro años desde su nombramiento cuando ordenó la creación del programa DACA, y hasta 2014 conservó el amplísimo programa de Comunidades Seguras, que no era otra cosa que un motor de deportación de personas que hubieran tenido contactos con la justicia penal local.

Esta estrategia destructiva se mantendrá aunque Biden no obtenga la presidencia, porque para el ala Miller del gobierno, las amenazas también provienen de dentro. Las constantes diatribas del presidente contra las hordas ficticias de criminales que están asaltando la frontera sur y su particular fijación con los solicitantes de asilo han evitado que el público se dé cuenta de que para este grupo de dogmáticos no existe ninguna cantidad aceptable de inmigrantes. Sin embargo, para otros integrantes de la Casa Blanca esas maquinaciones son evidentes y no necesariamente bienvenidas. Existe pues un conflicto entre este grupo y otros integrantes del círculo de Trump, lo que ha provocado algo parecido a un cisma entre Miller y Kushner.

Al contrario de lo que sucede con el militante Miller, Jared Kushner es el ideal platónico del ejecutivo vacío, el non plus ultra del insípido solucionismo, endémico entre aquellos que se han pasado la vida marinándose en los incestuosos círculos empresariales del corredor noroeste. Por lo tanto, su misión es conciliar® y mantener a sus amigotes empresarios contentos proporcionándoles vías para conseguir personal inmigrante “altamente cualificado” para sus cada vez más eficaces motores de capitalismo de vigilancia, o cualquier otra cosa que tengan entre manos. Kushner lleva tiempo trabajando en paralelo a Miller para desarrollar un enfoque totalmente diferente de la política migratoria federal, y eso ha generado una gran confusión entre los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sobre quién se encuentra al mando.

A largo plazo, una posible presidencia de Biden comenzaría con una situación en la que todavía tendríamos que lidiar con una pandemia fuera de control

En definitiva, a Kushner parece darle igual la inmigración como concepto y solo se preocupa por los intereses comerciales que conlleva, mientras que Miller es un ideólogo militante para el que erradicar todo tipo de inmigración es casi una misión. Hasta ahora ha triunfado la visión de Miller, pero este sabe que no puede ganar indefinidamente, sobre todo porque el malestar contra Trump va en aumento y la economía sigue cayendo en picado. Incluso aunque Trump saliera reelegido, solo sería cuestión de tiempo que las grandes empresas, sobre todo del sector tecnológico, utilizaran todos sus recursos para intervenir en la restrictiva agenda de Miller. De forma inevitable, el control de las riendas pasaría a manos de Kushner, que sería el encargado de limar asperezas.

¿Y qué hace un fanático cuando pierde su poder de control? Pasa al modo tierra quemada. Si él no puede ganar, nadie podrá, y además tiene meses de ventaja para planear dónde provocar los incendios. Aunque para Trump pueda resultar perjudicial, a Miller podría facilitarle las cosas a corto plazo que se derrumbe la economía, porque el clásico argumento de “los inmigrantes nos roban los trabajos” tiene más resonancia cuando la tasa de desempleo es superior al 10%. A largo plazo, una posible presidencia de Biden comenzaría con una situación en la que todavía tendríamos que lidiar con una pandemia fuera de control, una crisis de desahucios a escala nacional, la creciente amenaza del cambio climático, y todo esto con una población que parece estar al borde de que se produzcan desórdenes civiles en masa.

Si para entonces la ya caduca maquinaria migratoria se ha vuelto irrecuperable, las únicas opciones serán eliminarla y comenzar de cero con la ayuda del Congreso (que, reiteramos, apenas si se está molestando en mantener a sus electores vivos y con techo) o dejar de tener una. Miller y sus secuaces son conscientes de esto y saben también que, siendo realistas, lo que rompan no se va a poder arreglar en un corto período de tiempo. Pase lo que pase, ganarán por omisión, por incomparecencia, y obtendrán así una de las versiones de la nación hermética que siempre han deseado.

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Este artículo se publicó en The Baffler.

Traducción de Álvaro San José.

Felipe De La Hoz es un reportero de investigación especializado en inmigración. Junto con Gaby Del Valle dirige BORDER/LINES, un boletín semanal que analiza los rápidos cambios en la política migratoria federal de Estados Unidos.

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