Poseen una institución parecida al CGPJ todos los países europeos con pasado fascista. En esos países un CGPJ ha significado un objeto útil. Para serlo, sólo fue necesaria la voluntad institucional y de los partidos al respecto. Y cierta lentitud. El invento es lento, pero irreversible. Conduce un sistema judicial fascista a un sistema judicial democrático, con sus cosas, pero tabulado, europeo. Vela por la Justicia. Es decir, pulveriza posicionamientos antidemocráticos, crea autonomía en el Judicial, combate el partidismo, la arbitrariedad, el sesgo desenfrenado, la incompetencia, la corrupción, el cohecho. Es un contrapeso al Ejecutivo. Potencialmente puede convocar o animar a los jueces a la huelga y a la protesta frente al Gobierno, luchar por medios materiales para la Justicia, posicionarse ante propuestas del Legislativo y chulearlas desde la cultura democrática. Todo eso, toda esa evolución, objetivos y posibilidades de un CGPJ europeo, en fin, no están ni se esperan en el CGPJ esp. Chorrocientos años después de 1978 –mucho tiempo; mucha lentitud; la propia en un cadáver–, se puede hablar ya abiertamente, por tanto, de fracaso. Por todo lo alto. Es decir, en el tramo alto de la Justicia.

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No parece que el problema sea el franquismo. Murió, miles de veces, en la cama de miles de personas. Sus descendientes, biológicos o sentimentales, están mayormente en otra casilla. Sobrecogedora. Pero otra. Sí, ha habido fenómenos extraños del CGPJ ante el franquismo. Exemplum: en pleno siglo XXI, un vocal del CGPJ tenía en su despachete una colección llamativa de banderitas con la gallina. Pero no creo que esa afición aviar explique tanto la pervivencia del franquismo en instituciones sino algo peor: cierta patología de la democracia esp. Quizás el origen de todo, aplicado al CGPJ, fue cuando los partidos –de un sistema bipartidista– se comportaron con el CGPJ como con el resto de instituciones. Es lo que los politólogos de Princeton denominamos, cuando tomamos un par de copas,  Bankia way of life. De esa barra libre se libra sólo, parece, el Ejército, única institución, se diría –si esto se va al garete, lo veremos, o no, en breve, amiguitos–, en la que hubo prisa y esfuerzo para crear un oficio con cierta neutralidad, profesionalidad y vergüenza torera. El caso de la cosa es que el PSOE de González apostó por la politización del CGPJ en los 80. Zas. Y también el PP de Aznar, desde los 90, ñaca, cuando se produce, sincrónicamente, una de las originalidades de la cultura política local. La aludida “casilla sobrecogedora”. A saber: la incorporación de la extrema derecha a la democracia y a la CE78, modificando, definitivamente, la interpretación de la democracia y la CE78, no sólo en la política, sino en las instituciones, politizadas por un tubo, y en el periodismo. Se aceptó, vamos, pulpo como animal de compañía. Con el tiempo –muy poco– eso creó el constitucionalismo, una ultraderecha aplicada a la interpretación nacionalista, neoliberal, reduccionista, de la CE78, y en contacto íntimo y fluido con las formulaciones de la extrema derecha USA, muy dinámica, un no parar. El resultado, para el caso que nos ocupa, son las altas instituciones del Occidente europeo más defectuosas y de menor calidad. No sólo el CGPJ, no sólo todo lo que toca y nombra, sino también, incluso, el TC, que come –la misma dieta– aparte, y que con su anterior presidente y reforma, y con su erosión en 2017, es una suerte de tribunalillo político de guardia. Otro. La politización de la Justicia no crea unicornios con la crin del arco iris, sino con colmillos: tribunales políticos. Un objeto es, en fin, su función.

La politización de la Justicia no crea unicornios con la crin del arco iris, sino con colmillos: tribunales políticos. Un objeto es, en fin, su función

La cosa mantenía cierto decoro formal, turnista, hasta el fin del bipartidismo. Tras él, existe la percepción de que las instituciones judiciales están okupadas por antisistemas peligrosos, tendentes al constitucionalismo, esa radicalidad ultraderechista hegemónica en la sala. La imposibilidad de consensuar la renovación del CGPJ –una aberración democrática, pero algo legal, democrático, ejemplarizante, épico, según el constitucionalismo– supone la negación del turnismo –es decir, incluso eso tan cutre–, y la apropiación de una institución básica por parte de un objeto que sólo es nítidamente democrático en Esp, USA, Polonia, Hungría... Estaba previsto el encontronazo entre Judicial y Ejecutivo en esta legislatura. A modo de indicio, la zona alta del Judicial luchó, con la gestión de flecos del caso procés, contra la consecución de un gobierno de coalición en la órbita socialdemócrata moderada. La pandemia sólo ha ralentizado el espectáculo, que puede ser lucido: la pervivencia del Gobierno de coalición está, literalmente, en manos de ese tramo Judicial, a través de la pervivencia política del vicepresidente, metido con calzador brasileño en una causa penal sobreactuada. Una parte del Estado –constitucionalista– está a la greña con otra parte del Estado –constitucional–, al que considera ilegítimo, extranjero. Y todo ello a través de una élite judicial que no se puede renovar, una vez finalizado, hace la tira, su mandato. Se dice rápido. 

El Gobierno hace bien en defenderse. Pero haría mucho mejor en defender cosas más amplias que él mismo, y también en peligro de muerte. La propuesta de reforma para renovar el CGPJ que, en segunda vuelta, aceptaría una mayoría absoluta menos rigurosa, no es la mejor forma de defenderse a sí mismo y a la democracia ante el tramo yuyu del Judicial. No lo es porque, de aprobarse, ofrece a la ultraderecha esp una herramienta perversa, y efectiva, para renovar el CGPJ, en el futuro y en modo gore. Y no lo es porque el PP –el mismo PP esp que impidió en el Parlamento Europeo un serio capón a Polonia y Hungría– ha utilizado esa reforma para denunciar, sic, la deriva húngara del Gobierno. Y esa denuncia ha sido oída por la Comisión Europea y por la European Association of Judges, agrupación de magistrados que en un comunicado señala no sólo el conflicto, sino la solución. La propuesta PP: que los propios jueces elijan a los vocales del CGPJ. No se puede permitir la autogestión de los jueces en Esp, el culmen, el punto final de un CGPJ que hubiera funcionado, porque a) el CGPJ no ha funcionado, y por b) las mismas razones que impiden la autogestión de los antidisturbios, o la de los fabricantes de metanfetamina. Por las maneras que apuntan y por el carácter trascendente de su negociado.

En esta crisis no están en peligro los fondos europeos. Todo apunta a que la Comisión no se pondrá muy flamenca con Polonia y Hungría al respecto –como dice The Economist, esta pandemia está suponiendo un retroceso democrático en Europa–, por lo que la hungarización del Gobierno, pretendida por el PP, el gran partido magiar esp, no pasaría de un chiste sin efectividad. Lo que está en peligro es la pérdida –definitiva, quiero decir– para la democracia del CGPJ. Su entrada decisiva en la Casilla Sobrecogedora. Su conversión en Casilla Sobrecogedora 24h sur 24h. La gravedad del asunto invita a pensar que el CGPJ, una institución que ha permitido la evolución en Europa, y que puede garantizar la involución en Esp, necesita un reset. Antes de que el constitucionalismo se lo haga a la sociedad. Y ese reset debe ponérselo chungo a la ultraderecha, y no es fácil. Debe, por sí solo, ampliar el trade-mark Democracia. ¿Un cambio en la formación de los jueces, una ruptura intelectual que supondría, en menos de 10 años, el nacimiento de una élite independiente, conservadora y progresista? ¿Acceder al cargo de vocal por sorteo? ¿Impedir, por ley, que el CGPJ pueda ejercer sus funciones una vez finaliza su mandato? ¿Que se colapse, que se paralice cuando no se renueve y no atienda, por tanto, a la legalidad efectiva, no a la legalidad constitucionalista?

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