Decíamos en la primera parte de este texto que el borrador presentado por el Gobierno español para un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia poco ofrecía realmente útil para lograr el tercero de sus declarados objetivos, y que más bien parece encaminarnos hacia una España menos resiliente. Así pues, cabe aportar ahora a partir de esta crítica algunas ideas constructivas. En primer lugar, y pese a la dificultad inherente a definir lo que es en realidad una sociedad resiliente, parece lógico pensar que se debería comenzar identificando como sociedad las amenazas que afrontamos, los riesgos concretos ante los cuales queremos ser más resilientes, porque una resiliencia genérica ante cualquier tipo de amenaza es casi imposible de concretar en políticas prácticas. Es decir, necesitamos diagnosticar claramente los peligros para ser capaces de prepararnos ante ellos. Por recurrir al conocido símil del choque: necesitamos saber de qué lado vendrá el impacto para protegernos adecuadamente.

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En el momento actual parecen claras al menos tres grandes amenazas: 1ª) el caos climático (mejor llamarlo así para no dar la impresión de que simplemente estamos pasando de un estado climático estable a otro más cálido, pero también estable); 2ª) el declive energético (y de otros recursos críticos); y 3ª) –antes poco reconocida pero ahora omnipresente– la amenaza de infecciones emergentes en forma, especialmente, de pandemias. Lamentablemente, de estas tres tan sólo se explicita en el Plan presentado la resiliencia “frente el cambio climático” (p. 12). Sin embargo, las tres amenazas que acabo de citar son del máximo nivel, y afectan o afectarán en el futuro inmediato a todas las sociedades humanas, con sus asimetrías en cuanto a los momentos del impacto y a sus potenciales consecuencias, puesto que no es lo mismo la amenaza del caos climático antropogénico para una nación insular del Pacífico que para Rusia, ni siquiera es equivalente para Valencia y Cantabria, ni implica lo mismo el agotamiento de los combustibles fósiles para Arabia Saudí que para España, etc. Una vez identificadas las principales amenazas, podemos comenzar a estudiar, con ayuda de las personas expertas en estos campos y tomando buena nota de algunos de sus efectos ya constatables –es decir, aprendiendo de la experiencia–, cuáles serían las mejores estrategias para minimizar sus consecuencias sobre nuestras economías, ecosistemas y sociedades.

El caos climático, el declive energético y la amenaza de infecciones emergentes afectan o afectarán en el futuro inmediato a todas las sociedades humanas

Estas tres grandes amenazas son, en realidad, tres grandes campos de amenazas, de los que surgen o se derivan, en segunda instancia, numerosos riesgos más concretos, que son los más perceptibles y cuyo impacto resulta más fácil medir. Así, por ejemplo, hemos comprobado que una pandemia puede implicar amenazas muy específicas para el sostenimiento de las funciones esenciales de nuestras sociedades como son: la interrupción de suministros procedentes del exterior en todo tipo de sectores económicos, la saturación de las instalaciones sanitarias, la desatención de los demás problemas de salud de la población, el aumento de trastornos psicosociales, el cierre obligado de diversos tipos de empresas, problemas de orden público, numerosas perturbaciones en el sistema educativo, etc. Del mismo modo, el caos climático implica: aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, cada uno con sus efectos específicos (inundaciones, tormentas, olas de calor, huracanes...), perturbaciones graves en la producción agrícola, ganadera y pesquera, incremento de los incendios forestales, aumento del flujo de refugiados climáticos, aumento de ciertas patologías, migración de patógenos de otras latitudes, graves impactos en numerosos ecosistemas, inseguridad en la disponibilidad de agua, etc. Y el mucho menos reconocido declive energético conllevará también problemas de enorme trascendencia, conocidos en ciertos medios gubernativos desde hace al menos quince años: desabastecimientos de determinados tipos de combustible, reducción o interrupción del comercio internacional, quiebra de empresas según su grado de dependencia de estos combustibles, desempleo masivo, desaparición de determinados productos procedentes de la industria petroquímica, reducción de la producción agroindustrial de alimentos, racionamientos y cortes en el suministro eléctrico, potencial desorden público, etc.

Y aunque centremos nuestra atención en estas tres grandes macroamenazas, tampoco podemos olvidar que existen otras, potencialmente muy disruptivos, que un gobierno cabal tampoco debería dejar de lado, como son los accidentes nucleares y en industrias químicas, las tormentas geomagnéticas de origen solar y los ataques EMP, los terremotos, los ataques informáticos, diversas formas de terrorismo, los golpes de Estado o los ataques bélicos desde el exterior. Afortunadamente, para varias de estas amenazas sí se han establecido planes de contingencia a nivel autonómico, nacional o internacional (protección civil y la inteligencia militar son los que más atención suelen prestarles, aparte de determinadas autoridades sectoriales como en el caso de la energía nuclear). Sin embargo, y de manera inexplicable, también estas amenazas parecen fuera del concepto de resiliencia que tienen en mente en la actualidad nuestros gobernantes, como si de pronto, con la covid-19 hubieran desaparecido todos ellos, como si su probabilidad se hubiera reducido a cero. No está de más recordar aquí que el riesgo es el producto de la probabilidad de ocurrencia de un suceso multiplicada por la gravedad de sus consecuencias, y ni la gravedad potencial ni la probabilidad de estos fenómenos se han visto reducidas en este atípico 2020.

En cualquier caso, una vez conocidos los campos de amenaza resulta imprescindible construir indicadores que puedan evaluar a diversas escalas los niveles de resiliencia social, económica, comunitaria, ecológica... Idealmente la medición y vigilancia de dichos indicadores debería llevarse a cabo desde un observatorio, herramienta aplicada frecuentemente a las políticas públicas y muy útil en otros numerosos campos. Pero ¿qué indicadores nos ofrece el plan presentado por el equipo de Sánchez? ¿Se propone algún observatorio de la resiliencia en él? No podemos tomarnos en serio los planes de un gobierno que no empiece estableciendo este tipo indicadores que permitirían evaluar nuestro grado actual de resiliencia y su evolución futura, unas variables cuya importancia debería ser puesta al mismo nivel que los indicadores macroeconómicos convencionales, o incluso por encima de ellos, dedicándoles todos los recursos necesarios y comunicando a la ciudadanía su contenido, significado y evolución con la misma asiduidad y detalle que se hace con el PIB, la tasa de paro o el déficit público. E incluso diría más: la mejoría o empeoramiento de estos indicadores de resiliencia debería centrar el debate político en los parlamentos, en todas las instancias de gobierno y en los medios de comunicación social.

La buena noticia es que no hay que partir de cero en esta urgente labor. El gobierno español cuenta con trabajos muy interesantes como, por ejemplo, el realizado por Solidaridad Internacional Andalucía en el proyecto Horizontes ecosociales - Indicadores para la resiliencia local y la justicia global, o el trabajo que viene realizado desde 2007 el prestigioso Stockholm Resilience Centre. Los primeros han construido unas herramientas con el foco puesto en la justicia global, que permiten entender que pueden existir sociedades resilientes que sean “justas” o “injustas”, y los segundos un dilatado trabajo con el foco situado en el eje ecológico-social. Cabría en este ámbito situar también los trabajos que, a partir de la constatación del declive energético que tenemos ante nosotros, ha realizado el Post Carbon Institute así como los que, en torno a diversos indicadores de resiliencia local, se han venido elaborando desde 2004 en el seno del movimiento de las Transition Towns. Y es que precisamente el enfoque local parece otro gran ausente del planteamiento del gabinete de Sánchez, que lo elabora todo en un marco de escala estatal cuando otros gobiernos de nuestro entorno llevan casi una década elaborando planes para la resiliencia local, o al menos un marco para su promoción desde el poder central.

Así pues, y para ayudar a construir desde lo concreto, aunque sin pretensión de desarrollar todo un plan alternativo al presentado por el gobierno español, cabría apuntar ahora algunas de las características que debería tener una sociedad como la española para ser más resiliente, y que por tanto necesitaríamos promover desde el poder estatal:

Hago notar que esta serie de medidas no están clasificadas ni ordenadas según su importancia y que la tabla es una simplificación de lo que debería ser una tabla de tres dimensiones que permitiese concretar la potencia de los efectos sobre diversas resiliencias: al menos la ecosistémica, la económica, y la comunitaria-local. Se ha simplificado reflejando el efecto previsible que resumiría el efecto realimentado entre todos esos niveles.

De entre todas estas sugerencias, si cabe destacar alguna, podríamos decir que una de las medidas prioritarias en estos precisos momentos (al menos comenzar a ponerla seriamente sobre la mesa), por su actuación tractora sobre las tres resiliencias, sería la relativa al impulso público a un movimiento demográfico de retorno al campo. Sobre ella Pedro Prieto apunta lo siguiente: “La densidad humana que crean [las macrociudades] y a la que obligan, es el principal vector pandémico; son las que permiten y favorecen una sociedad urbana industrial y tecnológica que provoca el calentamiento global y generan una huella energética brutal, con una demanda exagerada, que hace que no se perciba cuándo se sobrepasa la capacidad de carga y da a los ciudadanos la sensación de que no hay límites”. Y es que no sólo las áreas rurales se han demostrado más resilientes ante extensión de la covid-19, sino que, incluso desde el punto de vista económico convencional, los datos que se han venido publicando a lo largo de estos meses de pandemia demuestran que precisamente es el sector agrario el que mejor está resistiendo los efectos económicos de la pandemia. Esto debería hacer reflexionar al conjunto del gobierno acerca de cuál es el sector más interesante sobre el que asentar la resiliencia de la economía española en el futuro post-covid: quizás deberíamos comenzar a pensar en fomentar el trasvase de trabajadores empleados en la actualidad en sectores muy poco resilientes, como el turismo, a sectores que demuestran fortaleza ya en la actualidad y que además sirven directamente para la satisfacción de necesidades básicas, como es la alimentación, al tiempo que mejoraríamos en soberanía alimentaria y en seguridad energética (al reducir la necesidad de importar alimentos). Se habla mucho de flexibilidad en la economía, de adaptarnos a los nuevos tiempos, pero luego en la práctica parece que existe una resistencia y una rigidez poco comprensibles a la hora de poner sobre la mesa la necesidad de la reubicación de trabajadoras y trabajadores en empresas o sectores diferentes a los actuales. Se hizo sin mucho miramiento en las reconversiones industriales de los años 80, pero ahora que la justificación parece más clara, existe un reparo mucho mayor a utilizar el concepto reconversión o similares. Las opciones que típicamente se ofrecen ahora desde los gobiernos y el mundo sindical se limitan a rescatar empresas, incluso se sugiere a veces nacionalizarlas, pero parece un tabú de nuestra política económica admitir la necesidad de reconvertirlas o directamente cerrarlas y proceder a recolocar –por supuesto con todas las garantías e inversiones públicas necesarias– sus plantillas en otros sectores más sostenibles y que contribuyan a mejorar la resiliencia del conjunto de la economía y de la sociedad española.

Una de las medidas prioritarias en estos precisos momentos sería la relativa al impulso público a un movimiento demográfico de retorno al campo

La re-ruralización propuesta estaría situada dentro de los “nuevos equilibrios” que identifica Joseba Azkarraga en su texto “Resiliencia local y comunitaria ante la crisis sistémica” (contribución al libro Nuevas miradas sobre la resiliencia): “Entre consumo y austeridad, industrialismo y neorruralidad, tecnología y tradición, globalización y relocalización”. Para buscar esos nuevos equilibrios es necesario fomentar en todos esos ejes la tendencia contraria a la actual y medir permanentemente la contribución de esos re-equilibrios al bienestar inmediato por un lado, y al bienestar futuro por el otro (resiliencia). Como apunta Azkarraga y, de manera unánime, quienes estudian la perspectiva de una sociedad con una reducción de energía barata de alta densidad energética, “la relocalización de las actividades humanas es inevitable”. A partir de esa limitación energética cabe trabajar las otras resiliencias, muchas veces sinérgicas, como muestran las columnas de la tabla anterior. El resultado, sociedades más autosuficientes, característica macro que puede resumir muchas de las características pro-resiliencia que hemos intentado detallar: “Una comunidad con alto grado de autosuficiencia en la satisfacción de sus necesidades estará mejor preparada que aquellas sociedades que dependan de sistemas globalizados para satisfacer las necesidades básicas de energía, transporte, vivienda, sanidad o alimentación” (ibid). Por tanto, buscar la resiliencia implica ineludiblemente buscar altos grados de autosuficiencia: aplíquese eso tanto a los combustibles para mover los tractores y camiones que suministran alimentos a la población, como a la fabricación local de mascarillas para una pandemia respiratoria o de los equipamientos médicos imprescindibles en las UCIs de nuestros hospitales.

Antes de finalizar, quisiera agradecer sus valiosas aportaciones a esta tabla de medidas para la resiliencia a las siguientes personas: Antonio Turiel (físico del CSIC y autor de Petrocalipsis), Pedro Prieto (ingeniero, Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos), Vicent Cucarella (economista, Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana), Luis González Reyes (responsable de currículos ecosociales de FUHEM,  co-autor de En la espiral de la energía y coordinador metodológico de Horizontes Ecosociales), Marian Rubín Gómez (epidemióloga del Servicio Andaluz de Salud), Carlos de Castro (Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, autor de la Teoría Gaia Orgánica), Joseba Azkarraga Etxagibel (sociólogo, profesor en la Universidad del País Vasco, investigador en transición socioecológica) y Carmen Duce Díaz (Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid).

Recomiendo humildemente a la nueva Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que acuda a estas y otras personas que llevan tiempo aportando ideas para construir una España verdaderamente resiliente. Y que aprendan con humildad de las iniciativas locales que por todo el mundo atesoran ya una larga experiencia práctica construyendo comunidades más resilientes. Necesitamos ambos niveles, que actúen de manera coordinada y respetando los propios ámbitos, desde arriba y desde abajo, puesto que, como muestra la historia de la resiliencia social ante situaciones de colapso, la actuación top-down es adecuada a la escala territorial amplia y la bottom-up a la escala local. No podemos prescindir de ninguna de las dos si queremos alcanzar de verdad la resiliencia. Eso sí, cuando estas propuestas entren en conflicto con las procedentes de otros intereses empresariales o financieros, que no le tiemble la mano al gobierno a la hora de priorizar, puesto que si nos empeñamos en mantener el mismo rumbo que llevábamos antes de penetrar en unas aguas plagadas de descomunales icebergs ahora que ya los tenemos ante nosotros, si no logramos ser resilientes ante esos obstáculos mortales a tiempo, ya estamos viendo con las consecuencias de la covid-19 un pequeño anticipo de lo que nos espera. La resiliencia no es algo que añadir como coletilla de moda a un plan continuista; no es en absoluto compatible con el business-as-usual, porque es precisamente este el que nos ha fragilizado, el que ha convertido en vulnerables a nuestras sociedades, el que nos ha llevado a perder una gran parte de la resiliencia social que teníamos y que hemos sacrificado a cambio de un corto periodo histórico de crecimiento exponencial, un irrepetible pulso de exuberancia energética y material que, lejos de hacernos más fuertes como especie, nos ha dejado más expuestos a riesgos civilizatorios de lo que nunca jamás habíamos estado.

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Manuel Casal Lodeiro es activista y divulgador. Autor de La izquierda ante el colapso de la civilización industrial y Nosotros, los detritívoros. Coordinador de la Guía para el descenso energético, de la revista 15/15/15 para una nueva civilización y del Instituto Resiliencia.

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