Ni un tsunami revienta-UCI hace tambalearse el compromiso del gobierno de la Región de Murcia con la vieja normalidad. Hay que reconocerlo. Ahí está el Mar Menor: décadas de decisiones tomadas a espaldas de la comunidad científica que culminaron con una imagen –peces muertos por culpa de la anoxia a la orilla de la playa de Villananitos– que abrió telediarios. El considerado como uno de los mayores atentados ambientales del Mediterráneo se explica rápido: 60.000 hectáreas (9.000 de ellas, ilegales) del campo de Cartagena dedicadas al cultivo intensivo, una laguna que ha recibido toneladas de agua repleta de nitratos y fosfatos y continuos procesos de eutrofización –proliferación de microalgas debido a la abundancia de materia orgánica– y anoxia –en su descomposición, esa materia orgánica consume oxígeno, el 85% de la pradera marina desaparece y los animales que no pueden escapar de esa zona, mueren–. ¿La última? La salida a licitación pública de la construcción del colector norte, algo así como la Estrella de la Muerte del plan de Vertido Cero, la solución que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y sus muchachos proponen para solucionar semejante desaguisado.

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“El colector norte es la obra hidráulica estrella de esta serie de obras que forman el plan del Gobierno”, explica Julia Martínez, portavoz del área de agua de Ecologistas en Acción Murcia. “Consideran –continúa Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor– que como el acuífero [Cuaternario, situado debajo del Campo de Cartagena y utilizado para obtener agua de riego] está muy alto y contaminado, la UE permite 50 mg de nitrato por litro de agua y en algunos puntos de este acuífero tenemos de 150 a 200 mg, esas aguas se van a llevar desde El Albujón hasta la rambla de El Mojón y allí se van a tratar”. En una desalobradora se le quitaría la sal y en una desnitrificadora, los nitratos. El agua volvería a los regantes y los residuos se verterían al Mediterráneo. 55 km de tuberías. Unos 200 millones de euros y muchos inconvenientes.

Contradicciones y errores de diagnóstico

El 4 de septiembre, Ecologistas en Acción publicó un comunicado en el que calificaba de “inútil” el colector. “Se justifica con datos falsos” –expone Martínez–. Primero dice que la principal entrada de nutrientes al Mar Menor se produce a través del acuífero, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura sabe, desde 2019, que no es así: desde el acuífero entran 8,5 hm³ al año, y este proyecto habla de una cifra ocho veces mayor: 66 hm³. Ocurre lo contrario, el 80% de nutrientes llega a la laguna a través de la superficie. Otro tiro errado que, según la agrupación, vuelve a señalar a los arrastres superficiales: “No se tiene en cuenta que el proceso de eutrofización requiere de la presencia tanto de nitrógeno como de fósforo, pero el acuífero Cuaternario no contiene fósforo, que entra a la laguna principalmente por la vía de arrastres superficiales [principalmente a través de los drenajes agrícolas y las lluvias], que no son objeto de este proyecto”.

Luego está lo de la desnitrificación, que el proyecto no resuelve: “Ese problema queda en el aire, porque no existe en el mundo una desnitrificadora que sea capaz de funcionar con los 30.000 m³ de agua que llegarían cada día al Mojón”, explica Pagán. “¿Y de verdad van a poner en marcha toda esta obra para luego verter la salmuera al Mediterráneo?”, se pregunta Martínez. Ecologistas en Acción calcula que el vertido andaría entre 600 toneladas anuales (“en un escenario muy optimista y poco realista de disponibilidad de sistemas de desnitrificación”) y 2.400 “en el escenario más realista de que el proceso se ejecute sin desnitrificación eficaz”. Ese aluvión de nitratos provocaría en el Mediterráneo lo mismo que en el Mar Menor: eutrofización y desaparición de pradera marina.

“Esto es hacer obra por hacer obra. Se parece al plan que en los 90 ofrecía algo parecido y que los regantes se negaron a mantener. Simplemente traslada el problema del Mar Menor al Mediterráneo, y huele demasiado a una jugada que solo busca arreglarle la papeleta a los regantes –dice Pedro Luengo, portavoz de los ecologistas–. Su mayor logro es que capta agua para dejarla con una calidad suficiente para que vuelva a los regantes”.

Marear la perdiz

Es difícil que a uno no se le ponga cara de Mourinho y se dedique a articular histriónicos “¿Por qué?”. ¿Por qué actúa así el Gobierno regional? ¿Qué gana realizando una obra que superará los 200 millones de euros y no resolverá el problema? “Lo que pasa es que se marea mucho la perdiz para no tocarle ni un pelo al sector agrícola –cuenta Luengo. Que no se vean ni medianamente afectados sus altísimos beneficios, que son tan altos porque se basan en destrozar el medio ambiente y explotar recursos y a los trabajadores”. Ramón Pagán apunta en el mismo sentido: “Se da la paradoja de que vamos a gastar una millonada en recuperar unas aguas a las que ellos van a seguir echando nitratos. No hablo de agricultores tradicionales, que son minoría y han arrendado sus tierras a multinacionales como G’s o Proexport, que trabajan la tierra con maquinaria alquilada y trabajadores de empresas de trabajo temporal. Explotan los recursos que hay aquí y como nadie les pone ni freno ni les obliga luego a pagar, cuando esto esté reventado se irán a otro sitio a seguir generando más de cuatro cosechas al año”.

“Esto es como cuando los desarrollos urbanísticos –explica Pedro García, portavoz de ANSE (Asociación de naturalista del Sureste). Cuando el urbanismo lo ocupaba todo con campos de golf y urbanizaciones, decíamos que el medio ambiente se resentiría y nos dijeron de todo. Aquí el Gobierno responde a las exigencias de un sector que no está dispuesto a reducir su actividad ilegal”. El “¿Por qué?” sigue siendo atronador. Pedro Luengo tiene la respuesta: “Tenemos un Gobierno que siempre ha estado secuestrado por los intereses del sector agroindustrial y por los grandes empresarios de esta región. Saben que ahí se juegan mucho, tienen un granero importante de votos y ahora, encima, se lo disputa Vox, que aquí lo han formado resabiados del PP. Recordemos el ‘Agua para todos’ [la consigna con la que Valcárcel reivindicaba el trasvase del Ebro], cuando nosotros denunciamos para qué se iba a usar esa agua [para campos de golf y urbanizaciones, principalmente: fue un tiempo extraño en el que hasta a Jack Nicklaus se le pegó el acento murciano] nos llamaron antimurcianos abertzales y plantearon a Cajamurcia que revisara nuestras cuentas para ver si podían meternos mano. Ha habido siempre una connivencia con el sector agrícola y la mafia del agua. Son décadas de arrastrar un sector que ha generado dinero a costa de saltarse la ley, y es un reflejo de por qué se sigue apostando por estos dirigentes en esta región, cuando estamos incumpliendo hasta normativas europeas”.

En febrero de 2018 se aprobó la Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Las cosas parecían diferentes, pero pronto apareció el truco: “Ya era corta, pero tenía algunos puntos interesantes –cuenta Pagán–. Lo más gordo fue que el Gobierno sacó una guía de interpretación, lo que venía a explicar cómo saltarse lo aprobado. Si la ley decía que no podías roturar campos en el mismo sentido de la pendiente, para evitar la erosión y las escorrentías, ellos decían que si la pendiente no superaba el 3% –como sucede en casi todo el Campo de Cartagena–, no era necesario hacerlo”. “La ley se debería haber llamado ley de protección del sector agrícola –dice Luengo. Uno de sus ‘logros’ es una medida que llama a ‘potenciar la agricultura sostenible de precisión’. Esto significa que se está blanqueando una agricultura industrial muy intensiva. Cada día crecen las roturaciones en el Campo de Cartagena y hay llanuras más extensas”. Martínez habla de maquillaje: “La ley no sirve prácticamente para nada. Las medidas más eficaces [obligación de dedicar el 5% de cada parcela a vegetación natural que actuase como trampa de nutrientes o de que los dueños de las desalobradoras incluyeran filtros verdes y sistemas de desnitrificación] fueron derogadas y se han cambiado por medidas sin ninguna efectividad”. Una de ellas entró en vigor esta semana. Prohíbe el uso de fertilizantes en la franja que está de 500 a 1.500 metros de la línea de costa. “Es una medida absurda –continúa–, porque en esa franja no hay más de 200 hectáreas de regadío de las 60.000 que hay, aproximadamente, en la cuenca”.

Tanto el comité científico de asesoramiento como el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA) se quedaron en decorados de cartón piedra. La mayoría de miembros fueron abandonando. “Es un paripé –dice Luengo–. Nunca han funcionado como órganos científicos independientes,  y se ha querido que fuera así: no se nos escuchaba, el Gobierno regional solo quería un parapeto científico que justificara lo que fuera haciendo. Se han quedado como portavoces gente como [Ángel] Pérez Ruzafa y Javier Gilabert, que hablan sin que nadie sepa en calidad de qué”. Hace unos días, Gilabert se mostró optimista con el estado de la laguna. Declaró que “la columna de agua de la laguna está bien oxigenada”. Martínez no lo ve claro: “Eso no aporta demasiado, una cosa es que la columna de agua esté transparente y tenga oxígeno, lo que por cierto puede cambiar de una semana a otra por múltiples factores, y otra es el estado de la laguna, que sigue acusando una grave degradación ecológica”.

Los ecologistas apuntan en una dirección: acción conjunta entre las tres administraciones competentes –aunque la mayoría de la responsabilidad, recalcan, cae sobre el Gobierno regional, que cuenta con gran parte de las competencias– y soluciones “en origen”: “Hay que dejar de pensar que las obras hidráulicas lo solucionan todo –concluye Martínez. La solución tampoco es enviar la mierda al Mediterráneo. Se debe reducir el regadío en el Campo de Cartagena. Con eso eliminaríamos nutrientes y recargaríamos menos el acuífero. Junto a esto, se deberían establecer medidas basadas en la naturaleza, para que la cuenca pueda reciclar su propio cauce: mejorar y ampliar los humedales naturales, retomar la estructura natural del drenaje o crear trampas de nitratos. También habría que repensar la ocupación del territorio, pero lo primordial ahora mismo es eliminar la bomba de nutrientes. Si no, nos quedamos sin Mar Menor”.

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