Sandra Ortega, la mujer más rica de España según Forbes, primogénita de Amancio Ortega, filántropa y dueña de un 5% del imperio Inditex, ha decidido invertir una parte de su fortuna, calculada en unos 6.000 millones de euros, en un complejo hotelero de lujo. El megaproyecto que quiere construir la heredera del fundador de Zara se llamará Na Praia (En la playa), y estará ubicado en la península de Troia, una preciosa lengua de arena, dunas y vegetación que se adentra en el océano Atlántico desde las barbas de la Reserva Natural del Estuario del Río Sado, a unos 53 kilómetros al sur de Lisboa.

Cuando esté finalizado, el complejo contará con un hotel de cinco estrellas, tres aldeas turísticas, 76 residencias y 128 unidades de alojamiento, además de equipamientos deportivos y de ocio y una zona de aparcamiento para 700 vehículos.

El problema es que el maravilloso enclave elegido para la construcción está en una reserva ecológica nacional que comprende el conjunto de dunas más protegidas de Portugal. Y las conclusiones del estudio de impacto medioambiental que, por ley, tuvo que encargar la empresa de Sandra Ortega para la construcción del hotel fueron claras: “El proyecto condiciona el cumplimiento de los objetivos de conservación legales listados para estos hábitats protegidos, ya sea por vía de la eliminación del área de ocupación de los hábitats, ya por la degradación del estado de conservación de estos (…) Considerando lo expuesto, se clasifica el impacto ‘eliminación de hábitats’ como: negativo, directo, cierto, permanente, irreversible, de magnitud fuerte y muy significativo”.

Situada entre el Atlántico y el estuario del río Sado vecino a Setúbal, Troia es el paradigma del turismo exclusivo y de lujo en Portugal. Se trata de un concepto elitista de veraneo que intenta, con mayor o menor éxito, conciliar la abundancia recreativa de playas y piscinas, los campos de golf, el puerto deportivo y las sesiones de aromaterapia antes de la cena con el disfrute del ecosistema local, con la sensación de formar parte de un todo, zona urbana y naturaleza, supuestamente refinado, armonioso y en apariencia poco ostentoso.

En esa zona, Jackie Onassis se recogió durante un tiempo para recuperarse de la muerte de su marido. Su hermana, la princesa Lee Radziwill, y Truman Capote pasaron también varias temporadas. Y más recientemente, el entrenador José Mourinho o Nicolás Sarkozy y Carla Bruni la han escogido como recurrente lugar de descanso. Ahora es Sandra Ortega, que pronto puede convertirse en la mujer más rica del mundo, la que ha puesto el ojo en esta joya portuguesa.

El complejo hotelero Na Praia se desarrollará en un área de 98 hectáreas, y ya se ha asumido que va a destruir el 33% del hábitat protegido

El proyecto, que se llevará a cabo a través de la empresa Ferrado Nacomporta (propiedad de la sociedad Rosp Corunna, con la que la empresaria controla el 5,053% de Inditex) se concretó en 2016, después de que la heredera comprara por 50 millones de euros 330 hectáreas dentro de lo que se conoce como Herdade da Comporta.

La Herdade (concepto de difícil traducción al español, aunque es básicamente una finca privada de propiedad familiar y tradicionalmente utilizada para agricultura o ganadería) abarca 12.500 hectáreas al sur de la península de Troia y es considerada la mayor propiedad privada del país.

El propietario de la casi totalidad de la Herdade es el consorcio formado por Vanguard Properties, del multimillonario francés Claude Berda, y el Grupo Amorim Luxury, de Paula Amorim, la mujer más rica de Portugal y heredera del imperio del rey del comercio del corcho, el ya fallecido Américo Amorim. Por supuesto, Berda y Amorim también tienen planificados proyectos de turismo de lujo para la península de Troia.

El complejo hotelero Na Praia se levantará en un área de 98 hectáreas, y ya se ha asumido que va a destruir el 33% del hábitat protegido, aunque asociaciones como la Sociedad Portuguesa de Ecología calculan que, en la práctica, la destrucción será mayor. La justificación institucional para dar la luz verde al proyecto es que, si bien se destruirá ese enorme porcentaje de hábitats, la empresa promotora de la obra deberá comprometerse, entre otras medidas compensatorias, a recuperar 100 hectáreas en la zona del estuario del río Sado.

Esta es la sorprendente decisión de la Comisión de Evaluación de Impacto Medioambiental, formada por instituciones públicas como el Instituto de Conservación de la Naturaleza, la Agencia Portuguesa de Medioambiente o la Cámara Municipal de Grândola, que decidió dar luz verde al proyecto [este pueblo del Alentejo originó Grândola Vila Morena, la mítica canción de José Zeca Afonso prohibida por la dictadura de Salazar que sirvió como aviso del inicio de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974].

Para su dictamen, la comisión se basó en el Estudio de Impacto elaborado por la consultora Nemus para Ferrado Nacomporta y en el que se listan una serie de efectos radicalmente negativos para el ecosistema de la zona: “Eliminación de hábitats protegidos; eliminación de valores florísticos; eliminación de hábitats de soporte de fauna; contaminación de hábitats por emisión de polvo; contaminación química de hábitats protegidos; contaminación biológica de hábitats protegidos; perturbación de las comunidades faunísticas”.

Esta incongruencia entre las conclusiones del estudio y el fallo de la Comisión ha dejado estupefactos a ecologistas y opositores al proyecto.

Además de esto, llama la atención que, en diciembre de 2019, el Gobierno socialista de António Costa acogiera a la empresa de Sandra Ortega dentro de su programa de beneficios fiscales a proyectos supuestamente generadores de empleo y desarrollo. En concreto, Ferrado Nacomporta disfrutará de una reducción del impuesto de sociedades y, probablemente, según el Gobierno, de una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles.

La incongruencia entre las conclusiones del estudio y el fallo de la Comisión ha dejado estupefactos a ecologistas y opositores al proyecto

Lo cierto es que las más de 600 páginas del estudio de Nemus no dejan lugar a dudas: “Los tres hábitats (que pueblan los terrenos que ocupará Na Praia) constituyen valores naturales muy relevantes (…). Además, estos hábitats están protegidos por ley. La totalidad de las áreas de las UNOP 7 y 8 (Unidades Operativas de Planeamiento, donde se ubicará el complejo), excluyendo los caminos y áreas artificializadas (sic) que corresponden al 2% del área total, está ocupada por hábitats naturales de interés comunitario, de acuerdo con la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo…)”. Es decir, no sólo iría en contra del ordenamiento portugués, sino también del de la Unión Europea.

En conversaciones con CTXT, el administrador y director general de la consultora Nemus, Pedro Bettencourt, rechaza informar sobre el Estudio de Impacto que les fue encargado por Ferrado Nacomporta, pero accede a hablar del sistema de evaluación de impacto medioambiental en general. Según Bettencourt, “la Comisión de Coordinación hace una revisión del estudio, un análisis de este y saca sus conclusiones. Las conclusiones (basadas en el estudio de Nemus, pero apoyadas también por investigaciones propias a cargo de las instituciones públicas) fueron de un parecer ‘favorable condicionado’. Esto es una conclusión relativamente común en estos procesos que son favorables, casi siempre tienen una serie de condiciones a cumplir (…) que incluyen un conjunto de obligaciones que tienen como objetivo reducir o compensar los problemas medioambientales”.

No piensa lo mismo Inês Cardoso, investigadora del Centro de Ciencias del Mar y del Medioambiente (MARE) y vicepresidenta de la Liga para a Protecção da Natureza. Cardoso asegura que la “política de evaluación de impacto medioambiental en su intención es buena, pero en su aplicación es mala. Tenemos, de forma creciente, proyectos aprobados de forma ‘condicionada’, pero estas condiciones no garantizan la conservación de los hábitats. En Portugal hay problemas en el cumplimiento de las directivas europeas respecto a la conservación de la naturaleza y del patrimonio natural. Tenemos promotoras que abren empresas de impacto medioambiental para realizar el estudio de sus propias obras. El estudio de Nemus es muy bueno, pero yo he leído estudios de impacto medioambiental que son un horror”.

Inês Cardoso aclara las distintas áreas protegidas que, según el informe de Nemus, terminarán por desaparecer. “En el Estudio de Impacto Medioambiental están descritas las diferentes áreas: el 14% del área intervenida se sobrepone marginalmente a la Reserva Natural del Estuario del Río Sado; el 8% se sitúa en el propio Estuario del Sado; el 0,04% en zonas de Protección Especial; el 15% en lugares RAMSAR (referentes al Convenio para la protección de Humedales de Importancia Internacional, al que a día de hoy se han sumado 160 países de todo el mundo)”.

En relación con las medidas compensatorias, poco pueden hacer frente a la destrucción de hábitats protegidos por directivas europeas por tener interés comunitario. “Estas medidas no son, en realidad, compensadoras”, asegura Cardoso. “Dentro del territorio de una Reserva Natural, el Estado tiene la obligación de conservar todos los hábitats y ecosistemas que se encuentran dentro de esa reserva. Por eso, esta medida no es compensadora, sino tan sólo un refuerzo de algo que ya existe. Por otro lado, lo hábitats no son similares, y por tanto no dice nada sobre aquello que va a ser destruido a lo largo de (la construcción) este proyecto. Son miles de años de evolución que van a ser destruidos en media docena de semanas”.

Según los últimos datos conocidos, a finales de 2018 quedaban poco más de 200 aparceros en las tierras pertenecientes a la Herdade, quinteros que aún explotan los campos para la agricultura, sobre todo en los grandes arrozales que extienden sus lagunas por los valles que forman el paisaje, pero que también cultivan patatas, habas y judías. En total, unas 3.000 personas viven en los terrenos dentro de la propiedad de la Herdade da Comporta. Su futuro es, cuanto menos, poco esperanzador.