1. Introducción

Las reflexiones que siguen son fruto, sobre todo, de mi propia experiencia personal: desde 1993 he tenido responsabilidades en política ambiental, en el gobierno y en la oposición, así como en la dirección federal del PSOE. He vivido por tanto, desde dentro, la evolución exasperantemente lenta de la consideración de la ecología como una variable que afecta a todos los ámbitos de la acción pública: desde la educación a la sanidad, desde la política económica y fiscal al comercio exterior, desde la legislación laboral a la ordenación del territorio...

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Sin duda, mi vivencia en esta materia hubiera sido diferente si yo no me hubiera interesado, a finales de la década de los setenta, por la relación entre economía y ecología, acercándome al pensamiento de muchos referentes nacionales e internacionales; y, por supuesto, si no hubiera participado como activista en un grupo ecologista en las manifestaciones contra el propósito (afortunadamente fallido) del gobierno de la UCD para desarrollar un impresionante plan de construcción de centrales nucleares.

Todo lo anterior significa que, como ciudadana, mucho antes que como responsable política, estas cuestiones me interesaban, y no solo desde el punto de vista conceptual.

Pido por tanto disculpas por el lógico peso de lo subjetivo en el contenido de esta contribución al debate organizado por CTXT, debate siempre necesario para seguir avanzando hacia un enfoque más integral de la realidad que nos toca vivir.

2. Del “esto no toca” al “¿cuánto me toca a mí?"

Es notable la diferencia entre España y otros países de nuestro entorno en cuanto al papel de los partidos “verdes”: más allá de cuestiones relativas al liderazgo que a veces se esgrimen, creo que la razón principal estriba en la rápida transformación de la economía y de la sociedad española, a partir de la instauración de la democracia y del inicio de la modernización del sistema productivo y de las infraestructuras, mucho más veloz que en otros casos.

Los españoles acogieron con entusiasmo el progreso material y las libertades reconquistadas tras los cuarenta años de dictadura, sin reparar en algunos de los efectos colaterales de estos cambios, que afectaban a una ciudadanía con bajos niveles de formación, y por lo tanto con escasa capacidad de cuestionar las decisiones del gobierno. Los propios partidos de izquierda, entonces en la oposición, estaban más preocupados por la defensa de las condiciones laborales y la efectiva consolidación de la democracia que por cualquier otra causa. Dominaba además el enfoque productivista –que ha llegado hasta nuestros días–, según el cual solo generando más riqueza, aumentando el PIB, se podría distribuir con mayor justicia y riqueza y garantizar el incipiente Estado del bienestar.

Las organizaciones ecologistas sí tuvieron un importante protagonismo durante los primeros años de la transición, a pesar de que, a diferencia de lo acaecido en otros movimientos sociales, prácticamente ninguno de sus referentes se incorporó a tareas de los gobiernos socialistas a partir de 1982. Sus denuncias y sus reivindicaciones, muy justificadas, resultaban marginales en una España que se integraba esperanzada en la Unión Europea, y que vivía una etapa de crecimiento económico cuyos costes ambientales todavía resultaban poco evidentes para la opinión publica.

Para muchos ingenieros de caminos resultaba intolerable que se cuestionasen infraestructuras hidráulicas o de comunicación a causa de sus efectos en los ecosistemas

Por eso no cabe asombrarse de que –aunque España participó en la Cumbre de Río y se creó una Secretaria de Estado de Medio Ambiente, ocupada por Vicente Albero–, dos años más tarde me resultase imposible que el Consejo de Ministros aprobase el primer plan de lucha contra el cambio climático, elaborado de acuerdo con los compromisos asumidos en Rio por todos los países de la UE, a partir de las contribuciones de expertos, organizaciones sociales y administraciones territoriales. El argumento que se esgrimió fue el del riesgo de freno al crecimiento económico si se ponían en marcha las medidas para reducir las emisiones de CO2. Desde mi nombramiento como secretaria de Estado de Medio Ambiente, en septiembre de 1993, muchos otros episodios pusieron en evidencia la dificultad de convencer a los líderes políticos y sociales de la compatibilidad entre empleo, bienestar y exigencias ambientales.

Por ejemplo, mi empeño en dar un rol relevante a un Consejo Asesor de Medio Ambiente (con una importante presencia de ONGs ecologistas) chocó con muchas inercias, dentro y fuera del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Para muchos ingenieros de caminos resultaba intolerable, por ejemplo, que se cuestionasen infraestructuras hidráulicas o de comunicación a causa de sus efectos en los ecosistemas; y ello aunque en ese momento España estaba ya obligada, por su pertenencia a la Unión Europea, a llevar a cabo procesos rigurosos y participativos de evaluación de impacto ambiental.

Sí, definitivamente durante muchos años, lo verde “no tocaba”. Aznar creó en 1996 el primer ministerio de medio ambiente, pero su compromiso con esta causa no pasó de ahí: la titular del departamento, Isabel Tocino, explicitaba sin ningún reparo su malestar por un nombramiento que consideraba poco menos que un insulto a sus cualidades políticas.

Aznar creó en 1996 el primer ministerio de Medio Ambiente, con Isabel Tocino a la cabeza, cargo con el que declaró su malestar por considerarlo un insulto

En la segunda legislatura de Aznar, el Gobierno aprobó un Plan Hidrológico Nacional (PHN) en el que destacaba un megaproyecto de trasvase desde la desembocadura del Ebro hasta Almería: una conducción de 900 kilómetros con el que se debía garantizar una demanda adicional de más de 1000 hm3 en todo el litoral mediterráneo, acorde con las expectativas de regadíos y de desarrollos urbanísticos, para el que el gobierno confiaba en obtener fondos europeos que jamás obtuvieron. Desde mi responsabilidad entonces como secretaria federal de Medio Ambiente, y por indicación de nuestro secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, trabajé varios años en la elaboración de una alternativa al PHN, y en particular al proyecto del trasvase del Ebro. Lo hice con el apoyo de numerosos expertos, muchos agrupados en la Fundación Nueva Cultura del Agua, y de varias organizaciones ecologistas, así como desde un diálogo no siempre fácil con los responsables territoriales del PSOE. Finalmente, esa alternativa, que denominamos Programa AGUA –acrónimo de “actuaciones para la gestión y utilización del agua”– incluía inversiones para aumentar la eficiencia en el uso del agua, para reducir la contaminación, y para potenciar la reutilización de aguas residuales y la desalación, así como para mejorar el control de los acuíferos. En 2004, esta fue la primera norma aprobada por el gobierno de Zapatero –al que me incorpore como ministra de Medio Ambiente–, después de desarrollar una amplia consulta pública en la que quedó constancia de los graves perjuicios que el trasvase del Ebro hubiera tenido, entre otras cosas, sobre el ecosistema del Delta, ya entonces muy amenazado por la reducción de aportaciones de agua dulce y de sedimentos. La derogación del trasvase desató una feroz batalla de descrédito y de descalificación por parte del Partido Popular, en particular en relación con la inversión en desaladoras, a las que –sorprendentemente– el entonces consejero de Obras Públicas de Valencia definió como “las centrales nucleares del mar”…

La legislatura 2004-2008 fue muy intensa en materia de normativa ambiental: el Parlamento aprobó diez leyes impulsadas por el ministerio y concertadas con las Comunidades Autónomas, que entre otras cosas introdujeron nuevas herramientas para reforzar el cumplimiento de las exigencias ambientales (creación de la fiscalía especial para el medio ambiente y el urbanismo, responsabilidad por daños ambientales, regulación del derecho a la información, la participación y el acceso a la justicia en materia ambiental...).

Hoy, solo la extrema derecha se atreve a decir en España que “el cambio climático es un invento de organizaciones pseudocientíficas con oscuros intereses”

Es obvio que buena parte de este esfuerzo legislativo respondía a la obligación de trasponer directivas comunitarias, así como de favorecer el acceso a los fondos europeos. La pertenencia a la UE ha comportado sin duda un poderoso impulso a la consideración de la ecología en la agenda política, entre otras cosas por las repercusiones económicas del incumplimiento de las normas ambientales. A pesar de todo, lamentablemente España está todavía a la cabeza del ranking de quejas y de expedientes sancionadores de la UE en materia ambiental. Mucho “palo” y poca “zanahoria”, a pesar de la creciente consideración de la ecocondicionalidad en el acceso a las ayudas europeas.

Sin embargo, el horizonte del “Pacto Verde” como eje prioritario del nuevo Fondo Europeo Next Generation ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo: mucha más “zanahoria” que “palo”... y así hemos pasado del “lo verde no toca” a lo de “cuanto me toca de lo verde”? 

3. La creciente concienciación ciudadana frente al colapso ambiental

Hace cuarenta años, cuando comencé a interesarme por la relación entre la economía y la ecología, la preocupación por estas cuestiones era sin duda minoritaria, por razones que he esbozado con anterioridad. Pero la situación actual es muy diferente: en los últimos años, los jóvenes –y no tan jóvenes– se han tirado a la calle, también en España, revindicando respuestas mucho más contundentes ante la inminencia del colapso ecológico. Las redes sociales han convertido esta preocupación en un desafío global para los líderes políticos y sociales, que –con notables excepciones– son conscientes de que su credibilidad depende hoy, en gran medida, de su capacidad de abordar los graves problemas sociales y ambientales de nuestro tiempo: la insuficiente igualdad efectiva de género, la injusta distribución de la renta y de la riqueza, y la evidencia de la crisis ecológica que va más allá de la emergencia climática. Cuestiones, todas ellas, que no se pueden medir mediante la evolución del PIB, aunque este sigue siendo el indicador por excelencia del “exito” de un país.

Hoy día, solo la extrema derecha se atreve a decir en España que “el cambio climático es un invento de organizaciones pseudocientíficas con oscuros intereses”; a pesar de ello, no me cabe duda de que, dentro de otras formaciones políticas siguen militando ciudadanos con convicciones parecidas, que no se expresan porque –igual que sucede con la igualdad de género–  minusvalorar los problemas ambientales ya no es “políticamente correcto”. Es hora de aprovechar esta percepción, porque el tiempo juega en nuestra contra... y porque hay una importante oportunidad en los nuevos instrumentos financieros de la Unión Europea.

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Cristina Narbona es vicepresidenta primera del senado y presidenta del PSOE.

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