Si pensamos en un punto de inflexión en la lucha contra las violencias machistas, podemos recordar la respuesta social que generó el caso de ‘La manada’. Las plazas de muchas ciudades se llenaron de gente al grito de “solo sí es sí”. Sin embargo, judicialmente, la cuestión del consentimiento no parece tan obvia. El caso tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo para confirmarse que provocar a una persona una actitud de sometimiento y pasividad, con fines sexuales, es una intimidación y, por tanto, una violación. Desde entonces, han seguido sucediéndose los casos de violencia machista. Con muchos de ellos, las plazas han seguido llenándose de personas que reclaman el fin de esta lacra y cada vez son más evidentes las carencias de nuestro sistema a la hora de evitar estos crímenes o juzgar los ya cometidos.

En esas plazas, hartas de las violencias machistas, es frecuente escuchar “nosotras sí te creemos” en referencia a los problemas que tiene que afrontar la víctima durante todo el proceso judicial. Fruto de la lucha del movimiento feminista, el anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual incluye la reforma del Código Penal para que el consentimiento de la víctima se configure expresamente en el centro de los delitos contra la libertad sexual y que “solo sí sea sí”.

Sin embargo, tal y como observa la abogada penalista, experta en Derechos Humanos y Género, Laia Serra, con cada nuevo delito que sale a la luz se pone en marcha una estrategia manipuladora y reaccionaria que introduce la necesidad de incrementar las penas y hacer más extensa la regulación. El populismo punitivo se presenta como una solución inapelable, fácil y rápida que pretende evitar el debate social y continuar criminalizando actos o sectores sociales sin profundizar en el origen estructural de esas conductas. Aunque podría ponerse en duda fácilmente con información veraz, una de las claves de su calado es su potencial comunicativo, que manipula la información, provocando respuestas emocionales y ocultando datos objetivos y opiniones expertas.

El aumento de las penas no hace descender la criminalidad, sino que el esfuerzo debe hacerse antes de la comisión del delito

Ante esta estrategia con un claro componente emocional, es complicado poner de manifiesto datos racionales. España cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea. Asimismo, jueces y juezas, fiscales y especialistas reiteran que el aumento de las penas no hace descender la criminalidad, sino que el esfuerzo debe hacerse antes de la comisión del delito. Por lo que la finalidad de estas medidas, lejos de la protección de la sociedad, es la de perpetuar un poder punitivo en contradicción con los derechos humanos, desviando el debate e invisibilizando una realidad que no se pretende combatir: el origen estructural de las violencias sobre las mujeres y de gran parte de los delitos, en general.

El populismo punitivo adopta un aspecto propio del neoliberalismo y redefine el delito como un acto de responsabilidad individual. Se deshumaniza a los delincuentes y se les presenta como monstruos o enfermos mentales irrecuperables. Como plantea Serra, el delito se convierte en una identidad inmutable del sujeto, evitando cualquier tipo de empatía, transformándolo en un “enemigo” del que la sociedad tiene derecho a defenderse. Las penas severas de prisión se anuncian como la mejor solución contra la delincuencia. Se dice que el castigo servirá como ejemplo y tendrá un efecto disuasorio para la comisión de otros delitos, a pesar de su reconocida ineficacia para ello. Esta construcción de los problemas sociales en clave delictiva es defendida por aquellos sectores y partidos políticos que niegan el origen estructural de estos delitos, para evitar que se cuestionen las políticas que son la raíz del problema y ofrece un chivo expiatorio contra el que se proyecta toda la rabia e indignación que generan estos hechos. Es evidente que esto cala en la sociedad y es muy difícil de combatir.

Un aspecto clave es el uso electoralista, por parte de los partidos conservadores, neoliberales y neofascistas, del dolor de las víctimas y la lucha contra el delito y la inseguridad. De sobra son conocidos los resultados de las políticas antiterroristas en este país, que han terminado por condenar a raperos y titiriteros por sus obras. Resulta llamativa también la instrumentalización de los padres de las víctimas por parte de la derecha tal y como plantea la activista feminista Alicia Murillo. En este sentido, se aprovechan los casos donde la persona que perpetúa los hechos delictivos es ajena al ámbito familiar para ocultar que ahí, en muchos casos, es el propio padre el que puede llegar a ejercer violencia y se aprovecha para victimizarlo.

Ante esta instrumentalización de la empatía social que produce el dolor de las víctimas, Serra destaca que los derechos de los infractores se presentan, de forma engañosa, en detrimento de los de ellas, negándoles la obtención de justicia y reparación. Además, se distorsionan las reivindicaciones de las mujeres que no suelen ser las que reclaman penas más duras y se aprovecha para criticar el discurso feminista, presentándolo como contrario a una justicia real y efectiva para las mismas.

Pese a esta supuesta defensa de los derechos de las víctimas, la realidad es que, cuando se adoptan estas posturas políticas, no se analizan las necesidades reales. Apenas se dedican recursos a su atención y prevención y únicamente se penalizan las formas de violencia más tangibles, mientras que se ocultan muchas otras formas como la económica, la social o la psicológica, que suelen estar más interiorizadas y sistematizadas, a pesar de ser igual de problemáticas y la base que acaba produciendo la violencia física.

En palabras de la experta en diseño de políticas públicas en materia de violencia de género, Laura Macaya, el sistema punitivo no solo no representa ni protege a las mujeres, sino que acaba por fortalecer las identidades de género patriarcales mediante la exigencia de comportamientos de “buena víctima”, que son los mismos que han configurado la feminidad clásica y patriarcal. Lo cual sirve para desproteger y criminalizar a las mujeres que no cumplen este mandato. 

Partiendo de la base de que las violencias sobre la mujer son estructurales y están claramente relacionadas con factores sociales, culturales y económicos, parece bastante razonable que, con cada caso relacionado con este tipo de violencias, un gran número de ellas se sientan identificadas. Muchas han tenido que hacer frente a situaciones similares en algún momento de la vida. En este contexto, parece bastante razonable que aparezca un sentimiento de inseguridad y desprotección y sobre todo que se produzca esa reacción emocional que caracteriza a la víctima.

En definitiva, el populismo punitivo utiliza en su beneficio los casos más terribles de violencia sobre la mujer, al mismo tiempo que niega la existencia de este tipo de violencias, evade la prevención y la necesidad de que sean combatidas desde su base y, quienes lo utilizan, realizan declaraciones machistas riéndose del feminismo y se niegan a educar en igualdad, a golpe de “pin parental”.

Como señala la periodista y doctora en Antropología, Nuria Alabao, la posición es compleja y, a veces, difícil de explicar. Los crímenes machistas generan sentimientos de odio, y es complicado tratar de ofrecer argumentos racionales a quienes aportan emociones con las que la inmensa mayoría empatiza. Es comprensible que desde la posición de la víctima se reivindiquen penas ejemplares y mano dura ante estos delitos, pero esto no nos puede llevar a defender que el sistema que permite que se viole y mate a mujeres a diario sea quien nos proteja con penas inhumanas y degradantes, incompatibles con los mismos derechos humanos que exigimos se nos respeten.

El feminismo es un movimiento basado en los derechos humanos que consiste, entre otras cosas, en nombrar, politizar y conceptualizar la violencia. Las violencias machistas no son solo individuales, son sociales e institucionales y las respuestas no pueden pasar solo por lo penal, que, como indica Serra, ha demostrado nula capacidad de transformación y empoderamiento de las mujeres. A pesar de que el anteproyecto de ley de libertad sexual debe seguir evolucionando, sobre todo para evitar que puedan seguir reproduciéndose discriminaciones preexistentes, contiene avances potencialmente valiosos. Estos pueden suponer una buena oportunidad para obtener herramientas útiles en la lucha contra las violencias machistas y garantizar un sistema basado en el respeto de los derechos humanos, que afronte las violencias de la forma más efectiva antes de que se produzcan.

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Jose Antonio Verdú es jurista y Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional.

Twitter: @joseantoniovg8