Aunque todavía es de noche –empieza a salir el sol, pero solo a lo lejos– ya hay gente parada frente al número 25 de la calle Urgel. No importan ni el frío ni la lluvia.

Son las siete y media de la mañana del jueves 26 de noviembre y, por fin, los primeros rayos de sol de la jornada empiezan a dejarse ver entre los edificios del viejo barrio de Carabanchel. Mientras una pequeña riada de agua baja los escalones de la calle de Boadilla del Monte, un grupo de unas treinta personas se concentran frente al veinticinco de Urgel. En el portal, repartiendo café, está Lorena. Lleva una bata morada y unas ojeras que le absorben por completo los ojos. En unas horas la desahucian.

Lorena tiene casi cuarenta años y tres hijos menores de edad, ni más ni menos. Espera nerviosa, fumando cigarrillo tras cigarrillo, a que llegue la comitiva judicial para echarla de su piso. Lleva seis años viviendo en esa casa.

“Entré en el piso hace más de cinco años”, empieza a contar. “Era de un conocido que me lo alquiló por 275 euros al mes. Siempre he pagado religiosamente el alquiler, pero al propietario de la vivienda le embargaron el piso hace meses. Los nuevos propietarios me consideran una okupa, así que me quieren echar”.

Oficialmente, los propietarios de aquel piso son el banco La Caixa y el fondo buitre Coral Home. Estando como está la situación, quieren echar a Lorena de su piso para vender la propiedad lo antes posible. La idea es venderlo rápido para reventar el mercado y llevarse su tajada sin mayores complicaciones. Obtuvieron el inmueble a precio de saldo a través de una subasta.

En España se producen 162 desahucios por cada día hábil según la PAH. La mayoría están relacionados con bancos, fondos buitre y grandes propietarios

En la calle se puede masticar la tensión. Se espera que la comitiva judicial se presente a las nueve y media de ese mismo día. Por eso, vecinos de Carabanchel, padres del colegio al que van los hijos de Lorena y los compañeros de Vivienda Carabanchel, el nodo de la Coordinadora de Vivienda de Madrid que trabaja en las calles del barrio, esperan desde primera hora de la mañana frente a la puerta de Lorena. No quieren sorpresas.

“Hemos intentado negociar con la propiedad”, dice Jorge, uno de los miembros de la coordinadora, “pero se niegan a ofrecerle un contrato de alquiler social a Lorena. Esperan ponerlo a la venta cuanto antes para que lo compre algún especulador que lo ponga en alquiler a un precio desorbitado […]. Es una triste realidad, pero no la única. En España se desahucian a casi cien familias al día”.

Triste, pero real. Nada de ficción. En España, se producen 162 desahucios por cada día hábil según la PAH. La mayoría de estos alzamientos están estrechamente relacionados con bancos, fondos buitre y grandes propietarios.

Además, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en España, en los dos primeros trimestres de este año se han producido 11.041 desahucios, a pesar de la completa paralización de la actividad judicial en toda España, entre el 14 de marzo y el 4 de junio (el segundo trimestre, en pleno confinamiento hubo 1.383 expulsiones).

En la calle no hay prensa: es solo un desahucio más. Un desalojo más. Otro de tantos. Solo son más niños en la calle, más vidas destruidas, más poder para los bancos y más gotas de desigualdad que salpicarán el espejo de la sociedad española. Habrá más desahucios. Siempre hay más desahucios.

Los únicos que están ahí son los vecinos del barrio. Vecinos organizados – o no– que no pueden permitir que cuatro personas se queden sin techo.

A las ocho y media de la mañana, la calle empieza a abarrotarse. Familiares de Lorena, compañeros de otros nodos de la Coordinadora de Vivienda y vecinos de la zona se acercan hasta la mujer de ojeras enormes y bata morada para consolarla como pueden.

La calle está inundada de botas, zapas y mascarillas. Alguien apaga el alumbrado, pues ya se ve lo suficiente, aunque el sol siga siendo un espectador lejano y tímido y no caliente apenas.

“Espero que no me echen”, sigue relatando Lorena, “aunque, si lo hacen, he encontrado una habitación que alquilar para mí y para mis hijos. A pesar de que tengo dónde meterme, no quiero que me desalojen de mi casa. Es que es mi casa, no de La Caixa. La propiedad será del banco, pero aquí vivo yo”.

Según se aproxima la hora a la que se espera que se presente la Policía y la comitiva judicial, se va tensando el ambiente. Alguien intenta dar ánimos gritando consignas sociales. Los vecinos se asoman al balcón. Se encienden cigarrillos desesperados. Una señora mayor se acerca hasta la protesta con una pequeña banqueta plegable, y, con un crujido de piernas, se sienta en primera fila. Dice que querer es poder.

Elsa, la asesora legal de la Coordinadora de Vivienda, se presenta en la concentración con buenas noticias: a última hora del día anterior, la propiedad mandó al juzgado posponer el desahucio. “No sabemos por qué”, explica Elsa, “pero quieren posponerlo un mes. Aunque es pan para hoy y hambre para mañana; si la ejecución se pospone hasta ese día, seguramente puedan resistir hasta 2021”.

Resistir. Resistir dentro de tu propia casa. Para no acabar en la calle, tienes que convertir tu hogar y tu mirilla en una trinchera en la que jamás volverás a sentirte seguro.

A las diez menos veinticinco, los murmullos alegres vuelven a la calle Urgel. “Si la comitiva judicial no se ha presentado es porque se ha recibido el recurso de la propiedad a tiempo”, sigue contando Elsa.

Los vítores y los gritos de ánimo empiezan a estallar frente al portal: el desahucio se considera paralizado. Hay aplausos, cánticos e incluso algún que otro abrazo furtivo. No se pueden ver, pero, tras las mascarillas, hay sonrisas y alegría.

Pero espera.

Que a las diez y media hay otro desahucio.

A solo diez minutos andando desde Urgel, en la calle Alcaudón número 25, quieren echar a la calle a Othman, un padre de familia con nueve hijos a su cargo. Siete de ellos, menores de edad.

Las 70 personas que estaban frente a la casa de Lorena se desplazan a pie hacia la nueva concentración mientras Jorge empieza a relatar la situación a la que se toca enfrentarse ahora.

“Este es un caso mucho más complicado, pues la propiedad del piso de Othman no es ni un fondo buitre ni un banco, sino un particular que se la tiene alquilada”.

“Para nosotros”, sigue contando en nombre de la coordinadora, “tomar una decisión como intentar paralizar este desalojo es tremendamente complicado. Como barrio, ¿con quién debemos posicionarnos? ¿con Othman, a quien hoy van a intentar echar de su casa, o con el propietario, un pequeño ahorrador que ha invertido todo su dinero en el piso? Lo sentimos en el alma por el dueño, pero, en este caso, no podemos permitir que diez personas se queden en la calle. La decisión de la asamblea de Carabanchel ha sido anteponer el derecho a una vivienda digna al derecho a la propiedad privada”.

La situación es tan complicada y el panorama es tan feo que ni Othman tiene esperanzas. Lleva desde primera hora de la mañana cargando todas sus pertenencias en una vieja furgoneta gris.

Son ya las diez de la mañana y multitud de personas empiezan a llegar a la calle Alcaudón. Hay cánticos, consignas de todo tipo y algún que otro fotógrafo documentando la jornada.

“Nuestra idea”, cuenta Elsa, “no es que los propietarios no puedan recuperar su piso. Esta vez queremos dos cosas: lo primero es que los Servicios Sociales le ofrezcan una alternativa habitacional a Othman y su familia. Lo segundo es que los propietarios les dejen un par de meses de plazo para que esto suceda. Lamentablemente, esto no se consigue en una semana, por lo que queremos negociar una prórroga para que nos dé tiempo a ayudar a Othman”.

“Sí, SAMUR Social nos ha dado una solución, pero no la vamos a aceptar. Quieren que la familia se divida en dos. Al haber hijos mayores de edad, pretenden que la mitad de la familia se vaya a un alquiler social y la otra mitad a un albergue. Hemos rechazado la propuesta, pues es completamente surrealista e inadmisible”.

A las diez y cuarto de la mañana, entre la muchedumbre de manifestantes se abren paso los propietarios de la vivienda, una pareja de personas mayores y su hija, además de una representante legal.

“Nosotros solo queremos recuperar nuestro piso”, pide el propietario. “Entendemos la situación de Othman, pero llevamos ya mucho tiempo esperando. No le vamos a dar ningún plazo más. Queremos que se vaya hoy mismo para tomar posesión del inmueble”.

Al posponerse solo 21 días el desalojo, los Servicios Sociales no tendrán tiempo de encontrar un alquiler social para Othman, por lo que él y su familia se verán en la calle

La lluvia vuelve a caer y se abren paraguas. Se respira tristeza, pero, aún así, los cánticos no cesan: “El apoyo moral es muy importante”, señala uno de los vecinos que se han concentrado en Alcaudón. “Cantando no vamos a parar ningún desahucio, pero, por lo menos damos ánimos. No sé. Algunos no podemos hacer otra cosa”.

A las diez y media, escoltados por una patrulla de la Policía Municipal de Madrid, se presenta la comitiva judicial, que se lleva una sorpresa al ver el panorama. Su idea era ejecutar la toma de posesión del piso ese mismo día, pero no esperaban encontrarse a casi cien personas. También está Lorena. Se ha acercado desde su casa para apoyar a su vecino. Ahora por mí, en un rato por ti.

No quieren negociar. Los propietarios quieren entrar ya en el piso y la situación empieza a ser tensa. La pareja de policías municipales no puede hacer mucho más, solo esperar. Esperar… ¿a qué?

Finalmente, a las once de la mañana, la Coordinadora anuncia que el desahucio se ha pospuesto hasta el día 17 de diciembre. Esta vez los vítores son mucho más discretos que los de la calle Urgel: “Se ha aplazado, pero porque saben que dos policías locales no pueden hacer nada con toda la gente que hay aquí”, empieza a contar otro miembro del nodo de Carabanchel. “El día 17 de diciembre se presentará aquí la UIP de la Policía Nacional, cortarán la vía cuando todavía sea de madrugada y sacarán a la familia a la calle, aunque sea por la fuerza. Othman está condenado”.

Condenado. Esa palabra se repite de boca en boca. Al posponerse solo 21 días el desalojo, los Servicios Sociales no tendrán tiempo de encontrar un alquiler social para Othman, por lo que, irremediablemente, él y su familia se verán en la calle.

A las once y cinco de la mañana el sol ya ha terminado de salir, pero la lluvia no cesa. De hecho, cada vez se hace más y más intensa.

Cuando la comitiva judicial se va de la zona, la concentración empieza a disolverse. Pero no a descansar, pues los desahucios siguen. Hay que organizarse para parar el siguiente.

Si se hace la media, en España hay cuatro desahucios y medio cada hora, la mayoría de ellos en Madrid y Barcelona. Apenas tienen cobertura mediática. Quizá aparezcan en algún periódico, sí, “pero para defender la propiedad privada”, reconoce una periodista de un importante medio generalista que se ha acercado hasta Carabanchel.

El propietario también abandona la zona cuando lo hace la comitiva judicial. No están contentos: “Esto es una mierda. No nos han dado soluciones a nadie, ni a ellos, ni a nosotros”.

Lorena. Othman. Solo son dos nombres más, dos desahucios de los muchos que habrá en nuestro país hasta que acabe 2020. Y en 2021 habrá más. Y en 2022, lo mismo. Y así seguirá hasta que este mundo estalle en mil pedazos.

Habrá más desahucios. De hecho, en este mismo momento, están echando a una familia a la calle. No importa cuándo leas esto.

Seguirá lloviendo en Madrid.