Abril de 2021. Esa es la fecha límite para que los Estados de la UE presenten ante Bruselas sus planes de recuperación, que se financiarán con los 750.000 millones de euros de ayudas enmarcados en el NextGeneration EU, el instrumento creado por la Comisión para paliar la crisis económica generada por la pandemia. Algunos países ya han enviado los borradores. Es el caso de España, Francia, Italia, Grecia y Portugal. Otros, como Alemania y Holanda, apenas han esbozado algunas generalidades. 

ESPAÑA

 ¿Cambiar el modelo productivo o reanimar el de siempre?

El Gobierno ha dado ya algunos pasos para la gestión del dinero que reciba para la recuperación. Son 72.000 millones de euros a fondo perdido (no hay que devolverlo). Además, puede pedir préstamos a devolver a muy largo plazo por valor de 80.000 millones. Se acordó crear comisiones para esa gestión. Hasta cinco comisiones de distinto nivel. Probablemente no sea un récord, pero se acerca, teniendo en cuenta que para administrar y decidir el destino del dinero ya hay organismos públicos. Sin embargo, con esto ya saltó la polémica. Una información filtrada señalaba que, en la Comisión Interministerial, el primer órgano de gestión, todos serían ministros del PSOE, salvo la titular de Trabajo, de Unidas Podemos. Pablo Iglesias quedaba fuera. Horas después la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclaró que no sería así, que, en lugar de una comisión interministerial, el primer órgano gestor sería el Gobierno.

Pedro Sánchez ya ha decidido que gastará en tres años el dinero que nos toca sin que haya que devolverlo. En los presupuestos de 2021 se han incluido casi 27.000 millones de euros de esos fondos, el 11 por ciento de todo el gasto del Estado el año que viene. Sin el dinero para la recuperación, el presupuesto aumentaría en cualquier caso en un 25 por ciento. Es mucho, y se explica por dos cosas: la necesidad de hacer frente a la pandemia y que el Gobierno de coalición pretende contrarrestar las consecuencias de la austeridad. Si se consideran también los 27.000 millones de la UE para la recuperación, el gasto del Estado el año que viene será un 41 por ciento mayor que en 2020. Un aumento del gasto público sin precedentes.

Esto da una idea del peso que esos nuevos fondos europeos van a tener en España. Otra cosa es el uso que se haga de ellos: si el resultado es cambiar el modelo productivo o reanimar el ya existente en estado comatoso por la pandemia. Repasemos lo consignado para el año que viene, con los primeros 27.000 millones, lo único plenamente cierto.

El mayor gasto del dinero europeo para la recuperación se destina a la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Esto incluye la electricidad eólica o solar, los combustibles menos contaminantes o el coche eléctrico. Son 5.300 millones. Es el gasto estrella. Y trata de dar respuesta al llamado Pacto Verde Europeo.

También en esa línea va la creación de un Fondo de Restauración Ecológica, costeado igualmente por el Plan de Recuperación Europea con 1.400 millones.

En segundo lugar, figura el dinero destinado a Sanidad. Está considerado el sector público que más hay que mejorar, tras las carencias demostradas ante la pandemia. El año que viene, llegarán de Bruselas 2.600 millones. De ellos, 1.089 para mejorar la atención sanitaria, 500 para mejoras tecnológicas, y 1.011 para pagar las vacunas del covid-19.

La tercera partida es el dinero para la digitalización del país, subvencionando la implantación de redes o la digitalización de pymes. Suponen 1.800 millones de euros. Es también la otra gran apuesta de la Unión Europea.

En cuarto lugar, el desarrollo e innovación. Se lleva 1.500 millones. Pero se trata de una partida mosaico. Va desde subvenciones a las fábricas de automóviles para la creación de nuevos modelos, especialmente eléctricos, a la mejora de la tecnología sanitaria.

La quinta está dirigida a apoyar la integración laboral y la búsqueda y obtención de empleo. 1.200 millones.

Como sexta partida, se dedican 1.150 millones a la ayuda a colectivos vulnerables, a la dependencia y a las residencias.

Hasta aquí lo que podría considerarse que contribuye a un cambio de modelo. Pero hay otras partidas que son una apuesta a lo de siempre, víctima ahora de la crisis, precisamente por sus debilidades.

– Europa ayudará a la rehabilitación de edificios. Realmente es un apoyo al sector de la construcción, pero evitando la apuesta por el nuevo ladrillo, cuando hay millares de edificios viejos y abandonados. Son 1.620 millones.

– Vuelve a potenciarse el tren de alta velocidad con 1.285 millones que pone Europa. Es chocante, dado que se consideraba innecesario seguir gastando en el tren súper rápido.

– Se apuesta por el sector turístico, por su papel estratégico. Así lo dice el presupuesto. Se destinan 1.057 millones de euros del Fondo de Recuperación.

– Hay además muchos otros gastos de menor cuantía.

Aclaración complementaria: la mitad de este dinero lo gestionarán las comunidades autónomas, porque son competentes en muchas de estas actuaciones.

ITALIA

La que más recibe: 209.000 millones de euros

En Italia se está hablando mucho del Next Generation EU y de cómo y, sobre todo, de quién, gestionará los 209.000 millones de euros –85.000 de los cuales en subvenciones– asignados al país transalpino, la cifra más alta de todos los países de la UE. A principios de diciembre, el Gobierno presentó un plan que prevé 60 proyectos centrados en las macro-áreas propuestas por la Comisión Europea. 

El bloque más consistente, 74.300 millones, se destinará a la “revolución verde”, entre tutela del territorio, transición energética, movilidad sostenible, economía circular y, especialmente (40.000 millones), rehabilitación de edificios, empezando por escuelas y hospitales. La digitalización se llevará 48.700 millones, entre la modernización de la administración pública, la de la justicia y el plan industria 4.0, mientras que en las infraestructuras –alta velocidad y manutención de las carreteras– se invertirán 27.700 millones. A las desigualdades de género y territoriales, así como a la inclusión y a los jóvenes se destinarán 17.100 millones, a la educación y la investigación 19.200 y a la sanidad 9.000. Según las estimaciones del Gobierno, los fondos de recuperación permitirán que el PIB italiano aumente el 2,3% en seis años. 

Para la gestión de estos fondos, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha propuesto una estructura piramidal, dependiente de la misma presidencia del Consejo: la cabina de dirección estaría formada por el propio Conte y los ministros de Economía, Roberto Gualtieri, y de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, que mantendrían informados al Parlamento y al Comité Interministerial para Asuntos Europeos. En un segundo nivel estarían seis “súper manager”, que se ocuparían de la supervisión de los proyectos y la monitorización ejecutiva, con la ayuda de entre 90 y 300 técnicos, internos o externos a la administración pública. 

El objetivo del Gobierno era obtener ya la semana pasada el visto bueno del Consejo de Ministros para llevar a Bruselas el proyecto de inversiones y de gestión de los fondos. Sin embargo, todo está en el aire por el cuestionamiento del plan que ha hecho Matteo Renzi y su pequeño partido, Italia Viva, socio del ejecutivo, cuyos votos son imprescindibles para obtener la mayoría parlamentaria. Las críticas, compartidas en buena medida también por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, se centran en la gestión demasiado centralizada por parte de Conte y en el riesgo de que esta inmensa cantidad de dinero quede fuera del control del Parlamento y los partidos. De aquí a finales de año, Conte ha prometido que revisará los grupos de trabajo propuestos y la repartición de los fondos, tras la insatisfacción de algunos de sus propios ministros, empezando por el de Sanidad. Renzi ha lanzado un ultimátum: o cambian las cosas antes del 28 de diciembre o puede provocar una crisis de gobierno. 

Más allá de las dudas que muchos tienen sobre la capacidad de Italia para utilizar estos fondos –en los últimos siete años se han gastado solo 16 de los 40.000 millones de los fondos estructurales europeos–, el Next Generation EU puede abrir escenarios impensables hace unos meses: la caída de Conte y elecciones anticipadas. Ya veremos. Quizás, todo se resuelva en un rimpasto –reajuste– de Gobierno con el cambio de algunos ministros y un reparto de los fondos que satisfaga a todos los socios del Ejecutivo. 

PORTUGAL

Un ingeniero al frente para idear el despegue

Portugal ha sido uno de los primeros países de la UE en presentar, ya a mediados de octubre, su Plan de Recuperación y Resiliencia, elaborado por el ingeniero António Costa Silva, con una larga experiencia en empresas petrolíferas portuguesas e internacionales. El pre-proyecto resulta bastante similar al del gobierno italiano y se centra en tres pilares –resiliencia, transición digital y transición climática–, desarrollados en 31 reformas estructurales. De los 15.300 millones de euros de subvenciones de que dispondrá Lisboa –el Gobierno socialista de António Costa ha afirmado que no utilizará los préstamos porque “la situación financiera del país no lo permite”– una parte consistente se invertirá en la reducción de las vulnerabilidades sociales, con especial atención a la sanidad (1.000 millones) y la vivienda (1.600 millones). A la digitalización de la escuela, las empresas y la administración pública le tocarán 2.800 millones, a la reindustrialización 930 millones, a las infraestructuras 800 millones, a la movilidad sostenible, la descarbonización de la industria, la eficiencia energética y las energías renovables casi 3.000 millones. El pre-proyecto presenta un elevado estado de conexión con los demás fondos estructurales que recibirá el país en los próximos 7 años –casi 30.000 millones–, mostrando la notable capacidad del país luso para la ejecución de las ayudas europeas.

Por esto, se propone una estructura de gobernanza de las ayudas muy rodada que tiene cuatro niveles. En primer lugar, el político formado por un comité de dirección, presidido por el presidente del Gobierno en el que participarán los principales ministros, al que se asocian tres grupos interministeriales. Seguidamente, una coordinación técnica y de gestión y un nivel de control y auditoría, gestionado por el ministerio de Finanzas y algunas entidades ya existentes que se ocupan de la gestión de los fondos estructurales europeos. Finalmente, habrá un nivel de acompañamiento otorgado a una comisión nacional presidida por una personalidad independiente.

GRECIA

Una visión neoliberal  del mercado de trabajo

También el gobierno griego, liderado por el derechista Kyriakos Mitsotakis, encargó a una comisión externa la elaboración de un proyecto para la gestión de los 32.000 millones de euros que le tocarán, entre subvenciones y préstamos, al país heleno. El plan, redactado por el economista británico-chipriota Christopher Pissarides, Nobel de Economía en 2010, no se considera definitivo y el debate al respecto seguirá muy probablemente hasta el mes de abril, que es el último plazo para presentar la propuesta a Bruselas. Criticado como demasiado genérico, el plan Pissarides tiene seis pilares: desarrollo regional, transferencia digital, crecimiento verde, reforzamiento de las infraestructuras, empleo con cohesión social e innovación empresarial. Preocupa el enfoque totalmente neoliberal, sobre todo en el ámbito del trabajo, con la voluntad de reducir las contribuciones a la Seguridad Social y la generalizada bajada de impuestos favorables a las empresas. De hecho, Syriza, en la oposición, ha presentado recientemente un proyecto alternativo centrado en la reducción de la semana laboral a 35 horas, sin bajada de salarios, y una implementación de la economía verde.

Como en el caso portugués, pero con mucha menos concreción, la voluntad es la de juntar el Recovery Plan a los 19.000 millones de fondos estructurales que recibirá Atenas entre 2021 y 2027. Desde el punto de vista de la gestión, aún no está claro si se creará una estructura específica, aunque muchos apuntan que Mitsotakis, que gobierna con una cómoda mayoría absoluta, centralizará toda la gestión en la presidencia del Gobierno. 

FRANCIA

Macron mima, como siempre, a las grandes empresas

Después de Italia y de España, Francia es el tercer país que más se beneficiará de los fondos de ayuda europeos: 40.000 millones. Este dinero se destinará esencialmente a financiar el plan de reconstrucción, valorado en 100.000 millones de euros y que será gestionado principalmente por el Gobierno central.

Presentado con bombo y platillo a principios de septiembre, el plan representa el pilar con el que Francia quiere impulsar la recuperación económica en 2021 y 2022. Una batería de 70 medidas anunciada con el gusto por el marketing del que hace gala el ejecutivo macronista. “Innovación”, “reverdecimiento de la economía”, “el plan de reconstrucción más importante de la historia”… Son algunas de las frases precocinadas con las que se adornan estas ayudas que, en realidad, suscitan dudas tanto por su cantidad como por su orientación económica. A primera vista, 100.000 millones en dos años parecen una cifra elevada, pero numerosos economistas han advertido de que se queda corta ante el mayor crack económico desde la Segunda Guerra Mundial. 

“El 30% del plan se gastará en 2021: 30.000 millones, que representa poco más del 1% del PIB. Finalmente, no será un esfuerzo superior al realizado en 2009”, sostenía el economista Mathieu Plane, director adjunto del departamento de análisis de la prestigiosa OFCE, en una entrevista en Alternatives Économiques. En ella alertaba de que “el plan de reconstrucción subestima los efectos de la crisis”. Esta advertencia ha ganado relevancia tras el segundo confinamiento, que se traducirá en una caída del 4,5% del PIB en el último trimestre. Junto con España y Reino Unido, Francia es uno de los países europeos que sufrirá una mayor recesión.

Más allá de la cantidad, el plan de reconstrucción genera controversia por su clara apuesta por las políticas económicas de la oferta. La mejora de la competitividad empresarial se llevará un tercio de estos fondos. En concreto, se impulsará una rebaja de 20.000 millones de los llamados “impuestos de producción” a las empresas en los próximos dos años. Esta medida beneficiará sobre todo a los grandes grupos. No comportará ninguna contrapartida ni exigencia. Esta petición histórica de la patronal, ahora satisfecha, se incrusta en la continuidad de los regalos fiscales a los más ricos realizados en los últimos años en Francia .

Otro tercio del plan de reconstrucción (30.000 millones) se destinará a la transición ecológica. Se creará una partida de 6.700 millones para la renovación energética de edificios, 11.200 millones para las emisiones de CO2 de los transportes, unos 1.900 millones para subvencionar la compra de vehículos menos contaminantes y 2.000 millones para el sector del hidrógeno. Todas ellas medidas interesantes, pero que corren el riesgo de dispersarse y de que se  diluya su capacidad de transformación. Macron prefiere subvencionar a las empresas para que lideren la transición verde, en lugar de impulsarla a través de proyectos e inversiones directas del Estado.

Aunque el plan francés está teñido de verde, peca por su escasa sensibilidad social. Solo se destinarán 800 millones a ayudas directas a los más desfavorecidos y precarios. Este dinero se verá reflejado en un aumento puntual de las becas escolares o una reducción de las tarifas de los comedores universitarios. 

En una entrevista para el digital Le grand continent, Macron defendía la creación de un “consenso de París” como alternativa al “consenso de Washington”, que sentó las bases de la hegemonía neoliberal. Esta ocurrencia discursiva contrasta, sin embargo, con la continuidad en su país de las políticas de la oferta y de debilitamiento del Estado del bienestar . Y los fondos europeos parece que  sirven para apuntalar esta apuesta.