Finalmente, parece que los nuevos presupuestos que sustituirán a las sempiternas cuentas de Cristóbal Montoro serán aprobados por la misma mayoría que hizo posible el primer gobierno de coalición desde el establecimiento de la monarquía parlamentaria. Por supuesto, los presupuestos han sido calificados como “los más progresistas de la historia”: ya no se sabe por quién, si por sus promotores o por los memes que circulan por las redes sociales.

Más allá de las exageraciones, estamos ante unos presupuestos que vienen a corroborar la hegemonía socioliberal. Hegemonía que se manifiesta no solo en el plano económico, en donde la falta de subidas de impuestos, y de gasto hacia el reforzamiento de lo público es evidente. También en el plano social: los presupuestos se enmarcan en una política tan llena de excesos verbales como saturada de fracasos, como el Ingreso Mínimo Vital, la ya olvidada derogación de la reforma laboral o de la ley mordaza, una Ley Celaá que no aporta nada nuevo, una política de inmigración indistinguible de la de la derecha o la apertura a la privatización de las pensiones a través de un pacto de Toledo que fomenta los fondos privados individuales. 

Pero no insistamos. Podríamos enumerar y argumentar, pero sirve de bien poco por ahora: la hegemonía se construye a través de una tupida red de alianzas que integra a sectores progresistas que van más allá de los cargos públicos, abriendo espacios nunca vistos a periodistas, profesores, opinadores y toda clase de pseudo-intelectuales que han visto en este nuevo ciclo la oportunidad de ocupar su merecido lugar en la esfera pública. La ficción opera ante una derecha virulenta y agresiva: no hay duda de que es preferible una alianza entre neoliberalismo y progresismo cultural a un autoritarismo de derechas. Entre una jaula grande y una jaula pequeña, siempre preferiremos la grande, como decía un viejo revolucionario ruso. Pero no por ello deja de ser flagrante el nivel de inanidad en el terreno redistributivo, social o de la radicalidad democrática de un gobierno al que, como es obvio, no le podíamos pedir que fuese revolucionario: si podríamos exigirle que fuese reformista, pero ni eso estamos haciendo. Nos conformamos con repetir la vieja regla del parlamentarismo liberal hispano durante las últimas décadas: a más reivindicación del papel del Partido Comunista de España en la Transición, menos ambiente rupturista y por tanto, menos posibilidades de lograr una mejor relación de fuerzas para la lucha política constituyente y transformadora. Aunque, si quieren, pueden invertir el orden del razonamiento. El resultado es el mismo. 

Sin embargo, los ciclos de lucha siempre generan resultados ambiguos. Aunque sean derrotados, como en este caso, tienen efectos sobre lo que en otro tiempo se llamaba super-estructura política. En este caso concreto, comenzamos a ver en diferido la construcción de un bloque político (bloque de poder o bloque histórico se le queda grande) que incluye a tres actores políticos centrales: PSOE, UP y el independentismo vasco y catalán. Sostengo que lo que estamos viendo en realidad es un proceso de transformismo progresista, que, a pesar de dejar intactos los pilares del poder económico e institucional (y ya no hablemos de la dominación capitalista), puede abrir una nueva fase política de repercusiones aun inciertas. 

La ficción opera ante una derecha virulenta y agresiva: es preferible una alianza entre neoliberalismo y progresismo cultural a un autoritarismo de derechas

Ese bloque político, todavía incipiente e inestable, en realidad es el resultado de dos ciclos: el ciclo 15M y el ciclo independentista catalán. Como comprenderán, entiendo “resultado” como una condensación de fuerzas que, en este caso, se ha traducido en una derrota política de las fuerzas que, dentro de esos ciclos, apostaron por la ruptura democrática y por una impugnación del sistema económico vigente. Puesto que la derrota nunca es total y siempre deja efectos, el efecto en este caso es un proceso de integración pasiva de estos elementos políticos en la gobernabilidad actual. Por supuesto, esto no está exento de ambigüedades y es reversible. Pero lo cierto es que el hecho de que el independentismo vasco y catalán sean un factor determinante en los presupuestos y en las alianzas políticas tiene una doble cara. Por una parte, cualquier demócrata tiene el deber de defender su derecho a la participación en los asuntos públicos: un derecho que la derecha les niega sistemáticamente y que el PSOE solo acepta tibiamente, preso como está del nacionalismo español. Cosas del franquismo. Por otro lado, su “normalización” es también, en su caso, una renuncia a la ruptura política como horizonte central. Una posición que ERC surfeó durante todo el procés y que la izquierda abertzale parece haber comenzado a abandonar en aras de una competencia despiadada con el PNV. No hay duda de que este giro tendrá repercusiones en las bases sobre las que los partidos se sostienen. Está por ver cuáles. 

En el caso de Unidas Podemos, la ritualización de la queja, a través de filtraciones de prensa y tuits, revela su impotencia a la hora de imponer cambios en el terreno económico y social, así como su rol de “cara pobre” de ese monstruo bicéfalo en el que se ha convertido el gobierno. Desesperados por mantener su base electoral ante su progresiva erosión, su fuerza proviene más de ser capaz de ejercer su papel de bisagra con los independentistas que de su fuerza social o capacidad de condicionar al PSOE desde dentro del gobierno. El PSOE se muestra tranquilo: la amenaza de Ciudadanos ha hecho que el voto del resto de partidos haya sido barato y su hegemonía se mantiene intacta. El social-liberalismo es ya la medida de todas las cosas: si la derecha protesta, la izquierda apoya. La extrema debilidad de la izquierda alternativa y de los movimientos sociales y sindicales no oficiales (política, ideológica, organizativa) explican también buena parte de esta situación. La posibilidad de un polo que, desde fuera del parlamento, presionase y marcase agenda, también se ha visto dificultada por el carácter anti-social de la covid-19.

La fuerza de UP proviene más de ser capaz de ejercer su papel de bisagra con los independentistas que de su fuerza social o capacidad de condicionar al PSOE 

La hegemonía del socioliberalismo del PSOE es tan grande que hasta se han vuelto a poner de moda dos conceptos míticos de los años dorados del felipismo: los “fondos europeos” y la “modernización”. Ambos conceptos retrotraen a toda una generación a los años de crecimiento económico, progreso social y Jorge Semprún. También fueron los años de la reconversión industrial y de la derrota sociológica de la clase obrera, pero eso, mejor ya ni mencionarlo.

Como ya es sabido, la Unión Europea ha concedido decenas de miles de millones de euros a España, dentro de los planes de estímulo que ha aprobado tras duras negociaciones. El problema es que ese dinero, lejos de servir para reforzar los servicios públicos o generar un nuevo tejido vinculado a las necesidades sociales, servirá para regar de dinero a las empresas. Ya se han anunciado 10.000 millones de euros para el sector del automóvil, 17.000 para las constructoras, incluso la Xunta de Galicia e Inditex han anunciado que pelearán por destinar 850 millones de euros a producir camisetas hechas con materiales provenientes de los bosques gallegos. El sistema elegido por el Gobierno, y aceptado en silencio por la izquierda (sindicatos incluidos), implica que serán las empresas privadas las que reciban y gestionen la mayoría de estos fondos.

Veamos la panorámica en su conjunto. Unos presupuestos que no aumentan los impuestos, la deuda disparada y acumulada. El dinero de Europa destinado a garantizar los beneficios de las empresas privadas. ¿Dónde queda la modernización prometida por los fondos europeos? A pesar de los anuncios grandilocuentes del gobierno progresista, este 24 de noviembre el Banco Central Europeo anunciaba lo siguiente: “La respuesta fiscal a la pandemia implica déficits presupuestarios considerables en 2020, que se espera que disminuyan en 2021. Los gobiernos de la zona euro han implementado una amplia gama de medidas de apoyo fiscal en respuesta a la pandemia. Aunque el rápido apoyo a los hogares y las empresas se ha adelantado a una contracción aún más profunda, está provocando grandes déficits fiscales entre los países de la zona euro en 2020. Actualmente se prevé un déficit ajustado cíclicamente menor del -2,9% para la zona euro en 2021, ya que se espera la reversión de algunas medidas temporales de apoyo fiscal, lo que implica una orientación fiscal ligeramente más estricta en el próximo año”. Más claro imposible. La austeridad acecha.

El resultado de una “modernización progresista” se traducirá en reforzar la correlación de fuerzas entre las clases, favoreciendo todavía más a los empresarios con los fondos europeos todavía más en favor de los empresarios, con los fondos europeos. Unidas Podemos ya anunció que esta modernización forma parte de sus planes para generar una nueva clase empresarial, suponemos que progresista. Ya que está de moda revitalizar al PCE, podría ser interesante recuperar el debate entre un joven Javier Pradera y Jorge Semprún, todavía dirigente carrillista, en 1960. Una exultante y voluntarista dirección comunista veía clara la jugada: era necesaria una alianza entre la burguesía no monopolística (sea lo que sea eso) y las clases populares, compuestas por el proletariado y el campesinado. El objetivo no era solo hacer caer a Franco: era la democratización de España. La pregunta con la que Pradera demolía esa tesis era muy sencilla: ¿Por qué la misteriosa burguesía no monopolística iba a tener algún tipo de interés en esa alianza? El resultado es conocido: el PCE finalmente quedó arrinconado en la Transición y, por supuesto, la “burguesía no monopolística” a la que tanto había adulado, no salió a su rescate ante su hundimiento. Pero tampoco el proletariado, ni mucho menos el campesinado. 

Quizás alguien espere que en este caso sea diferente y que la clase empresarial, bien cebada por los fondos europeos, acuda rescate de la izquierda progresista, pagando más impuestos y renunciando a maximizar sus beneficios cuando la espiral de deuda obligue a aplicar recortes. Pero realmente no parece lo más probable. En caso de que eso no ocurra, deberíamos prepararnos para una nueva disputa a medio plazo. Una disputa que se dará en un marco social devastado por las decepciones y las oportunidades perdidas del progresismo.

----------------

Brais Fernández forma parte de la redacción de Viento Sur y es militante anticapitalista.