1- Informar sobre Cat es, desde hace unos años, como informar sobre las novedades en el pasodoble, ese ritmoZzzz que no ha vivido ninguna novedad desde el hallazgo, en Atapuerca, de Amparito Roca, el pasodoble fosilizado del que tanto se ha hablado. 

2- De vez en cuando, no obstante, la disciplina del pasodoble sufre una incorporación sorprendente. No sé, Qué viva España, o Tengo un tractor amarillo. Se trata de incorporaciones incalificables y que, de forma imprevisible, hunden aún más hondo el género, cuando se podía pensar que eso era ya imposible.

3- Esto es lo que ha pasado hace escasas horas, con las escenografías que han culminado con la decisión del TSJC –aún no definitiva; cuidadín– de que las elecciones cat se celebren el 14F. Se lo explico por partes, que todo es tan sencillo como complicado y desmesurado.

4- Las elecciones eran el 14F por modo piloto automático. Torra, como estaba calculado por Waterloo –Waterloo, calculando con el XXXX desde 1815, podría ser el lema del Patronato de Turismo de la ciudad; se pondrían las botas; de nada–, fue en su día defenestrado por el TS –el TS es en Esp lo que Facebook en los USA: el que te suspende la cuenta–. Por imposición –otra vez Waterloo– se decidió no sólo que no se votaría otro presi, sino que Aragonès, vicepresi que tendría que ser presi, no aceptaría ese título ni función –algo, ya verán, importante en este relato–. Ni, ya puestos, ocuparía –nadie dijo que ser cat fuera fácil–  el despacho del presi, ni el Ala Este de la Gene, que permanecería clausurada en homenaje al Ausente 2.0. La Gene, en fin, está a dos ceremonias y tres símbolos de ser un monasterio Shaolin. En ausencia de presi elegido por el Parlament, y como especifica el Estatut, llegado a un punto se pasó automáticamente a elecciones. El 14F, lo dicho. Nadie convocó las elecciones, vamos. Lo que, como verán en breve, es la madre del cordero.

5- Era –y es– alto improbable que el 14F se celebraran las elecciones. A saber: la fecha coincide con la previsible punta covid en su tercera ola. Entre otros inconvenientes, unas elecciones el 14F dejarían sin derecho al voto a cientos de miles de personas contagiadas, en cuarentena, en riesgo u hospitalizadas. Sí, se podrían crear las condiciones para que esas personas ejercieran su derecho al voto de otra manera. Pero el Govern, cuyo mayor logro en pandemia ha consistido en la creación de una Agencia Espacial –esa noticia creó inquietud en los nativos de Ratikulín, planeta libre de covid, hasta que incluso Ratikulín comprendió que la Agencia era el fake procesista un millón; para celebrarlo hicieron la I Ratikulín Oktoberfest–, parece incapaz de garantizar el derecho al voto de esos colectivos. Y sí, puede ser ilógico que una sociedad que va cada día al cole, el domingo no pueda ir al cole a votar. Pero, en ausencia de capacidad gubernamental, eso supondría exponer a la sociedad a un riesgo, diría, excesivo. Sin un Govern que pueda garantizar la normalidad electoral en pandemia, hay que velar por ella de otro modo. Protegiendo a la sociedad de su Govern –esto es bestia; pero es así– mediante un aplazamiento de un derecho por unos días limitado, lo que, al cabo, es muy feo, huele y traspasa, pero no conculca ningún derecho completamente. Lo que nos lleva, en todo caso, a la primera pregunta del millón: ¿puede uno o más partidos aplazar unas elecciones automáticas?

La Mesa de partidos decidió aplazar las elecciones, pero el decreto, firmado por Aragonès, no informaba de un aplazamiento, sino de, zas, una suspensión

6- No, no puede, diría. Pero ante un problema sanitario, un hecho excepcional, una decisión colegiada de partidos es mejor que la de un solo partido. Y algo se tenía que hacer. Esto es un territorio virgen. Una Mesa de partidos puede ser una solución precaria, pero decorosa. Había otras. Como someter el asunto al arbitrio jurídico, o abrir la negociación y el debate con otras instituciones, en busca de soluciones edificantes. Hubiera sido importante, en fin, crear precedentes democráticos en esta toma de decisiones sin precedentes. No ha sido así. De hecho, se han creado precedentes postdemocráticos. Algo sumamente inquietante.

7- Y aquí empieza el lío. La Mesa de partidos decidió aplazar las elecciones, pero el decreto del Govern que comunicaba eso al mundo, firmado por Aragonès, no informaba de un aplazamiento, sino de, zas, una suspensión. Se dice rápido.

8- El decreto no refleja el encargo de la Mesa de partidos, sino que va a su bola y más lejos de los límites de la cultura democrática. Sí, era un documento de difícil redactado. Pero, en ese trance, lo normal es hablar con un abogado. O, si eres presi autoproclamado vicepresi, consultar a tu servicio jurídico. No se ha hecho, o el servicio jurídico de la Gene sorbe ayahuasca. Vayamos por partes.

9- Aragonés, vicepresi por imperativo de Waterloo, ONG no electa, no puede actuar como presi. Por lo mismo que un señor vestido de bisonte no puede actuar como presi del Congreso USA. Y Aragonès, en el decreto, a) actúa como presi. Por otra parte, ese vicepresi b) desconvoca las elecciones del 14F. Algo que no puede, en tanto que no las convocó. Las elecciones, recuerden, eran por la vía automática. La cosa a) y b) son la diferencia con el caso gallego y vasco, dos objetos menos problemáticos.

10-  Las últimas elecciones vascas y gallegas son el único precedente de elecciones en pandemia. A diferencia del decreto cat, fueron convocadas y aplazadas por el cargo que debía hacerlo, y no por su cuñado. Lo que imprime ciertas garantías formales al asunto. La otra diferencia es que, en aquellos casos, las elecciones estaban planteadas antes de la pandemia, mientras que las elecciones cat –automáticas, no convocadas– han transcurrido, en su periplo, en pandemia full-time. Hay poco o nada en común entre el caso cat y el gallego-vasco, dos elecciones que, por cierto, conculcaron derechos a sus votantes –votantes enfermos, frágiles y en cuarentena–. Lo que indica la baja calidad democrática por aquí abajo y, por lo mismo, que la cultura local, muy campechana con el concepto democracia, ofrece a sus usuarios gubernamentales un amplio margen para pastelear soluciones sin salirse del trade-mark democracia, sumamente elástico en este topos. Pues bien, incluso ese margen desmesurado ha quedado hecho trizas.

Las elecciones vascas y gallegas son el único precedente en pandemia. A diferencia del decreto cat, fueron convocadas y aplazadas por el cargo que debía hacerlo, y no por su cuñado

11- El decreto tiene más sorpresas. Se fija el 30 de mayo como posible fecha para las elecciones. Pero no está claro, pues la cosa depende de a) la pandemia –que durará varios años, todo apunta a ello; glups– y b) de la deliberación del Govern. Vamos, que el 30M habría elecciones como en las corridas de toros. Si la autoridad no lo impide. El Govern, que no tiene potestad para desconvocar unas elecciones que no ha convocado, tampoco las tiene para, llegados al día 30M, desconvocarlas otra vez, o pintarlas a topos, que es a lo que da pie el documento, un diseño para posponer elecciones.

12- Un aplazamiento de elecciones comporta modificaciones en la dinámica inicial prevista. Por fuerza. El censo cambia, por ejemplo. Personas que el día previsto inicialmente para las elecciones no tenía la mayoría de edad, en su prórroga pueden tenerla. Por lo que hay que adoptar, para los nuevos incorporados al censo, cambios que posibiliten su voto o, incluso, su acceso a una candidatura. Pero el decreto va más lejos. De lo decoroso. Permite cambios de cualquier tipo en cualquier lista. Permite, incluso, crear nuevas coaliciones. Son, en fin, otras elecciones, no una prórroga. Permite especular, jugar, hacer política. Lo que explica que el decreto tiene un gran sesgo político. No parte de una meditación sanitaria –que no existe en Cat desde marzo–, sino de una meditación política.

13- El decreto es un documento postdemocrático, iliberal. Un documento bielorruso. La democracia liberal es lo que es, pero no puede ser aún menos, o apaga y vámonos. Con este decreto es mucho menos. Un Gobierno suspende las elecciones –unas elecciones automáticas, imparables y, por lo mismo, difíciles de posponer, imagínate suspender– y, con criterios políticos, se dota de la capacidad de decidir su ejecución, a tenor de sus deliberaciones futuras. Se suspende un derecho fundamental, y con un formato legal que genera no solo dudas funcionales, sino democráticas. Se trata de un documento tan democráticamente y legalmente defectuoso que conlleva de serie su judicialización. Es decir, un Govern ha decidido, con consciencia, ceder su potestad de solucionar un problema político a un tribunal. Algo inusual y sorprendente incluso en la República de Lepe. El Govern se ha hecho un 155, vamos.

14- La solución –la única, me temo–, sería obligar a otro redactado del decreto, que respete las formas democráticas, que limite la creatividad de un Ejecutivo, y que, entre otras cosas, aplace unas elecciones, y no convoque otras nuevas, sin fecha y sin criterios sanitarios objetivables y públicos. Que el texto se acomode a las formas y a la cultura democrática, y no sirva como precedente de un golpe de fuerza en cualquier punto del Estado. Siendo complicado, lo es menos que otras posibles soluciones. Hay que esperar que la decisión final de TSJC vaya por ahí, y no por los cerros de Úbeda, complicando, judicializando, ideologizando, barroquizando más la situación, buscando rédito político a esa búsqueda de rédito político que es el decreto. No todo debe ser castigo en la Justicia. La Justicia debe ofrecer también funcionalidad, satisfacción y reparación. El buenismo ha ofrecido al mundo, históricamente, menos mal que, como su nombre indica, el malismo.

15- Dicho lo cual, la pregunta es: ¿qué ha pasado? Les ofrezco, por el mismo precio, varias respuestas.

16- Respuesta 1. Incompetencia. Un Govern creado y prolongado a partir del concepto selección negativa, ha adquirido, con Torra + pandemia, proporciones no ya de selección negativa, sino de Selección de Malta. Algo de eso, mucho, hay en el decreto. Pero en el decreto, en el que se junta el hambre con las ganas de comer, hay más cosas.

17- Respuesta 2. Cálculo electoral. ERC –conselleries de Sanitat y Benestar Social, esos dos pifostios– está bajando en picado. Un punto por cada escándalo sanitario, me dicen. Mientras que JxC –su lista consiste en una colección de frikis de la tele y de tuiter, que en Cat es lo mismo, trumpistas, Puigde, y una cabeza de lista seriamente acusada de mangoneo en contratos–, aprovecha ese bajón. El interés de ERC y JxC es, por tanto, retrasar las elecciones. Hasta que la pandemia mejore –caso de ERC–, o hasta que la cabeza de lista de JxC sea encausada, momento en el que la industria del lazo amarillo volvería a su edad de oro –caso de JxC–.  

18- Respuesta 3. Victimismo de Hombre Blanco. La decisión del TJSC de votar el 14F –insisto, provisional– es la respuesta a la petición de medidas cautelarísimas de un particular. Algo loable. Los ciudadanos deben denunciar a sus gobiernos más de lo que lo hacen. El particular, en este caso, parece ser, no obstante, un usuario del procesismo, un mosso d’esquadra –en castellano, un guardia civil–, que en el tiempo ya presentó varias demandas, no atendidas, por cosas de procesistas. Lo que sería un indicio de que, tanto el decreto como su demanda, tienen algún tipo de coordinación. El objetivo sería así la judicialización del proceso electoral. Es decir, la explotación de ello en forma de campaña electoral, para lo cual el procesismo tiene medios de comunicación que ya echan humo. Al poco de hacerse pública la sentencia, portavoces de ERC y de JxC ya explicaron al mundo que la decisión del TSJC era un 155 reloaded. La CUP iba también por ahí. Parece que esa será la campaña del procesismo –que ya ha empezado–, a falta de éxitos sanitarios y políticos. Y, tal como está el Barça, deportivos. También, parece, están intensificando la suspensión electoral por la defensa de la salud de los ciudadanos, disciplina en la que aún no se han estrenado. El procesismo, recordemos, no es independentismo, no es una escuela de pensamiento que busca el enfrentamiento con el Estado, sino una disciplina que busca, para fines electorales, para mantenerse en el poder, la ritualización de ese enfrentamiento, su sentimentalización, de manera canalizada y sin que la sangre llegue al río. Algo que no siempre consigue, por otra parte. 

19- Respuesta 4. El Lado Oscuro de la Fuerza. Un Govern que no está claro que pueda organizar unas elecciones sin que tengan aspecto de rave en pandemia, que no está claro que haya hecho algo al respecto de unas elecciones en estos meses, y cuyo único objetivo es mantenerse en el poder, busca judicializarlas, liarlas, confundirlas, para desprestigiarlas, para poder así impugnarlas, más de forma discursiva que legal, lo que es una buena definición del procesismo. ¿Les suena, por cierto, esa ocurrencia tan americana y del siglo XXI?

20- En Cat se vive una debacle ética y democrática. Ese tipo de decretos no pueden existir sin una debacle ética y democrática. Cat no es el único punto del Estado o de Europa en la que se apunta esa situación. Pero eso no rebaja la gravedad de la dinámica. Este decreto permite visualizar la cosmovisión de unos líderes que, en algunos casos, son presos políticos –Luis Candelas sometido a un abuso judicial político, no obstante, sigue siendo Luis Candelas, y no Gandhi–, y exiliados –lo son, como en su día lo fueron el general Cabrera, Sanjurjo, Carlos March, o Ruiz-Mateos; el exilio no presupone ningún legado ético, en este caso inexistente; ese tipo de legados se adquieren a través de valentía y del compromiso con valores democráticos, humanitarios y de progreso, sin desprecintar en el procesismo–. Permite ver cuán lejos se ha llegado en la putrefacción de la política y, por lo mismo, de la sociedad. Permite ver cómo se gesta una nueva ola propagandística hacia la permanencia en el poder tras el abandono social en una pandemia. Permite ver cómo funciona intelectualmente uno de los trumpismos locales. Han venido a quedarse. Ese decreto es un intentar quedarse, de hecho. 

 21- Continuará, me temo.