Una mochila a la espalda. Por delante, 2.000 km y sólo una certeza: el camino. Era noche cerrada y se iban congregando decenas de hondureños en la estación de autobuses de San Pedro Sula. Desde el 13 de enero, en varias tandas y con una bandera de Honduras en la cabecera de la caravana migrante, iban saliendo alrededor de 8.000 personas con dirección a Estados Unidos. Era la primera del año, después de algunos intentos fallidos en 2020. La pobreza, la corrupción, la violencia de las maras y dos huracanes en noviembre, decantaron la decisión de salir del país, a pesar de la pandemia.

En menos de una semana, Joe Biden, tomaría posesión como nuevo presidente del país que querían alcanzar. La noticia les daba cierta esperanza, pues había prometido en campaña cambios al blindaje migratorio de Donald Trump. 

“8.000 personas nos están diciendo algo crítico sobre las condiciones en las que viven. Nos están gritando que necesitan ejercer el derecho humano más elemental que es tener un lugar seguro y digno donde vivir”, explica la mexicana Soledad Álvarez, experta en migraciones de la Universidad de Houston que hace poco lanzó la campaña “Abrazamos a quien camina y el proyecto (In) Movilidad Américas”, que da seguimiento a las migraciones en el continente. 

Parte de la caravana, nunca antes tan masiva, apenas había cruzado a Guatemala cuando fue disuelta por miles de efectivos de seguridad; que golpearon y arrojaron gases lacrimógenos contra las familias, niños y jóvenes. El argumento del gobierno guatemalteco fue la pandemia de la covid-19. Incluso había advertido de que pediría una PCR negativa para aquellos que llegaran al país. A pesar de que en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, rige un Convenio de Libre Movilidad desde 2006, por el que cualquier ciudadano de estos países podría entrar tan sólo portando el documento de identidad nacional.

Para los organismos no gubernamentales como la Oficina de Washington para Latinoamérica (Wola) y el Observatorio de Legislación y Política Migratoria con los que CTXT conversó, estos argumentos son justificaciones, que en vez de “reforzar la respuesta basada en los derechos humanos ante las caravanas migrantes, refuerzan la violencia”, explica Juan Antonio Del Monte, del Observatorio. Según él, la respuesta violenta a la caravana de 2021, criminaliza la migración, cuando en realidad es un derecho humano reconocido por la comunidad internacional. 

El resto de la caravana, que logró sortear la guardia de Guatemala, siguió el camino por México a Estados Unidos en pequeños grupos por rutas más clandestinas y peligrosas. Riesgos que intentaban reducir migrando en masa. 

Según un informe, el 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual a su paso por México

Maureen Meyer (Wola) advierte de las consecuencias de las políticas represivas. “Lo que acaba sucediendo es que los migrantes son inducidos a elegir trayectos aún más clandestinos y peligrosos para evitar los controles”.

Según un informe del Instituto Nacional de Salud Pública de México, el 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, psicológica o sexual a su paso por México. Estas agresiones de las que participan organizaciones criminales y funcionarios públicos vinculados al tráfico de personas, se dan de manera diferente sobre las mujeres. De acuerdo a la información recogida por ACNUR, 6 de cada 10 mujeres y niñas sufren violencia sexual durante el tránsito.

También son habituales los secuestros y las desapariciones: de hecho, cada año el Movimiento Migrante Mesoamericano organiza la “Caravana de las Madres”, que desde hace 15 años recorre México buscando a sus familiares desaparecidos y denunciando la situación.

Un cúmulo de hastíos y resistencias en el primer corredor migratorio del mundo

Durante el siglo XX el grueso de la migración latinoamericana se daba dentro de la región, sobre todo hacia los países fronterizos. En los últimos años, se intensificó la migración extrarregional especialmente hacia Estados Unidos o Canadá. Según cifras de la CEPAL, la mitad de todos los migrantes en la región, 16,4 millones de personas, provenía en 2015 de México y Centroamérica, siendo el destino del 90% los EE.UU. “El corredor México-Estados Unidos es, con gran diferencia, el principal corredor migratorio del mundo”.

Las caravanas como forma organizada y numerosa de migrar comenzaron en 2018. Conocidos como “Los Caminantes”, recorrían cientos de kilómetros a pie con apenas una mochila a la espalda. En un primer momento, fueron exitosas y acogidas por las organizaciones de la sociedad civil a su paso por México.

“Las caravanas no salen de ayer, son un cúmulo de conocimiento migratorio, de estrategias de salida, de hastíos sobre las condiciones vitales en las que viven; los migrantes son sujetos históricos y el camino es su forma de resistir”, sostiene Soledad Álvarez. 

Para la investigadora, es necesario ver la dimensión política de la movilidad humana y afirma que la caravana es un movimiento social que transciende fronteras clamando por la transformación tanto de sus condiciones de vida como de las políticas migratorias. 

En relación a este carácter político de las caravanas, Álvarez, comenta sobre la organización que se da en su interior. “Sin duda, es un proceso de mucha organización, aunque también de espontaneidad. Hay un importante despliegue de la micropolítica durante la movilidad en relación a cómo cuidarse, cómo tender solidaridad, compartir el alimento, la ruta, los lugares de espera, el cobijo o las estrategias para evadir los controles migratorios”. 

Los muros de EE.UU. en el continente latinoamericano 

A partir de los años 90, bajo el paraguas de la gobernanza y de la migración ordenada, la externalizacion de las fronteras de Estados Unidos se ha venido ejecutando, bajando cada vez más al sur. Fue a partir de los 2000, y sobre todo con la llegada de Trump al poder, cuando este mecanismo se agudizó.

Tal y como explica Soledad Álvarez, externalizar supone que los mecanismos de control que en Estados Unidos se aplican para controlar la movilidad migrante, comienzan a ser utilizados en el resto de países como programas análogos.

A raíz de las primeras caravanas, Trump advirtió que si México y Guatemala no controlaban el flujo migratorio impondría aranceles a los productos de estos países, cuya economía primaria-exportadora se sostiene en gran medida a través del comercio con EE.UU. El resultado fueron varios acuerdos de cooperación migratoria que tuvieron como consecuencia una mayor militarización, más detenciones y deportaciones. 

A raíz de las primeras caravanas, Trump advirtió que si México y Guatemala no controlaban el flujo migratorio impondría aranceles a los productos de estos países

“El muro físico de Trump fracasó, pero sobre todo lo que el expresidente construyó fue un muro burocrático y político para disuadir a la migración”, explica Del Monte. Lo hizo a través de los Protocolos de Protección al Migrante en Centroamérica y México.

El acuerdo entre México y EE.UU., el famoso “Quédate en México”, se firmó a mediados de 2019, cuando López Obrador ya llevaba unos meses en el poder. Obligaba a la mayoría de las personas solicitantes de asilo no mexicanas a quedarse en México mientras esperaban sus procedimientos migratorios en Estados Unidos, un proceso que puede durar varios meses. Desde el inicio de estos programas, Estados Unidos devolvió a más de 50.000 personas solicitantes de asilo a ciudades fronterizas mexicanas, donde se convierten en un blanco fácil para grupos criminales. 

“Se han documentado más de 1.300 delitos contra personas del programa Quédate en México de robos, secuestro, asalto sexual”, afirma Meyer.

Un informe de Human Rights First descubrió que más de 340 personas solicitantes de asilo devueltas a México han sido sometidos a extorsión, secuestros, abuso sexual u otros tipos de violencia mientras esperaban en ciudades fronterizas mexicanas.

De acuerdo con Meyer, el programa fue criticado por ser ilegal en relación a las obligaciones de Estados Unidos en materia de asilo y por la devolución de personas vulnerables a la frontera mexicana; un lugar donde EE.UU no recomienda que estén sus propios ciudadanos por su peligrosidad. 

El resultado fue la exposición de la población migrante a mayores riesgos. Además se impidió su acceso a asesoría legal, lo que disminuyó las posibilidades de conseguir la protección requerida. Muchos solicitantes de asilo abandonaron sus casos por falta de recursos para sostenerse en estos cinturones fronterizos, donde muchos viven en campamentos precarios e insalubres. 

Fruto de este acuerdo, el enfoque “de brazos abiertos en materia migratoria” de López Obrador dio un giro hacia la detención y la deportación. Unido a esto, el programa de visas humanitarias, que se había puesto en marcha por la crisis migratoria centroamericana de 2018 y que permitía la inserción productiva de los migrantes, en la práctica quedó casi suspendido.

Otro de los acuerdos de cooperación fue el conocido como Tercer País Seguro, firmado por Guatemala y EE.UU. en 2019. Daba la posibilidad a Estados Unidos de deportar a este país a solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y otras nacionalidades e inducirles a que, o bien, solicitaran el asilo al estado guatemalteco o retornaran a sus países de origen. Este protocolo fue criticado por “ilegal”, al vulnerar el derecho internacional en materia de refugio recogido en La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951  y en la Declaración de Cartagena en 1984, que reconocen el derecho a solicitar el asilo en el territorio en el que el migrante se encuentre presencialmente.

“La externalización siempre opera de dos lados, no solo es Estados Unidos quien externaliza sus fronteras; los países aceptan esas condiciones y las adaptan localmente. Aunque la negociación entre EE.UU. y los demás países latinoamericanos es desigual, no quita que los gobiernos centroamericanos y México garanticen los derechos humanos de los migrantes”, explica Álvarez.

Cambio de rumbo en la Casa Blanca

El día que Biden tomó posesión, firmó 17 decretos y casi la mitad fueron en materia migratoria. Entre ellas, se anunció la reanudación del programa DACA que regularía a los hijos de los migrantes que llegaron a EEUU siendo pequeños y que, junto a otras situaciones, podría beneficiar a unas 11 millones de personas indocumentadas. 

También paralizó las nuevas inscripciones al programa “Quédate en México” y suspendió las deportaciones por 100 días. Levantó la restricción migratoria para países árabes y suspendió la construcción del famoso muro, que se inició en 1994 bajo la gestión de Bill Clinton y que fue uno de los propósitos más enérgicos de Trump durante su mandato.

Junto a estos compromisos, envió al Congreso una reforma migratoria cuyos pilares serán la modernización de las fronteras, la cooperación con la región centroamericana y México, mantener a las familias unidas y brindar asilo a aquellos que lo necesiten, según anunció su jefa de prensa. 

Los organismos de derechos humanos vieron con buenos ojos los primeros pasos de Biden, aunque advierten que la mayoría de las medidas benefician a los que ya viven en EEUU. Además, entienden que los cambios podrían dilatarse, sobre todo para los miles de migrantes que siguen en situación de emergencia en las ciudades fronterizas mexicanas.

Álvarez va más allá, para la investigadora, estamos atravesando crisis profundas que necesitan soluciones más creativas. “Los modelos legislativos que utilizan los estados son del siglo pasado y están condenados al fracaso, ya no funcionan las legislaciones que excluyen a los no nacionales. Desde los 70, la movilidad humana sólo va en aumento”.

“Junto a la crisis del covid-19; la precariedad, la desigualdad y el cambio climático nos harán atestiguar más caravanas migrantes, cuya resistencia a los muros que les interponen será la marcha que ponen en sus pies, agarrándose de las pocas certezas que tienen, la solidaridad de sus cuerpos en movimiento”.