El confinamiento y sus derivadas han obligado a las administraciones y las empresas a digitalizarse por la vía rápida. En la mayoría de centros educativos y universidades, el profesorado ha participado del sálvese quien pueda con sus propios recursos, aunando tecnología, creatividad y muy buena voluntad. Es pronto para evaluar el impacto entre los estudiantes de esta respuesta precaria. Pero desde el sector universitario observamos con inquietud el bajo nivel de adaptación de los contenidos textuales y audiovisuales a la realidad digital, que, recordemos, era previa a la covid-19. 

Hay numerosos indicadores que animan a una apuesta decidida por la digitalización de contenidos, más allá de la evidencia del éxito de las plataformas de streaming musical o audiovisual. La plataforma de préstamo digital de las bibliotecas públicas, eBiblio, llegará sin duda al millón de usuarios, pese a su escasa promoción y a sus muchos defectos. Además, el crecimiento del e-book en español fue del 12,5 % en 2019 respecto al año anterior, y en 2020 ha abanderado la resistencia de las editoriales ante la pandemia. La celebrada rebaja al 4 % del IVA para contenidos digitales, que acaba de cumplir un año, debería conseguir que el sector editorial ajuste sus precios para llegar a nuevos nichos de mercado. Un informe del estadounidense National Endowment for the Arts señalaba en marzo pasado que en ese país solo los mayores de 65 años se declaran lectores únicamente de libros impresos. El resto combina libro impreso, libro digital, audiolibro y otros formatos, en lo que se consideran fórmulas de lectura perfectamente asimilables a la tradicional. Esa realidad no es muy diferente de la nuestra. 

La celebrada rebaja al 4 % del IVA para contenidos digitales debería conseguir que el sector editorial ajuste sus precios para llegar a nuevos nichos de mercado

Y, sin embargo, en las universidades es imposible compartir con los estudiantes los poemas de Pedro Salinas en una buena edición, o muy difícil facilitar acceso a un tratado de jurisprudencia local, actualizado y en e-book, para los estudiantes de Derecho. O, imaginen, disponer de versiones digitales de la mayoría de libros publicados por administraciones públicas. Es complejo y caro dar acceso concurrente a la prensa generalista en versión digital. En pleno siglo XXI, los estudiantes de Psicología deben consultar los test psicológicos en manoseado papel, en vez de recurrir a las contrastadas técnicas de la industria del videojuego. Si miramos al audiovisual, cualquier colegio tiene muy complicado obtener una copia legal de la maravillosa y galardonada película Camino a la escuela (2013), o transmitir en un aula de Historia nuestra próxima maravillosa candidata al Óscar, La trinchera infinita (2019). Por no hablar de la dificultad para poder acceder a audiolibros por parte de las personas con discapacidad visual o de otra índole, o de las personas que simplemente quieren escuchar un relato mientras conducen o pasean.

Aquí la principal resistencia está vinculada a la piratería: las descargas ilegales. Son el terror de nuestra industria de contenidos, ahora y siempre. Pero sin contenidos en plataformas digitales, a unos precios y condiciones de acceso asequibles, difícilmente el consumo va a ser legal, ni siquiera con una legislación del siglo XXI, que tampoco es el caso. La solución no puede ser solo policial. El reciente informe de percepción de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE muestra que el 89 % de los europeos prefiere acceder a contenidos o descargarlos de fuentes legales, siempre que exista una opción legal asequible. Entonces, ¿el problema está en la descarga ilegal, o en que la distribución existente no da respuesta a las necesidades de personas que quieren consumir estos contenidos? Para las bibliotecas y los centros educativos, hay una diferencia abismal entre la demanda de contenidos digitales y la oferta: ese es el problema. 

Los argumentos contrarios a la digitalización tienen respuesta en el informe Nora-Minc: la tecnología no es buena ni mala, depende del ecosistema en que se inserte

A menudo, las voces resistentes a una mayor digitalización de estos contenidos esgrimen razones de peso. El lúcido escritor y crítico Jorge Carrión ha realizado una inspirada defensa del contexto analógico en The New York Times. Otro de nuestros referentes, Enrique Vila-Matas, ha alertado en Dublinesca de la pérdida de la capacidad de realizar lecturas literarias a fondo, como símbolo de la estupidez mundial de nuestro tiempo. Pocos años antes, el filósofo francés Paul Virilio se anticipó al asimilar el cibermundo a la política de lo peor. Pero como nos ha recordado el historiador británico Orlando Figes en su imperdible Los europeos, a principios del siglo XIX hacer libros era una tarea artesanal, y el limitado tamaño del mercado hacía que los editores fueran reacios a correr riesgos comerciales para llegar a nuevos públicos, máxime por las reimpresiones piratas que asaltaban a cualquier novedad exitosa. La demanda de libros baratos, insiste Figes, fue resultado del aumento de la alfabetización de la población. Sean científicos o sean románticos, los argumentos contrarios a la digitalización tienen respuesta en el célebre informe Nora-Minc: la tecnología no es buena ni mala; todo depende del ecosistema en que se inserte.  

Y en nuestro ecosistema social y cultural, y especialmente en el educativo, la demanda de recursos textuales y audiovisuales en formato digital es un clamor: el profesorado quiere poder publicar en sus aulas libros y películas; los estudiantes agradecen que sus contenidos pedagógicos tengan en cuenta su tiempo, su necesidad de acceso y sus preferencias de consumo, que básicamente apuntan a la combinación de texto, de producción audiovisual y de formatos híbridos de calidad; la industria editorial, al igual que el sector audiovisual, persigue su sostenibilidad económica y si es posible su crecimiento vía internacionalización, en que la oferta digital puede servir de acceso a nuevos mercados y nuevos públicos; por la misma razón, las personas que crean estos contenidos o participan en ellos quieren poder vivir dignamente de los ingresos que se generen, para poder seguir creando, escribiendo, componiendo o interpretando con libertad.  

El acceso legal a libros y películas debe poder realizarse en los centros educativos, vía tarifa plana o excepción para la enseñanza

Más allá del uso doméstico, las escuelas, los institutos, las universidades y las bibliotecas, acostumbrados a poner a disposición de su comunidad libros, revistas, películas y cualquier otro documento susceptible de facilitar información, de provocar goce intelectual o de provocar la inspiración para nuevas ideas culturales o científicas, hallan serias dificultades para mantener esa exigencia, en el entorno digital. Estos nodos de conocimiento quieren poner contenidos editoriales y audiovisuales a disposición de su comunidad, con valor añadido y en condiciones óptimas. Quieren hacerlo de manera legal, a un precio justo y con una experiencia de lectura o de visionado que sea de calidad, incluyendo la audiolectura. La participación en plataformas de distribución es imprescindible. La simultaneidad es una característica propia del formato digital, que abarata los procesos de producción y logística. El acceso legal a libros y películas debe poder realizarse en los centros educativos, vía tarifa plana o excepción para la enseñanza. 

Las universidades deben contribuir a abrir este camino en estrecha colaboración con el sector editorial, audiovisual y multimedia. Con un alto nivel de exigencia de profesores y también de estudiantes, que difícilmente van a aceptar más bustos parlantes ante la pantalla, tienen el deber de hacer evolucionar sus antiguas clases unidireccionales hacia modelos de aprendizaje por competencias, donde el acceso a los contenidos facilite la adquisición de conocimientos. Estos contenidos, convertidos ya en recursos de aprendizaje, tienen que servir al profesorado para que los estudiantes superen los retos educativos y, sobre todo, para que descubran por sí mismos los elementos esenciales de nuestra cultura, el estado de la cuestión de cada disciplina y el abanico de ideas que deben acompañar en la formación de una visión crítica de la sociedad. 

En nuestro ecosistema, con una magnífica producción literaria en diversas lenguas, con una vasta creación audiovisual, en un sector que en España representa más del 3 % del PIB, que empleaba en 2019 a setecientas mil personas, y que nos posiciona en el escenario mundial como pocos otros sectores económicos, debemos procurar la apertura de las puertas simbólicas del campo digital y conseguir que en adelante esa riqueza cultural llegue en condiciones a todos los hogares y a todas las bibliotecas, y en especial a nuestras escuelas, institutos y universidades. 

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Ciro Llueca es director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje y el director ejecutivo de Editorial UOC.