Casi 150.000 menores extranjeros, nada menos que el 20% de los que viven en España, se encuentra en situación administrativa irregular y sufre situaciones de vulnerabilidad y exclusión extremas. Es lo que denuncian Save The Chlidren y la fundación PorCausa en un estudio sobre la infancia migrante de origen extracomunitario que reside en nuestro país. Un grupo de población que afronta importantes problemas para acceder a derechos básicos como la salud, la educación o la justicia, y cuya situación podría verse aún más deteriorada por la crisis del coronavirus. 

Los datos recopilados por ambas organizaciones, que han sido extraídos comparando el padrón municipal con el volumen de permisos de residencia, son aún más preocupantes cuando se atiende a la edad de estos menores ‘sin papeles’: cerca del 38% tienen entre 0 y 4 años de edad, y casi otro 20% se mueve en la franja que va desde los 5 años a los 9. En total, son casi 147.000 los niños nacidos fuera de la Unión Europea los que sufren el desamparo de la legalidad.

Aunque el origen de estos menores es variado y responde a pulsiones migratorias de sobra conocidas en nuestro país, el informe destaca el peso que ha alcanzado la irregularidad entre los niños y las niñas migrantes procedentes de América Latina, que ha vuelto a crecer de forma destacada a partir de 2014 a causa “del rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares”.

Lejos de la caricatura que proponen determinadas formaciones políticas de “una invasión procedente de África y a través de la frontera Sur”, tres de cada cuatro menores ‘sin papeles’ que viven en España tienen origen de países como Colombia, Honduras, Venezuela o Perú, y su tasa de irregularidad roza el 50%. Mientras, el porcentaje solo alcanza el 6% cuando se trata de niños y niñas con origen en África.

Más allá del origen, las consecuencias del desamparo legal son múltiples y de gran intensidad para todos los menores en situación irregular. De partida, la mitad de los hogares de origen extracomunitario con menores a su cargo ya se encuentra en riesgo de pobreza, a lo que hay que sumar los condicionantes propios de la situación administrativa. “La irregularidad multiplica los factores de precariedad y riesgo de pobreza al condenar a estas personas a los empleos más precarios y peor pagados, y al restringir dramáticamente la posibilidad de recibir ayudas públicas”, señala el estudio, que pone como ejemplo las barreras que hacen imposible el acceso a subsidios generales como el Ingreso Mínimo Vital.

Al alto riesgo de exclusión socioeconómica se une, además, la denegación efectiva de numerosos derechos fundamentales, como la salud, la educación o la justicia. Así, y aunque la legislación garantiza el acceso a la escolarización a través del empadronamiento, la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación de Extranjero puede, según el informe, “impedir el acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas y becas”. 

En el caso de la salud, la arbitrariedad –y los mecanismos de exclusión– que estableció el Real Decreto 16/2012 se han seguido registrando incluso después de que la ley fuese derogada: “Los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas no siempre garantizan el acceso a la tarjeta sanitaria, la protección frente a una factura médica que puede tener consecuencias financieras catastróficas o el seguimiento continuado de los pacientes menores de edad en situación administrativa irregular y de sus tratamiento farmacológicos”, dice el documento.

El acceso a la justicia, por su parte, no solo guarda relación con los miedos de la población irregular para denunciar y encontrar protección ante asuntos de gran gravedad como la violencia doméstica o los abusos físicos, sino también con la situación de extraordinaria vulnerabilidad que sufren los menores no acompañados en el país. Desde 2019, España ha sido reconvenida en 14 ocasiones por Comité de Derechos del Niño de la ONU debido a sus prácticas para determinar la edad de los menores migrantes, a lo que hay que sumar las condiciones que se registran en los centros de internamiento.

En último término, el informe también guarda espacio para llamar la atención sobre el impacto que podría suponer la crisis del coronavirus en un grupo de población que ya sufrió con mayor intensidad los efectos de la recesión de 2008 y tiene que soportar importantes niveles de exclusión y abandono en su día a día.

Según los cálculos recogidos en el estudio, el número de migrantes en situación irregular podría aumentar durante los próximos meses en un 42% por la pérdida de empleos y de permisos de residencia, lo que añadiría una capa de cerca de 160.000 personas a la población sin papeles. En el caso de los menores, el estudio estima que habrá hasta 13.000 casos más de rechazo en las solicitudes de protección internacional.