Memoria y justicia en Euskadi. Para cerrar las heridas que permanecen abiertas y avanzar en la convivencia. Sin venganzas ni omisiones. Más de 350 personalidades de todo el Estado han firmado un manifiesto donde instan al Gobierno de coalición a dejar atrás los viejos códigos de excepcionalidad penitenciaria aún vigentes contra los miembros de ETA y a apostar por la profundización en el respeto a los derechos humanos. De todos. También de las personas condenadas por delitos de terrorismo “que continúan cumpliendo penas en centros alejados de sus lugares de origen” pese a que la banda cesó su actividad hace una década y desapareció en 2018. Y para ahondar en esta línea apelan a fórmulas de reconciliación aplicadas con éxito en países sacudidos por violencias aún más espeluznantes que las padecidas en España durante más de medio siglo. 

El texto, titulado “Por un nuevo camino sin retorno”, está firmado por figuras conocidas del mundo del cine como el actor Sergi López y el director de Patria, Aitor Gabilondo, altos funcionarios internacionales como Federico Mayor Zaragoza, políticos como Eduardo Madina, movimientos sociales como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, escritoras, músicos, periodistas, sindicalistas y víctimas del terrorismo tanto de ETA como de los GAL. “No se trata de establecer una equívoca ecuanimidad sobre la violencia en Euskadi sino de reconocer que hoy no existe ninguna razón objetiva para que este tema siga siendo utilizado como arma arrojadiza en la política española. La excepcionalidad del alejamiento se enfrenta a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y a los principios de reeducación, reinserción y resocialización que consagra la propia Constitución”, afirma una de las personas que ha participado en su elaboración. “Lo importante es que el manifiesto ha logrado comprometer a gente de distinta procedencia, profesiones e ideologías alrededor de los derechos humanos”, sentencia.

A pesar de las devastaciones causadas por tantos años de violencia en el País Vasco, Haritz Aranburu y María Jauregi son dos ejemplos de lucidez y entendimiento. Su pasión por la palabra les llevó a romper con los muros del miedo que dividió a la sociedad durante décadas. Haritz es hijo de Eugenio Aranburu ‘Txo’, miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna que se quitó la vida en 1997 antes de ser encarcelado. María es hija de Juan María Jauregi, militante socialista y exgobernador civil de Gipuzkoa que en 2000 fue asesinado en Tolosa por un comando de ETA. Ambos forman parte de lo que algunos ya denominan “primera generación sin violencia” –al no haberla vivido en su etapa adulta–, jóvenes marcados por un pasado traumático que decidieron reencontrarse con su memoria para encarar los abismos que les abrió la historia. Es cierto que ahora que ETA no existe parece todo más fácil pero María y Haritz, que se conocieron en 2018, hablan ahora reunidos por CTXT de la importancia que tiene la reflexión individual para trascender los prejuicios políticos que se han forjado y reforzar la humanidad de cada persona. Con su nombre y su forma de pensar. 

Para Haritz, los derechos humanos están por encima de ideologías y colectivos. “Si hay una cosa que me incomoda es que mi opinión solo tenga validez por lo que he sufrido. Pero el sufrimiento no es lo que nos legitima para poder hablar de todo esto. Lo que de verdad nos legitima es cómo lo hemos procesado y qué hemos sentido individualmente a lo largo del tiempo. Creo que esta tragedia necesita de más humanidad para superarse. Dar a la persona el valor que merece, no por su militancia política. Yo estoy orgulloso de mi padre y no me agrada que se utilice su nombre para añadir más sufrimiento del que ya hay. Lo hacen todos por intereses de partido y eso no contribuye a construir la convivencia”, reflexiona con una serenidad admirable. 

Por su parte, María habla del perdón y afirma que nunca sintió la necesidad de que nadie se lo pidiera aunque dos miembros del comando que asesinó a su padre lo hicieran en su día a título individual. En todo caso, insiste, habría que pedírselo a toda la sociedad “porque además de ETA,  también el gobierno socialista debería hacerlo por su implicación en la guerra sucia del GAL”. Desde el fin del terrorismo, con la disolución de ETA, hace casi tres años, partidos como el PP han venido fomentando una suerte de jerarquía entre las víctimas en función de su adscripción política. Es algo que a María le perturba. Quienes apoyaron los encuentros restaurativos en la cárcel de Nanclares, suspendidos en 2012 por Mariano Rajoy, son tratados de manera diferente. A veces son subestimados con desdén. Como otra condena. 

El último capítulo acaba de escribirlo el diputado popular en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, también víctima del terrorismo, que no ha dudado en escribir en las redes sociales mensajes lacerantes contra la madre de María, Maixabel Lasa, por defender manifiestos como “Por un nuevo camino sin retorno”. Y María, que no se resigna a que el dolor solo pueda escribirse desde la misma óptica, opta por echar el telón de la indiferencia sobre el asunto como la mejor manera de vivir el presente y mirar hacia el futuro con optimismo. “Es que no hay una forma única de ser víctima como tampoco existe uniformidad en el pensamiento político de las víctimas del terrorismo. Es lógico, normal. Lo único que exigimos es respeto por nuestra forma de pensar que, como víctimas que somos, es tan digna como las suyas. Defendemos los derechos humanos para todas las personas y, por supuesto, preservamos la memoria de mi aita (padre, en euskera). Los insultos no merecen la pena comentarlos, pero la mentira sí”, expone con su voz suave y sin un ápice de resentimiento. 

Sin embargo, los renglones de un relato compartido no terminan de enderezarse. A punto de cumplirse el décimo aniversario del “cese definitivo de la actividad armada” por parte de ETA, la asunción del dolor causado continúa navegando por agitadas controversias que marcan el curso de los pasos. Heridas profundas que se reabren con declaraciones como las que pronunció hace unas semanas la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, matizando en una entrevista que la justicia o injusticia de los actos cometidos por la banda “dependerá del relato que cada uno haga” de aquellos brutales años. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre muchos colectivos y muchas víctimas que aún tratan de asimilar el dolor inmenso que les produjo aquella cruenta y estéril lucha. 

Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa se han realizado 158 movimientos, una cifra todavía alejada de los 190 acercamientos que propició el Gobierno de Aznar entre 1998 y 1999 

“La izquierda abertzale sigue tratando de eludir el debate central de su verdadera y sincera autocrítica”, estima Txema Urkijo, asesor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco entre 2006 y 2012 y uno de los impulsores de los encuentros restaurativos en la cárcel alavesa de Nanclares. “Reconocer el dolor causado se ha convertido casi en un formalismo objetivo. Y me  parece muy bien que lo hagan pero hay que exigirles más. A lo mejor deberían decir a las víctimas que ellos tuvieron parte de responsabilidad en su sufrimiento. Creo que ese sería un paso importante pero desligado de las vulneraciones de derechos humanos que el Estado también ha cometido”, sostiene una de las personas que con más firmeza trabajó por el reconocimiento público de todas las víctimas cuando ocupó la Dirección de Derechos Humanos del ejecutivo autonómico. “ETA no debió de existir nunca. Esa es la premisa. Y eso no excluye que un ministro del Interior deba de ir un día a Intxaurrondo para reconocer que también el Estado causó sufrimiento y cometió errores. Que aquello estuvo muy mal y pida perdón. Ya sé que ahora parece ciencia ficción pero…”, apunta Urkijo, que también ha firmado el manifiesto.  “Me parece importante que hoy se estén realizando traslados de presos, independientemente de que hayan firmado o no papeles, de que sean duros o blandos, pero aún queda mucho camino por recorrer”, reconoce.

De los 197 presos de ETA actualmente en prisión, 84 ya cumplen sus condenas en cárceles vascas o en centros penitenciarios limítrofes con Euskadi y Navarra. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se han realizado 158 movimientos, una cifra todavía alejada de los 190 acercamientos que propició el Gobierno de Aznar entre 1998 y 1999 y que misteriosamente han sido suprimidos del discurso oficial del PP cuando ataca la política penitenciaria del ejecutivo de coalición. “Recomponer los puentes que se rompieron durante la etapa violenta va a requerir, en mi opinión, de dos variables. Por un lado, debemos hacer un tratamiento real y acordado en el caso de las víctimas, de todas las víctimas y de todas las violencias que hubo, de tal forma que se deje de utilizar políticamente su dolor. Y en segundo lugar hay que tener muy en cuenta la situación en las cárceles. No solo de los presos sino también de sus familiares, que son los que sufren directamente los largos viajes. Son las dos asignaturas que aún tenemos pendientes para avanzar hacia la deseada convivencia”, certifica Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, la red ciudadana que, desde 2015, trabaja a favor del acercamiento al País Vasco de los presos que siguen encarcelados lejos de sus lugares de origen. 

Artífice de la excarcelación y reinserción de un centenar de miembros de ETA pm en la década de los ochenta, Azkarraga observa con pesadumbre que sigue existiendo una comprensión parcial de los derechos humanos en España. “Denuncian los cometidos por ETA, que numéricamente son los más cuantiosos, pero no los defienden cuando las vulneraciones la ejercen quienes comparten su misma ideología. Me refiero a la violencia de Estado, a los grupos de extrema derecha, grupos antiterroristas, a la Guardia Civil y las torturas que han cometido”, indica. Según cifras aportadas por Sare, además de las 829 víctimas causadas por ETA desde 1975, hay más de 200 muertos y 5.000 casos de tortura detallados que esperan salir del silencio en el que se encuentran relegados. 

El TEDH ya ha condenado al Estado español hasta en 11 ocasiones por no haber investigado de forma “exhaustiva y eficaz” las denuncias por maltrato interpuestas por detenidos. La última, en enero. Es la sexta vez que falla contra una actuación del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional cuando su titular era el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Las torturas han sido una realidad que siempre nos han negado. Nos acusaban de mentir y rápidamente relegaban la cuestión. Los jueces, los políticos y los medios de comunicación. No importaba”, afirma la madre de un expreso que prefiere no ser identificada. Su hijo estuvo cinco años en la cárcel gaditana de Algeciras, tres en Picassent, otros tres en Navalcarnero y concluyó su condena en el centro alavés de Zaballa. Si el objetivo de la política de alejamiento era incrementar la presión sobre el colectivo de presos para debilitar a la banda, la consecuencia ignorada durante sus 31 años de vigencia es que también provoca graves daños a sus familiares. “Para nosotros es algo muy duro. Al principio no eres consciente de los esfuerzos que conlleva hacer desplazamientos tan largos, de 2.000 kilómetros para estar unos minutos con tu hijo, algunos van con niños pequeños, otros con gente mayor. Todos con esa preocupación de la responsabilidad a cuestas. Y sin saber lo que te encontrarías al llegar porque, a veces, nos cambiaban el horario de visita y no nos dejaban entrar. O los cacheos. Luego está la situación de los que están enfermos dentro de la cárcel. Eso siempre me impactó porque veía a sus familiares y no me podía ni imaginar lo que estaban pasando”, admite esta mujer que agradece el apoyo que recibió por parte del colectivo Etxerat, la asociación que agrupa a los familiares de presos, que le ayudó a sobrellevar la soledad y afrontar el trance durante décadas. “No pretendo dar pena a nadie, pero la realidad es que ETA no existe desde hace tres años y seguimos esperando que se cumpla la ley penitenciaria. Que pongan fin a la dispersión y en libertad a aquellos que sufren enfermedades graves”, sentencia.  

Entre la incomprensión y la culpa suele filtrarse siempre una herramienta que a veces pasa desapercibida para edificar el futuro: el poder de la cultura. Con ella se acotan las divergencias porque abre las miradas. “Es un instrumento maravilloso para seguir haciendo pedagogía y reencontrarse en el País Vasco”, asegura el cineasta Aitor Merino, cuya firma es una de las que encabeza el manifiesto. Merino destaca la importancia del texto por tratarse de una iniciativa abierta a todos los ciudadanos del país y porque reduce espacios a la desmemoria que siempre ha acompañado a un conflicto encorsetado por el relativismo y la revancha. Y sabe de lo que habla. Él fue de los primeros en reclamar un debate profundo sobre las violencias practicadas en el País Vasco en los años del plomo y sufrió el cierre de filas decretado contra todo aquello que retratara algo de humanidad en el mundo abertzale. En septiembre de 2013, dos años después de que ETA anunciara su alto el fuego definitivo, estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián Asier eta biok (Asier y yo), un documental sobre su vieja amistad con el exmilitante de ETA Asier Aranguren. Una historia personal tratada a flor de piel, con la humanidad que soportan hasta las contradicciones. 

Y tuvo que mover el cielo y la tierra para que la cinta no desapareciera de las carteleras tras una campaña mediática corrosiva contra él pero, sobre todo, contra los responsables del certamen donostiarra por proyectarla. “Los amigos de ETA llegan a los cines”, tituló el diario La Razón. “Un premio en casa de Bildu”, sentenció el rotativo, hilando la inmoralidad de su contenido, un relato íntimo que al diario le pareció una herejía deleznable, con supuestas presiones políticas para su exhibición. “A raíz de esto, nos cerraron muchas puertas por la temática y el enfoque de la película. Tuvimos problemas para encontrar distribuidores fuera del País Vasco y de Catalunya. Hubo llamadas del Ministerio de Asuntos Exteriores a la organización del Smithsonian Folklife Festival de Washington DC para que en la edición de 2016 no lo programaran, algo que afortunadamente no sucedió”, recuerda. Algunas voces reconocen que este comportamiento no fue una excepción durante los tiempos de ETA. Muchos no olvidan la polémica que causó la inmersión en este conflicto de Julio Medem con su documental La pelota vasca, la piel contra la piedra. Lo más suave que le dispensaron sus más acerados críticos fue el de ser cómplice de uno de los grupos terroristas más sanguinarios del planeta. 

– “Hay cosas a las que no se pueden poner palabras”

– “Sí, tener una hija”

– “Que asesinen a tu madre”

– “Verla nacer, abrazarla”

–“Querer abrazarla y no poder”

Este diálogo es un fragmento de Rescoldos de paz y violencia. Trilogía sobre la violencia y el proceso de paz en el País Vasco, la conmovedora obra teatral donde María San Miguel aborda de forma descarnada el difícil reto de la reconstrucción de las almas rotas en Euskadi. El espectáculo se vuelve, por momentos, demoledor. Acaso porque encara sin anestesia un pedazo de la verdad que dejó aquel desastre, con sus luces y sus sombras. Y lo hace de la única manera posible: con dos actores frente al público, dos discursos irreconciliables sobre la pérdida de un padre a manos de los GAL y de una madre a manos de ETA, y la búsqueda de una puerta de salida. María San Miguel asegura que su vida “también está marcada por la actividad terrorista y la violencia practicada en el País Vasco”. 

Aunque pueda parecer un desafío para una vallisoletana de 35 años, las tres piezas de esta obra son fruto de la comprensión que le proporcionaron diez años de investigación y entrevistas. “Hay un deseo de olvido. Todo lo que nos pilla lejos y ya ha pasado es como si no importara ya. Pero sin memoria no podemos avanzar. Y usar a ETA por fines políticos contribuye a la desmemoria porque crea una verdad peligrosa. Estamos generando una sociedad cada vez más punitiva como elemento vertebrador en lugar de educar en cultura de paz y derechos, que es nuestro deber como sociedad, incluso a aquellos que vulneraron los derechos humanos”, afirma San Miguel. “Y por eso también he firmado el manifiesto”, remacha. 

La herida que dejó el terrorismo y la violencia no se ha cerrado todavía. La cuestión que se plantea ahora, como dice la escritora Edurne Portela, es qué tipo de cicatriz dejará. En la piel de la sociedad vasca y en la de todas las personas que sufrieron. “Si realmente hablamos de una reparación justa, de avanzar hacia una verdadera convivencia, todos debemos ser parte de ese diálogo. En igualdad de reconocimiento y de derechos. La discusión ética sobre la deslegitimación de la violencia es una cosa distinta a la legalidad o no de ciertas medidas penitenciarias excepcionales que se siguen aplicando. Es que hoy ni siquiera tiene un marco donde sostenerse”, alega la autora de El eco de los disparos, un ensayo brutal sobre la violencia de ETA y sus secuelas escrito cinco años después del cese definitivo de la lucha armada. “En todos estos años se ha producido un progreso en el debate público en Euskadi, pero en el resto del Estado no se habla de este asunto y si lo hacen es en la lógica de la beligerancia, del contigo o contra ti, sin aceptar que hay muchos matices en esta historia”, explica. En todo caso, añade Portela, si algo le ha sorprendido del manifiesto es encontrar firmas reconocidas, además de la suya, que hasta ahora no han sido participes de este debate. “Que gente como Aitor Gabilondo, que acaba de dirigir una serie como Patria, y otras muchas personas se hayan sumado a esta iniciativa indica que hay un intento en todo el país por normalizar estos temas y perder el miedo a que puedan joder tu carrera”, concluye.