Cerca del 77% de las universidades de España incumple alguno de los requisitos que exige la legislación que regula los centros de enseñanza superior. Esto es lo que denuncia un informe del Observatorio del Sistema Universitario. En números absolutos, este porcentaje significa que solo 18 de las 81 universidades –públicas y privadas– que hay en nuestro país cubren por completo las exigencias mínimas para la creación y el reconocimiento de centros universitarios.

Si bien el incumplimiento de la normativa es generalizado y se extiende por la mayoría de universidades, el informe del Observatorio identifica mayores deficiencias en los centros privados de nuestro país, ya que apenas tres de las 18 universidades que cumplen todas las exigencias recogidas en la legislación son centros de titularidad privada.

El documento también subraya los fuertes contrastes que existen entre las comunidades autónomas y sus administraciones educativas. Cataluña, donde ninguna de sus 12 universidades alcanza las exigencias mínimas, y Madrid, con solo uno de  sus 14 centros calificado positivamente, encabezan la lista de regiones con mayor incumplimiento de la normativa.

En Cataluña ninguna de las 12 universidades alcanza las exigencias mínimas y en Madrid solo uno de sus 14 centros es calificado positivamente

En el extremo contrario, las universidades de Galicia (3), Asturias (1) y Extremadura (1),  todas públicas, cumplen las exigencias. Entre ellas, una oferta de titulación suficiente –algo que satisfacen todas las universidades del país–; una ratio mínima entre profesorado y estudiantado; o unos porcentajes mínimos de personal docente e investigador a tiempo completo y permanente.

Para elaborar esta evaluación, el informe, firmado por la investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya Vera Sacristán, se basa tanto en el Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades, aprobado en 2015 y actualmente en vigor, como en el nuevo proyecto legislativo que está preparando el ministerio de Universidades y que añade nuevos requisitos en materia de oferta docente y de actividad investigadora y que se espera que sea aprobado en las próximas semanas.

Si se atiende a los criterios futuros, la situación de las universidades se vuelve aún más preocupante, ya que el número de centros que cumpliría con todos los requisitos bajaría de 18 a 12, todas ellas públicas. Si a esto se le añaden las exigencias que se aplican sobre los centros adscritos, apenas cuatro de las 81 universidades del país alcanzarían los baremos de la normativa que se están discutiendo.

En cualquier caso, el informe asegura que muchos de los requisitos que ya se exigen a los centros universitarios de nuestro país llevan existiendo desde hace tiempo, incluso décadas. Es el caso, por ejemplo, de los ratios de temporalidad entre el profesorado, que “a pesar de estar vigente para las universidades públicas desde 2007, se está incumpliendo masivamente y de manera sistemática”.

Así, dos de cada tres universidades públicas tiene a más del 40% –máximo establecido en la ley– de su personal docente e investigador en situación de temporalidad. En el caso de las universidades privadas, que con la nueva norma estarán sujetas a estos ratios, esto sucede en cuatro de cada diez.

Dos de cada tres universidades públicas tiene a más del 40% de su personal docente e investigador en situación de temporalidad

Además de la temporalidad, la situación del personal universitario también se mide a través del ratio profesor/alumno, el porcentaje de personal docente e investigador con título de doctorado o el que trabaja a tiempo completo. Si bien estos últimos baremos suelen cumplirse en muchas universidades –especialmente en las públicas–, el documento asegura que, si se toman en conjunto, “el 78% de las universidades no cumple algunos de los requisitos vigentes en cuanto a las plantillas de personal docente e investigador. Por tipologías, incumple el 69% de las públicas y el 91% de las privadas”.

El informe advierte además que la mitad de las 33 universidades privadas existentes no alcanzarán el mínimo de programas de doctorado exigidos en la normativa que prepara el ministerio de Manuel Castells. Una situación que no extraña si se tiene en cuenta que, en este momento, ocho de estos centros privados no ofrecen ningún tipo de programa de doctorado.

El Observatorio del Sistema Universitario, una plataforma formada por profesores, estudiantes y personal de las cuatro universidades públicas de Cataluña, lleva desde el año 2012 examinando el estado del sistema universitario de nuestro país. Ha publicado durante los últimos años informes sobre los precios públicos de las matrículas y el coste de estudiar en España y la UE, la situación del profesorado asociado o los desequilibrios en la financiación de los centros, entre otras cuestiones.