El 16 de octubre de 2020 un profesor de secundaria de un instituto en un tranquilo pueblo de la periferia parisina, Samuel Paty, era brutalmente asesinado por un musulmán checheno radicalizado. En un país particularmente traumatizado por el terrorismo islamista desde 2015, este nuevo asesinato ha reavivado viejas polémicas, no solamente en lo que respecta a la confusión entre Islam e islamismo, sino también a la propia manera de entender y explicar las causas de estos acontecimientos. La respuesta inmediata por parte del presidente de la República, Emmanuel Macron, ha sido prometer una ley “contra el separatismo” que para muchos coarta gravemente la libertad de culto de la población musulmana. Pero además, como en 2015, la polémica ha enfrentado al gobierno con determinados sectores universitarios, en particular con representantes de disciplinas que tratan de pensar y analizar las discriminaciones en la sociedad francesa desde parámetros sociológicos de clase, género y raza, más concretamente los denominados “estudios interseccionales”, que en un totum revolutum junto con los estudios postcoloniales, decoloniales y de género son periódicamente acusados en Francia de favorecer una fragmentación de la sociedad francesa. Los intentos de las ciencias sociales de profundizar en las causas de la radicalización de una minoría de la población musulmana y de poner en relación dicha radicalización con parámetros sociológicos, como la clase social o el origen étnico, y con las discriminaciones aparejadas a estos, han sido acusadas desde el propio Gobierno de “hacer el juego” del islamismo, de justificarlo, cuando no de legitimarlo. Y esto en un país en el que, contrariamente a España, las polémicas universitarias trascienden rápidamente a la opinión pública y tienen una decisiva influencia en los debates políticos.

La desconfianza entre los gobernantes franceses y determinados sectores universitarios viene de lejos. En 2015, el entonces primer ministro Manuel Valls apartaba de un revés cualquier intento de explicación sociológica de las causas de los atentados afirmando estar “(…) harto de los que buscan permanentemente excusas o explicaciones culturales o sociológicas a lo que ha pasado. (…) No puede haber ninguna explicación que valga. Puesto que explicar ya es un poco querer excusar”. Declaraciones que, por su antiintelectualismo declarado (un antiintelectualismo que seduce a una parte de la sociedad francesa y es la marca de fábrica del discurso de la extrema derecha) suscitaron criticas acerbas de muchos investigadores, que se vieron en el deber de precisarle que explicar las causas de un fenómeno es una de las principales premisas para encontrar soluciones eficaces. Tras el asesinato de Samuel Paty ha sido el turno del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, de realizar acusaciones mucho más concretas: “Hay un combate que debemos llevar a cabo contra una matriz intelectual venida de las universidades americanas y de las tesis interseccionales, que quieren esencializar las comunidades y las identidades, en las antípodas de nuestro modelo republicano, que por su parte postula la igualdad entre los seres humanos, independientemente de sus características de origen, de sexo, de religión. Es el caldo de cultivo de una fragmentación de nuestra sociedad y de una visión del mundo que converge con los intereses de los islamistas. Esta realidad ha gangrenado en particular una parte no desdeñable de las ciencias sociales francesas”.

Pasemos por alto la mala fe de un ministro que proviene de las ciencias sociales (catedrático de universidad, es especialista en ciencias políticas y en derecho público) y que siembra la confusión entre un fenómeno social y su estudio, entre una construcción jurídica y la observación de la realidad social. La gravísima acusación contra una parte de la investigación francesa no pasó desapercibida y provocó una gran polémica en las universidades y en los medios. El Gobierno, y en particular la ministra de Educación Superior e Investigación, Frédérique Vidal, matizaron las declaraciones del ministro. Sin embargo, a la mecha solo le faltaba una chispa para estallar. Y esa chispa la ha puesto la propia ministra de Educación Superior declarando el 14 de febrero en la cadena CNews (de orientación política similar a la americana Fox News) que, en efecto, el “islamoizquierdismo” gangrenaba una parte de la sociedad y de la universidad francesas, y declarando que iba a pedir al CNRS (equivalente del CSIC español) una investigación para discernir qué, en los saberes producidos y enseñados en la universidad francesa, era fruto de la ciencia y qué de la militancia o de la ideología. El escándalo ha sido de tal magnitud en las filas de los universitarios, ante la amenaza de una injerencia del gobierno en las libertades académicas, que la propia Conferencia de Rectores (que no es precisamente conocida por su izquierdismo) ha publicado un comunicado pidiendo aclaraciones a la ministra y declarando que “no se puede decir n’importe quoi” (que se podría traducir por “tonterías”). El CNRS, por su parte, ha emitido otro comunicado declarando que no es su función inspeccionar lo que se produce en las universidades (existen otras instancias para ello, en particular el HCERES, equivalente de la ANECA en España) y que “islamoizquierdismo” no corresponde a ninguna realidad científica conocida. Sin embargo, el mal está hecho: una parte de la sociedad francesa, bombardeada por los medios de comunicación, piensa que en las universidades francesas hay un nido de intelectuales de izquierdas complacientes con el islamismo político y que proporcionan a éste una justificación intelectual.

Detrás de la polémica sobre el “islamoizquierdismo” hay dos elementos extremadamente preocupantes. Uno de ellos, el más evidente, es el intento de domesticación por parte del poder político de una parte de los universitarios e intelectuales franceses, cuando no de la institución universitaria en sí misma. Esta polémica tiene lugar en un momento significativo de la evolución de la enseñanza superior en Francia: el de la aprobación de una ley extremadamente impopular entre los universitarios, la llamada “Ley de programación de la investigación” que, en la práctica, supone una pérdida de la autonomía de los investigadores y una sumisión de los objetos de investigación a intereses marcados por la agenda política. Esta ley, llevada adelante por Frédérique Vidal sin concertación y con la oposición de la mayoría de la comunidad científica, ha sido aprobada en el Parlamento en plena crisis de la Covid-19. 

Una parte de la sociedad, bombardeada por los medios, piensa que en la universidades hay un nido de intelectuales de izquierdas complacientes con el islamismo 

En este contexto, encender la polémica del “islamoizquierdismo” supone una maniobra de distracción con respecto a las fuertes oposiciones que esta ley ha encontrado en la comunidad universitaria. Como también es una distracción con respecto a la errática gestión de la crisis de la Covid-19 por parte de la ministra, que se ha caracterizado por su falta de directivas claras, órdenes contradictorias que han llevado a diferentes cambios de estrategia casi de una semana para otra y falta de previsión para paliar las dificultades materiales de los estudiantes confinados. Y todo ello como corolario a varios años de reformas aceleradas que han modificado profundamente el paisaje de la universidad francesa y que, si bien han favorecido la emergencia de grandes polos universitarios, lo han hecho a costa de un empobrecimiento generalizado de las universidades.

Así, las declaraciones de la ministra añaden una capa más al sentimiento de precarización y desclasamiento de muchos universitarios: la de una amenaza a las libertades académicas. Y no hace falta recordar que dicha amenaza ha sido uno de los primeros signos anunciadores del deslizamiento de ciertas democracias hacia regímenes iliberales, como lo muestran los casos de la Hungría de Orbán o la Turquía de Erdögan. Evidentemente, la historia democrática de Francia es mucho más sólida que la de los dos países citados, pero ello no ha impedido que las declaraciones de la ministra despierten ecos inquietantes en universitarios exiliados en Francia, como la socióloga turca Pinar Selek que, en una carta abierta a la ministra, declaraba estar viviendo una “terrible pesadilla” y le recordaba el duro precio que tuvo que pagar por la defensa de la autonomía de la producción científica.

La otra cuestión, aún más preocupante, que se esconde tras la polémica sobre el “islamoizquierdismo” es la posibilidad de que el gobierno del presidente Macron haya decidido adoptar una estrategia de seducción del electorado de la extrema derecha, “pescando” en sus aguas retóricas e ideológicas. El concepto mismo de “islamoizquierdismo”, que recuerda al “judeobolchevismo” movilizado en los años treinta, se expande en Francia principalmente a través del trabajo de varios intelectuales de tendencia conservadora que apuntan a una complacencia de cierta clase política e intelectual con las derivas más radicales del islamismo político, un tema de predilección de la extrema derecha.  Es cierto que en el pasado ciertas tendencias de la izquierda, principalmente la izquierda altermondialista, pudieron ver en el islamismo un “aliado” en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Sin embargo, como señalaba recientemente al periódico Le Monde el sociólogo Raphaël Liogier, “hay una incongruencia en el hecho de que la expresión se generalice en el mismo momento en el que ningún intelectual, de izquierdas o no, está fascinado por el islamismo”. Más que designar un fenómeno real, “islamoizquierdismo” parece encarnar una serie de fantasmas y miedos sobre los cuales surfean los políticos en busca de rédito electoral, como el fantasma del “gran reemplazo” postulado por el ideólogo de extrema derecha Renaud Camus, según el cual la población blanca europea estaría siendo reemplazada por hordas de inmigrantes prolíficos, o la visión de pesadilla que el escritor Michel Houellebecq, otro representante de los acusadores del “islamoizquierdismo”, reflejaba en su novela Sumisión: la de una Francia, y muy particularmente su universidad, sometida a los dictados del islamismo político. 

Las consecuencias de las declaraciones de la ministra no se han hecho esperar demasiado. El 21 de febrero, una página web de extrema derecha publicaba los nombres de los 600 universitarios que, un día antes, habían firmado un documento publicado en Le Monde pidiendo la dimisión de la ministra, calificándolos de “cómplices del Islam radical que pudren la universidad y Francia”. Varias universidades, como Toulouse o Paris 8 (uno de cuyos profesores, Eric Fassin, lleva años recibiendo amenazas de muerte) han denunciado los hechos y proporcionado protección jurídica a sus profesores. Pero en realidad, si bien algunos intelectuales se sienten amenazados por la polémica, sus víctimas más directas son probablemente otras: las poblaciones discriminadas que son el objeto de los tan denostados estudios interseccionales y postcoloniales, y que, ironías del destino, son justamente las que se han servido históricamente de la universidad como ascensor social. Hay que recordar que en Francia el sistema de enseñanza superior es doble y que las élites se educan prioritariamente en las muy selectivas (y frecuentemente muy caras) Grandes Ecoles: de hecho, muy pocos miembros de la clase política han puesto un pie en una universidad (aunque, paradójicamente, no es el caso de los dos ministros citados aquí, ambos catedráticos de universidad). Las universidades, por su parte, acogen mayoritariamente a una población de origen popular y a menudo pertenecientes a una segunda o tercera generación de origen inmigrante. Las polémicas en torno al “islamoizquierdismo”, al apuntar a la vez a estas poblaciones y a la institución que significa a menudo su única posibilidad de promoción social, no hacen sino confortar el elitismo que gangrena a una parte de la clase política francesa.

------------------------

Mercedes Yusta es Catedrática de la Université Paris 8.