“Manuela, justicia y esperanza”, clamaba una de las pancartas en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en el centro de San Salvador.

Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, bajo nivel educativo, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales que terminaron en un aborto espontáneo. Así comenzó su pesadilla. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad que, según la familia, ya daba señales años antes y para la que no tuvo atención médica adecuada durante su encarcelamiento.

Acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, la familia de Manuela inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que sufrió vulneración de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.

En los últimos 20 años, 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina. 

En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación por el caso de Manuela. Siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud. 

Para los grupos feministas y de derechos humanos la noticia es muy importante. “Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

El Salvador que castiga a las mujeres

El Salvador contaba con un sistema que impedía el aborto, aunque con algunas excepciones. Pero, en 1998 entró en vigor una reforma del Código Penal que lo prohibió por completo. Un año más tarde, además se modificó la Constitución con objeto de reconocer como persona “a todo ser humano desde el momento de la concepción”. Estos cambios han provocado una fuerte criminalización. 

“Cualquier mujer que acceda a un aborto o que simplemente tenga una pérdida natural de un embarazo se convierte en una posible criminal”, denuncia Ávila. El aborto inducido está  penado entre dos y ocho años –las condenas para los profesionales de salud varían entre los seis y ocho años–, pero en muchos casos las sentencias judiciales lo consideran como “homicidio agravado” –hasta 50 años de prisión– en abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo. 

“Incluso existen casos en los que las mujeres tienen complicaciones obstétricas en etapas avanzadas, pero al acudir al hospital el bebé nace vivo, y aun así se las condena con hasta 15 años de prisión por tentativa de homicidio”, explica Morena Herrera, una de las principales referentes del movimiento por la despenalización del aborto en El Salvador.

Herrera cuenta que lo que ocurre es que los médicos, el personal sanitario y los trabajadores sociales son los que denuncian a las mujeres que llegan al hospital con emergencias obstétricas. “Existe mucha presión hacia el personal sanitario para que denuncien, si no lo hacen les pueden acusar por complicidad”.

“Muchas veces, los doctores, en vez de brindar la atención que necesitan, interponen una denuncia como primera reacción. Algunas por el temor de ser demandadas no acuden al centro sanitario, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte materna por hemorragias e infecciones”, suma Ávila.

El suicidio de mujeres jóvenes embarazadas es una de las peores consecuencias que tiene la penalización del embarazo en El Salvador. En el año 2009, el suicidio era la segunda causa de muerte en chicas adolescentes, tasa que se fue reduciendo a lo largo de los años. El resultado de la violencia y la criminalización es un elevado número de adolescentes, que cursando embarazos, muchas veces forzados, terminan quitándose la vida por el miedo de ir a prisión.

El Salvador es también uno de los países con más violencia sexual de América Latina y del mundo: se estima que cada 4 horas se produce una violación. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) calculó que en 2017 se registraron 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día. 

Conquistas del movimiento feminista

Primero se conoció el caso de “Las 17”  –17 mujeres encarceladas con penas de hasta 40 –. Las organizaciones feministas del país iniciaron una gran campaña para pedir su liberación y se encontraron que la prisión de mujeres por motivos relacionados con abortos era más habitual de lo que creían. Según cuenta Ávila, que participó en este proceso, muchas presas mantenían en secreto su historia por el estigma que supone, pero a medida que los colectivos feministas estaban más presentes, se animaron a compartir lo que les ocurrió. Gracias a esto, se llegó a documentar más de 180 casos, la mayoría con penas de entre 15 y 30 años de prisión por pérdidas espontáneas del embarazo y por aborto.

Con el paso de los años, y gracias a la labor de algunas organizaciones, muchas de ellas fueron indultadas o se redujo su condena. “La liberación y la reducción de condenas ha sido uno de los grandes logros, que se ha conseguido encarando un sistema opresor donde la Fiscalía, la policía, el hospital están en contra de las mujeres”, afirma Ávila. 

Pero aún quedan 18 mujeres que siguen en prisión con penas de entre 30 y 35 años y la criminalización continúa, según la activista: “Sólo el año pasado nuestra organización acompañó el caso de 10 mujeres condenadas a cárcel por sucesos relacionados con aborto y que enfrentaron procesos judiciales injustos”, comenta Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto del país.

La promesa

En la cárcel cualquier ocasión era buena para reunirse y soñar con la libertad detrás de los barrotes. Teodora Vásquez, que tuvo que dejar a un niño de 3 años y asumir la pérdida de su bebé por un aborto espontáneo y entrar presa por este suceso, conoció en prisión a varias mujeres con realidades parecidas a la suya. Con decenas de años por delante, la promesa para el día de después de quedar libre era la misma: liberar a las demás compañeras. “Entablamos una relación bien fuerte con otras presas e hicimos un pacto que consistía en excarcelar a todas las mujeres”, cuenta Vásquez.

En el 2015, cuando fue indultada, empezó a participar en los movimientos feministas y en las campañas de liberación de otras presas. Según cuenta Teodora, en el Salvador se castiga la pobreza y la falta de educación. “La justicia sólo castiga a las que no tenemos recursos. Hay un estigma muy fuerte de las mujeres pobres, quebrantan con facilidad nuestros derechos”, comenta.

Morena Herrera afirma que no ha habido ningún caso de mujeres de clase media y alta que hayan sido acusadas o condenadas por una emergencia obstétrica. “El perfil que hemos encontrado es muy específico, las mujeres que están en prisión son jóvenes, con bajo nivel educativo, pobres y con abortos espontáneos en etapas avanzadas del embarazo”, explica Herrera.

De la cárcel, las mujeres pobres salen con peores expectativas económicas, recrudeciéndose el ciclo de la violencia y discriminación. En palabras de Vásquez: “Una entra pobre a la cárcel porque no tiene recursos para defenderse y sale sin nada, con los lazos familiares truncados, con muchas incertidumbres, no se sabe cómo le va a ir a una”. Aún así, ella encontró abrigo en otras compañeras, buscó la forma de salir adelante y encontrar fuerzas en conquistas como la demanda contra el estado salvadoreño por el caso de Manuela.

“Estamos en un momento emblemático porque El Salvador tendrá que responder por todos los daños ocasionados en el caso de Manuela y brindar justicia a todas las mujeres que hemos sufrido situaciones similares”, concluye Teodora Vásquez, que pasó 10 años en la cárcel injustamente.

Esta también es la expectativa de las agrupaciones feministas: “Nosotras esperamos que la sentencia del CIDH genere medidas de reparación integral para su familia, que se impulsen medidas de no repetición como la transformación de las leyes que actualmente están generando discriminación, además de garantizar el secreto profesional, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que casos como el de Manuela y otras mujeres no vuelvan a suceder”. 

La última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se espera que en el segundo trimestre dicte el fallo, después de las audiencias públicas del pasado 10 y 11 de marzo. Una esperanza de justicia que sobrepasa el caso de Manuela y que sirve de aliento para las mujeres que aún continúan presas y para otras que aún sufren criminalización en El Salvador y en la región.