Ni efecto llamada, ni devaluación en los puestos de trabajo, ni elevados costes para las arcas del Estado. Los argumentos contra la migración, explotados por partidos y sectores xenófobos en los últimos meses tras la crisis en la frontera sur, no solo son falsedades, sino que dibujan una ficción diametralmente opuesta a la que ofrecen los datos y cifras sobre el fenómeno migratorio en España. Esta es una de las conclusiones que se puede extraer de un reciente estudio firmado por varios investigadores en el que se analizan los efectos que produjo la regularización, en 2005, de cerca de 600.000 personas con origen fuera de la Unión Europea. Migrantes que, en la mayoría de los casos, eran trabajadores en situación irregular. 

Según el documento, esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poco después de acceder al poder, “afectó de forma positiva al conjunto de la economía”, incrementó de forma notable la recaudación fiscal y mejoró las condiciones y oportunidades laborales de las personas con origen en el extranjero. Es decir, provocó exactamente lo contrario de lo que difunden los voceros de la antimigración en nuestro país.

De entre todos los datos que recopila el informe, algunos de los más significativos tienen que ver con el supuesto efecto llamada que provoca la concesión de derechos laborales y migratorios. Lejos de esta afirmación, países de la UE que ya disfrutaban de la libre circulación en 2005, como Reino Unido, registraron desde aquellas fechas y en adelante un flujo migratorio hacia España similar o incluso más alto que otros Estados a los que sí que afectaba la regularización, como Ecuador, Rumania o Marruecos. 

El resto de resultados de la investigación apuntan en la misma dirección. En el plano laboral y fiscal, las personas migrantes pasaron de representar un 6% del total de trabajadores afiliados a la seguridad social a un 9% en apenas unos meses, lo que provocó que la hacienda pública recaudara más de 4.100 euros en impuestos sobre la renta por cada nuevo migrante regularizado.

Mientras, la mejora en las condiciones y oportunidades laborales se hicieron igual de palpables tras un periodo corto de tiempo: “Un año después de la entrada en vigor de la normativa, aproximadamente la mitad de los inmigrantes regularizados en el sector de empleados del hogar –donde se multiplicó por tres el número de afiliados y se aumentó la recaudación fiscal entre un 50% y un 100%– accedieron a puestos de trabajo en empresas de mayor tamaño de otros sectores de la economía”, señala el estudio. 

Todos estos cambios, además, demostraron tener un impacto limitado y desigual sobre el desempleo y los salarios. De esta forma, y si bien durante los dos años siguientes a la regularización se produjo una pérdida de puestos de trabajo entre la población autóctona poco cualificada, el estudio asegura que esto no se debió a un incremento de la competencia con las personas migrantes, “sino más bien a la efectividad de las medidas contra la informalidad aplicadas por el Gobierno”, que aumentó las inspecciones laborales más de un 130%. 

La reforma, por su parte, tampoco provocó una devaluación salarial entre los trabajadores autóctonos, sino más bien al contrario: los empleados de baja y alta cualificación lograron aumentar su sueldo medio un 3%, mientras que fueron los trabajadores migrantes con bajo nivel formativo los que sí que sufrieron una reducción de salarios. Esto, aseguran los autores, llevó a un crecimiento de la movilidad interna dentro del país protagonizada por la propia población de origen migrante. 

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Regularizar la situación de la población inmigrante no provoca un efecto llamada, de Joan Monràs, de la UPF, Javier Vázquez-Grenno y Ferran Elias, de la Universitat de Barcelona, publicado en El Observatorio Social de la fundación ‘la Caixa’.