Primero, en los años 50 y 60, fueron los valles. Aquellos pantanos que inauguraba Franco, en cuya construcción todavía se emplearon presos políticos como mano de obra. Las aguas embalsadas cubrieron decenas de miles de hectáreas de la tierra más fértil, pagada a precios de desierto, y hasta pueblos enteros. Millares de personas tuvieron que mudarse. Mientras las grandes turbinas producían energía, en su entorno cientos de aldeas carecían de luz eléctrica. A finales de los 70 fue el turno de los enormes yacimientos de lignito. Más gente sin casa y con sus tierras convertidas en un enorme cráter. La de los 90 fue la década de sacarle rendimiento a los ríos menores y la oportunidad de hacer una pequeña fortuna de los no-tan-ricos (alcaldes, altos cargos, empresarios medianos tirando a grandes, primos y cuñados de todos ellos) a base de construir minicentrales. En marzo de este año, el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica contabilizaba en Galicia dos plantas térmicas (ya condenadas), 40 grandes centrales y 94 minis. Pero ahora el dinero, como el amor en la canción que cantaba Tom Jones, está en el aire. En los molinos de viento.

La ventaja de los parques eólicos es que la construcción es más económica, no hay que respetar caudales ecológicos para que los ríos sigan siendo, en lo posible, ríos y, sobre todo, evitan esas escenas de señoras de luto enfrentándose a la guardia civil a paraguazos. No hay que echar a nadie. Los indígenas pueden seguir en sus casas, aunque con la sensación auditiva de tener por ahí en algún sitio una lavadora centrifugando y la presencia visual de un ventilador de hasta 200 metros de alto (la Torre Eiffel tiene 300) a tan solo 300 metros de casa.

Galicia es, después de Castilla y León, la comunidad más generadora de energía eólica: entre las dos aportan casi la mitad de los 55 Gigavatios hora que se produjeron en España en 2020

Galicia fue de las comunidades pioneras en aprovechamiento eólico y es una de las zonas con más potencial, ya que no deja de ser un rompeolas en el Atlántico. Los primeros molinos se instalaron en Estaca de Bares en 1988. Hasta 1995 no hubo normativa alguna e incluso después los parques siguieron instalándose por el mismo sistema que los buscadores de oro en el Oeste: presentando una solicitud indicando en qué sitio querían plantar los molinos y qué potencia pretendían obtener. El primer plan sectorial (Plan Sectorial Eólico de Galicia, PSEG), que se aprobó en 1997, permitía el aprovechamiento del 21% del territorio gallego, más de 600.000 hectáreas. Pero ya estaban “plantadas” casi 500.000. Una modificación del PSEG que hizo en 2002 el Gobierno de Manuel Fraga permitía las instalaciones en tierras de la Red Natura, porque se consideraba que los valores ambientales no se veían afectados. Una modificación posterior ampliaba los cotos de caza a los lugares de alto valor paisajístico. Los ventiladores no solo eran compatibles con aquellos marcos incomparables que vendía Fraga cuando era el responsable franquista de Turismo, sino “una seña de identidad de la Galicia del futuro”, rezaba el decreto.

Aunque la proliferación de macroaerogeneradores no es precisamente específica de Galicia y amenaza a toda la cornisa cantábrica, lo de la “seña de identidad” que decía el exministro convertido en presidente autonómico ha resultado ser una profecía que sus sucesores se han encargado de cumplir. Con creces. En 2019, se contabilizaban 4.026 aerogeneradores, agrupados en 180 parques, según el Observatorio Eólico de Galicia, (OEGA, dependiente de la Universidad de Vigo). Galicia es, después de Castilla y León (la web de Red Eléctrica de España no me dejará mentir), la comunidad más generadora de energía eólica: entre las dos aportan casi la mitad de los 55 Gigavatios hora (GWh) que se produjeron en España en 2020, una cantidad similar a la de origen nuclear. En lo que llevamos de año, el viento gana por goleada al átomo. Las fuentes de energía renovables tienden en el sistema nacional o peninsular a converger con las no renovables: el 46% frente al 54% el año pasado. En Galicia esa era la proporción en 2017. En 2020 fue de 75,6% de origen renovable (aquí se incluye la hidráulica, por cierto) y el 24,4% no renovable. Esa es la otra enorme ventaja de la eólica: tiene buena imagen, es renovable y “verde”. Incluso dicen que contribuye a fijar población en la traída y llevada España vaciada, esa que todos añoran, pero a la que nadie se muda. Parece algo casi diseñado para cumplir todos los criterios para la obtención de los fondos Next Generation. 

Entonces, ¿por qué decenas y decenas de colectivos vecinales, las grandes organizaciones ecologistas y las que se montan exprofeso, grupos de montañeros y asociaciones culturales de distintas zonas del rural están en guerra contra el despliegue de parques? La explicación corta es, por una parte, porque se avecina un futuro inmediato con un ventilador en todos y cada uno de los montes y, por otra y, sobre todo, porque es, simple y llanamente, un expolio. 

Un monte, un molino

En cuanto al número de aerogeneradores previstos, como dijo aquella autoridad hablando del petróleo derramado por el Prestige (autoridad hoy sentada en el Consejo de Administración de Red Eléctrica), hay una cifra clara, y es que la cantidad no se sabe. “No lo sabe ni la Administración. De hecho, creo que están pensando crear una comisión conjunta entre el Ministerio y la Consellería de Industria para echar las cuentas. Porque todo pasa en el oscurantismo más absoluto”, dice Leandro del Río, un arquitecto miembro de la plataforma Salvemos a Comarca de Ordes. Sobre esta zona, a medio camino de los 60 kilómetros que separan A Coruña de Santiago (y en la que se ubica una central térmica y uno de los principales nodos de energía eléctrica del norte de Galicia) planea un rosario de parques que sumarían casi medio centenar de kilómetros. En la Costa da Morte, que en la actualidad cuenta con 34 parques activos (600 aerogeneradores), están en fase de tramitación otros 24 y hay 15 solicitudes pendientes más. Al lado, en la comarca de Bergantiños, una de las de mayor producción forestal, hay dos parques que suman 59 km.

En el mapa del Rexistro Eólico de Galicia, los puntos que indican proyectos o solicitudes configuran una imagen que parece un rostro adolescente con acné severo

No solo son esos, ni mucho menos. En el mapa del Rexistro Eólico de Galicia, los puntos que indican proyectos o solicitudes configuran una imagen que parece un rostro adolescente con acné severo. Y tan solo aparecen los que dependen de la Administración autonómica, los que tienen menos de 50 Megawatios. Claro que, si tienen más de 50, y no conviene que el proyecto pase a la jurisdicción del Ministerio, al parecer más estricta, siempre queda el recurso de presentar los proyectos fraccionados, como las urbanizaciones de adosados. Ya hay sentencias del Tribunal Superior de Galicia declarando ilegal el método.

Aunque hay quien afirma que la norma sobre la que se sostiene todo el sistema, la de 2008 que desarrollaba aquel Plan Sectorial de 1997, es de hecho ilegal. “Además de que va contra la Ley de Medio Ambiente de 2013, el Plan Sectorial nunca fue publicado en el Diario Oficial de Galicia. Se publicaron las sucesivas modificaciones normativas, pero no el plan. Hoy en día, un ciudadano no tiene forma de saber cuántos parques eólicos están previstos para su municipio, o para su parroquia”, asegura Ana Varela, abogada de la asociación ecologista Petón do Lobo. “Se entera cuando aparecen por casa los agentes de las empresas, esgrimiendo la expropiación como arma, gracias a que los parques eólicos han sido declarados de utilidad pública”, según Varela.

Los sucesivos cambios en la norma “han reducido la distancia mínima entre aerogeneradores y viviendas desde los 500 a los 300 metros, también han simplificación el proceso de tramitación e incluso se admite el silencio administrativo positivo en algunos pasos”, dice Del Río.

Hay otros cambios. Los montes comunales (ni públicos, ni privados: propiedad de la comunidad de vecinos que reside habitualmente en la zona) constituyen la cuarta parte de toda la superficie de Galicia. 700.000 hectáreas que gestionan 2.800 comunidades de montes. La página web de la Xunta asegura que “esta figura no solo tiene importancia como una señal de identidad y de la cultura de nuestro País, sino también como un claro indicador económico y productivo […] el Gobierno gallego quiere ser un aliado de las comunidades de montes a la hora de valorar el monte como elemento de generación de riqueza […] aprovechamiento forestal, ganadero, frutos del bosque, zonas recreativas …”. Sin embargo, hasta la promulgación de la Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales de 2017 (conocida como Ley de Depredación, por sus medidas desregularizadoras), “el monte comunal era prevalente, desde entonces prevalecen los proyectos eólicos”, lamenta Del Río.

A la hora de situar los parques, las empresas promotoras no parecen tener más consideraciones que la cantidad y frecuencia del viento. La multinacional Greenalia (que ha tenido el acierto de incorporar como directora de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad a la ex conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y la acaba de sentar en su consejo de administración) proyectó seis parques eólicos con 40 aerogeneradores en la zona de Betanzos, pero no reparó que allí donde pretendía levantarlos, en el Monte do Gato, existe un castillo de la Edad Media, la Torre de Teodomiro, que está catalogado como bien de interés cultural (BIC) e incluso figura en el PGOM del ayuntamiento de Aranga. El proyecto de Green Capital Power (una de las sociedades más activas, propiedad de Jesús Martí Buezas, exyerno de Florentino Pérez) de instalar 20 aerogeneradores de 125 metros en los montes de Lalín mencionaba de pasada la “aldea deshabitada” de Santón, lo que constituyó, cuando se enteraron, toda una sorpresa para los vecinos de Santón, que no son muchos –poco más de una docena– pero son y están.

Que el mirador de A Gurita, en Ponteceso sea, como dice el percebeiro y escritor Suso Lista, “el único desde el que se ven todos los faros de la Costa da Morte, desde la Torre de Hércules hasta Cabo Vilán” no impidió que allí plantaran una de las torres de los macrogeneradores. O el monte Iribio. Está en la entrada a Galicia del Camino de Santiago y es una atalaya desde la que se ve todo el sur de la provincia de Lugo. “Es, por supuesto, zona Red Natura, de protección del oso pardo y de águila real y allí están localizados desde monumentos megalíticos a ‘neveiros’, construcciones de la época romana que se utilizaban para conservar la nieve”, detalla Nery Díaz, que se enteró en mayo de 2019 de que iban a convertir aquello en un parque eólico. “Empezamos a organizar caminatas para dar a conocer la zona, y cada vez se implicó más gente. Imprimimos carteles, repartíamos folletos a los peregrinos. El logotipo de ‘Salvemos o Iribio’ estaba por todas partes”. Además de la presión social, los argumentos legales consiguieron, en octubre de 2019, que el Tribunal Superior decretase la paralización cautelar de las obras. “Y aun así, siguieron, y tuvimos que pedir que se ejecutara la sentencia”, recuerda Nery Díaz.

Salvemos o Iribio es uno más de las decenas de colectivos que surgen en contra de los parques. Tantos que hay tres coordinadoras: la Plataforma por un Rural Vivo (diez asociaciones), Rede Galega Stop Eólicos (treinta) y la Coordinadora Bergantiñá pola Defensa da Terra (ocho). “Trabajamos en cooperación, como una bandada de estorninos. Todo lo que se hace se pone en común a todas las plataformas”, dice Leandro del Río. Por ejemplo, un contencioso presentado contra la exposición pública de la Xunta de Galicia de 975 proyectos con tramitación ambiental simultánea, el 4 de mayo de 2020, que presentaron 103 colectivos. O lo que llaman “talleres de ciudadanía activa” para saber qué hacer desde el momento en que se tiene conocimiento de que existe una solicitud de parque, “aunque yo los llamo ‘talleres de habilidades para la vida’, porque son cosas que necesitamos saber para defender nuestros derechos”, dice Ana Valera, la encargada de impartirlos.

El expolio

Aun con todo a favor, las empresas eléctricas necesitan llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos, sea para alquilarlos (caso de los montes comunales) o comprarlos (si son privados), le planteo a los opositores. “La amenaza de la expropiación si no venden es muy poderosa, y así consiguen tierras a un euro el metro cuadrado o menos”, contesta Del Río. “En las aldeas, la mayor parte de los propietarios son gente mayor, que lo que quiere es tranquilidad. No afecta tanto a ellos, que ya han visto cómo el mundo que conocían se muere, sino a la gente joven que pretende desarrollar proyectos de agricultura, ganadería o turismo rural. Y la mayoría de los políticos locales están a favor, abiertamente o no, porque el dinero de las licencias de obra les vendrá muy bien en las elecciones para realizar esos proyectos que dan votos”, afirma Varela.

El arquitecto cuestiona que la implantación de eólicos suponga algún tipo de retorno para los vecinos

También están los sistemas de negociación. O lo que Del Río llama directamente piratería: “Hace tres semanas me llamaron de un parque de Greenalia en el que pretendían pagar solo la superficie que ocupaba la plataforma, ni los polígonos de afección, ni los taludes para allanar el terreno ni la madera que necesitaron talar, y que encima pretendían llevarse”. El arquitecto cuestiona que la implantación de eólicos suponga algún tipo de retorno para los vecinos. “Hay estudios que establecen que donde se implanta un parque eólico, el valor del suelo desciende entre un 30% y un 40%. Si coges la suma de todas las áreas que contempla el Plan Eólico de Galicia, y si todas fuesen suelo rústico, el más más básico, con los precios oficiales del jurado gallego de expropiación y le aplicas una depreciación del 30%, el valor de todos esos terrenos sería de 12.000 millones de euros. Y ahí no contamos casas, granjas, núcleos rurales, solo la tierra. ¿Han recibido los propietarios ese dinero, lo han desembolsado las eléctricas?". Según un cálculo del OEGA, Enel Green Power España (100% Endesa) paga 750 euros al año por las tierras agrarias que ocupa en Serra das Penas (Paradela, Lugo). Cada turbina produce 227.742,80 euros. El negocio es tan redondo que el propio OEGA ha observado otra práctica que remite a la conquista del Oeste: “intermediarios buscadores de rentas que, sin tener proyecto eólico, pretenden firmar contratos con condiciones inaceptables para las comunidades rurales: precios tan bajos que se pueden calificar de ridículos; derechos exclusivos sobre todas las tierras del propietario, y no solo sobre las que conforman el parque eólico; períodos de carencia que llegan a los 10 años…”.

“En aquellas zonas donde se implantaron parques no se ha revertido la caída demográfica, ni sus habitantes han aumentado sus ingresos. Al contrario, se siguen abandonando los sistemas productivos tradicionales y continúa el envejecimiento”, considera Fins Eirexas, secretario técnico de ADEGA. La afirmación del representante de la asociación ecologista decana en Galicia se puede constatar en el norte de Lugo, en Muras, el  ayuntamiento que ostenta el récord de aerogeneradores instalados, 381, para una población de 648 vecinos, que eran más del doble en 1994, cuando se empezaron a instalar los molinos. Cuando Manuel Requeijo (BNG) llegó a la alcaldía en 2015, todavía había aldeas sin luz eléctrica. Requeijo al menos puede arañar en impuestos 66.000 euros anuales, que destina a subvencionar el recibo de la luz de los vecinos, total o parcialmente. “Los cantos de sirena prometiendo empleo local son falsos, porque los puestos de trabajo directos son casi inexistentes, excepto en la instalación, los beneficios netos no se reinvierten en la localidad –y menos en el país–, y la riqueza que se crea marcha a la velocidad de la luz hacia paraísos fiscales”, escribió el pasado mes en la revista Luzes.

Pero la energía que se genera, ¿es o no verde? Sí, pero no, o no tanto como aparece en la denominación de las empresas que la explotan.

“El monte gallego es una fuente de descarbonización, contribuye a mitigar el cambio climático, y cumplía ya en 2012 con los objetivos de Kioto. Es además el sustento de 80.000 familias y podría serlo de más. Los eólicos arrasan hectáreas y hectáreas”, se encrespa Ana Varela. “Si son tan necesarios, no lo son aquí. Que los pongan en la sierra de Madrid, entre los chalés de los ministros y de los miembros de los consejos de administración de las eléctricas. Allí es donde hay consumo”.

Flashback

Hay una única empresa pública que participa en la rebatiña eólica en Galicia. Es noruega, Statkraft (el nombre no es muy imaginativo: Energía Estatal). Pero a finales de 2008, la parte nacionalista del gobierno autonómico bipartito PSdeG-BNG sacó a concurso la concesión de cerca de 2.300 MW de energía eólica, y los candidatos a obtener concesiones debían ceder a la Xunta parte de los beneficios al capital público, y a la vez presentar planes de inversión ligados a la creación de industrias y empleo en las zonas en las que se presentaban las solicitudes. Los primeros en desmarcarse públicamente fueron los socios de gobierno y la oposición, que entonces lideraba Alberto Núñez Feijóo, no perdió la oportunidad de sembrar dudas sobre la legalidad de la medida y la imparcialidad del concurso.

Pero, sobre todo, el mar de fondo estaba en los grandes grupos eléctricos. “Tuve entrevistas con gente de Fenosa, de Endesa, de Iberdrola…”, recordaba Anxo Quintana, el entonces vicepresidente y líder del BNG, en una entrevista en 2018. “Me decían que ellos no estaban de acuerdo, que no se iban a quedar parados, que ese era su mundo. Y yo siempre les respondía que no estaban excluidos del concurso, que si querían tener concesiones, que se leyesen bien las bases porque sería la mesa de contratación y no yo quien las adjudicaría. No se lo creían”. Quintana prefiere no volver sobre aquello, pero en su Facebook, en marzo de 2016, describió la reunión que mantuvo con el editor de La Voz de Galicia. “Me quisieron hacer ver ‘que las cosas no se hacen así’. Se afirmó delante de mí, como si yo no estuviera delante, que ‘un enfermero de Allariz no puede venir a cambiar el marco económico de Galicia’. Me avisaron de que tendría que atenerme a las consecuencias. Mi respuesta fue ‘no’ y mi réplica una recomendación: quien quiera mandar en Galicia que se presente a las elecciones”.

Nunca se han desmentido estas afirmaciones (por otra parte apenas difundidas). A partir de ahí, surgían noticias como que en las guarderías dependientes de vicepresidencia, a los niños de un año se les enseñaba el himno antes que a hablar. “Todavía, trece años después, me produce urticaria recordar aquello. Las veces que oía: ‘esto lo podemos arreglar en una comida’. Y cada mañana te levantabas sabiendo que te esperaba en los medios alguna salvajada”, recuerda el entonces responsable de Industria, Fernando Blanco. Ni él ni Quintana siguen en la política activa. El BNG perdió 30.000 votos, un diputado, y la coalición progresista la mayoría absoluta. Feijóo tardó tres meses en anular la adjudicación del concurso, invocando “irregularidades” y convocó uno nuevo, sin los requisitos del anterior. El Tribunal Superior primero y el Supremo después respaldaron la legalidad del primer reparto, y poco después anularon el que hizo a continuación el gobierno del PP. Pero Alberto Núñez ya había tomado posesión. En el acto multitudinario en la Plaza del Obradoiro, pese a la efusión general, llamó la atención el entusiasmo con el que un caballero de traje se abrazaba al nuevo presidente. Era Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Los dos aseguraron que no se conocían de antemano, pero aquello fue sin duda el comienzo de una buena amistad.

-----------

Puede consultarse aquí el mapa del Rexistro Eólico de Galicia.

Nota: Este sábado 5 de junio varias organizaciones ambientalistas han convocado una manifestación en Santiago y una concentración en Ponferrada por un nuevo modelo de energía eólica.