A la memoria y en homenaje de Enrique Bustamante,

 maestro y amigo.

Cuando la TDT comenzaba a implantarse en España, Enrique Bustamante se preguntaba (en el prólogo del libro Hacia un nuevo modelo televisivo, de Miquel Francés) si esta nueva modalidad de emisión televisiva mejoraría nuestro sistema de comunicación o si nos llevaría a “una nueva cita frustrada con la historia”. Dos décadas después, estamos comprobando que nos encontramos en la peor de las situaciones que podrían haber previsto Bustamante.

En nuestra industria audiovisual se ha reproducido la tendencia a la concentración que se da en todos los mercados y actividades de la economía capitalista cuando no se pone freno a la ambición desmedida de los grupos económicos más poderosos.

Seis gigantes del audiovisual mundial controlan hoy día más o menos el 70% del negocio en todo el planeta

Dos multinacionales controlan las tres cuartas partes del comercio mundial de granos; cuatro, el 70 por ciento del comercio mundial de comida; diez, más del 50 por ciento del mercado farmacéutico mundial, el 54 por ciento del beneficio del sector de la biotecnología, el 62 por ciento del sector de la farmacéutica veterinaria, el 80 por ciento del mercado global de pesticidas y el del comercio mundial de los alimentos, o el 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales.

Son solo algunos ejemplos de una realidad que han descrito, entre otros, Jonathan Tepper y Denise Hearn en The Myth of Capitalism. Monopolies and the Death of Competition, y que es tanto o más acusada en la industria audiovisual. Si la de Estados Unidos la controlaban 50 grandes empresas en los años ochenta del siglo pasado, ahora tienen ese mismo control del mercado tan solo cinco corporaciones; y seis gigantes del audiovisual mundial controlan hoy día más o menos el 70% del negocio en todo el planeta, lo que equivale a decir que son dueños y dominan prácticamente a su antojo la oferta de información a la que tiene acceso la inmensa mayoría de la población mundial. Lo mismo que ocurre en España, pues aquí tan solo dos grupos, Atresmedia y Mediaset, controlaban, a finales de 2020, el 81% de la publicidad y el 55,1% de la audiencia, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las consecuencias de que se produzcan estos procesos de concentración están muy bien estudiadas y se conocen a la perfección:

– Desaparece realmente la competencia pues la que (algunas veces) pueda darse entre las grandes empresas que dominan mercados no tiene nada que ver ni produce el mismo efecto positivo de la que se da entre empresas que no tienen poder para influir sobre las condiciones de los mercados.

– La falta de competencia se traduce en precios más elevados y en la creación artificial de escasez, es decir, en ineficiencia, pues se producen menos bienes y servicios y más caros.

– La concentración de la propiedad y el capital expulsa de los mercados a los oferentes con menos poder que no son necesariamente los más ineficientes sino, muchas veces, incluso todo lo contrario porque suelen ser los más innovadores y de vanguardia.

– Las grandes corporaciones que surgen de estos procesos frenan la renovación de la oferta y la innovación puesto que su posición de privilegio en el mercado les permite obtener la mayor rentabilidad simplemente dejando que las cosas permanezcan como están. Por eso expulsan o absorben a las empresas que nacen con nuevos productos o procesos que puedan poner en peligro la rentabilidad y el poder de quienes dominan el mercado.

Todos esos efectos, muy bien estudiados y conocidos como ya hemos dicho, son aún más patentes y graves en el caso de la industria audiovisual.

Las grandes empresas o grupos que dominan la comunicación, como es el caso del duopolio televisivo en España, arrinconan e incluso terminan literalmente expulsando de los mercados a los emisores menos poderosos y de menor dimensión; homogeneizan la oferta y limitan la diversidad de contenidos; monopolizan la contratación de publicidad, aumentando su precio y también la cantidad de tiempo o espacio publicitario en perjuicio del dedicado a la información; y, puesto que los procesos de concentración suelen ser caros y necesitan de fuerte y constante financiación, generan deuda y dan pie a la presencia e influencia de la banca en los sistema de comunicación.

Cuantos menos operadores hay o más concentrado está el poder de decisión sobre las estrategias de comunicación, más se limita el derecho al libre acceso a la información

Pero el efecto de la concentración de la propiedad en el audiovisual no es solamente, como en el resto de los mercados, una oferta más cara y también más incapaz de satisfacer las demandas efectivas de los consumidores, es decir, unas condiciones de producción ineficientes. Lo más peligroso es, sobre todo, que llevan consigo una pérdida de libertad efectiva de la ciudadanía por una razón muy sencilla: cuantos menos operadores hay o más concentrado está el poder de decisión sobre las estrategias de comunicación, más se limita el derecho al libre acceso a la comunicación y la información que consagran los grandes tratados internacionales y las constituciones democráticas.

La concentración del poder mediático que da lugar a mercados oligopolistas como el nuestro socava la democracia por dos razones principales. Por un lado, porque impide que la ciudadanía se forje libremente sus preferencias, pues limita de facto la información proveniente de fuentes plurales. Y, por otro, porque restringe el derecho de acceso de los grupos sociales con características, preferencias o intereses que no resultan rentables, ideológica, política o comercialmente al duopolio.

Es muy importante no caer en el engaño y ser consciente de que esa limitación efectiva, antidemocrática e indeseable de la libertad no es un resultado “natural” de los mercados, como a veces se quiere hacer creer. Ni tampoco el coste inevitable de disponer de medios de vanguardia, o –como a veces se dice– una especie de peaje de menor cuantía que vale la pena asumir para acceder a información “libre” y no manipulada.

A una concentración tan exagerada del poder audiovisual como la que existe en el mundo y en España solamente se llega cuando el poder mediático doblega al representativo para imponer normas legales que permitan situaciones que, incluso, son materialmente contradictorias con los grandes principios sobre la libertad y competencia en los mercados que suelen defender los ordenamientos jurídicos.

Así, para que se haya podido consolidar el duopolio que domina la industria audiovisual en España ha sido necesario tomar medidas claramente ineficientes, injustas y, a nuestro juicio, manifiestamente en contra de los intereses generales, pues constituyen claros privilegios a favor de los grandes grupos de comunicación que, paso a paso, se iban comiendo a los demás. Por ejemplo y entre otras:

– No solo impedir que TVE obtenga ingresos publicitarios sino ahogarla financieramente.

– Haber provocado, por falta de regulación y por primar el interés comercial, una sobreproducción televisiva ineficiente e insostenible.

– Permitir que los grupos más potentes recurrieran a estrategias de concentración para garantizar su rentabilidad en lugar de fomentar e incentivar un modelo de oferta diversificado, complejo y de servicio público.

– Definir el criterio que determina que un grupo audiovisual dispone de excesivo poder sobre el mercado de un modo muy restrictivo. Concretamente, superar el 27% de la audiencia, cuando en otros países se tiene en cuenta también el ingreso publicitario o incluso su efecto sobre la diversidad social y cultural.

– Permitir absorciones y fusiones, sin tomar medidas para evitarlo, que no cumplían las condiciones estipuladas en los propios contratos suscritos para llevarlas cabo.

– Dejar que, a la hora de contratar publicidad, el duopolio lleve a cabo actuaciones reconocidas como atentados a la competencia y lesivas para el resto (o lo que queda) de la industria. O, a lo sumo, imponiendo multas claramente insuficientes para evitar que se sigan llevando a cabo.

– Incumplir sistemáticamente las directivas europeas que obligan a constituir una autoridad audiovisual estatal, independiente y específica con capacidad regulatoria de control y sanción (como existe en todos los países de la Unión Europea), única forma ya demostrada de garantizar el pluralismo político y social, tanto desde el punto de vista de los prestadores del servicio audiovisual como de los contenidos. Algo que no puede hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puesto que no es una autoridad ni específicamente audiovisual ni independiente.

En resumidas cuentas, el proceso de concentración exacerbada que ahora supone un lastre tan grande para el pluralismo y la libertad en nuestro país es el resultado de la enorme presión que los grupos mediáticos más poderosos de cada momento han ido ejerciendo sobre los gobiernos y que tuvo sus dos momentos culminantes en las leyes de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones de 2009 y en la General de Comunicación Audiovisual de 2010. La primera, permitiendo la fusión de dos operadores de televisión si no superaban el restrictivo límite del 27% de la audiencia, ya comentado, y mientras se garantizara la existencia de, al menos, tres operadores privados estatales. Y la segunda, corrigiendo a la anterior para permitir que se llevaran a cabo superando ese límite del 27% si en la operación se fusionaban cadenas.

El efecto nocivo de un duopolio audiovisual sobre la eficiencia, la libertad y la democracia es un hecho que no admite discusión. Y la experiencia demuestra que se llega a esa situación si no hay voluntad política de evitarlo o si el poder mediático se impone sobre el representativo. Si de verdad se quieren defender y reforzar la democracia y los valores constitucionales en España, es obligado revertir cuanto antes esta situación y promover la pluralidad efectiva de oferta de servicios audiovisuales y de contenidos informativos.

---------------

Emelina Fernández Soriano. Doctora en Comunicación Audiovisual y ex presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Juan Torres López. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.