Desde el martes, 13 de julio, gitanos y gitanas que viven en el municipio de Vitória da Conquista y de otros pueblos de la región sudoeste de Bahia, en Brasil, relatan vivir un clima de terror, miedo e inseguridad. Esta situación empezó en el distrito de José Gonçalves, zona rural de Vitória da Conquista, después de un conflicto entre una familia gitana, formada por 10 hermanos, y dos policías de civil, que resultó en la muerte inmediata de los dos militares y de dos de los hermanos.

Según líderes y activistas gitanos que residen en la región, desde este hecho, la policía militar, bajo la responsabilidad del gobierno de Bahia, está promoviendo una acción bastante truculenta y violenta en la búsqueda de los demás hermanos de la familia gitana involucrada en el caso, aún por aclarar. La acción ya ha resultado en al menos otras tres personas gitanas asesinadas, entre ellas un adolescente de 13 años, y alrededor de una decena baleada, algunas de ellas en estado grave. Además, circulan en las redes sociales vídeos de coches y casas de familias gitanas de la región siendo quemados, en lo que sería una represalia de la policía militar.

Circulan en las redes sociales vídeos de coches y casas de familias gitanas de la región siendo quemados, en lo que sería una represalia de la policía militar

La falta de informaciones precisas está dificultando el esclarecimiento del caso, ya que los medios locales, en general, priorizan la versión de la policía que necesita ser contrastada con los relatos personales de la comunidad gitana de la región. Se dice que las personas y colectivos del lugar que estaban denunciando las acciones de la policía tienen miedo, ya que sus cuentas en las redes sociales estarían siendo monitoreadas, con las capturas de pantalla de los perfiles y datos personales siendo compartidos en grupos de WhatsApp de la policía militar.

La presidente de la Asociación Nacional de Mujeres Gitanas, vicepresidente del Consejo de Igualdad Racial del Estado de Bahia y miembro del Consejo de Pueblos y Comunidades Tradicionales, Edvalda Santos, más conocida como Dinha, está haciendo un seguimiento de toda la situación. Cuenta que recibió muchas llamadas y mensajes de familias gitanas de la región desesperadas y con mucho miedo, relatando una versión de los hechos que contradecía la presentada oficialmente por la Secretaría de Seguridad Pública de Bahia en una rueda de prensa el día 19 de julio, cuando el secretario, Ricardo Mandarino, intentó justificar el comportamiento de la corporación como un sentimiento de revuelta de los colegas policías militares. En esta ocasión, el secretario afirmó que ha decidido ir hasta Vitória da Conquista tras recibir llamadas de defensores de los derechos humanos y del Ministerio Público para aclarar los hechos.

La versión que da la portavoz de los gitanos, Dinha, es la de que “esos dos policías fueron contratados por un terrateniente para matar a un gitano mayor. No vestían uniforme y en el momento  en que estaban disparando al señor gitano, sus hijos llegaron y devolvieron los balazos. Ahora la policía está matando. Ya han matado a un joven de 13 años y están oprimiendo a cualquier gitano, de forma indiscriminada. Las personas están escondidas dentro de casa. Los policías prendieron  fuego en los coches, en las casas, en las barracas...”, denuncia.

La forma en que la policía de la región está llevando a cabo las búsquedas de los otros hermanos involucrados en la confrontación está siendo cuestionada por líderes y activistas gitanos de Bahia, que apuntan hacia una investigación turbia y nebulosa, en la que la policía estaría entrando sin orden judicial y de forma indiscriminada en las casas de las familias gitanas, incluso en otros municipios como Itambé, Itapetinga y Jequié, agrediendo a mujeres, niños y personas mayores. La representante de los pueblos gitanos en el Consejo de Igualdad Racial clasificó la acción como un “genocidio” y contó que “las carreteras de Vitória da Conquista e región están todas bloqueadas por barreras policiales”. También hubo relatos de secuestros e invasiones en Jequié y Camaçari.

Los estereotipos y criminalización de los gitanos en los medios también contribuyen a las muertes y la exclusión social, ya que la población mayoritaria alimenta su antigitanismo y el odio se generaliza hacia todas las personas gitanas. Además, ha circulado en las redes sociales un cartel de “Se busca”, con una recompensa de 2 mil reales (moneda brasileña), con las fotos de los otros seis hermanos de los fallecidos en el altercado con la policía. La autoría de este cartel ha sido denegada por la policía de Bahia.

Dinha publicó un video en sus redes sociales haciendo un llamamiento a la policía y autoridades de Bahia y Brasil para que pongan fin a la violencia policial en la región, ya que familias gitanas que no tienen relación con los involucrados en la confrontación están siendo afectadas por las acciones policiales. “No es justo lo que están haciendo, invadiendo las casas de las personas, sin orden judicial, amenazando, intimidando. Lo que está pasando es una violación de los derechos humanos. ¡Las vidas gitanas importan!”, enfatiza la representante.

Debido a todo eso, activistas, investigadores y entidades gitanas y no-gitanas están denunciando abusos cometidos por los profesionales encargados de investigar el caso. Después de la difusión de una nota pública el 15/07, con repercusión internacional, fueron realizadas algunas reuniones entre diferentes instituciones. El lunes, 19/07, la alcaldesa de la ciudad se reunió con el Secretario Nacional de Políticas de Promoción de Igualdad Racial, y las policías Civil y Militar recibieron al Ministerio Público y al presidente del Instituto Gitano en Brasil, Rogério Ribeiro, según videos difundidos por la asociación.

Violencia policial en Brasil - Las preocupaciones en cuanto a los excesos cometidos por la policía militar se deben a los números y diversos estudios sobre la actuación de la policía en Brasil. Según datos del Anuário Brasileiro de Segurança Pública, la policía brasileña es la más letal del mundo y también la que más muere. Sin embargo, de los 348 profesionales muertos, según el último Anuário del 2021, más del 70% de ellos estaban fuera de su horario de servicio.

La policía brasileña es la más letal del mundo y también la que más muere

En el estado de São Paulo, la policía pasó a usar, desde junio de este año, cámaras en sus uniformes, registrando en audio y vídeo las intervenciones policiales. En el primer mes con la nueva medida, los batallones que adoptaron el equipamiento no registraron ninguna muerte en confrontaciones, lo que hizo que el estado alcanzara el menor índice de letalidad en ocho años.

La población gitana en Brasil - Las comunidades gitanas han estado presentes en Brasil desde el comienzo de la colonización portuguesa, en el siglo XVI, contribuyendo a la construcción de las identidades y las culturas nacionales. Sin embargo, estas comunidades fueron ignoradas por el Estado y sufrieron políticas persecutorias y racistas desde su llegada, situación que permanece hoy y cuyo resultado es la exclusión social.

Los Pueblos Gitanos en Brasil fueron reconocidos por el estado brasileño solamente en 2006 con su inclusión en los documentos oficiales como parte de los pueblos tradicionales del país y la celebración del Día Nacional del Pueblo Gitano. En estos documentos, se reconoce la existencia de tres grandes grupos étnicos: los Kaló, los Rom y los Sinti, presentes en todo el país. Sin embargo, aún son pocas las políticas públicas dirigidas a estas poblaciones, afectando directamente su salud, educación y calidad de vida.

Igual que en otros países, las diásporas de las comunidades gitanas son en la mayoría de las veces frutos de persecuciones y exclusión social. En el inicio de la pandemia, por ejemplo, familias gitanas itinerantes fueron expulsadas de ciudades en el sur del país. Este año, en el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19, la Ministra de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos confirmó en video que las comunidades gitanas no iban a ser incluidas en la lista de los grupos prioritarios para la vacunación al lado de otros pueblos tradicionales como los indígenas y quilombolas, confirmando las políticas de exclusión hacia el grupo.