La pandemia parece controlada, hay cierto optimismo económico. El Banco Mundial ha aumentado las previsiones de crecimiento global a un 5,6% para este año, si bien las diferencias entre los Estados son muy marcadas. El Reino de España tiene una previsión de un 5,9% de crecimiento para 2021. De hacer caso a determinadas fuentes económicas, todo parece viento en popa. Nada más lejos de la realidad. Este artículo consta de dos partes: la primera es un análisis muy detallado de lo que ha supuesto para la mayoría de la población, con muchos datos desagregados, la situación social y económica desde 2008; la segunda es una exposición y justificación de que los derechos deben garantizarse con dinero público y de por qué es preciso un impuesto a la riqueza o, dicho de otra forma, una propuesta de relación mercados-estado en el Reino de España muy diferente a la que hay actualmente.

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La evolución reciente de la economía tras la crisis del 2008 muestra distintas etapas. Una primera etapa en forma de N invertida que va desde el inicio de la crisis con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hasta mediados del 2013, con una profunda recesión que marcó máximos históricos de la tasa de paro en ese año, y que culminó con el rescate bancario y unos enormes déficit y endeudamiento públicos, cuya financiación solo pudo sostenerse gracias al apoyo del BCE. Luego vino una segunda etapa de recuperación sostenida hasta el 2019, basada en la devaluación competitiva –rebajando sueldos y con la reforma laboral contra la clase trabajadora– y en recortes en el gasto e inversiones públicas, reduciendo la tasa de paro desde el 27% hasta por debajo del 14%, pero aun 6 puntos por encima de los mínimos precrisis del 2007. Y la actual etapa, la de la pandemia, en la que la velocidad de recuperación va a depender del sector turístico esencialmente y en la que, de momento y gracias al mecanismo de los ERTEs y a la aparentemente barra libre de déficit permitida por Europa (cerca de 200.000 millones de euros en un año), se ha conseguido contener (aunque en parte sea artificialmente) la subida de la tasa de paro a solo dos puntos (en el 2008 fueron más de 7 puntos en un solo año).

Si nos fijamos en el periodo 2013-2016, la primera parte de la segunda etapa de recuperación, la creación de puestos de trabajo fue importante y se redujo la tasa de paro en 8 puntos, dos tercios del total de reducción de la fase expansiva que duró hasta el 2019. En ese período la balanza de pagos por cuenta corriente ya era superavitaria y las exportaciones tiraban de la recuperación económica, pero ¿a cuenta de qué sacrificios?

La respuesta la podemos analizar gracias a la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España (EFF), una encuesta trienal que se realiza desde el año 2002 y cuya última edición publicada es la del 2017. La EFF sondea a más de 6.000 hogares y es la única encuesta que pregunta sobre rentas, activos y pasivos de las familias simultáneamente, siendo los datos de rentas las del año anterior. Esto significa que disponemos de los datos de renta de 2007, 2010, 2013 y 2016, todos ellos, años clave en la evolución de la economía del Reino. La EFF, además, es una operación estadística armonizada a nivel de países de la zona Euro gracias a un acuerdo del Banco Central Europeo con los organismos estadísticos oficiales de 22 países, mediante el Household Finance and Consumption Survey^[1].

Los hogares jóvenes lo han perdido casi todo

Disponemos además de la serie estadística de Riqueza de las Familias del Banco de España, que desglosa la riqueza bruta entre el valor de la vivienda (que es el patrimonio principal de los hogares del Reino de España) del resto de patrimonio (básicamente otros inmuebles y riqueza financiera, acciones, otro patrimonio empresarial, títulos de deuda y efectivo).

La evolución de la serie desde el 2007 observa una profunda caída del valor de la vivienda, algo más de un tercio de su valor hasta 2013, y a partir de este año una recuperación progresiva, aunque sin volver a igualar los valores de partida. Por el contrario, el resto de patrimonio solo se redujo en el año 2008 y luego fue creciendo de manera sostenida hasta el 2019. El peso del patrimonio no de vivienda sobre la riqueza total de las familias ha pasado del 23,4% al 29,3%.

Pero esta serie no nos aporta información sobre cómo se reparte este patrimonio entre las familias, ya sea según distintos estratos socioeconómicos, ya sea por edades. Para ello debemos analizar los microdatos de la EFF, tal como se resumen en el cuadro2.

En primer lugar, se observa una caída de la renta mediana del 10,2% en términos reales y del 6% de la media. Por estratos, y con la prevención de que aun contando la EFF con una muestra importante de hogares, las segmentaciones efectuadas pueden en algunos casos incidir en la significación estadística del resultado, las características con mayor reducción son:

• hogares cuyo sustentador principal (SP) es una persona jubilada.
• hogares cuyo SP es la mujer, no en vano la mayor tasa de pobreza se da en los hogares monoparentales (32% de los hogares receptores del Ingreso Mínimo Vital son monoparentales).
• hogares cuyo SP es autónomo.
• hogares que no son propietarios de su vivienda habitual.
• hogares cuyo SP tiene menos de 35 años; si combinamos la caída de sus ingresos con la situación de la vivienda ya intuimos quién está cargando con la crisis.
• hogares cuyo SP tiene estudios secundarios (probablemente ya refleja la dualización creciente de la especialización laboral).
• hogares con menor patrimonio.

Así, el retrato robot de los hogares más afectados por la crisis sería el de una mujer joven, soltera (o con hijos sin pareja) que tiene estudios secundarios sin especialización, autónoma, que vive de alquiler y no tiene ahorros (porque no puede, claro). Y no estamos hablando de cifras pequeñas de caídas de ingresos, sino de cifras superiores al 10 o al 20%. Especialmente importante debe considerarse la caída en los hogares más jóvenes.

Veamos el impacto en la riqueza neta (la riqueza total restando las deudas), cuya información se resume en el cuadro3.

El empobrecimiento de la población durante estos años ha sido masivo y generalizado. El hogar mediano, el que tiene la mitad de más ricos por encima y la otra mitad por debajo, ha perdido un 40,9% de su patrimonio neto, y la media ha caído un 19,1% en términos reales.

Los hogares jóvenes lo han perdido casi todo (el 93,9 % en mediana y el 70,8% en media). No recordamos haber visto nunca un indicador tan negativo.

Los segmentos de edad siguientes han perdido dos tercios o la mitad (un tercio en medias, parecida al dato de la estadística del Banco de España de riqueza en vivienda). Solo el primer tramo de las personas en edad de jubilación atempera la bajada.

Otros rasgos de la pauperización son:

• los hogares cuyo SP es mujer pierden más que cuando lo es hombre
• los hogares cuyo SP convive sin pareja pierden más que cuando la tiene
• los hogares cuyo SP tiene estudios secundarios pierden más que los sin estudios o los universitarios
• los hogares cuyo SP está jubilado en general pierden más que en los que es asalariado o desempleados
• los hogares que no tienen la vivienda en propiedad obviamente han mejorado su posición respecto a los que sí la tienen (aunque las diferencias son ridículas, de 1.679 euros de ahorros a 2.778) .
• los hogares pobres y con bajos ingresos empeoran mucho más que los ricos y de mayores rentas.

Estos datos nos corroboran lo que la estadística de riqueza de las familias nos avanzaba, que la pérdida de valor de la vivienda ha afectado sobre todo a las clases medias y pobres, y sin mejorar a la clase media sin estudios y solo muy ligeramente (1.100 euros más de riqueza familiar) a los que viven en alquiler.

¿Qué ocurre si nos fijamos en la riqueza sin tener en cuenta la vivienda?, es decir la riqueza “disponible” que refleja más la capacidad económica de las familias medias en el Reino, como se muestra en el cuadro 4.

En el anterior resultado se observa una mejoría general de la riqueza neta, pero el principal reflejo es que los hogares cuyo SP es joven han perdido más de la mitad de sus ahorros en términos reales.

Veamos también cómo estos cambios se han trasladado al gasto de los hogares.

La variación del gasto general se correlaciona con la reducción de las rentas y muestra también los comportamientos diferenciados según segmentos (aunque quizás menos acentuados, por aquello de la hipótesis de la renta permanente: los hogares intentan mantener su nivel de estatus y, si es necesario y cuando pueden, gastan una parte de sus ahorros).

¿Qué ocurre con la distribución de la renta y la riqueza? Con la información expuesta hasta el momento se pueden intuir los cambios, pero no la magnitud, para lo que se requiere nueva información de los microdatos de la EFF.

El resumen es que la renta, la riqueza neta que no se acumula en la vivienda principal y el gasto han pasado a ser mayoritariamente capturados y acaparados por los “seniors” (el segmento de más 55 años), mientras que los jóvenes han perdido más de la mitad de su participación en la renta y casi las tres cuartas partes de su participación en sus ahorros. La riqueza sin vivienda es donde es más acusado este trasvase: solo los mayores de 65 años incrementan participación, a costa de los demás segmentos. Y teniendo en cuenta que la esperanza de vida a los 65 años está ya por encima de los 86 años, las posibles herencias serán traspasadas mayoritariamente al segmento inmediatamente inferior (el de 55 a 65 años), mientras los segmentos más jóvenes languidecen sin capacidad de gasto ni de ahorro.

Una parte importante del acusado descenso de la participación de los segmentos de menor edad es demográfica (el número de hogares jóvenes se ha reducido), pero esto también se debe probablemente a la imposibilidad material de emanciparse: un círculo vicioso.

Reproducimos también la distribución y participación de los hogares sobre la Renta y la Riqueza neta para las otras principales segmentaciones que antes han sido analizadas, información que se muestra en el cuadro 8.

Por estratos de renta la buena noticia es que el percentil 20 mejora ligeramente su participación, aunque por el contrario es el que pierde riqueza neta sin vivienda. La intuición es que los hogares sin recursos o endeudados entran en una espiral de empobrecimiento de la que les es difícil salir.

Respecto a la tenencia de vivienda, existe una reducción del peso en la renta y en la riqueza de los hogares propietarios, pero este cambio se debe a que han reducido su participación en 6 puntos.

Para finalizar el análisis, mostramos la evolución de los índices de desigualdad^[2].

Para el índice de Gini los valores negativos se han igualado a cero. En el año 2008 había 2,19 millones de hogares con riqueza neta negativa, por valor 42.000 millones de euros de deuda neta, con una renta de 66.835 millones de euros. En el 2017, había 2,097 millones de euros de hogares con riqueza neta negativa, por valor de 26.700 millones de deuda neta y con unas rentas de 53.478 millones. Menos deuda y menos renta, o menos renta y menos capacidad de endeudamiento. Lo que se observa, pues, es un empeoramiento de la renta y de la riqueza bruta, mientras que mejora el indicador de riqueza neta sin vivienda, debido a la reducción del peso de la vivienda y a cierta mejoría (ridícula, pero mejoría) del percentil 25. No obstante, y a pesar de la significativa reducción que se observa de 2008 a 2017, sigue siendo escandaloso que en 2017 el ratio 75p/25p sea 64 y el 90p/25p sea 177.

La creciente acumulación de la riqueza

Si observamos la variación de los principales conceptos de renta, riqueza, deuda y gastos vemos que, prácticamente en todos, la situación empeora relativamente para el 25% más pobre respecto al 90% más rico en términos de riqueza neta. Algunos indicadores de la caída de la renta y la riqueza son muy representativos de la pauperización, como que se han reducido en más de un tercio los hogares pobres que poseen su vivienda principal, que el capitalismo popular (acciones cotizadas) ha desparecido del 25% inferior y se concentra en un 87% en el 10% más rico (y de manera similar ocurre con la renta fija) o que el valor de las deudas del 25% inferior baja excepto en las más usurarias (tarjetas de crédito).

Y lo mismo sucede si vemos los importes medios condicionados por hogar para las principales variables. Se observa como excepto en la riqueza neta de endeudamiento, y más debido probablemente a la incapacidad de los hogares pobres de acceder a hipotecarse para la vivienda, los demás indicadores empeoran más para los hogares pobres, así como la desigualdad.

Finalmente podemos ver un caso estilizado de cómo la variación de las rentas ha afectado al 25% más pobre y al 10% más rico. Lo hemos estimado en valores per cápita y sin deflactar.

Se vuelven a observar las grandes diferencias en acumulación de riqueza. El 25% inferior ha perdido 7.157 euros, todos en vivienda (7.414), mientras que el 10% más rico ha visto más que compensada su reducción en vivienda por el incremento neto en 58.340 euros. A nivel de rentas, el 25% más pobre ha debido apretarse el cinturón en alimentación y bienes duraderos el doble que los ricos (lo que en términos porcentuales es mucho más elevado).

El coste de los derechos y la necesidad de un impuesto sobre la riqueza

Hace ya décadas que los defensores del llamado “estado mínimo” que incluye impuestos más reducidos, asocian esta propuesta con una mayor libertad. Una de las representantes carpetovetónicas-trumpistas actuales de esta forma de entender el mundo, la presidenta de Madrid, muy recientemente ha defendido una nueva rebaja de impuestos en su comunidad autónoma. En nombre de la libertad (sic). Alguno de nosotros ya tuvo ocasión de escribir sobre la disyuntiva imbécil de “socialismo o libertad” que tanto éxito dio a los ultras del estado mínimo (que no incluye, claro está, la supresión de la monarquía ni la reducción del ejército, garantes de su manera de entender la libertad).

Parecería según esta gente que con menos impuestos, menos interferencia del Estado en el “normal funcionamiento” de la economía, más libertad económica, mayor crecimiento para todo el mundo y los perros serían atados con longanizas. Hace años que sabemos que las cosas no son así, pero se repiten digan lo que digan la racionalidad y los datos disponibles. Para ellos la libertad se basa en acaparar el máximo de riqueza explotando la riqueza previa acumulada y los funcionamientos imperfectos (oligopólicos, rentistas, etc.) de los mercados y que este acaparamiento sea intocable. De ahí su máxima repulsa a la tributación sobre los rendimientos del capital, o sobre el propio capital o sobre las herencias. Lo que está provocando que el defectuoso sistema fiscal sea mayoritariamente regresivo y esté llevando a una transferencia continua de renta y riqueza de los pobres hacia los ricos y que se considere la propiedad privada el pilar supremo de la libertad, equiparable a un derecho natural, y por encima de los derechos humanos de las clases crecientemente desposeídas. Eso sí, todo envuelto bajo el celofán de la libertad de elegir, la meritocracia y la aparente igualdad de oportunidades, imposibles de que sean efectivas si las condiciones materiales de existencia no están garantizadas socialmente.

Y recordemos que la propiedad privada es una creación legal del Estado^[3]. La propiedad, para los que somos de la larga tradición republicana, es un derecho reconocido socialmente que se otorga a personas o entidades, es decir, debe estar regulada por el derecho público. Los derechos de propiedad privada están concedidos por el soberano que es (o debe ser para el republicanismo democrático) el conjunto de la ciudadanía. Y proteger este derecho a la propiedad privada cuesta una fortuna al Estado, como en general proteger todos los derechos tienen costos económicos, si no son poco más que un brindis al sol.

Dependerá de las convicciones políticas de cada cual que se considere que haya derechos que no deberían existir y que no haya otros que deberían hacerlo. O que hay derechos que deberían modificarse por ser insuficientes o por ser demasiado generosos con una parte de la población. Todo esto es cierto, pero una vez establecido un determinado sistema legal, los derechos cuestan dinero. En nuestro modelo de sociedad, los tribunales, la policía, el ejército defienden encarecidamente la propiedad privada tal como ha sido establecida, aun a costa por ejemplo de suicidios de gente desahuciada a la que se priva de su derecho humano fundamental de cobijo digno. Es una opción de política económica y social de los gobiernos. Podrían elegir otras, pero…

La libertad de expresión también cuesta dinero, la libertad de manifestación, el derecho a la sanidad o como hemos dicho el derecho a la vivienda también. Repetimos: no estamos analizando la corrección o no de determinadas regulaciones de estos derechos que deben ser analizados detenidamente y dependerá, una vez más, de las opiniones políticas de cada cual lo adecuado o no que sean, sino que de una u otra forma regulados, de tomarse en serio debe también añadirse dónde hay que poner dinero público y cuáles son los derechos prioritarios que defender. De ahí que la disyuntiva de “mercados o estado” es mucho más tema habitual de bullshitters que de cualquier cosa que tenga que ver remotamente con la verdad. Cualquiera que quiera aproximarse al tema ya sea histórica o económicamente sabe que la disyuntiva es exactamente esta: qué mercados y qué gobierno de estado.

Pues bien, veamos un caso concreto de relación mercados-estado (o mercados-gobierno, como prefieren decirlo en EEUU) en el Reino de España. O dicho de otro modo: una forma de regulación impositiva determinada en esta monarquía. A la vista de los datos de la EFF y observando la evolución de los años 2018, 2019 y 2020 de la estadística de riqueza de las familias, se intuye que en los próximos años se va a producir un máximo histórico de riqueza en manos de las familias, pero con una creciente desigualdad en favor de los ricos (que se acentuará a mayor recuperación del mercado inmobiliario) y de los “seniors (>55 años)”. Los jóvenes y los segmentos más pobres se han convertido en sectores desposeídos de patrimonio, inquilinos en su relación con la vivienda, y por lo tanto transfieren continuamente sus rentas menguantes o estancadas hacia los propietarios, de manera creciente. Y si bien el pinchazo inmobiliario redujo los precios de alquiler y venta hasta el año 2013, luego estos empezaron a subir de nuevo y los últimos datos nos dicen que en 8 comunidades autónomas, en 31 provincias y en 43 capitales de provincia los precios de alquiler han alcanzado máximos históricos en 2020 o 2021. Solo cierta mejoría en los salarios y la ocupación de las franjas más jóvenes durante el periodo 2016-2019 (la siguiente oleada de la EFF) permiten aventurar alguna mínima mejora… que habrá quedado arrasada por la crisis actual.

Así, partiendo del punto mínimo de la serie 2007-2020, que fue el año 2013 y hasta diciembre de 2020, el patrimonio bruto de las familias del Reino de España se ha incrementado en 1,7 billones de euros. ¿Cuánto han tributado estos patrimonios?

En 2018, último ejercicio del que la Agencia Tributaria ha publicado información detallada, el impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas (IPPF), en el territorio fiscal común (que excluye el País Vasco y Navarra), generó una base imponible de alrededor de 400.000 millones de euros, las liquidaciones superiores a los 1,5 millones de euros representaron más de los dos tercios del total declarado y el 30% de las efectuadas, que fueron poco más de 200.000. Es ilustrativo señalar que el patrimonio considerado exento en la liquidación ascendió a más de 285.000 millones de euros; y que entre las exenciones se incluye, además de bienes y derechos afectos a actividades económicas (3,4%), la vivienda principal (8,1%) y, sobre todo, acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades jurídicas (88,5%), que en su inmensa mayoría forman parte de negocios y empresas familiares. La recaudación ascendió a la paupérrima cifra de 1.123,45 millones de euros, es decir el 7% de lo recaudado por IBI y ITVM. En el caso del IPPF, Cataluña (512,85; 45,65%), la Comunidad Valenciana (142,08; 12,65%), Galicia (82,44; 7,34%) y Andalucía (81,86; 7,29%), estas cuatro comunidades representan casi el 73% de la recaudación total. Cabe señalar que la comunidad de Madrid, a la que le habría correspondido recaudar en ese ejercicio de 2018 alrededor de 900 millones de euros, tiene bonificada a 0 su cuota desde el año 2008. La tarifa del IPPF tiene 8 tramos y una horquilla de tipos marginales que va del 0,2% para el primer tramo (167.129 euros) y el 3,75% para el último tramo (a partir de 10,7 millones de euros). Las comunidades autónomas que son quienes lo recaudan tienen competencia normativa para variar los tipos marginales y para fijar bonificaciones en la cuota.

Por otro lado, en 2018, las entidades locales recaudaron 15.943 millones en impuestos de bienes inmuebles (IBI) y en impuestos sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

En total, pues, la recaudación sobre la riqueza y/o propiedad ascendió 17.076 millones, lo que supone el 0,6% de la riqueza neta (sin vivienda principal ni sus cargas) que se contabiliza en la EFF de 2017. Y también es bueno señalar que parte de los impuestos locales son pagados por entidades, no familias, por lo que la presión fiscal sobre las familias es en realidad aún menor^[4].

Otro capítulo aparte es el de las herencias y donaciones. En 2018, se recaudó por el impuesto de Sucesiones y Donaciones 2.348,76 millones de euros. Catalunya (463,5; 19,7%), la Comunidad de Madrid (374,4; 15,9%), Andalucía (299,3; 12,7%), la Comunidad Valenciana (256,1; 10,9%) y Galicia (199,4; 8,5%), estas 5 comunidades representan el 68% de la recaudación total. Es otro impuesto cedido y gestionado por las comunidades autónomas, que tienen capacidad normativa para establecer las reducciones sobre la base imponible (con ciertas restricciones), la tarifa por tramos y tipos marginales y las bonificaciones sobre la cuota.

Estas cifras ridículas se deben a una fiscalidad sobre la riqueza tremendamente baja y en lo que concierne al IPPF completamente obsoleta, que se combina con una fiscalidad sobre las rentas también reducidas y que también se ha ido degradando por lo que hace a las herencias o donaciones. Un caso concreto de relación mercados-gobierno en el Reino de España. No existe un mecanismo fiscal eficaz en este momento para impedir que la riqueza se acumule en las clases altas y de mayor edad, que se convierten en extractoras de rentas (inmobiliarias y financieras) de las clases medias y bajas y sobre todo de los jóvenes (inquilinos y precarizados laboralmente). Es urgente y necesario recuperar un sistema fiscal más equitativo que pare este proceso y esto pasa necesariamente por una mayor imposición sobre la riqueza, tanto en el momento de su transmisión (intervivos o por herencia) como, sobre todo, en el propio stock que crece desaforadamente a base empobrecer a los demás. Lo que sería otro caso concreto diferente de relación mercados-gobierno al que hemos aludido.

Como se pone de manifiesto en el anterior cuadro 13, que establece la relación entre la renta bruta y la riqueza neta (sin vivienda principal ni cargas reales), el cruce entre el percentil 90-100 de renta y riqueza, acumula una cifra de riqueza neta (sin vivienda principal ni cargas reales) que supera los 1,3 billones de euros, lo que significa una concentración de riqueza aproximadamente del 41%. En términos de renta supondría una cifra de 0,113 billones de euros y una concentración muy cercana al 18% del total de la renta. Los dos resultados afectan a poco más 830.000 hogares que representan el 4,5% del total. Un impuesto de por ejemplo el 1% sobre la Riqueza neta (sin vivienda ni cargas reales) aplicado al 10% más rico y que está entre los que cobran el 10% más elevado —el 4,5% indicado— representaría una recaudación de más de 10.000 millones de euros anuales. Pero, si se aplicara el tipo marginal máximo del actual IPPF del 3,75%, el resultado aportaría cerca de 40.000 millones de impuestos a las arcas públicas^[5]. Y si se aplicaran tipos impositivos realmente serios^[6], otra forma de relación mercados-gobierno, la recaudación sería mucho mayor y, nos permitimos añadir, mucho más justa republicanamente.

Con una propuesta de este estilo, además de mitigar la desmesurada concentración y la patente desigualdad en la riqueza de las familias observada, finalidad que ya la justificaría sobradamente, se podría contribuir a una parte de la financiación requerida para poner en práctica una renta básica universal, que como hemos explicado otras veces sirve para garantizar la existencia material y a la vez redistribuye la renta de los ricos y mayores hacia los menos ricos y jóvenes (sobre todo mujeres). Lo que, una vez más, sería una relación mercados-estado en el Reino de España muy diferente a la que hay actualmente. Sería una apuesta republicana por la libertad.

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Jordi Arcarons es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa (Serbal, 2017).

Daniel Raventós es editor de Sin Permiso. Doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y miembro del grupo de investigación GREECS. Su último libro es La renta básica: ¿Por qué y para qué?"(Catarata, 2021).

Lluís Torrens es economista. Director de Innovación Social en el Area de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI en el Ayuntamiento de Barcelona. Profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra. Es miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación REVO prosperidad sostenible. Es coautor de Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa (Serbal, 2017).

Este artículo se publicó originalmente en sinpermiso.

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Notas:

1. Aunque no es el objeto de este artículo, sí sería interesante también comparar la estructura financiera de los hogares del Reino de España con los europeos y su evolución.

2. Utilizamos indicadores de renta y riqueza equivalente utilizando la escala de modificada de la OCDE. No es posible calcular el índice más usado 90p/10p (el ratio entre el valor del hogar que tiene el 10% de los hogares por encima y el 90% por debajo con el hogar que está en la situación inversa). La razón es que en el percentil 10 de riqueza la riqueza neta es negativa.

3. En el ya clásico libro El costo de los derechos, Stephen Holmes y Cass Sunstein lo dicen de forma similar: el sistema legal “no solo protege y defiende la propiedad: la define y, al hacerlo, la crea”. Mucho más recientemente, Saez y Zucman lo han dicho de forma parecida: “Los gobiernos deciden qué mercados pueden existir y cuáles no”. Tan sencillo como eso.

4. No incluimos los rendimientos imputados por inmuebles sin rendimiento económicos o inmobiliarios a disposición de sus propietarios que se incluyen en el IRPF, al ser considerados legalmente una imposición sobre la renta. En cualquier caso, con datos de la AEAT del 2018 (rendimientos brutos, tipo efectivo) y extrapolando al conjunto del Reino estaríamos hablando de unos 700 millones de euros.

5. No obstante, si se compara con puntos de vista más razonables como los que aconsejan Piketty o Zucman y Saez ciertamente estas cifras del 1% o del 3,75% deben considerarse muy moderadas.

6. Como por ejemplo en EEUU en su momento: el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta en este país fue de un promedio del 78%, y del 91% de 1951 a 1963, mientras que las grandes herencias se grababan al 80% desde 1941 hasta 1976.