La subida del salario mínimo interprofesional, uno de los compromisos emblemáticos del Gobierno de izquierdas, ha puesto sobre la mesa las contradicciones del Ejecutivo. No hace todavía dos semanas, el 1 de septiembre, el presidente, Pedro Sánchez, lanzaba un mensaje rotundo: “La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional”. El anuncio cerraba cualquier especulación sobre el tema. O eso parecía. Días después, la patronal se quitó la careta. Rechazaría cualquier subida del salario mínimo y, por tanto, no lo negociaría. La maniobra de la CEOE llevó a Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, a dejar la pelota en el tejado de Sánchez. Luego, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la voz del IBEX en el Gobierno, afirmó que anunciaría la decisión a la patronal y los sindicatos cuando se tomara. Finalmente, el Gobierno ha filtrado el 16 de septiembre que planea subir el SMI unos 15 euros. Pero los sindicatos de momento no han firmado...

Conseguir que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio del país en esta legislatura es un compromiso del acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos. La promesa sigue la recomendación de la Unión Europea en su Carta Social, y sirvió de base para el apoyo de la mayoría de diputados que dieron la investidura a Sánchez. Esto deberían tenerlo muy presente tanto la patronal como el propio presidente. Pero una vez la CEOE se levantó de la mesa, el Gobierno puede y debe pactar la cuantía y el momento de la subida con los sindicatos, y asumir el compromiso de que el año que viene la subida será más digna. En eso consiste el diálogo social. 

El contexto de la discusión es que en España cobran el salario mínimo 1,2 millones de personas, en torno al 7 por ciento de los asalariados. Son 950 euros al mes, con 14 pagas. Los agentes sociales saben bien que el SMI es uno de los instrumentos clave para luchar contra la pobreza salarial y la exclusión social. A finales de 2020, el 26 por ciento de la población española se encontraba en esa situación, y solo tres países de la UE presentaban peores tasas de pobreza: Rumanía, Bulgaria y Grecia. España, que es la cuarta economía del euro, es el segundo país con más trabajadores pobres, un 13% de la fuerza laboral. Estas injusticias no pueden achacarse a la pandemia, porque vienen de la crisis de 2008 y del posterior austericidio. Pero en este momento, España es la gran economía europea que más crece –casi el 20% entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021–. Y la tercera del mundo, muy cerca del Reino Unido e India. Así que no es el momento de las excusas ni los regateos.

Otros argumentos apoyan la necesidad de subir el salario mínimo. Y algunos podría asumirlos como propios la CEOE, si no fueran seguidores fanáticos de la devaluación salarial. Por ejemplo, que las subidas del SMI ponen en circulación más dinero en la economía real, lo que incrementa el consumo. Una parte de esos salarios engrosa también las cuentas de la Seguridad Social, contribuyendo, aunque modestamente, a su sostenibilidad. Además, evita que los salarios tiendan necesariamente a la baja y dificulta la contratación mezquina. 

En cierta prensa española son frecuentes los titulares alarmistas sobre sectores cuyas empresas no encuentran mano de obra suficiente. La patronal no ignora que la mayoría de los países avanzados disponen de SMI, incluido su modelo favorito, Estados Unidos, que lo implantó ya en 1938. En lugar de culpar a los jóvenes por no querer madrugar o ensuciarse las manos, tanto la patronal como el alma socioliberal del Gobierno deberían recordar la frase del presidente estadounidense, Joe Biden, cuando en una reunión con empresarios que se quejaban de que no encontraban trabajadores adecuados, les susurró: “Pay them more”.