Como dijo El Roto, en el negocio de la electricidad todo es oscuridad. Lejos de mostrar la “empatía” que la vicepresidenta Teresa Ribera les reclamaba, el cártel de las eléctricas ha fomentado una escalada de precios, beneficios y dividendos que, si no fuera por la mojigatería ambiental que nos gastamos, cabría calificar de guerra abierta contra la ciudadanía. Se estima que más de 50 millones de hogares en la UE sufren pobreza energética, una carencia que provoca enfermedades respiratorias, cardíacas y de salud mental. Pero nada parece frenar la codicia del oligopolio más opaco del mercado. Pese a sus llamativas campañas de publicidad verde y paralímpica, nadie espera ya de este poderoso lobby un gramo de compasión hacia los consumidores vulnerables, ni de respeto al medio ambiente.

La situación a la que hemos llegado en España no es una sorpresa. En 2016, el bono social fue anulado por el Tribunal Supremo, tras estimar los recursos de EON España y Endesa. El 1 de enero de 2021, en plena pandemia, Europa inició una aceleración del proceso de liberalización del mercado energético, y en mayo empezaron a sonar las primeras alarmas. Se daba por hecho que el mercado reaccionaría alzando los precios en respuesta a los impuestos sobre el CO2. De no regularse el desequilibrio entre la oferta y la demanda, alertaron los expertos, se produciría un shock de amplio espectro (energético, económico y social). La puja alcista empezó a poner en riesgo la economía doméstica de familias y pymes. 

Tras muchas dudas y requiebros, el Gobierno español ha tratado de contener esta espiral con un Real Decreto-ley que reducirá en 1.500 millones de euros los beneficios de las eléctricas este año, lo que se supone que acabará repercutiendo sobre el recibo de la luz. Son medidas acordes con el ordenamiento jurídico interno y la normativa europea. El anuncio ha sacado de sus casillas a los directivos del oligopolio. Caídas las máscaras filantrópicas y verdes, y usando un tono más propio del sindicato del crimen, el cártel ha amenazado con paralizar las centrales nucleares. La bravata constituye una doble afrenta. Por un lado, a un gobierno que, escindido en sus dos almas, trata de contener como puede la barbarie de un capitalismo cada vez más belicoso. Por el otro, a una sociedad que sufre cada mes el impacto de tanta avidez en forma de factura. 

Si bien la aprobación del Decreto-ley incluye medidas coyunturales, es decir, reversibles si las aguas retornan a su cauce, estos mínimos ajustes no han aplacado la ferocidad de las eléctricas. Quizá haya llegado el momento de que se reconozca, incluso desde el sector del gobierno más favorable a las medidas liberalizadoras del mercado energético, que una empresa pública de energía puede reducir el poder de las eléctricas y paliar algunas situaciones de las que las grandes empresas privatizadas no quieren hacerse cargo.

En Noruega, con todas las contradicciones que le depara ser un país con una fuente de riqueza en energías fósiles altamente contaminantes, el mercado está regulado por una empresa energética estatal. En 1969 creó un fondo soberano de inversión, valorado actualmente en un billón de dólares. Las ganancias no van a parar a los bolsillos de accionistas insaciables, sino que se ahorran y forman parte del fondo patrimonial de la sociedad noruega. 

En el extremo opuesto, se encuentra una España atenazada por una regulación europea muy estricta, pensada para niveles de competencia que no tenemos aquí; marcada por la privatización de amiguetes que se practicó en los años noventa; en medio de una coyuntura muy desfavorable y con un Gobierno al que le cuesta mucho reaccionar salvo cuando la presión social se vuelve irresistible. Desde CTXT invitamos por tanto a nuestros lectores a electrizarse socialmente, como diría Chateaubriand, y a movilizarse contra los abusos y chantajes del oligopolio energético. 

Es el momento de debatir sin complejos la creación de una empresa pública de energía, y también de sopesar qué ventajas e inconvenientes tendría, si las eléctricas pasan de las amenazas a los hechos, o si los precios siguen esa espiral antipersonas, la aplicación del artículo 128 de la Constitución para que la riqueza del país esté de veras subordinada al interés general. Es importante hacerlo, además, porque la crisis energética no es coyuntural. La superación de los picos de extracción de combustibles fósiles y el declive de otros materiales de los que depende la generación de otras energías son problemas estructurales que no van a desaparecer. Es obligado impulsar una profunda discusión económica y política que busque cómo satisfacer las necesidades de todas en un contexto global de inevitable contracción material y energética.