En la época, las fuerzas de seguridad destinadas en el País Vasco presumían de tener fichado a cada manifestante que se pasaba por un acto convocado por la izquierda abertzale. Si aparecía un chico nuevo protestando por la dispersión de presos, se le investigaba. Si se tomaba una caña en una herriko taberna, se le investigaba. Si se iba de pintxos con uno que previamente había tomado cañas en la herriko, fichado también. Había ganas de meterle mano al asunto y tener fichado al mayor número de militantes y simpatizantes de la izquierda abertzale facilitaba una barbaridad las posteriores macro operaciones con decenas de detenidos sin delitos de sangre contra lo que se denominó entorno de ETA. Un entorno tan amplio como aquel –tanto que se cometieron muchísimos errores por exceso– no fue un problema para las capacidades de las FFYCCSE.

Aquella tradición de exceso de celo en el control de diversos colectivos se exportó con el tiempo al resto de España. Con gran ímpetu. En Cataluña o Galicia, jóvenes sin delitos violentos eran acusados de pertenencia a banda terrorista. Sin necesidad de irse a los territorios considerados como hostiles, más de un conocido vivió durante las acampadas del 15M madrileño la curiosa experiencia de que la policía, haciendo derroche de musculatura del Estado, se dirigiese a él por su nombre sin necesidad de pedirle el carnet. Hay que conocer al enemigo, dicen orgullosos de su capacidad. Lo de este fin de semana en Chueca no es creíble. No es creíble que nadie en el Ministerio del Interior ni en la policía supiese que unos neonazis escoltados por la policía se manifestarían por el centro de Madrid amenazando a varios colectivos vulnerables. A no ser, claro, que los grupos ultraderechistas que lideran hoy junto al yihadismo radical el ranking de terrorismo en el mundo –datos del OIET– no sean considerados enemigos a investigar. Aunque también es cierto que, a juzgar por los efusivos saludos entre manifestantes neonazis y policía, no hacía falta investigar nada.

Días después del desfile neonazi por el centro de Madrid en el que se pidió la desaparición de homosexuales o extranjeros, nadie acaba de dar una explicación de qué sucedió para que una sociedad democrática tuviese que soportar este ataque y bochorno. La Delegación del Gobierno de Madrid, responsable de dar luz verde al acto, se escuda en que aquello había sido convocado por otro motivo distinto al señalamiento de colectivos vulnerables y se defiende: ¿quién podía imaginar que fascistas desfilando convertirían aquello en un desfile fascista? La explicación de que nadie sabía lo que iba a suceder no es creíble. No cuando este país ha abusado de la persecución a determinados colectivos. No cuando los rastros en redes sociales y medios de comunicación de ultraderecha apoyando la marcha neonazi eran abundantes y quienes leyeron un manifiesto eran personajes bien conocidos. No es creíble que en nombre de las garantías democráticas no quedase más remedio que dejar que el nazismo desfilara por Madrid. ¿Cuántas concentraciones son prohibidas acogiéndose a los potenciales problemas de seguridad? ¿Se les ocurre un problema de seguridad mayor que dar rienda suelta a fascistas? No es creíble que un PSOE al frente del Ministerio de Interior no pueda hacer nada para enfrentar a uno de los principales movimientos terroristas del momento y es una vergüenza que intenten hacerlo creer. De cálculo electoral hablamos otro día.

Por su parte, Vox, cuya deriva hacia la ultraderechita cobarde parece ya irreversible, se desmarca de una manifestación cuyas consignas eran, básicamente, su programa electoral. Su líder, Santiago Abascal, daba una explicación exótica a aquella cosa que había sucedido y que había generado mala prensa: aquellos nazis eran del PSOE. Quien tiene un público fácil tiene un tesoro. Mientras, el PP, movido por la reacción mediática, se lleva las manos a la cabeza culpando al Gobierno por haber permitido una manifestación en la que se señaló a homosexuales, extranjeros y menores no acompañados. Una vergüenza, aseguraron Casado y los suyos para, a continuación, volver al pacto con Vox que les obliga a dedicar calles a genocidas franquistas. Sólo el Ministerio de Igualdad, esos indios que lanzan flechas dentro del Gobierno del ausente sheriff Marlaska, ha demostrado algo de dignidad en un asunto tan grave presentando una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. Si el Estado profundo y los partidos ya han dejado claro su nulo nivel de preocupación con el auge de la extrema derecha, espérense a ver qué hace con este caso una justicia cuyos antecedentes son, entre otros, haber considerado delito de odio el hecho de odiar a nazis. Sólo una buena noticia en torno a este asunto, ya que en la manifestación neonazi se cumplieron las medidas de seguridad: en ningún momento hubo más de una neurona por metro cuadrado.