El aumento de los crímenes de odio nos hace clamar ¡justicia! con más rabia aún. La impunidad con la que se lanzan en este país discursos de odio contra personas migrantes, racializadas, o trans nos indigna y nos asusta.
Cualquier estrategia de autodefensa ante agresiones de odio puede ser legítima, pedir más mano dura para castigar a los culpables también lo puede ser. Sin embargo, antes de abrazar teorías punitivistas conviene conocer sus límites y reflexionar políticamente sobre si son efectivas para protegernos.

Exigir un aumento de las penas para los delitos movidos por odio o los delitos de incitación al odio se está convirtiendo en una de las principales reivindicaciones para acabar con este tipo de crímenes. Algunos grupos de personas propensas a ser víctimas de delitos de odio reivindican más mano dura. Estas son las teorías que se conocen como punitivistas. Son aquella que defiende que con mayores y mejores castigos determinados problemas sociales se resolverán. Así, un castigo ejemplar para quienes inciten o promuevan el odio puede ser una manera de disuadir a otros de hacer lo mismo.

¿Estaremos más a salvo del odio racista y machista si aumenta el castigo para estos crímenes?

Aquí dejo algunos datos a tener en cuenta antes de decidirnos a pedir o no pedir más mano dura para los criminales del odio:

¿Hace falta crear más delitos de odio? Lo primero que debemos saber es que ya existen delitos de odio regulados en el Código Penal. Incluso existe una agravante genérica de odio. Es decir, a toda persona que cometa un delito por motivos de odio se le endurecerá la pena. Si alguien agrede a otra persona causándole una lesión se le impondrá una pena de 3 meses a 3 años de prisión. Pero si el motivo de esta agresión es un móvil de odio, es decir, si, por ejemplo, se lesiona a la persona por ser musulmana, gitana u homosexual, la pena mínima que se imponga será al menos de 19 meses y no de 3 meses. Podríamos decir que lo de “más mano dura” para los delitos de odio ya está previsto. También existe una “mano dura” especial cuando el delito de amenazas tiene un móvil de odio o cuando alguien se asocia para promover el odio contra colectivos vulnerables. Los delitos de odio ya están previstos en el Código Penal y no sería necesario inventar otros, lo que sí sería necesario es que se supieran interpretar por los jueces y fiscales.

¿Hace falta aumentar las penas? La realidad demuestra que el aumento de las penas nunca supone un descenso del índice de la criminalidad ni tiene el poder disuasorio que se pretende. Ni siquiera los países con pena de muerte, como EE.UU., consiguen bajar sus índices de criminalidad por esta vía. Normalmente estos índices suelen bajar cuando se consiguen mayores cotas de justicia social y cuando la población percibe como justo y necesario el cumplimiento de las normas. En el caso del delito de odio, el descenso en el número de crímenes que se cometan posiblemente vendría precedido de una desintoxicación de intolerancia en el discurso público y una mayor cultura de defensa de los Derechos Humanos. Pero es cierto que mientras esto llega tenemos necesidad de seguir defendiéndonos y protegiéndonos, por eso continúo esta reflexión sobre si más mano dura contra los crímenes de odio nos salvará.

¿Nos protegen los delitos de odio? Los delitos de odio están pensados para proteger a los grupos de personas que históricamente han sufrido rechazo, discriminación o persecución por los grupos mayoritarios y esa historia tiene reflejo hoy en la realidad social. Sin embargo, nuestros tribunales interpretan de una manera laxa estos criterios internacionales y consideran que una persona puede ser víctima de un delito de odio sin que pertenezca a un grupo vulnerable. Así un nazi o un policía, según estas interpretaciones, podrían ser víctima de un delito de odio.

En los últimos años he tenido que defender a mujeres que se han sentado en un banquillo acusadas de un delito de incitación al odio contra los católicos por procesionar una vulva de cartón. He defendido en un tribunal a jóvenes antifascistas acusados de incitar al odio contra nazis por mostrar su repulsa a una manifestación que pedía que no se concedieran becas de estudios a personas migrantes. Y alguna vez he visto tomar declaración a un tuitero por un presunto delito de incitación al odio por criticar el discurso de odio de un medio de comunicación de ultraderecha. Con esto quiero decir que la interpretación que los fiscales y jueces hacen en muchísimos casos de los delitos de odio se aleja mucho de los parámetros internacionales y termina vaciando de contenido la protección que deberían suponer este tipo de delitos para los colectivos que históricamente han sufrido persecución y discriminación en base a su identidad. Y lo que es más, termina sentando en un banquillo a quienes señalan la intolerancia contra los grupos de personas más vulnerables.

Más que agravar las penas de los delitos de odio, lo que necesitamos es una interpretación judicial de estos delitos que realmente proteja a las víctimas. Y a poder ser que no termine sentando en el banquillo a quienes señalan estos crímenes.

Pero estas interpretaciones judiciales no nos las van a regalar. Realmente, perseguir los delitos de odio supone proteger a los grupos vulnerables de los grupos hegemónicos y las instituciones, como la Justicia, suelen formar parte de este pensamiento dominante. La Justicia no es más que el reflejo de una sociedad. Lo que necesitamos es subvertir ese pensamiento dominante, virar el sentido común colectivo para una concepción radical de los Derechos Humanos donde todas las vidas valgan exactamente lo mismo. Y para eso se necesita una incesante tarea de tomar la voz pública, en las calles, en los medios de comunicación  y en las instituciones. Y, sobre todo, una alianza firme de todas las personas que potencialmente pueden ser víctimas de odio. Todas “las otras” juntas somos más que la mayoría.