Lo de los sucesivos récord en el precio de la luz no va a ser flor de un día y no bastarán brochazos o medidas temporales para resolverlo. De hecho, planteábamos hace un mes en el artículo publicado en CTXT “Cómo atajar la subida de la luz” que las medidas de reforma del mercado que apuntábamos como necesarias, y que han sido adoptadas posteriormente por el Gobierno, eran medidas paliativas aunque tuviesen un calado importante.

Es un buen primer paso otorgar una protección mayor a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, fijando un suministro mínimo vital para perceptores del bono social eléctrico e impedir el corte del suministro. No menos importante es limitar la orgía de beneficios caídos del cielo obtenidos por las grandes compañías en las instalaciones que no usan el gas natural o los derechos de CO2 y que se están “poniendo las botas” al cobrar su producción al precio que marcan las que sí que lo usan o fijar un tope a la tarifa de gas natural para proteger a la gente. También es un avance la modificación de la Ley de Aguas para impedir que se vuelva a hacer un uso irracional del agua desde el punto de vista del interés general, fijando un régimen mínimo y máximo de caudales medios mensuales a usar. En definitiva, que las empresas generadoras no puedan volver a vaciar embalses para multiplicar su rentabilidad.

Todo lo que no sea blindar como bien público la energía eléctrica y sacarla del ‘mercado’ para que no esté al albur de dinámicas de lucro privado, es pan para hoy y hambre para mañana

Pero no basta.

Y no únicamente porque algunas de las medidas tengan carácter temporal sino porque no abordan el eje fundamental que ya señalábamos como imprescindible y es que todo lo que no sea blindar como bien público la energía eléctrica y sacarla del ‘mercado’ para que no esté al albur de dinámicas de lucro privado, es pan para hoy y hambre para mañana. No en vano habría que recordar que las empresas que “cortan el bacalao” repartieron 6.200 millones de euros en dividendos a sus accionistas con cargo a 2020, el año de la pandemia en el que la gente tanto ha sufrido y en el que el precio mayorista de la electricidad era la tercera parte del que estamos teniendo en 2021. Por eso volver al momento anterior a este pulso político que nos están echando a todas y todos, no es suficiente.

Cuántas veces habréis escuchado la metáfora de Adam Smith y su mano invisible para explicar el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios a través del libre juego de la oferta y de la demanda. Pero el mercado no es perfecto y creer que un ‘amigo imaginario’ va a ser capaz de asignar eficientemente algunos recursos no hace más que llevarnos a situaciones indeseables como las que estamos experimentando en la actualidad con los precios de la energía eléctrica. La posición dominante de unas pocas empresas o que haya elementos incapaces de ser incluidos en los precios nos sitúan ante una cruda realidad. Hay fallos del mercado porque este no tiene capacidad de asignar eficientemente los recursos disponibles. Cinco son los principales fallos del mercado: la inestabilidad de los ciclos económicos, la existencia de bienes públicos, las externalidades, la competencia imperfecta y la distribución desigual de la renta. Y en el caso de la energía se dan prácticamente todos ellos y por eso se justifica la necesaria intervención del Estado.

Y lo hace. De hecho la regulación en mercados como el eléctrico es profusa y continua a lo largo del tiempo. Lamentablemente esa actuación se ha parecido al chiste de Miguel Gila que habla de ese individuo que iba por la calle y se encontraba con cuatro personas pegando a otra. Duda si meterse o no en la pelea. “No te inmiscuyas, hombre”, le aconseja su mujer. Finalmente lo hace y entre los cinco le dieron una soberana paliza a la víctima.

No tiene gracia alguna pero eso es lo que el Estado ha hecho con su intervención en el mercado eléctrico. Se ha aliado históricamente con las compañías eléctricas, actualmente tres son las más importantes, para dar ‘una manta de hostias’ a la gente y al planeta. En definitiva, el problema no es que no haya habido regulación sino que la que se ha implementado beneficia a un reducido número de agentes. Claro que eso tiene que ver con las conocidas “puertas giratorias” y en la útil estrategia desplegada por las compañías para ganarse los favores de quienes han hecho las normas con la expeditiva fórmula de sentarles en sus consejos de administración. Pero el problema va más allá. Sin quitarle importancia a esta despreciable fórmula de comprar voluntades, y que ha ahormado el mercado para que sirva a los intereses de unos poquitos, ese instrumento, el mercado, no sirve para arreglar el problema incluso aunque no fuese regulado a favor del oligopolio. Y hay que escapar de ese callejón, porque no tiene salida.

¿Por qué la energía, dado que es un bien básico de primera necesidad, debe ser garantizada como servicio público?

Es sencillo. No hay otra forma de asegurarnos de que el diseño del modelo energético del presente y del futuro incluya como elemento central la justicia social y la protección de nuestro hogar, este planeta, con carácter intergeneracional. Y el mercado no es capaz de tener en cuenta estos elementos. Claro que sirve para otras cosillas. Pero estas le vienen grandes…

Por eso es imprescindible poner en marcha en este país un verdadero plan de transición energética, que sirva para ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables, pero que incluya la nacionalización del sector para ponerlo al servicio de los intereses colectivos. Básicamente, se trataría de utilizar como marco un artículo de la Constitución Española, el 128, que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Solo hay que creérselo.

Antes de que nadie se ponga nervioso, invito a reflexionar sobre las redes de transporte y distribución de la electricidad de alta tensión. Muchas de ellas eran privadas ya que fueron desarrolladas por las empresas uniendo las instalaciones generadoras como centrales hidroeléctricas o de carbón con los lugares en los que se consumía dicha energía. Pero cuando el Estado no interviene en la planificación y el despliegue de las redes de transporte y distribución, se genera un grave problema. ¿Por qué motivo iban las empresas a llevar electricidad a puntos en los que el consumo no es elevado y en los cuales la rentabilidad era insuficiente para retribuir a sus accionistas? He ahí un fallo de mercado que abordaron en décadas pasadas PSOE y PP que nacionalizaron redes de distribución articulando procesos de traspaso de activos eléctricos con un mecanismo de “venta obligatoria”. De hecho, en 1984, el PSOE aprobó la Ley 49/1984, de Unificación del Sistema Eléctrico Nacional, en la que, entre otras cosas declaraba la explotación de las redes de alta tensión como “servicio público de titularidad estatal”. Esta ley obligaba a las empresas privadas propietarias de la misma a transmitírselas a la empresa estatal Red Eléctrica de España, posteriormente privatizada en parte pero aún con participación pública de control. En los años siguientes, REE fue adquiriendo las redes de transporte y el proceso culminó con la Ley 17/2007 en la que se fijó un plazo máximo a las compañías privadas para vender lo que todavía permaneciese en su poder, estableciendo que, en el caso de negativa, un juez independiente designado por la Comisión Nacional de la Energía fijaría el precio de la venta. Diréis que he citado solamente leyes impulsadas por el PSOE pero hasta Mariano Rajoy fue capaz de “liarse la manta a la cabeza” y nacionalizar como un bolivariano más. En la Ley 17/2013 que aborda el funcionamiento de sistemas eléctricos extrapeninsulares, fijó que una central de bombeo de 200 MW en Gran Canaria, y que era propiedad de Endesa, tenía que pasar a manos de Red Eléctrica Española. No solo eso. Indicaba que cualquier otra central de este tipo que se pudiera construir en el futuro en Canarias tendría que pasar indefectiblemente a manos públicas.

Igual que las redes de alta tensión han sido traspasadas a un gestor con participación pública, si de verdad queremos soluciones y no parches, es imprescindible la nacionalización del sector eléctrico o, al menos, los activos estratégicos de generación y distribución. Y existen vías legales para lograrlo. No hablo de la que a mí me gustaría y que sería resultado de un proceso revolucionario en el que la primera norma fuese Omnia sunt communia (todo es de todos). Me referiré a la que es posible en una economía capitalista.

Hemos superado todos los límites biofísicos y se impone ahora una disminución drástica, eso sí, ordenada, de la demanda total de energía

Los activos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres compañías que controlan el mercado, superan ligeramente los 60.000 millones de euros en valor neto contable. Esa cifra sería un justiprecio adecuado a aplicar si se desarrollase una venta obligatoria al Estado de los mismos. Sería la operación más rentable para la ciudadanía y para los retos medioambientales que tenemos por delante sin necesidad de entrar en el accionariado de las grandes compañías. Permitiría realizar un uso socialmente adecuado de las infraestructuras y que el precio de la energía eléctrica pudiese fijarse en relación a su coste marginal de acuerdo a su carácter de bien de primera necesidad y utilidad pública.

Ese paso fundamental tendría que ser acompañado con un avance real hacia un nuevo modelo sostenible, libre de emisiones de gases de efecto invernadero y con más generación eléctrica ligada al consumo, es decir, con un modelo más participativo en el que la ciudadanía pueda individual o colectivamente asumir la responsabilidad en la generación y la gestión de la energía. Hay que transformar un modelo de producción centralizado y con grandes plantas y macroinstalaciones alejadas de los lugares en los que se demanda la energía. Si alguien lo ha entendido perfectamente es la economía social y solidaria que marca el camino con el desarrollo de iniciativas cooperativas de energías renovables. En un entorno en el que habrá que asumir escenarios de decrecimiento y mejor uso de los recursos finitos, no se puede despreciar la eficiencia que tienen las instalaciones de autoconsumo y los pequeños proyectos integrados en los lugares más poblados. Por eso la política energética debe ser controlada por la acción colectiva y ha de estar perfectamente alineada con la política medioambiental y con los compromisos de acción frente al clima que ya se han suscrito.

La única manera de reducir drástica y rápidamente las emisiones que oscurecen el futuro y el bienestar de las futuras generaciones es consumiendo menos energía, erradicando el uso de fuentes fósiles y que esta venga de fuentes de energía renovables. Hemos superado todos los límites biofísicos y se impone ahora una disminución drástica, eso sí, ordenada, de la demanda total de energía. Ha de hacerse garantizando la cobertura de las necesidades básicas. Y hay que hacerlo cuidando a las personas en situación de más precariedad porque en ningún caso este proceso puede recaer sobre las espaldas de la mayoría social que no ha recibido ni las migajas del actual modelo.

¿Alguien piensa que lo anterior es posible con las grandes empresas pilotando la transición?