De los tres poderes que conforman nuestra democracia –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– es tradición en España que solo nos preocupe la independencia de uno de ellos. Hay que defender la independencia judicial, repiten sesudos tertulianos cada día en televisión llevando la preocupación a cada casa: lo de la luz está fatalítico, Paco, pero piensa que al menos no somos el pobre juez Marchena. La crítica razonada a cualquier sentencia judicial suele ser presentada públicamente como una inadmisible intromisión, como denuncian las asociaciones de jueces desde grandes altavoces mediáticos. “Urge una reforma del Poder Judicial que garantice su independencia”, declaran solemnes en mítines y telediarios algunos políticos que, sin embargo, no parecen preocuparse demasiado por la falta de independencia que sufren los poderes Legislativo o Ejecutivo a los que a menudo pertenecen. Como en los teclados predictivos, si uno introduce en el cerebro del ciudadano medio español “hay que garantizar la independencia”, el resultado que arrojará el autocompletado será, siempre y sin lugar a dudas, “del Poder Judicial”.

¿No resulta extraño que, siendo tres los poderes que configuran un Estado de derecho sano, solo nos quite el sueño la independencia de uno de ellos? ¿Existe algún motivo para pensar que el diputado que vota ciertas leyes (Poder Legislativo) o el ministro que toma decisiones de gobierno (Poder Ejecutivo) sufren menos injerencias y presiones que el juez que dicta una sentencia? ¿Quién cree usted que, llegado el caso, tendría mayor grado de libertad y margen de maniobra en el ejercicio de sus funciones, el tribunal que condena a un diputado o el parlamento que pretendiese legislar los privilegios de las compañías eléctricas? En cualquier caso y más allá de la comparación, ¿no sería recomendable defender también la independencia de los poderes restantes?

Cuesta imaginarse debates televisivos que giren en torno a las necesarias independencias que nunca se tratan. ¿Han visto alguna vez a Paco Marhuenda preocupadísimo porque las grandes empresas de este país compren voluntades en el Congreso poniendo en peligro la independencia del Poder Legislativo? ¿Han visto a Ana Rosa denunciar en su programa que los lobbies de la vivienda presionan al Gobierno para que no cumpla sus compromisos en lo que supone una intolerable injerencia en las labores del Poder Ejecutivo? No. Sólo les han visto hablar, a ellos y a todos, de la independencia de uno de los tres poderes: el Judicial.

En España, al asunto de la independencia del Poder Judicial le pasa como a Raphael en Nochebuena: el debate se produce más por tradición que por mérito. Más en los últimos tiempos, en los que un poder judicial caducado, ajeno a la voluntad democrática desde hace tres años, no sólo ejerce sin ataduras la independencia en el ámbito judicial, sino que también pretende –y logra– ejercerla en el ámbito político. Destituyendo diputados, gestionando problemas territoriales o tumbando a diario medidas del actual Gobierno. Algunos ejemplos recientes: el Tribunal Constitucional que durante la pandemia cesó temporalmente su actividad presencial acaba de declarar ilegal el cese temporal de la actividad presencial del Parlamento –Poder Legislativo. No está mal como demostración de independencia. Tampoco destituir de forma más que discutible al diputado Alberto Rodríguez o declarar ilegales las medidas excepcionales tomadas durante la crisis sanitaria por el actual Gobierno –Poder Ejecutivo– hace pensar que tengamos un Poder Judicial muy maniatado que digamos.

Si nos interesara la independencia de los poderes del Estado porque nos preocupase la salud de nuestra democracia, no solo hablaríamos de la necesaria independencia de uno de estos poderes, abandonando los otros dos a todo tipo de injerencias. Este debate, como suele pasar en España, tiene más de trampa interesada que de otra cosa. Por su naturaleza conservadora, el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que El Cortijo España entiende como seguro y a salvo de posibles disgustos derivados de la voluntad popular. Nunca escucharán hablar de la necesaria independencia de los poderes legislativo y ejecutivo porque eso significaría pedirles a los dueños del Cortijo y sus lobbies que respetasen el mandato popular, sea este cual sea, sin introducir zancadillas, presiones ni injerencias.

No, la independencia del Poder Judicial que ocupa tertulias y telediarios nada tiene que ver con una mejor democracia o con la independencia real de los tribunales respecto al poder político. Que sea el PP de “tenemos controlado el Supremo”, el PP que maniobra para que los casos de corrupción los juzguen jueces afines quien abandere este debate sería la prueba definitiva para que el debate se declarase nulo ante cualquier jurado. Un jurado que fuese independiente, claro.