Pepe el Rubio no llega a los setenta años. Tiene acento granadino y arrugas de preocupación en los ojos. También tiene diez hectáreas de terreno en Caniles, cerca de Granada. “He sido agricultor toda mi vida”, asegura. Desde el 20 de marzo de este año, su futuro y sus tierras peligran. “Mi nombre apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Me daban dos opciones: o alquilaba o me expropiaban la mitad. Si alquilo, mis árboles, que los planté con mis propias manos en el 94, morirán”. A Pepe el Rubio, como a otros muchos agricultores de la España rural, Capital Energy quiere comprarle sus tierras para colocar paneles solares. La compañía, creada por Jesús Martín Buezas –que estuvo casado cinco años con una hija de Florentino Pérez–, tiene en marcha más de 400 proyectos de parques de tecnologías de energía eólica y fotovoltaica en 44 provincias españolas y 11 distritos de Portugal, según explican en su página web. Cuando esta empresa decidió iniciar el proyecto, Pepe el Rubio no pudo dar su opinión, pues nadie le quiso preguntar. “Estoy a favor de la energía renovable, pero no así. Esto es una injusticia que solo va a enriquecer a los de siempre”. 

La plataforma de su localidad es solo una de las más de 180 que el pasado sábado 16 de octubre se dieron cita en Madrid para reclamar una transición ecológica justa y sobre la que puedan decidir. La convocatoria, impulsada por la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), llevó al centro de la capital sus pancartas y esculturas de papel maché con el fin de visibilizar un problema que está haciendo impensable la vida en cantidad de puntos de la España vaciada. Más de cincuenta autobuses acudieron de todo el territorio: la organización se mostró gratamente sorprendida por la respuesta ciudadana. Congregaron entre 5.000 y 8.000 asistentes. 

A pesar del gran número de organizaciones que se dieron cita y de lo aparentemente diferentes que son sus lugares de proveniencia, los paralelismos asoman nada más hablar con los afectados. Para cumplir con los requisitos de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por los países miembros de Naciones Unidas, y el Plan España 2050, presentado por Pedro Sánchez, España necesita ampliar de forma drástica su despliegue de energías renovables. A priori, esto no debería suponer ningún inconveniente, pero el problema aparece cuando se lleva a cabo utilizando el mundo rural como una macrofactoría cuyo objetivo es abastecer a los núcleos urbanos. Además, esto se hace sin respetar su paisaje natural y su patrimonio cultural e histórico. Los vecinos, se quejan los manifestantes, suelen tener escasa capacidad de decisión sobre lo que ocurrirá en sus tierras o al lado de sus casas.

ALIENTE nace de una preocupación común ante una transición ecológica que consideran injusta. “El modelo de renovables que se busca imponer no cumple los objetivos para los que fue creado”, sostiene Diana Osuna, portavoz de la plataforma. Defienden una alternativa de renovables que acerque las fuentes de producción a las de consumo y que se base en el ahorro energético, la eficiencia y el autoconsumo en el medio. Denuncian la implantación de un colonialismo energético en el que las grandes ciudades hacen las veces de metrópoli mientras los pueblos, sin voz ni voto, son expoliados a cambio de prácticamente nada. “Es inútil”, sentencia Osuna: “El despliegue de renovables que se plantea solo conseguiría reducir las emisiones un 23%, cuando es necesario un 55%”.

Una de las asociaciones integradas en ALIENTE que se ha acercado a Madrid es la Plataforma en Defensa de las Montañas. “El enemigo está dentro. Dentro del Gobierno de Aragón, quiero decir”, afirma Rosa, una mujer de mediana edad de la comarca de Matarraña, en el este de Teruel. De fondo, mientras Rosa hace sus declaraciones, los vecinos pitan y mandan “cariñosos” saludos al presidente de Aragón.

En su tierra, una pequeña zona natural que vive casi en su totalidad del turismo, Capital Energy también planea instalar un macroparque eólico con molinos de hasta 220 metros. Molinos que, critica Rosa, se cargarían no solo el paisaje natural, al que, asegura, todo el mundo tiene derecho, sino su forma de vida. “Allí vivimos del turismo. Nadie querrá venir a un sitio en el que lo único que se pueda ver en el horizonte sean unos molinos gigantes”.

“Todo esto es culpa del capitalismo voraz. Es empobrecer a la población para enriquecer a los de arriba. A los de los despachos. Aragón ya produce más energía de la que consume. Cuando hablan de riqueza y prosperidad, es mentira. Estas construcciones, a nosotros, solo nos traerían problemas”, añade.

En un país en el que existen dos países, una España vaciada y una súper poblada, estas medidas para una supuesta transición energética perpetuarían el centralismo y el consumismo desproporcionado de las grandes ciudades.  Las zonas rurales, que volverían a sufrir la desconsideración gratuita de los centros, serían las que tendrían que pagar el pato y seguir manteniendo, a través de la destrucción de sus tierras y economías, un sistema basado en el expansionismo sin miramiento.

Una transición, en general, que no sería justa. Los manifestantes no solo se quejan por la destrucción de sus paisajes y formas de vida, sino porque nadie les ha preguntado. “Las renovables muy bien, pero no así, poniéndonos cincuenta molinos en la puerta de nuestras casas. Nadie nos ha venido a decir si estamos de acuerdo o no”, asegura Vanesa Ana, otra manifestante que viene de la sierra del Maestrazgo.

“En concreto, en nuestra comarca quieren meternos la mitad de los aerogeneradores previstos para cumplir con los objetivos eólicos de la Agenda 2030”, critica esta joven de veinte años que asegura que ella y sus vecinos están “completamente de acuerdo con el ecologismo, pero vemos algo muy contradictorio que se apueste por destruir el monte para colocar molinos gigantes. Nuestra forma de vida, además, centrada en el turismo rural, se vería completamente destrozada. Hay ingenieros de montes de Teruel que se han opuesto a las eléctricas, que han firmado informes en los que manifiestan que es insostenible lo que nos quieren hacer, pero no les hacen ni caso. Pedimos que estas construcciones se repartan por todo el territorio, no solo en nuestras zonas. Esto no compensa”.

Pero, si ante el avance de estos grandes proyectos energéticos la población se muestra reticente, ¿qué es lo que proponen si no quieren placas solares o gigantescos molinos de fibra de vidrio?

“¡Pues claro que apoyamos la transición ecológica! ¡Claro que queremos energía limpia! Pero no así”, asegura Alfonso, un agricultor de mediana edad que ha venido desde Cúllar, Granada, y que es asociado en la plataforma Agrasana.

En Cúllar, la idea de Capital Energy –este proyecto se englobaría dentro del mismo que afecta a Pepe el Rubio, vecino de Caniles– es expropiar terrenos para llenar el pueblo de paneles solares, según cuentan los afectados. “Quieren colocarlos por todos los caminos. En todo los sitios. Ahora ya no vamos a tener tierra, sino metal”.

“Lo que nosotros pedimos es producir lo que se vaya a consumir en nuestra tierra, no ser la central energética de la ciudad. ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos los de siempre? Creemos que lo mejor es montar un sistema basado en el autoconsumo”.

“Encima, vienen y nos acusan de no querer prosperidad. Nos engañan y nos dicen que esto va a traer riqueza al pueblo, pero qué riqueza va a ser. Montarán los paneles, traerán a cuatro expertos de la ciudad para llevarlos y el pueblo se morirá. Un vacile”, concluye Alfonso.

Todas estas asambleas y asociaciones vecinales se manifiestan, principalmente, por la decisión que ha tomado Capital Energy de construir en sus tierras. Pero ¿quién está detrás de este grupo que pretende, junto a otros, capitalizar y convertir la España rural en una macrocentral que abastezca ciudades y bolsillos?

Este grupo empresarial, fundado en 2002 por el empresario Jesús Martín Buezas, está intentando convertir su firma en uno de los buques insignias de las energías limpias. Su modus operandi ha variado desde su nacimiento. Antes se limitaba a tramitar proyectos  pero ahora quiere desarrollarlos y operarlos: meterse de lleno en los grandes proyectos de renovables (sobre todo, en el sector eólico) que salen a subasta en España, utilizando pequeñas filiales sin empleados, como Green Capital Power. A través de su grupo, Martín Buezas ya ha conseguido más de 400 proyectos, solo en España. En el último ejercicio presentado, el de 2019, obtuvo unos beneficios de 20 millones de euros. Entre quienes se mueven en el sector, Martín Buezas ya es considerado “el rey Midas” de las renovables. 

Otro grupo de manifestantes lleva camisetas estampadas con molinos ensangrentados: “Otra vez no en Sayago”, reza su pancarta. Quienes habitan esta comarca del suroeste de Zamora se pasan unos a otros la patata caliente de hablar con los medios. Finalmente, le toca a Olivia, que expone con preocupación el proyecto que les afecta: “Quieren instalar 66 molinos de 240 metros de altura, los más grandes de toda Europa”. 

Este macroproyecto pretende llevarse a cabo en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, un pequeño paraíso desconocido. Además de que “pagan poco y menos por cada molino y van a destruir toda nuestra economía”, a los inversores, la empresa belga Windvision, se les ha condonado el 95% de los impuestos, expone Olivia con una mezcla de enfado y resignación. Llueve sobre mojado, ya que Sayago lleva durante las últimas décadas sufriendo los bandazos que se han ido dando en política energética: antes de la eólica se instalaron centrales hidroeléctricas, nucleares y térmicas. Un no parar.

“Quítannos un e póñennos outro, no nos deixan vivir”. María viene de Engrobas, en el interior de A Coruña. Allí también han sufrido el impacto de las distintas centrales energéticas. La planta térmica que antes había cerró y ahora llega el turno de los molinos. Colocados muy cerca de las viviendas, atacan de forma directa a una población que se dedica a la agricultura, a la ganadería y al turismo sostenible. “Nos queremos unha aldea normal”, dice esta mujer, recia trabajadora de la huerta, mientras cuenta cómo algunos de sus vecinos han sufrido la expropiación de sus terrenos. “É unha inxustiza”.

Mientras discurre la manifestación entre Atocha y Sol, algunos vecinos se paran a observarla, entre ellos Alberto, un joven madrileño que ve bien “que los pueblos luchen por lo que es suyo, si no les hacen caso”. “Creo que en la capital no nos damos cuenta de los problemas que tienen en los pueblos”, dice.

“Al lado de mi casa hay una incineradora que podrían mandar a tomar por saco”, interrumpe su acompañante. Siempre tiene que haber alguien que se coma el marrón. Lo bueno sería que no se lo comieran siempre los mismos.