La sede de la asociación Kif Kif que atiende a personas migrantes y refugiadas LGTBI en Madrid ha sido atacada dos veces en unos días. La primera amaneció con pintadas que hacían referencia a Vox, y esta misma semana ha sido cubierta con excrementos. Puede parecer poco en relación a las fuertes agresiones que sufren los activistas en otros lugares de Europa o del mundo, pero sabemos que forman parte de un clima social donde se va legitimando progresivamente la violencia contra determinados sujetos.

Las grandes oleadas de movilización feminista de los últimos años no han conseguido frenar la reacción conservadora. Quizás incluso la han espoleado. Toda revuelta acarrea sus detractores y esta se ha montado sobre un sustrato de crisis social y política que las extremas derechas y los actores fundamentalistas han sabido aprovechar para llevar adelante su cruzada contra los derechos LGTBIQ y de las mujeres. Esta cruzada forma parte de una clara estrategia para conseguir poder –institucional, mediático o social– que, en buena parte del mundo, implica también un intento por socavar la democracia liberal. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación Retando al futuro: ataques a la democracia en Europa y América Latina, que he coordinado junto a Diana Granados –para los fondos de mujeres Calala y Lunaria– y en la que se basa este artículo. Más allá de la toma del Estado o su participación en parlamentos y gobiernos que se plasma en nuevas leyes regresivas, la emergencia de estos actores ha puesto en el punto de mira al propio activismo feminista y LGTBI. Las activistas que hemos entrevistado dicen percibir un claro aumento de esos ataques en los últimos años.

Ataques online que afectan a la vida cotidiana

Uno de los escenarios privilegiados de esta confrontación es internet. En España, como sucede en otros países del entorno, el acoso online y las violencias digitales se han vuelto habituales, en batallas que a veces saltan a los medios o a la vida material. El ciberespacio ya es un lugar de reproducción de la violencia patriarcal cuyo objetivo es acallar o dificultar las voces feministas. Según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, la violencia de género en línea es un problema creciente de proporciones mundiales y de graves consecuencias en todo el continente. Estas agresiones tienen como objetivo que determinadas opiniones progresistas no tengan espacio en el debate público o que supongan costes personales demasiado altos para las personas que las sostienen. Recientemente, por ejemplo, la cómica Elsa Ruiz ha dejado su programa de televisión para ingresar en un hospital tras un intento de suicidio. La causa de su depresión, según ha explicado, es el acoso que sufre en redes. En este caso, no solo por parte de la extrema derecha sino también de un feminismo transexcluyente que está muy movilizado y que comparte formas y argumentarios con los ultras.

Una de las prácticas más agresivas y que puede generar secuelas psíquicas negativas muy duraderas –además de las amenazas de muerte y violación que muchas de las activistas relatan– es la práctica del doxing. Esta consiste en hacer públicos en Internet datos personales –como teléfonos, direcciones personales o de trabajo– o información privada –fotos íntimas, relaciones amorosas, etc.– El objetivo es que la persona reciba todo tipo amenazas, acoso, humillaciones o que su imagen pública se vea afectada. En España, han sufrido este tipo de acoso activistas –como Irantzu Varela o Pamela Palenciano– y medios feministas de larga trayectoria como Pikara Magazine. En los casos más extremos, de lo digital a la vida hay un paso. Muchas de estas activistas acaban teniendo que modificar su vida cotidiana o viven con miedo. Algunas también confiesan que acaba por afectar a su implicación política, o que tratan de evitar según qué temas para no recibir nuevos ataques.

La violencia de género en línea es un problema creciente de proporciones mundiales y de graves consecuencias en todo el continente

Alice Coffin, periodista y concejala del Ayuntamiento de París, probablemente no sospechaba la tremenda reacción que iba a desatar su último libro, El genio lesbiano. Seguro que lo imaginó polémico, porque propone dejar de leer, mirar o escuchar obras de todo tipo si están creadas por hombres, pero quizás no alcanzó a ver que acabaría con protección policial a causa de las amenazas recibidas. Los medios la acusaron de “odiar” a los hombres; también perdió su puesto de profesora en el Instituto Católico de París. 

En los últimos años, estos ataques se han generalizado en Europa del Este y son tan duros, que las activistas los consideran una parte ineludible del propio activismo, según ALEG y el Centro de Recursos para las Mujeres de Armenia. En la región son muchos los casos parecidos, sobre todo de aquellas activistas que trabajan temas de educación sexual, que saben que están tocando un tema sensible que los ultras usan profusamente para alimentar pánicos morales sobre la “infancia en peligro” y que consiguen generar violentas movilizaciones. En Georgia sucedió a partir de la publicación de un video sobre educación sexual en Facebook de la Asociación de Educación y Trabajo. La autora recibió cartas con insultos y llamadas amenazadoras por parte de grupos de ultraderecha y dijo tener miedo de salir de casa por las continuas amenazas de muerte y violación, según relata el Fondo de Mujeres en Georgia. En los casos más graves, son los propios miembros del gobierno quienes coartan el derecho a la libertad de expresión, como ocurrió en Bulgaria, a raíz de un libro educativo para niñas que se llama La vagina importa. Los ataques los inició un partido de extrema derecha, VMRO, que integra la coalición de gobierno, y que amenazó con impulsar una investigación penal para encarcelar a sus autoras. En esta campaña participó el propio ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov. 

El feminismo en Europa del Este, deporte de riesgo

Precisamente en Europa del Este, donde hay partidos de extrema derecha en el poder, los discursos de odio y los ataques son más fuertes, casi cotidianos, e incluso llegan a amenazar la integridad física de las activistas. Según un reciente informe, Estado de la Democracia en el mundo 2021, realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en Hungría, Polonia o Eslovenia, “la pandemia ha consolidado el poder de los regímenes autocráticos y ha erosionado las libertades y el Estado de derecho ”. Este clima político de autoritarismo se impulsa en una ofensiva contra las luchas feministas/LGTBIQ que legitima las agresiones y la propia represión estatal de las activistas. Los enemigos de la nación han pasado a ser las personas que luchan por derechos liberales, por la igualdad de género o simplemente por reinvidicarse como gay, trans o lesbiana. Estos son contemplados como traidores a la nación –que tratan de identificar con los valores tradicionales–y pasan a verse como aliados de una UE que amenaza la soberanía nacional y que quiere imponer su “ideología de género” o su “ideología LGTB”. El objetivo final en el que se enmarcan las guerras de género en la región implica un ataque masivo contra la Unión Europea y contra lo que se entiende que son sus valores liberales.

Esto sucede en Rusia, Serbia, Hungría y otros países del entorno donde, a menudo, los medios de comunicación reproducen ampliamente estos discursos y las propias amenazas a las activistas. Según el Fondo de Mujeres de Ucrania, en su país y en medio de un conflicto armado latente son señaladas públicamente como “enemigas de la nación”, “separatistas”, “cómplices de los ocupantes”, “sorosiata” –bebés de Soros– o “zorras izquierdistas” y son víctimas de calumnias en los medios. La militarización impulsa estas constantes amenazas –algunas han perdido sus trabajos por la militancia– y alienta las agresiones que se han convertido en parte de la rutina diaria de las activistas. La presión es tan fuerte que muchas dicen sentir miedo y confiesan que les gustaría poder marcharse al extranjero. 

En Serbia, la violencia contra las activistas también se está convirtiendo en algo habitual, según el Fondo de Mujeres para la Reconstrucción. Se intentan impedir las actividades convocadas por feministas. En el sur del país, por ejemplo, una de ellas, relata que llegó a encontrar animales muertos frente a su puerta en varias ocasiones. El asalto a sedes de organizaciones progresistas también se han convertido en algo tristemente habitual en la región. Así, la organización pacifista Mujeres de Negro ha sufrido ya varios ataques.

El derecho a la protesta, amenazado

A esta situación hay que sumar que, en algunos lugares de Europa del Este, las contramanifestaciones de grupos ultraderechistas o la propia represión estatal hacen cada vez más complicado ejercer el derecho a la protesta. En el caso de Polonia, tanto en 2019 como en 2020, ha habido agresiones en manifestaciones LGTBIQ y feministas. Durante las recientes protestas por las restricciones al derecho al aborto, miembros de extrema derecha se enfrentaron a las activistas cuando estas protestaron delante de las iglesias. Esto ocurrió después de que Jarosław Kaczyński, uno de los líderes del PiS –el partido en el poder–, llamó a la “defensa de la nación y de las iglesias católicas”. Estar en el punto de mira de las extremas derechas hace que el movimiento feminista sea percibido como uno de los principales espacios de articulación política en su contra, lo que, por una parte, potencia al movimiento pero, por otra, redobla los ataques, según el Fondo Feminista de Polonia. Como explica Magda Grabowska, hay que tener en cuenta que las movilizaciones feministas en el país están condensando la oposición al régimen, sus manifestaciones han sido apoyadas por sindicatos y la plataforma ha sumado reivindicaciones en defensa de los derechos civiles y políticos,  lo que las convierte en las adalides de la lucha por la democracia en el país.

En toda Europa, la estrategia legal que impulsan los fundamentalismos para poner trabas al activismo feminista/LGTBIQ también amenaza el derecho a la protesta. Organizaciones como el European Centre for Law and Justice u Ordo Iuris, que impulsó la última restricción constitucional al derecho al aborto en Polonia, o la española Abogados Cristianos tratan de cambiar el ordenamiento legal o persiguen directamente a las activistas. Para las activistas feministas/LGTBIQ+, una querella de este tipo puede suponer años de proceso, gastos económicos y un considerables desgaste. Aquí se trata de utilizar el proceso como pena e instrumentalizar el derecho de acceso a los tribunales para publicitarse y destruir o limitar derechos y libertades reconocidos en la ley. En ocasiones también consiguen condenas, como sucedió con la multa impuesta a la protesta del Coño Insumiso de Málaga. 

Los hechos que se relatan en el informe son abrumadores. Frente a ellos, hay mucho que podemos hacer, que ya se está haciendo, y que es efectivo. Como se recoge en las conclusiones del estudio, las respuestas pueden encontrarse en momentos clave que permitan intervenir públicamente usando el escenario de confrontación diseñado por los ultras para penetrar en el espacio mediático o público. Es el caso de la educación sexual, porque nos permite introducir un tema clave en la agenda. También pueden ser encuentros de creación, fortalecimiento o visibilización de redes de colaboración entre una pluralidad de organizaciones y activistas que pueden llegar a generar fuertes movilizaciones. Evidentemente, la respuesta tiene que ser una decisión que parta de un análisis de los contextos, de las propias fuerzas y de los riesgos que se asumen a la hora de exponerse públicamente. En cualquier caso, tanto el feminismo de base como unos movimientos sociales fuertes son imprescindibles para enfrentar estos ataques en la arena pública, y son la mejor barrera contra el crecimiento de la extrema derecha y los fundamentalismos y para frenar el avance de estas ideas en lo social.