Maixabel Lasa nunca entendió que una de las primeras decisiones que tomó Mariano Rajoy al llegar a La Moncloa fuera suspender los encuentros restaurativos, que arrancaron en 2011, entre víctimas del terrorismo y presos arrepentidos. Su argumento es arrollador: “Aquello fue el mayor movimiento de deslegitimación de la historia de ETA”. Ahora, el Gobierno está decidido a retomarlos, siempre respetando la discreción y confidencialidad de los participantes. Diversas fuentes han confirmado a CTXT la disposición de varias víctimas a reunirse con sus victimarios; alrededor de una veintena de presos arrepentidos también han aceptado. 

Hay quien piensa, sin embargo, que esto no sirve para mucho. Andoni Unzalu, asesor de comunicación de Patxi López durante varios años y autor de dos ensayos sobre la política vasca, critica con dureza los encuentros restaurativos porque no pretenden deslegitimar el terrorismo. “Operan en un ámbito exclusivamente privado. Y la consecuencia más perversa de privatizar el terrorismo es que renunciamos a la responsabilidad política que le da origen. Esta forma religiosa de borrar el pecado puede que sea reconfortante para algunas víctimas pero es ajena a la esencia del terrorismo y su faceta política, su motivación básica”, afirmó en un extenso artículo publicado en El Diario Vasco en pleno torbellino de popularidad de la película Maixabel, de los aniversarios colectivos tras una década sin terrorismo y de la declaración realizada por EH Bildu en Aiete en la que afirmaban sentir el dolor de las víctimas y que este nunca debió producirse. 

El consejero navarro de Justicia, Eduardo Santos, niega que ese modelo que censura Unzalu sea una privatización de la justicia para unos delitos terribles sino más bien lo contrario. Y apunta que eso es precisamente lo que convierte a los encuentros restaurativos en un instrumento particularmente valioso para deslegitimar el terrorismo. “Frente a su delirante pretensión de haber ejercido la violencia en nombre del pueblo, la justicia restaurativa coloca al terrorista ante el espejo de ese mismo pueblo, que, al confrontarlo con su víctima, le dice que su violencia careció de sentido, y que se equivocaron quienes en algún momento la justificaron”, asegura. 

En 2018, la UE recomendó incorporar a las normativas penales de cada Estado un modelo de justicia que no gire únicamente alrededor del castigo y el aislamiento

La realidad vasca es un camino difícil. Duele escribir la historia oscura tantas veces contada. El tiempo continúa corriendo en espiral. El décimo aniversario del fin de ETA, por ejemplo, se celebró sin alharacas de ningún tipo. Ni de rabia por el dolor causado durante tantos años, ni de júbilo porque hoy se viva mejor. Días después, PP y Vox volvieron a dar la espalda al homenaje que el Parlamento Vasco tributa cada año a todas las víctimas del terrorismo en Euskadi. Acostumbrados como están los vascos a declaraciones discrepantes sobre la manera de avanzar en la convivencia, las palabras que brotan de una víctima del GAL, de otra de ETA, de una autora teatral o de varios jóvenes nacidos en este siglo, denotan puro escepticismo. “Vivimos en una sociedad sin memoria, construida sobre el silencio. Exactamente igual ha ocurrido con el franquismo. ¿Cómo fue posible? La respuesta, probablemente, quedará pendiente para las generaciones venideras”, reflexiona la dramaturga María San Miguel, que en 2009 comenzó a investigar el origen de la violencia política en el País Vasco y, tras entrevistarse con decenas de víctimas de todos los bandos, escribió una trilogía descarnada que hoy continúa representándose de manera independiente por España y varios países europeos. 

La pieza central expone un capítulo de este drama que ha mostrado su utilidad para ir cerrando las brechas abiertas durante los años de plomo: los encuentros restaurativos. Sobre el escenario, tres actores en los papeles de víctima, mediadora y victimario lanzándose a la cara la trágica historia que les unió para siempre. Uno, apesadumbrado por el asesinato de un ser querido. El otro, arrepentido por haber entonado el adiós a las armas tan tarde. Y, en medio de ambos, la facilitadora de una conversación emocionalmente desgarradora, donde las voces de los protagonistas van encontrando eco en el otro, con humanidad y sin resentimiento. La contrición que se produce deja atónitos a los espectadores. Se trata de mostrar al público el valor constructivo de una justicia que sólo se aplica si es demandada de forma voluntaria por la víctima y sin contrapartidas previas para el victimario. 

¿Es posible el perdón? “No es el objetivo último de la justicia restaurativa. El perdón puede surgir, sí, pero como una forma de expresión cuando la persona herida ya se siente resarcida. Se escucha a la víctima, se conocen los motivos en los que sucedió el delito para tratar de que no vuelva a ocurrir. Se le pregunta cómo le gustaría seguir con su vida y se hace responsable al victimario del daño cometido”, explica Roberto Moreno, miembro del Foro Europeo de Justicia Restaurativa y coordinador de justicia y personas en prisión del Ararteko - Defensoría del Pueblo del País Vasco. “Complementa a la justicia ordinaria donde un juez aparta a la víctima, determina los hechos ocurridos y dicta sentencia. La restaurativa trata de reparar el daño causado, todos los daños causados, otorgando a la víctima todo el protagonismo”, concluye Moreno.

A tenor de la experiencia, su valor social es inmenso. En 2018, la Unión Europea recomendó incorporar a las normativas penales de cada Estado un modelo de justicia que no gire únicamente alrededor del castigo y el aislamiento sino del encuentro y la reparación de las víctimas que lo reclamen, incluso en los casos más aberrantes. España ya lo hizo hace seis años cuando se puso en marcha la ley del estatuto de la víctima. Desde entonces, según los datos facilitados por Instituciones Penitenciarias, se administran programas restaurativos en 34 de los 83 centros penitenciarios del país, en 13 centros de inserción de terceros grados y liberados condicionales, y en 55 servicios de gestión de penas y medidas alternativas donde participan 1.079 personas condenadas. Sin embargo, aún quedan resistencias por doblegar, especialmente en la judicatura conservadora. “Los jueces de vigilancia penitenciaria tienen que acostumbrarse a que las víctimas deben asumir el protagonismo en el cumplimiento de penas. Por ejemplo, en los accesos a las libertades condicionales. Tienen una voz y los jueces deben contar con esa opinión porque es su derecho”, afirma tajante Myriam Tapia, coordinadora de justicia restaurativa en Instituciones Penitenciarias que reconoce que aún hace falta pedagogía dentro del sector judicial.

Un proceso complicado

El proceso es muy largo y extremadamente duro. Para los penados, porque realizan un proceso de autocrítica individual profunda donde afloran las consecuencias trágicas de sus actos y la espiral de dolor indescriptible que provocaron. Y, por supuesto, también para las víctimas porque tienen la oportunidad de preguntar las cosas que siempre les inquietaron sin intermediarios ni interferencias. En el caso concreto de sus encuentros restaurativos con presos de ETA, las cuestiones que se ponen sobre la mesa son altamente perturbadoras: ¿Qué pasa por la mente de una persona que decide empuñar una pistola para matar a otra? ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado al victimario a responsabilizarse individualmente de lo que pasó? Además, pueden hacer sentir a los victimarios el dolor que causan. “Es la ocasión para decirle al otro cómo dejaron a mi madre y a mis seis hermanos. He llegado a la conclusión de que no son conscientes del daño que queda en la familia de la persona asesinada”, asegura Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre, delegado de Telefónica en Gipuzkoa, fue secuestrado y asesinado por ETA en 1980. 

“Me reuní con Fernando de Luis Astarloa, un veterano exmilitante de la banda, en 2011. Tuvimos una larga conversación donde, entre otras muchas cosas, me contó todas las barbaridades que le habían hecho en la cárcel, torturas, etc. y que yo le creo. Ya casi al final me dijo: Iñaki, yo no era del comando que mató a tu padre pero asumo todos los atentados de la organización –ellos siempre hablan de ‘organización’– y quiero pedirte perdón. Aquello me impresionó profundamente porque era la primera vez en 31 años que alguien, no ya de ETA, sino de ese mundo que representa la izquierda abertzale, me pedía perdón. Le respondí que por supuesto que le perdonaba pero que deseaba que ese acto de valentía lo tuviera con los familiares de las personas a las que había asesinado”, recuerda ahora. 

De Luis Astarloa terminó de cumplir su condena hace años y hoy está completamente integrado en la sociedad, afronta los problemas habituales que tienen los ciudadanos, hace vida normal. “Nos vemos dos o tres veces al año, comemos, charlamos. No es la persona que yo hubiera elegido como amigo pero creo que la vida nos ha unido y, aunque sea difícil de expresar siendo yo una víctima del terrorismo, estoy ayudando a recuperar a una persona para la vida. A alguno puede parecerle denigrante pero no lo es en absoluto. Es una realidad que debe ser respetada”, concluye García Arrizabalaga con una rotundidad aplastante.  

Pili Zabala, hermana de una víctima del GAL, siempre dice que su dolor y el de su amigo Iñaki “son exactamente el mismo”, aunque la Guardia Civil nunca haya tenido hacia su familia un gesto de perdón por lo que hicieron. En 1983, dos agentes del instituto armado, Enrique Dorado y Felipe Bayo, secuestraron a su hermano Joxi y a Joxean Zabala en Francia y los trasladaron al Palacio de la Cumbre en Donostia para torturarlos. Siguiendo las instrucciones del general Enrique Rodríguez Galindo, con el conocimiento del entonces gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, los llevaron a la localidad alicantina Aguas de Busot. Allí les obligaron a cavar su propia fosa, los asesinaron y los enterraron en cal viva. Diez años después fueron identificados sus restos. “Hay veces que me siguen diciendo que como mi hermano era de ETA pues… En fin. Si no reconocemos el daño causado a todas las víctimas, será difícil avanzar en la cultura de la paz y la convivencia. A muchas de nosotras nos sigue faltando ayuda y reconocimiento para curar nuestro dolor”, agrega Zabala. 

Víctimas de todas las violencias

Hace unos meses, 53 víctimas de ETA reaccionaron ante estos agravios comparativos. Elaboraron un manifiesto público para mostrar su consternación por el olvido y el silencio al que han sido empujadas las víctimas de la violencia policial y del GAL por parte del Estado. El texto pasó casi desapercibido para los grandes medios de comunicación y fue criticado por los colectivos más férreos o próximos al PP. “El convencimiento ético de rechazo a la violencia es individual, independientemente de que la otra parte en conflicto lo haga o no”, coinciden Pili Zabala e Iñaki García Arrizabalaga que en 2015 fundaron junto a otros afectados la iniciativa Eraikiz, un proyecto colectivo donde víctimas de todas las violencias trabajan en la construcción de espacios para la normalización y la convivencia. 

Valores, justicia, verdad. Algo cambia cuando se produce el contacto directo entre víctima y victimario. Tanto para quien ha causado daño como para quien ha sido herido. Antes de conformarse los primeros encuentros restaurativos en 2011 se produjo un intenso e inmenso trabajo de acercamiento entre afectados por terrorismos de todas las tendencias en la pequeña localidad irlandesa de Glencree. Dinamizado por profesionales como Galo Bilbao, Julián Ibáñez de Opakua y Carlos Martín Beristain, aceptaron participar en él 25 personas. Y para ellas resultó ser un descubrimiento apasionado del otro. Todas habían sufrido terriblemente pero compartieron sentimientos, se reconocieron y empatizaron.

53 víctimas de ETA elaboraron un manifiesto para mostrar su consternación por el silencio al que han sido empujadas las víctimas de la violencia policial y del GAL 

En Italia se produjo una experiencia parecida con exmiembros encarcelados de las Brigadas Rojas, que terminó siendo un referente para lo que se quería hacer en España. Lo llamaron proceso de “disociación” de activistas arrepentidos y crearon “áreas homogéneas” dentro de las prisiones para facilitarles su alejamiento de la lucha armada y favorecer el desarrollo de una reflexión común. Uno de los protagonistas fue Alberto Franceschini, fundador de las Brigadas Rojas. Hace unos años describió el profundo trance personal que le supuso todo aquel proceso y la inmensa soledad que sintió cuando decidió romper con el aparato más dogmático de la banda. “Ese fue el momento más duro. Una elección como la de la lucha armada es una elección total, y en ese punto pones en discusión todo. La autocrítica en estos casos no es sólo un problema político, es más. El verdadero problema es existencial”, señaló en una entrevista concedida años después. 

Otra exbrigadista roja arrepentida, Adriana Faranda, integrante del comando que secuestró y mató a Aldo Moro en 1978,  se reunió con la hija del político democristiano en 1983. “Detrás de un encuentro restaurativo está la necesidad de liberar el dolor y las acusaciones, pero sobre todo está la búsqueda del otro, de su humanidad. El contacto directo con las víctimas, además de un altísimo valor ético y un gran impacto emocional, incrementa la comprensión. No elimina el dolor, pero se puede aliviar. Esto es lo más importante. Es un factor de transformación no solo respecto al pasado, sino a uno mismo. No tanto por nuestra parte, sino sobre todo de parte de las familias de las víctimas. Es liberatorio”, describió en el transcurso de un congreso sobre memoria y convivencia organizado en 2012 por el Gobierno vasco.

Txema Urkijo era entonces asesor de la dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo autónomo. Cuando recuerda los delicados momentos en los que se decidió apostar por la vía Nanclares, la particular área homogénea creada para presos de ETA que empezaban a reprobar la lucha armada, se le enciende la mirada. Habla del grupo de trabajo que forjaron a base de complicidad y de la confidencialidad que todos asumieron. Tanta que el propio Urkijo bautizó a aquel colectivo de implicados como la “Comunidad del Anillo”. Allí estaban expertos en la mediación penitenciaria como Esther Pascual, Txabi Etxebarría y Julián Ríos; facilitadores como el actual consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos; políticos como el socialista Txus Loza y ningún periodista. “Tuvimos el apoyo expreso de la entonces secretaria de Instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, para trabajar la primera fase con el máximo secretismo. Bueno, había dos periodistas, Mónica Ceberio y Manuel Altozano, que empezaron a indagar y se aproximaron, así que decidimos hablar con ellos. Acordamos que, a cambio de que no revelaran nada en ese momento, les contaríamos posteriormente todos los detalles. Aceptaron y así pudimos desarrollar los primeros encuentros entre víctimas y victimarios, que fueron cuatro, en la primavera de 2011. En septiembre de ese año publicaron toda la información apoyada con una entrevista a Iñaki García Arrizabalaga”, recuerda Urkijo. 

La pregunta del laberinto vasco sigue flotando como un conjuro: ¿Es posible que todos reconozcan el daño causado en el otro? “La cultura ayuda a difundir estos temas porque contribuye a crear espacios de reflexión, diálogo y emociones compartidas que fluyen en ambas direcciones”, concluye la dramaturga María San Miguel. Se baja el telón y hay un fundido a negro. De nuevo se hace el silencio.