Las personas migrantes ante todo son seres humanos y por esa mera condición constituyen sujetos de derechos. Esta premisa tan esencial muchas veces es olvidada, en especial ad portas de un proceso electoral, donde su legitimidad se pone en discusión, con mensajes que cuestionan su presencia. Resulta fundamental contrarrestar retóricas falaces que se difunden entre la población y construyen un imaginario parcial y restrictivo de quien se desplaza.

En Chile varias situaciones han avivado los ánimos: el masivo ingreso de migrantes por la frontera norte, las expulsiones de extranjeros efectuadas por el Gobierno, la marchas contra la inmigración y la quema de pertenencias. Mientras ciertas autoridades y sectores de la sociedad local abogan por un mayor control, otros, remarcan la necesidad de abordar los desplazamientos desde un enfoque de derecho.

Kast sostiene que la respuesta estatal necesariamente debe apostar por la securitización fronteriza, como si fortaleciendo los lindes se resolvieran los desplazamientos

En la contienda electoral la movilidad humana se ha establecido como uno de los focos primordiales de debate. Los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta –que se celebrará el 19 de diciembre– se han trenzado en sendas disputas: Kast (de extrema derecha) ha acusado a Boric (candidato de izquierda) de fomentar los flujos irregulares con su propuesta de entregar viviendas, mientras él plantea, entre otras medidas, cavar una zanja en la frontera para frenar las entradas por pasos no habilitados. Emulando a Trump y a la construcción de su famoso muro, José Antonio Kast sostiene que la respuesta estatal necesariamente debe apostar por la securitización fronteriza, como si fortaleciendo los lindes se resolvieran los desplazamientos. La ideología de Kast es clara: su programa de gobierno señala literalmente que “el aumento desorbitado de migrantes hace colapsar los territorios, servicios básicos y condiciones mínimas de vida”, por lo que entre las medidas propone un “recinto transitorio de inmigrantes ilegales” “con el solo objeto de preparar su expulsión del país” (página 203 de las bases programáticas de “Atrévete Chile”). 

En una línea similar, Johannes Kaiser, en su campaña a diputado por el Partido Republicano (partido político chileno de extrema derecha), manifestó vía twitter, que “El que no aporta se deporta. Punto. No más buenismo a costa de la gente humilde de Chile”. Este mensaje ha sido difundido junto a un cartel, copiado de la ultraderecha suiza, que usando de fondo la bandera chilena, ilustra un rebaño de ovejas mayoritariamente blancas que representarían a la sociedad chilena, en que una de las ovejas patea a otra, la que realmente sería un lobo disfrazado de oveja. Así, quien se desplaza es presentado como una amenaza, un riesgo para la comunidad nacional, al que se debe responder expulsando del territorio.

El “Partido Popular Suizo” creó esta propaganda para un referéndum sobre una “Iniciativa contra la inmigración”, en que se consultó a la población por el endurecimiento de las normas para la deportación. Bajo el lema “Conseguir la seguridad por fin” (Endlich sicherheit schaffen) se animaba a la “deportación de extranjeros criminales” (ausschaffung krimineller auslander), facilitando su expulsión inmediata. La consigna se resumía en la imagen de una oveja blanca (suizo/a) que echa a patadas a una oveja negra (migrante = criminal). 

También esta ilustración fue plagiada casi de manera idéntica, salvo por la bandera, por la ultraderecha española, la que apoyada en el eslogan “¡Compórtate o lárgate! Contra los altos índices de delincuencia extranjera”, pretendía obtener réditos electorales.

Propaganda de esta índole no es exclusiva de un único país, sino que tal como se observa, es un mensaje xenófobo que se reproduce en diversas ocasiones en periodos de votaciones. Particularmente en Chile en septiembre del 2017, en la campaña a reelección parlamentaria, Fulvio Rossi, instaló en el norte, en la Región de Tarapacá carteles con la premisa “No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes”. Con este mensaje reducía los flujos de personas a una cuestión de legalidad/ilegalidad, asimilando a aquellos que se encuentran irregulares a criminales, sobre quienes no cabría otra medida que la expulsión. Una estrategia que explota la hostilidad hacia quienes se desplazan, haciendo uso del prejuicio. Ello, aunque los estudios afirman que no hay vinculación entre migración y delincuencia (Servicio Jesuita a Migrantes Chile 2020, “Criminalidad, seguridad y migración. Un análisis en el Chile actual”; Ajzenman, Domínguez y Undurraga 2020 “Immigration, crime & crime (mis) perception”). 

No obstante, la evidencia existente, constituye una eficiente retórica empleada por diversas autoridades en distintos países (Salvini en Italia, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, etc.). A pesar de los disímiles escenarios estos políticos han hecho uso de una propaganda que apelando a un nacionalismo insta a la exclusión de quien migra, al que se asocia a criminalidad. Por ejemplo, al comparar Suiza, España y Chile se observan más diferencias que similitudes, no solo a nivel demográfico, económico, político y sociocultural, sino también en el ámbito migratorio.  Solo una muestra: el promedio de la inmigración de la OCDE se sitúa en torno al 13%, y algunos países superan esa media, entre ellos Suiza (29%) y España (14% al año 2019) mientras que en Chile el porcentaje es inferior (los extranjeros residentes representan cerca del 8% al 2020). Sin embargo, aunque constituyen realidades disímiles, comparten discursos de naturaleza excluyente, en donde la persona migrante se configura como “chivo expiatorio”.

La naturalización de estas narrativas es nociva, al menos, por tres razones: en primer lugar, promueven la instalación de construcciones restrictivas acerca de la movilidad, al conceptualizar a la migración únicamente desde el utilitarismo; es decir, frente al extranjero solo cabría hacer un cálculo de costos y beneficios: si las cargas resultan más que los aportes, su presencia no se justifica. Desde esta visión instrumental, quien se moviliza se legitima solo si constituye un aporte, si no la respuesta estatal debe ser su expulsión. Esto, a pesar de que, como advierte la literatura especializada, “la expulsión demuestra la prevalencia de una respuesta simple, limitada y usualmente ineficaz ante un fenómeno complejo y multidimensional como la inmigración” (Ceriani, Luces y sombras de la legislación migratoria latinoamericana). 

En segundo lugar, la propagación de estas retóricas es perniciosa, en tanto se sustentan en la falaz premisa de que el bienestar de ciertos sectores de la población local se contrapone a la presencia extranjera, fomentando tensiones y resquemores en la sociedad, que tienen múltiples consecuencias, como las manifestaciones contra la migración.

Por último, son discursos dañinos porque responsabilizan del bajo nivel de los servicios públicos y de la calidad de vida en Chile a quienes se desplazan al país, una vinculación errónea que no se compadece con la realidad, pero que se propaga con efectividad, instalando en el imaginario social la inmigración como una problemática.

Condicionar el derecho a desplazarse a la lógica de costo-beneficio significa no comprender la democracia; implica asumir la ciudadanía como un estatus excluyente, a fin de cuentas, se traduce en no tomarse en serio el Estado de Derecho, reduciendo la presencia migrante a la unidimensionalidad.

Las y los candidatos a cargos públicos deberían efectuar declaraciones que no reproduzcan temores que fomentan la segregación. En tiempos electorales no deberían azuzarse los prejuicios, sino que debería abordarse este complejo fenómeno sociocultural con seriedad, promoviendo el respeto de los derechos de todas las personas que habitan un territorio. En efecto, se trata de entender que el otro – quien migra– no es una otredad, no es instrumento, sino más bien y como sostuvo la filósofa Hannah Arendt, tiene “derecho a tener derechos”. Esa, constituye la garantía más esencial, que siempre se debe resguardar en una democracia que se precie de tal. 

Es hora de comprender la migración como una cuestión política, es decir, asumir que quienes se desplazan deben ser reconocidos como personas en todo su sentido. Esto implica, en palabras de Arendt, no reducirlos a animals laborans o homo fabers, sino más bien, comprender su condición humana como vita activa: labor, trabajo y acción, en tanto sujetos de derechos. 

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Martina Cociña-Cholaky es doctora en Derecho y Ciencia Política Universidad de Barcelona.