Fabián Salvioli (La Plata, Argentina, 1963) es el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, cargo por el que tiene una estrecha relación con España y, sobre todo, con las víctimas del franquismo. A su larga experiencia en defensa de los derechos humanos –ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidente de Amnistía Internacional en Argentina, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad de la Plata o director del Instituto argentino de Derechos Humanos–, Salvioli le suma ser una persona empática, solidaria, comprometida y entregada a las víctimas. “Su verdad es la verdad”, afirma contundente. 

El relator ha pasado recientemente unos días en España para intervenir en diferentes actos relacionados con la memoria que se pretende recuperar y con la deuda que este país tiene con las víctimas del franquismo. En ellos, ha mencionado en varias ocasiones a Chato Galante o se ha referido a El Silencio de otros “porque solo un minuto de esa película sirve para entender por qué es necesaria una ley de Memoria”. La lógica de su discurso es aplastante, incontestable. A veces habla como si estuviera harto de repetir lo que tiene claro que son verdades como puños. La entrevista se realiza en un hotel del centro de Madrid. 

¿Es una anomalía que un país con 45 años de democracia consolidada requiera la figura de un relator para la promoción de los derechos humanos en lo que se refiere a verdad, justicia y reparación? 

No, no es una anomalía; muchos países que han consolidado democracias siguen con situaciones a abordar en relación al pasado. España no es la excepción. Lo que sí creo es que, a medida que pasa el tiempo, hay menos excusas para no abordar el pasado como se debe; en ese sentido y en España, los 45 años transcurridos [desde la muerte del dictador] dan cuenta de que es el momento para avanzar decididamente de una vez.

Le he escuchado decir que le impresionó una reunión con víctimas del franquismo, y eso le impulsó a involucrarse a fondo con el pasado de España. 

Una ley de memoria democrática como es debido es una deuda para las víctimas y es una deuda para toda la sociedad

En líneas generales, yo trabajo en derechos humanos desde hace más de treinta años, y lo he hecho en función de la violación de derechos humanos en la dictadura argentina; luego, por mi trabajo en Amnistía Internacional en aquellos años, empecé a comprender que todas las víctimas son importantes, sean de donde sean; y siempre he sentido mucha empatía y mucha solidaridad para con las víctimas. Cuando estuve mano a mano con las víctimas del franquismo y vi que durante tantas décadas se les negaba justicia, sentí que su causa, como la de todas las víctimas, era mi propia causa.

¿Qué nos puede avanzar sobre el informe que ha presentado sobre España?

El informe se presentó en septiembre. En 2020 yo no pude hacer visitas oficiales, por la pandemia; entonces decidí hacer informes de seguimiento de cumplimiento de las visitas que anteriormente había hecho mi predecesor [Pablo de Greiff]. Son seis países, entre ellos, España.

He señalado las cosas positivas que se habían dado a partir de la iniciativa de la Ley de Memoria Histórica [aprobada en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero], y también las dificultades que aún subsistían en el marco de la Transición, particularmente que no se avance en el juzgamiento y castigo de las personas responsables, y también otras cuestiones como las reparaciones que no se asumían integralmente en relación a las víctimas  del franquismo; señalé como positivo el hecho de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y la necesidad de resignificar ese espacio como un espacio de memoria. 

Respecto a esos señalamientos que usted ha hecho, ¿le parece que el nuevo proyecto de ley de Memoria Democrática que está en fase de tramitación en el Parlamento pueda ser una buena herramienta?

Creo que el proyecto de ley es bueno. Siempre puede ser mejorable, pero creo que es bueno; sería una pena que España no apruebe una ley de memoria democrática como es debido. Es una deuda para las víctimas y es una deuda para toda la sociedad. Si no se hace ahora, veo difícil que se haga.

¿Por qué cuesta tanto que España cumpla con el derecho internacional que marca las obligaciones que se tiene con las víctimas del franquismo? Ha pasado demasiado tiempo, usted lo ha dicho, 45 años, y no se ha avanzado absolutamente nada.

Porque todavía no se asume esto como una política de Estado, que es lo que debe ser; si fuera  política de Estado, no debería haber diferencias políticas en relación a esta cuestión; entre otras cosas, porque cumplir con los derechos humanos es lo que hace a una democracia, democracia substancial; si no, las democracias son meramente formales. Entonces yo creo que las iniciativas en ese sentido marcan un poco cuales son las posiciones democráticas dentro del Estado y cuáles no lo son.

Si fuera una política de Estado, daría igual cuál fuera el partido que estuviera en el poder y cuál en la oposición; la línea de trabajo sería la misma y continuaría a lo largo del tiempo.

España ha fluctuado entre la inacción y los retrocesos en ese sentido; y ahora hay una puerta abierta para avanzar y no debería apropiársela nadie; debería ser un patrimonio común de toda la sociedad y de todos los partidos políticos. Pero, efectivamente, algunos no quieren dar esos pasos. 

¿Ve que la derecha tenga demasiado peso para poder avanzar en el sentido del deber de justicia, verdad, reparación y memoria con las víctimas del franquismo?

Sí, pero también es verdad que la izquierda no había avanzado tanto en años anteriores. Me parece una trampa caer en derechas o izquierdas. Quienes sean efectivamente democráticos se embarcarán en esto; y quienes no quedarán al descubierto.

Ha dicho abiertamente que España requiere una Comisión de la Verdad. ¿Por qué le parece tan necesario? 

Cumplir con los derechos humanos es lo que hace a una democracia, democracia substancial; si no, las democracias son meramente formales

Porque los países que atraviesan por violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos necesitan llevar adelante mecanismos de verdad que sean de verdad oficial, y que no dependan de investigaciones históricas, académicas, de universidades. El valor simbólico que tiene esto es muy, muy importante; el Estado asume la verdad, lo que significa decir: “Esta es la verdad oficialmente asumida por el Estado; estas son las voces de las víctimas y, así, podemos actuar en consecuencia con todas las medidas que hay que tomar a partir de aquí”.

Resulta chocante, entonces, que se opongan a la creación de una comisión de la verdad voces o formaciones políticas comprometidas con nuestra memoria histórica.

Sí. Aunque creo que en algunos casos es de buena fe. Se piensa que esto podría generar grandes problemas, pero la realidad es que nunca generan problemas. Lo que genera problemas es el ocultamiento de la verdad.

¿Cómo debería ser la relación entre la Ley de Amnistía de 1977 y la futura Ley de Memoria Democrática cuando se apruebe? ¿Son necesarias enmiendas para reinterpretarla o para que no bloquee el acceso a la justicia por parte de las víctimas del franquismo?

Conforme al derecho internacional, la Ley de Amnistía es nula para evitar el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El derecho internacional no permite ese tipo de excepciones. Por más sanción, fuerza y vigencia que tenga esa ley, quienes administran justicia en España tienen elementos suficientes con base en el derecho internacional para poder juzgar a las personas responsables. Ahora bien, toda vez que aún se aferran a esta Ley de Amnistía en distintos espacios del poder judicial, lo ideal sería clarificar que esa Ley de Amnistía no cubre a ese tipo de crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Pero aun así, siempre habrá voces que digan que entonces no se puede aplicar retroactivamente esa cuestión, lo cual tampoco es cierto y, además, en el caso de las desapariciones forzadas, hay que considerar que los crímenes se siguen cometiendo por ende, y por eso nunca sería una aplicación retroactiva de la norma. Hay elementos suficientes como para que quien quiera hacer justicia lo pueda hacer en este momento. Si el poder judicial de España no hace justicia es porque no quiere, no porque no pueda jurídicamente.

¿Hay algo que le preocupe de la futura Ley de Memoria? En el sentido de qué obstáculos puede haber para que produzca sus efectos.

En el caso de las desapariciones forzadas, hay que considerar que los crímenes se siguen cometiendo, y por eso nunca sería una aplicación retroactiva de la norma

Todavía es un proyecto, hay que ver. Hay cuestiones que pueden ser clarificadas. Yo creo que la cuestión de la verdad merece un ajuste y quizá un detalle más claro en relación a las reparaciones debidas a las víctimas.

Cuando habla de reparaciones ¿se refiere también a reparaciones económicas?

Estoy hablando de reparaciones bajo el sentido del derecho internacional, que es integral; la reparación económica es una parte, pero luego hay medidas de satisfacción como pedir disculpa; actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, que son imprescindibles, importantes y también hacen a la reparación integral. Se han dado algunos pasos, como el retiro de nombres que glorifican a personas que han cometido violaciones de derechos humanos; son pasos importantes y son medidas de satisfacción.  Pero hay que poner todo en la bolsa y cumplir con el paradigma de la reparación integral, que es un paradigma establecido por el derecho internacional, no es que lo diga yo.

Acaba de referirse a renombrar calles dedicadas a personas relacionadas con el golpe de Estado del 36 o la represión franquista.  Estamos viendo que en ciudades, como Madrid, es la propia administración municipal la que destruye un memorial o una placa en homenaje a víctimas o líderes republicanos, o cambia el nombre de una calle. No estamos ante vandalismo, sino ante decisiones de un alcalde. 

En ese sentido, a mí me parece que es la propia sociedad la que tiene que señalar que eso es inaceptable; hay cosas que el derecho internacional no puede hacer; por eso es tan importante tener una sociedad formada democráticamente, que entienda la democracia como un valor; que repudie los golpes de Estado y las consecuencias de los golpes de Estado como el que se dio en este país; y que entienda que valorar la democracia del pasado es asegurar la democracia del futuro

En el proyecto de Ley de Memoria Democrática, se toca poco a la Iglesia, que como bien sabemos, tanto tiene que ver con el golpe de Estado del 36 y con la planificación de la represión durante el franquismo. 

No es algo que pueda responder yo, pero creo que todas las complicidades, civiles o religiosas, merecen ser abordadas como corresponde. Ahora bien, también entiendo que una ley de memoria democrática no puede entrar en todos y cada uno de los detalles, porque luego esas cosas hacen muy difícil la aprobación de la norma; y también hay que tener cuidado en ese sentido, en el de no tensar la cuerda de tal manera que pueda haber personas que piensen que, a través de la Ley de Memoria Democrática, lo que se quiere es atacar a una institución religiosa, cuando de ninguna manera debería ser esa la idea. Sí, señalar cuáles han sido las complicidades, dejando en claro que no se ataca a la institución, y esto es importante. En Argentina, por ejemplo, se ha juzgado a personas que han sido cómplices y que han pertenecido a sectores religiosos, pero no se ha señalado una responsabilidad institucional de una institución religiosa, de manera oficial. Y en ese sentido, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque hay personas que puedan pertenecer a la fe católica que sientan que esto es un ataque institucional, y eso nunca es bueno.

En su opinión, ¿cuál debería ser el futuro del Valle de los Caídos? Se barajan dos opciones: que desaparezca o resignificarlo.

Yo creo que hay que resignificarlo como un espacio de memoria, dejando muy en claro qué  pasó allí, y dejando muy en claro la reivindicación de las víctimas y el repudio a los perpetradores. En cuanto a quitar o dejar la cruz, para mí es una cuestión menor.

Ha dicho usted: “Algunos creen que reclamar la verdad es poner en peligro la democracia”. 

Sí, y es una posición absolutamente errónea. La democracia se construye con verdad, no con mentira. Una sociedad democrática se construye con verdad y, además, la verdad permite afianzar la democracia a futuro, porque es cuando la sociedad aprehende, con hache, que hay determinadas cosas que no se pueden repetir. Pero para eso, para aprehender que hay cosas que no se pueden repetir, primero hay que conocerlas.

La verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria son obligaciones jurídicas.

Claro. En primer lugar, cualquier persona de bien, por un deber de humanidad, debe acompañar estas causas. Pero, además, hay una obligación general de garantía de derechos humanos que deriva de tratados internacionales y de normas consuetudinarias; y en esas consideraciones generales de garantía, existe prever futuras violaciones, investigar las violaciones ocurridas, sancionarlas debidamente, reparar a las víctimas y tomar las medidas necesarias para la no repetición, incluidas las políticas de memoria; ahí, estaría incluido el tema de la educación que es la mejor garantía de no repetición.